Durante los últimos 20 años, ha habido considerable ímpetu en ambos partidos para restaurar el derecho al voto de estadounidenses declarados culpables de delitos mayores en el pasado. Sin embargo, se sigue privando a millones de personas del voto debido a prohibiciones electorales que persisten en los Estados Unidos desde de la época de Jim Crow.
La mayoría de estas personas no están en prisión, sino que viven y aportan a su comunidad. Pero aun así, se les niega voz y voto en la democracia. El Congreso puede y debe cambiar la situación con la aprobación del Proyecto de Ley de Restauración de la Democracia (Democracy Restoration Act) por el Sen. Ben Cardin (D-MD) que permitiría que todos los estadounidenses que viven en la comunidad voten en elecciones federales. Hoy por el Sen. Ben Cardin (D-MD) que permitiría que todos los estadounidenses que viven en la comunidad voten en elecciones federales.
Hoy, todos los estados excepto dos y Washington, DC tienen leyes que prohiben votar por un tiempo tras una condena penal. Como resultado, hasta 4.6 millones de personas en el país tienen prohibido votar simplemente debido a una condena pasada. La mayoría de ellas (casi 3.5 millones) no está encarceladas, pero todavía no se les permite votar. La Democracy Restoration Act, redactada de una propuesta del Brennan Center, podría eliminar este obstáculo para que se les permita vota a esas personas en elecciones federales.
La disparidad en las leyes de privación del voto representa una peor carga para ciertos estadounidenses de la misma manera y no es casualidad. Después de que la Guerra Civil acabó con la esclavitud, algunos estados, particularmente en el sur del país, adoptaron leyes racistas llamadas “Códigos Negros” (“Black Codes”) en contra de los pobladores de raza negra. A la vez, muchos estados adoptaron leyes de amplio alcance que revocaron el sufragio de todos aquellos condenados de un delito mayor. El objetivo de estas leyes era claro: negarles el voto a los hombres negros que recién tenían ese derecho. Hoy en día, siguen teniendo el mismo impacto. Debido a la parcialidad del sistema de justicia penal, es casi cuatro veces más probable que los adultos negros no puedan votar debido a una condena pasada que los adultos que no son negros.
La variación entre las leyes estatales que privan ciertas personas del derecho al voto genera muchísima confusión, no solo entre votantes potenciales sino también entre funcionarios del gobierno que con frecuencia no conocen las leyes de su propio estado. Por ejemplo, en 27 estados, la privación del derecho al voto continúa después de que las personas son liberadas de prisión, y su posterior elegibilidad para votar puede depender del delito del que fueron condenados, el año de la condena o el tipo de multa o tarifas que deben.
Esta confusión conlleva consecuencias severas. Todos los años, un número incalculable de votantes que reúnen los requisitos no tienen la certeza de si pueden votar y se abstienen de hacerlo por temor a incumplir las leyes. Contribuye a este temor el hecho de que estados como Florida, Tennessee y Texas han enjuiciado a personas por inscribirse para votar por error o por votar cuando no podían hacerlo.
Afortunadamente, ambos partidos en todo el país tienen interés en restaurar el derecho al voto de personas con condenas pasadas. De 2018 a 2022, 10 estados y Washington, DC cambiaron su política por medio de legislación, iniciativas electorales o medidas del gobernador. Además, el año pasado, Minnesota y Nuevo México promulgaron leyes que entraron en vigor en el verano y que permiten votar a todos aquellos que viven en la comunidad.
Sin embargo, este avance ha tenido varios reveses. En 2019, poco después de que los votantes de Florida aprobaron una enmienda a la constitución del estado que restauró el derecho al voto de la mayoría de los condenados por un delito mayor, los legisladores estatales promulgaron una ley que limitó drásticamente el alcance de la enmienda al exigir que, antes de que se restaure su elegibilidad, paguen ciertos tipos de deudas ante las cortes.
Este año, el gobernador Glenn Youngkin (R) de Virginia puso fin a la política de su predecesor de restaurar automáticamente el derecho al voto de las personas condenadas por delitos mayores, con lo que Virginia pasó a ser el único estado del país que prohíbe de manera categórica y permanente el voto a todos aquellos declarados culpables de dichos crímenes. Además, el mes pasado, la corte suprema de Carolina del Norte anuló el fallo de un tribunal de menor instancia que permitía votar a 56,000 personas en libertad provisional y condicional.
Estos reveses demuestran por qué necesitamos la Democracy Restoration Act.
Con relación a otras democracias modernas, Estados Unidos ha sido atípico respecto a la privación del derecho al voto de personas con antecedentes penales. Además, ahora que la Florida Rights Restoration Coalition ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz por las dos entidades que nominaron a Martin Luther King Jr., el país vuelve a ser el foco de atención. Es hora de que el Congreso actúe al respecto.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
