Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
¿Qué es el programa de financiamiento público de la ciudad de Nueva York y por qué es importante?
El programa provee múltiples donaciones complementarias con fondos públicos por cada donación pequeña que un residente de la ciudad de Nueva York hace a los candidatos, que opten por inscribirse. El sistema reduce la influencia distorsionadora de la riqueza privada en el proceso político. Los votantes aprobaron el programa por un referéndum en 1988 en respuesta a una serie de escándalos de corrupción. Los participantes del programa, desde los miembros del Concejo Municipal hasta la actual fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, han elogiado el programa por permitirles depender del apoyo de los neoyorquinos de a pie en lugar de “grandes donantes que exigen reuniones y cambios en la política pública”.
El programa de la ciudad de Nueva York tiene una larga trayectoria en la promoción de elecciones honestas y justas, lo cual llevó a que una comisión especial anticorrupción del estado de Nueva York recomendara en 2013 un sistema de financiación pública a nivel estatal para atender la “epidemia de corrupción pública” en el estado. En ese informe, la comisión recalcó que “virtualmente, desde cualquier punto de vista, el programa fue exitoso en hacer que los funcionarios electos a cargos públicos en la ciudad de Nueva York sean más responsables con los votantes municipales”.
En sus más de 35 años, el programa ha entregado otros beneficios clave a la democracia de la ciudad de Nueva York. En 2021, el programa jugó un papel importante en elegir el consejo municipal más diverso y demográficamente representativo en la historia de la ciudad. El programa ha hecho que las pequeñas contribuciones de los residentes comunes sean la fuente más importante de financiación.
Los datos apuntan a que las personas candidatas, financiadas con fondos públicos en la ciudad de Nueva York, dependen más de la ciudadanía que buscan representar en comparación con sus contrapartes sin financiamiento público. No es de extrañar que la reforma sea popular entre los votantes de la ciudad de Nueva York, el 80% de los cuales votaron en 2018 para fortalecer el programa al incrementar la correspondencia a $8 por cada $1.
¿Qué tiene que ver la imputación del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, con el financiamiento público, y cuánto dinero estuvo involucrado?
Las acusaciones principales del Departamento de Justicia tienen que ver con negocios aparentemente corruptos con funcionarios del gobierno turco y empresarios desde el 2014 hasta el 2024. También se acusa a Adams de solicitar y dirigir fondos ilegales a su campaña a través de donantes fantasmas, en parte para obtener de forma fraudulenta fondos públicos complementarios por medio del programa de financiamiento público de la ciudad.
Cualquier cantidad involucrada en un aparente fraude es grave y debe abordarse rápidamente. Sin embargo, ha habido una gran confusión pública sobre la cantidad de los fondos de los contribuyentes implicados en la alegada maniobra. Las transacciones suman hasta $26,000 en contribuciones de donantes fantasmas, de los cuales la campaña reembolsó $6,000 y no los declaró para ser complementados por fondos públicos. En total, estas contribuciones generaron aproximadamente $24,000 en fondos de correspondencia pública, una parte mucho más pequeña que los $10 millones en fondos de contrapartida que la imputación y algunos informes han presentado como provenientes de donaciones ilegales. Por supuesto, el caso está en desarrollo y estos números pueden cambiar.
¿Es el financiamiento público la causa de maniobras con donantes fantasmas?
No. Las maniobras que utilizan donantes fantasmas, en las cuales las contribuciones se hacen a nombre de alguien más para evadir límites legales y requisitos de transparencia, son periódicamente descubiertas en todo el país. Usualmente no involucran a programas de financiamiento público, los cuales tienen controles estrictos para disuadir el fraude y destaparlo cuando ocurra. Aunque ha habido unos cuantos escándalos en el programa de la ciudad de Nueva York en las últimas cuatro décadas, las personas que quebrantaron las reglas fueron descubiertas y enfrentaron serias consecuencias.
De hecho, las violaciones por donaciones fantasmas son algunos de los cargos federales más comunes que presenta el Departamento de Justicia por la financiación de campañas. Por ejemplo:
- En 2019, los ejecutivos del grupo de ingenieros Navatek utilizaron donaciones fantasmas para enviar $52,000 ilegalmente a la campaña de reelección de la senadora Susan Collins en 2020, y le enviaron otros $150,000 a un súper PAC, a favor de Collins, por medio de una compañía ficticia.
- En 2018, el empresario Lev Parnas dio más de $350,000 ilegalmente a nombre de un ciudadano ruso adinerado que tenía intereses comerciales en Estados Unidos.
- En 2012, el autor y cineasta Dinesh D’Souza utilizó donantes fantasmas para encubrir $20,000 en donaciones a un candidato al Senado que no tuvo éxito.
- De 2006 a 2012, el ejecutivo contable Jeffrey E. Thompson canalizó más de $3 millones en donaciones ilegales a candidatos federales y de DC.
En resumen, estas maniobras son rutinariamente descubiertas y judicializadas con éxito. Ninguno de estos ejemplos utilizó el financiamiento público de campañas.
¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema?
La supervisión detallada es fundamental para un cumplimiento efectivo. Mientras que la Junta de Finanzas de Campañas de la ciudad de Nueva York ya tiene una fuerte trayectoria en este campo, la imputación de Adams y las actividades de su campaña conducentes a esto indican que la junta necesita reexaminar y actualizar sus procesos internos para identificar y responder a la actividad de los donantes fantasma, las fallas de la junta para responder a las solicitudes de información y otras malas conductas.
El borrador de la auditoria del 2024 de la junta de la campaña de Adams del 2021 reveló que la campaña falló en documentar $2.3 millones en gastos. La campaña también, según informes, ignoró solicitudes de la junta sobre potenciales violaciones al programa antes de obtener los fondos públicos complementarios.
Para empezar a atender estos problemas, la junta debería adoptar reglas más estrictas en cuanto a la elegibilidad de los pagos. La propuesta para actualizar las reglas que la junta publicó a finales de agosto son un importante paso hacia adelante. Las reglas actuales enumeran hechos que la junta puede considerar para determinar si retendrá pagos de fondos equivalentes a un candidato.
La nueva propuesta de la junta haría un requisito que se retengan pagos bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, si una campaña falla en responder a las solicitudes de información de la agencia, o si falla en presentar informes de transparencia. Esta estrategia complementa otras reglas existentes que determinan que ciertos actos —como presentar información falsa a la junta o falsificar documentos— constituyen fallas fundamentales que justifican una descalificación total para acceder a la financiación pública.
La junta también debería darles a los futuros donantes fantasmas una advertencia más clara. La junta actualmente requiere que ciertos donantes firmen una tarjeta que dice, “Entiendo que la ley estatal requiere que una contribución esté a mi nombre y provenga de mis propias fuentes”, y que afirmen que no se les ha reembolsado el dinero. Esta declaración debería ser más precisa para que los donantes sepan de manera explícita y clara que dar dinero de alguien más va en contra de la ley y que hacerlo incurre en sanciones.
Por último, la junta debería trabajar para garantizar auditorias más oportunas. Se ha enfrentado a críticas significativas por sus persistentes retrasos —a veces con varios años de duración— en la finalización de los procesos de auditorías poselectorales. En algunos casos, las personas candidatas se han postulado para la reelección aún cuando tienen una auditoría en curso de la elección pasada. Aunque los plazos de la ley para que la agencia finalice las auditorías no aplican en los casos que involucran un posible fraude relacionado a las campañas, la junta debería examinar maneras de hacer el proceso más eficiente, al mismo tiempo que asegura una revisión exhaustiva.
Traducción Laura Gómez
