Presentarse a elecciones para ocupar un escaño en el Congreso es muy costoso. Para las personas no adineradas, afrontar solo el costo de vida mientras hacen campaña puede representar un importante obstáculo para su elección y, por lo tanto, un enorme impedimento a la hora de lograr una legislatura nacional que represente verdaderamente la diversidad de nuestra nación.
La Comisión Federal de Elecciones (FEC), el organismo regulatorio encargado de hacer cumplir las leyes federales de financiación de campañas políticas, está considerando actualizar sus reglas sobre cómo y cuándo los candidatos y las candidatas pueden utilizar los fondos de campaña para financiar su elección. Los cambios propuestos podrían traer reglas mucho más equitativas y darles a las personas de todo tipo de contexto social y económico una oportunidad más justa para presentarse a elecciones y ganarlas.
Los cambios estarán sujetos a las conclusiones de una audiencia pública que se realizará el 22 de marzo.
La representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) ocupó la primera plana de muchos medios cuando se convirtió en la congresista más joven de la historia a los 29 años de edad. Ocasio-Cortez antes era bartender y, como tal, siempre ha criticado abiertamente los obstáculos que deben enfrentar los candidatos y las candidatas jóvenes, de clase trabajadora y de raza no blanca. Después de financiar su candidatura para la Cámara de Representantes, le quedaron menos de $7,000 en su cuenta bancaria.
El representante Maxwell Alejandro Frost (D-FL), el primer congresista afrocubano y de la generación Z, ahora se encuentra endeudado tras haber alcanzado el límite de sus tarjetas de crédito durante su campaña política. Y luego de haber ganado las elecciones, le costó conseguir un apartamento en Washington por su falta de ahorros y su bajo su crédito.
Ocasio-Cortez y Frost ganaron las elecciones, pero la regla para la mayoría de candidatos y candidatas que se presentan a altos cargos es que no ganan, aun cuando tengan un talento inmenso. El peso económico de una campaña política, combinado con las pocas probabilidades de triunfo, puede hacer que, a la grandísima mayoría de las personas, excepto a las más decididas, ni se les ocurra presentarse en unas elecciones.
Como lo señaló la jefa de campaña de una candidata de Pensilvania para el Congreso, se termina creando un sistema donde “el establishment político de los dos partidos busca a las personas ya adineradas y con buenas conexiones para que presenten a elecciones”.
El peso de hacer campaña suele ser peor para candidatos y candidatas que son también la persona principal a cargo del cuidado de la familia, que, en la gran mayoría, son mujeres. Una candidata para el Congreso en las elecciones de 2018, Liuba Grechen Shirley, habló sobre las dificultades de cuidar de su bebé y su niña pequeña mientras hacía campaña. Recalcó que el costo de las guarderías es “una de las primeras barreras que se enfrenta si se quiere tener un flujo constante y diverso de madres trabajadoras que se presentan como candidatas”. Al final, Grechen Shirley solicitó y recibió la aprobación de la FEC para utilizar fondos de su campaña para pagar la guardería de sus niños, pero esa decisión solo se aplica a su caso en particular.
Las reglas de la FEC contribuyen en gran medida a estas desigualdades, tal como lo explicó el Brennan Center en los comentarios que presentó ante la Comisión el mes pasado. Si bien las reglas permiten que los fondos de campaña se puedan utilizar para que el candidato o la candidata pueda pagarse un salario, esa suma no puede superar el salario que tenía la persona el año anterior, hasta el máximo del salario del cargo para el que se presenta. Entonces, una bartender que ganó $20,000 el año anterior solo puede pagarse ese monto mientras hace campaña, mientras que una corredora de bolsa que ganó $140,000 puede pagarse un sueldo siete veces más alto.
Peor aún, una madre que durante el año anterior cuidó de sus hijos a tiempo completo y no recibió ningún salario tiene todavía menos suerte: no se puede pagar a sí misma ni un dólar y, como Grechen Shirley, tendría que pedir un permiso especial para utilizar sus fondos de campaña para pagar el cuidado de sus hijos o de otras personas dependientes mientras hace campaña.
Estas reglas afectanmuchísimo más a las candidatas mujeres, de la comunidad LGBTQ+, de clase trabajadora y de raza no blanca, personas que ya tienen menosprobabilidades de haber acumulado la riqueza necesaria como para sostenerse mientras hacen campaña.
Varias de las propuestas que está considerando la FEC eliminarían o el menos reducirían la injusticia de las reglas de la Comisión sobre el salario. La nueva reglamentación también le daría a la Comisión la oportunidad de aclarar que cualquier candidato o candidata que necesite emplear fondos de campaña para cubrir gastos básicos puede hacerlo.
El actual Congreso, el número 118, es el más diverso de nuestra historia por la cantidad de minorías raciales y étnicas, de mujeres y de personas de la comunidad LGBTQ+ que lo componen. Aun así, las minorías raciales y étnicas siguen teniendo una muy escasa representación en comparación con el pueblo estadounidense. Las mujeres ocupan apenas un poco más de la cuarta parte de los escaños del Congreso. Y solo 13 se identifican como personas lesbianas, gay o bisexuales. Es sumamente necesario actualizar las reglas para reducir las barreras que enfrentan las personas de una gran gama de contextos sociales y económicos.
La FEC a menudo ha fallado al intentar resolver las deficiencias actuales de nuestro sistema de financiación de campañas políticas. Esta nueva reglamentación es una muy esperada excepción a esa tendencia si se traduce en medidas concretas para establecer reglas más equitativas.
A fin de cuentas, si queremos tener funcionarios electos que representen plenamente la diversidad de nuestro país, necesitamos reglas que ayuden a las candidatas y candidatos de todos los contextos sociales y económicos a que se postulen para las elecciones y las ganen.
Traducción de Ana Lis Salotti.
