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“Estamos en peligro de crear una situación en la que debemos escoger a nuestros candidatos entre los ricos, los famosos o los dispuestos a deberles favores a otros”. Lo predijo Robert F. Kennedy, el senador, no su hijo, quien se postula a la presidencia y acaba de mostrar lo acertado de esa advertencia hecha hace tantísimo tiempo.
La semana pasada, RFK Jr. nombró a su pareja para la vicepresidencia. Nicole Shanahan es una abogada y activista poco conocida y… seamos francos, viene con una generosa chequera.
Shanahan es la exesposa del fundador de Google Sergey Brin. Ahora que está en la boleta de votación, puede autofinanciar la campaña de Kennedy sin límite alguno. Un golpe de suerte, sin duda.
Los candidatos pueden gastar una cantidad ilimitada de fondos gracias solamente a una exención en las leyes de campaña que la Corte Suprema extrajo en 1976 del caso Buckley v. Valeo.
Los jueces dictaminaron que no se pueden limitar esos gastos, solo las contribuciones, y en ese caso, solo para detener la corrupción. Ya que uno mismo no se puede pagar un soborno, ahora tenemos el gasto ilimitado de los candidatos.
Los que solo piensan en sí mismos, y que corren con los gastos de sus propias campañas, con frecuencia se tropiezan: como señala mi colega Ian Vandewalker, de las 44 personas que gastaron más de $1 millón en sí mismas en las elecciones de mitad de periodo de 2022, solo 6 ganaron. De todos modos, la candidatura de Kennedy y Shanahan parece manipuladora más que estratégica.
Esta no es sino la más reciente prueba de que el sistema de financiamiento de campañas ha caído en un caos horrendo. El mes pasado Donald Trump metió a su nuera de copresidenta del Comité Republicano Nacional con la esperanza de que use los fondos del partido para pagar los honorarios de los abogados penales de su suegro. (Por lo menos, cuando Trump vende las biblias “God Bless the USA”, recibe el dinero directamente. El reverendo Jim Wallis ha escrito que es posible que con esto Trump quede condenado eternamente, pero no le causará dificultades con la Comisión Federal de Elecciones).
En comparación a esas estafas, el evento en Radio City Music Hall la semana pasada con los presidentes Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton fue realmente pintoresco. Las entradas de $250 a este “evento comunitario de recaudación de fondos”, como se promovió, se agotaron rápidamente, pero quienes querían una foto con los protagonistas tuvieron que desembolsar $500,000.
Desde 1996, el gasto en campañas parece estar aumentando a un ritmo más de dos veces mayor que la inflación y posiblemente más rápido según lo que suceda en la campaña que se avecina.
Se pronostica para 2024 un gasto entre $10 mil millones y el inaudito monto de $16 mil millones.
¿Quién sabe qué escándalos, despilfarros, evasiones fiscales y más estarán enterradas en esa montaña de dinero? ¿Quién sabe cuántas mujeres, jóvenes y candidatos no blancos optaron por no postularse debido a este escandaloso monto?
El papel de las grandes fortunas en la política es un problema enorme, uno de los más grandes, como lo ha sido durante toda la historia de Estados Unidos. Nuestro sistema distópico combina la interminable y extenuante recaudación de fondos con las enormes cantidades de dinero que gastan los intereses particulares.
La donación por pequeños donantes aumenta, pero no tan rápido como los grandes montos que provienen de donantes ricos. La ira al respecto es casi universal entre los ciudadanos. Pero hay cinismo entre los votantes. Dudan que se pueda hacer mucho al respecto y, con toda la razón, no creen son escépticos de que los políticos se vayan en contra de sus fuentes de fondos.
Dadas las restricciones electorales motivadas por la discriminación racial, la manipulación flagrante de los límites de distritos electorales, los dramáticos esfuerzos por anular las elecciones de 2020 y más, es fácil obviar la magnitud de este problema. Lo único que cura el cinismo es la acción.
La Corte Suprema permitió este lío. Se remonta a antes de Citizens United. De hecho, es necesario revertir Buckley v. Valeo, el dictamen de hace medio siglo que hizo posible el financiamiento ilimitado por candidatos. Hemos apoyado una enmienda constitucional para hacer precisamente eso, para que podamos volver a tener una reglamentación razonable del dinero en la política.
Los estados también pueden hacer algo. Como ya hemos escrito, el estado de Nueva York implementa ahora la reforma más impactante en todo el país desde Citizens United. El estado ahora tendrá un pequeño sistema de financiamiento público por pequeños donantes que proporcionará contribuciones equivalentes a donaciones pequeñas en el distrito del candidato.
También debería haber un sistema de financiamiento público a nivel federal. De hecho, durante varias décadas después de Watergate, los candidatos a la presidencia se postulaban con fondos públicos y el sistema era mucho más equitativo y menos corrupto que el actual.
El Congreso, que no ha hecho nada mientras la democracia se ahoga en dinero, debe actuar. Estuvo a punto de hacer precisamente eso en 2022. La Ley de Libertad para Votar habría acabado con las enormes contribuciones anónimas de financiación en las campañas electorales y habría empujado a la impotente Comisión Federal de Elecciones a velar por el cumplimiento de las leyes ya existentes de financiamiento de campañas.
La Cámara de Representantes aprobó la medida, el presidente Biden estaba deseoso de promulgarla y contaba con el apoyo de la mayoría en el Senado. Dos senadores demócratas, Joe Manchin (WV) y Kyrsten Sinema (AZ), por más que apoyaban el proyecto de ley, optaron por no cambiar las reglas del Senado para que la mayoría la aprobara.
Pero ahora todos los candidatos demócratas al Senado han prometido cambiar las reglas para que se apruebe la reforma democrática. Según los resultados de las elecciones de noviembre, esta medida podría pasar a ser H.R. 1 y S. 1. Se verá un esfuerzo enérgico para lograr su aprobación rápidamente, y el Brennan Center será parte de este esfuerzo.
Robert F. Kennedy Sr. estaba en lo correcto. “El costo en aumento de las elecciones políticas se vuelve intolerable rápidamente para una sociedad democrática, en la que el derecho de votar —y de ser candidato— es la máxima protección política”.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
