El 4 de octubre, la Corte Suprema tendrá una audiencia sobre un caso de redistribución electoral en Alabama, Merrill v. Milligan, que limitaría drásticamente la capacidad de las comunidades de color de usar la Ley del Derecho al Voto (Voting Rights Act) para impugnar mapas electorales discriminatorios.
Durante cuatro décadas, los votantes de grupos minoritarios han podido objetar mapas discriminatorios amparados por la sección 2 de la Ley del Derecho al Voto usando un marco legal que la Corte Suprema planteó por primera vez en 1986. Como resultado ha habido mayor representación de comunidades minoritarias en todos los niveles del gobierno.
Pero Alabama ha solicitado que la Corte Suprema modifique drásticamente las normas para hacer reclamos conforme a la sección 2. Un fallo de la Corte Suprema a favor de Alabama y su pedido de gran alcance haría más difícil que los electores de comunidades minoritarias impugnen los mapas que diluyen su poder político y las privan de enérgicos defensores en asuntos de inversiones públicas cruciales, salud, educación y justicia penal.
¿Qué cuestiona el caso de Alabama?
Demandas entabladas por votantes negros en tribunales federales afirman que el estado incumplió la Ley del Derecho al Voto porque su nuevo mapa de distritos del Congreso no creó un segundo distrito con mayoría o mayoría relativa negra en la “franja negra” del estado, una región mayormente rural de 18 condados que se caracteriza por marcadas disparidades socioeconómicas y una tasa de pobreza que está entre las más altas del país.
En vez de eso, los legisladores de Alabama trazaron un mapa que continúa una política de dividir la franja negra entre cuatro distritos del Congreso, haciendo caso omiso de la solicitud de votantes negros de que se les mantenga juntos en dos distritos para tener mejor representación, dados los considerables cambios demográficos en la región durante las últimas dos décadas.
Debido a la división de la franja negra, los votantes negros de la región tienen la posibilidad de elegir a sus candidatos preferidos solamente en el distrito Número 7, un distrito en crecimiento que se está expandiendo hasta Birmingham, y que según los demandantes cuenta con muchos más votantes negros de los necesarios para elegir a un candidato preferido por las personas negras.
Mientras tanto, en los distritos 1, 2 y 3, el porcentaje negro de la población en cada uno sigue siendo menor de 30 por ciento gracias a la estrategia de trazar límites muy precisos, como colocar en distritos separados a Montgomery y la cercana ciudad de Tuskegee (ambas con un gran porcentaje de residentes negros).
La reducida población negra de estos tres distritos, combinada con la votación sumamente polarizada por raza, significa que los votantes blancos siempre podrán usar su superioridad numérica para obstruir tentativas por los votantes negros y sus candidatos preferidos de formar una coalición eficaz en términos políticos.
De hecho, los tres distritos han elegido sistemáticamente representantes blancos cuyos votos y prioridades en la Cámara de Representantes no coinciden con las necesidades y los intereses de los votantes negros de la región. Por ejemplo, cada uno de los congresistas blancos que representan a los distritos 1, 2 y 3 votó recientemente contra medidas legislativas que habrían limitado el precio de insulina a $35 al mes, a pesar de que la región tiene una alta tasa de diabetes y muchas personas sin seguro médico.
¿Cuál es el fundamento legal de las demandas?
Las demandas piden cambios conforme a la sección 2 de la Ley del Derecho al Voto, que exige que los procesos electorales de los estados ofrezcan a los votantes pertenecientes a las minorías la misma oportunidad de “participar en el proceso político y elegir a los representantes que prefieran”.
En los casos de cambios a distritos electorales, la aplicación de la sección 2 se realiza usando una prueba de varias partes y muchos datos, utilizada por primera vez por la Corte Suprema en 1986, en Thornburg v. Gingles.
Para triunfar conforme a esta prueba muy afianzada, los demandantes deben demostrar que los límites distritales decididos por un estado y la alta polarización de la votación por motivos de raza u otras condiciones adversas en el terreno interactúan para asegurar que se excluya del poder perpetuamente a los votantes pertenecientes a las minorías. Los demandantes también deben demostrar que quienes trazaron los distritos ignoraron y evitaron a propósito alternativas razonables, que producirían diferentes resultados a favor de los votantes de color.
¿Cuál fue el dictamen en primera instancia?
En enero, un panel de tres jueces federales, incluidos dos nombrados por Trump, decidieron unánimemente que el mapa para el Congreso del estado iba en contra de la sección 2 de la Ley del Derecho al Voto de 1965 y ordenó a los legisladores que vuelvan a trazarlos a tiempo para las elecciones de mitad de periodo de 2022, a fin de incluir un segundo distrito con mayoría o mayoría relativa negra en la franja negra.
En su dictamen el tribunal concluyó que había claras pruebas de votación polarizada por raza en la franja negra: en promedio, solo un 15 por ciento de los votantes blancos en la región están dispuestos a apoyar a los mismos candidatos que la comunidad negra. Este bajo nivel de apoyo por votantes blancos a aquellos de otras razas significa que en los tres distritos de la franja negra en los que la población negra es menor al 30 por ciento, los votantes blancos tienen control garantizado de quiénes ganarán las elecciones durante los 10 años de vigencia del mapa, independientemente de la cohesión política de los votantes negros o sus esfuerzos por formar una coalición ganadora con diferentes razas.
En el dictamen también se señalaron pruebas “contundentes e innegables” de disparidad socioeconómica persistente en la región que “afectan la oportunidad de residentes negros de Alabama de participar en el proceso político”, incluido un nivel de pobreza pocas veces visto en países desarrollados.
De gran importancia es que la Corte también decidió que todas las desventajas que Alabama impone a los votantes negros se podrían haber evitado fácilmente. La opinión indicó que los expertos de los demandantes habían presentado muchos mapas con distritos que no discriminaban, como los de abajo, que son “por lo menos tan geográficamente compactos como aquellos en el plan del [estado], respetan límites tradicionales, por lo menos tanto como el plan, protegen importantes comunidades de interés [y] protegen a los oficiales electos de turno cuando es posible”.
Sin embargo, antes de que se pudiera volver a trazar el mapa, Alabama presentó una solicitud de emergencia de aplazamiento en la Corte Suprema, la cual se otorgó.
¿Dónde dice Alabama que se equivocó la primera instancia?
Alabama tiene dos argumentos principales en su esfuerzo por invalidar la decisión del tribunal de primera instancia, y ambos restringirían mucho el alcance de la Ley del Derecho al Voto.
El principal argumento del estado es que la sección 2 no impone ninguna responsabilidad legal porque es imposible trazar un segundo distrito con oportunidades para la comunidad negra sin tomar en cuenta la raza. Según Alabama, ya que los expertos de los demandantes tuvieron que considerar la raza –y desviarse un poco de las normas estatales que dicen que los límites distritales deben ser “neutrales respecto a la raza”, a fin de crear planes para demostrar lo que sería un segundo distrito de mayoría negra–, la raza “predominó” al trazar los mapas, lo que constituyó una manipulación racial inconstitucional.
Se trata de un argumento radical que no solo ofrece una nueva versión del precedente de la sección 2, sino también la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la manipulación racial de distritos electorales, para en efecto prohibir del todo la consideración de la raza al trazar mapas.
Conforme al precedente vigente de la Corte Suprema, la raza es uno de varios factores que pueden tomar en cuenta quienes trazan límites. La única prohibición en los casos de la Corte Suprema sobre manipulación racial de distritos electorales es que la raza no puede predominar por encima de consideraciones no raciales de tal manera que haga que la raza sea esencial, por ejemplo, al agrupar a votantes de minorías en lugares lejanos, como extremos opuestos de un estado, que no tienen nada en común aparte de la raza. Pero si bien quienes crean los mapas no pueden adoptar cuotas raciales arbitrarias ni poner a los votantes en un distrito exclusivamente debido a su raza, no se prohíbe mantener unida a una comunidad racial o étnica con cohesión política si también hay buenos motivos no raciales para hacerlo.
Esa combinación de justificaciones raciales y no raciales para un segundo distrito de la franja negra es exactamente lo que el tribunal de primera instancia encontró en Alabama. Describió la franja negra como una comunidad con intereses bien definidos y aceptada universalmente como de “considerable significado”, con una larga “historia y economía común” que data de cuando la región era el centro de la economía algodonera en la Alabama del siglo XIX. Si bien la gran mayoría de la población de la franja negra es de esa raza, el tribunal también determinó que la región tiene múltiples factores comunes, con “muchas más dimensiones aparte del color de la piel”. Como señaló la corte, el propio estado de Alabama tiene una política de mantener intacta la franja negra en el mapa estatal de distritos escolares.
@2021 Caliper
Aceptar el argumento de Alabama de que las normas de distritos estatales se deben seguir estrictamente resolvería todo conflicto entre las leyes estatales y federales a favor de las preferencias de política estatal, esencialmente restándole toda importancia a la Cláusula de Supremacía de la Constitución. Peor aún, sería una invitación a que los gobiernos estatales y municipales formulen criterios “neutrales en términos de raza” que frustran deliberadamente la representación justa de las comunidades minoritarias protegidas por la Ley del Derecho al Voto. Por ejemplo, un estado podría adoptar estrictas normas de que los distritos deben ser compactos al máximo o evitar que se junten candidatos que buscan la reelección, lo que tendría el efecto de imposibilitar la creación de un distrito de oportunidad para las minorías.
El segundo argumento importante de Alabama es una invitación incluso mayor para que el tribunal dictamine que la sección 2 solo se aplica a delimitar zonas con múltiples distritos –no zonas de solo un distrito–, y a impugnar los sistemas de elecciones independientes. Conforme a este argumento, se podría usar la sección 2 para eliminar el uso discriminatorio de elecciones independientes o distritos con varios miembros, pero no se ofrecería protección contra discriminación similar en el esquema resultante de zonas de un solo distrito. Esta es una malinterpretación extrema de la Ley del Derecho al Voto que exigiría que la Corte Suprema haga caso omiso de la historia legislativa de la sección 2 y rechace precedentes de larga tradición para permitir la impugnación de planos con cambios de limites distritales conforme a la sección 2.
Sin embargo, Alabama no presentó un argumento de gran envergadura durante la apelación pero sí ante el tribunal de primera instancia: que los reclamos conforme a la sección 2 solo los puede presentar el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no votantes individuales. A pesar de haber planteado el asunto, no incluyó el argumento en sus declaraciones ante la Corte Suprema, y la mayoría de los observadores consideran que es poco probable que la Corte considere el asunto del derecho de personas particulares de interponer una demanda.
Si la Corte Suprema concuerda con Alabama, ¿qué impacto tendría esto?
Incluso una modificación mínima del marco de la sección 2 podría tener grandes ramificaciones en la capacidad de los votantes pertenecientes a las minorías de usar la Ley del Derecho al Voto para combatir el delineamiento discriminatorio de distritos. Según lo que falle el tribunal, podría dificultarse el uso de la sección 2 para casos de cambios distritales o incluso volverse totalmente inaplicable.
El impacto más inmediato sería en casos en Georgia y Luisiana, donde los tribunales ya han decidido que la sección 2 requiere volver a trazar los mapas del Congreso para crear distritos negros adicionales. También se verían afectados varios casos en Texas, Dakota del Norte, Washington y otros estados en los que los votantes han entablado demandas para que se creen más distritos de oportunidad para las minorías en cargos legislativos o del Congreso.
Pero es probable que las consecuencias sean incluso más graves a nivel local, donde la sección 2 es un potente recurso para asegurar que organismos como juntas escolares, concejos municipales y comisiones de condado sean justos. De hecho, desde que la Corte Suprema ofreció la prueba de Gingles hace casi cuatro décadas, la sección 2 ha desempeñado un papel mucho más transformador a nivel local –al asegurar que los votantes de color tengan la misma oportunidad de participar en el proceso político y elijan a los candidatos que favorecen–, que a nivel legislativo o del Congreso. Apenas en la última década, por ejemplo, litigios relacionados con la sección 2 dieron paso por primera vez a la representación negra en el concejo municipal y la junta escolar en Ferguson, Missouri, una comunidad muy dividida en términos raciales.
Los efectos secundarios también podrían ser considerables. Al asegurar que no se excluya a las comunidades minoritarias del proceso político, la sección 2 desempeña la importante función de garantizar que las comunidades minoritarias reciban la justa proporción de recursos públicos. De hecho, estudios sobre el poder transformador de la Ley del Derecho al Voto muestran que en jurisdicciones donde los votantes pertenecientes a las minorías combatieron con éxito los distritos electorales discriminatorios, disminuyó la brecha en oportunidades económicas y aumentó la inversión en infraestructura básica como carreteras y escuelas.
La Ley del Derecho al Voto ha contribuido a transformar la democracia en Estados Unidos al ayudar a votantes pertenecientes a las minorías a abrir las puertas que se les cerró hace mucho tiempo. Si la Corte Suprema hace lo que quiere Alabama, recaerá en el Congreso y los estados la obligación de encontrar nuevas maneras de proteger la emergente democracia multirracial del país.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
