- El proyecto de ley le exigiría a la persona que se registra por correo que presente documentos de ciudadanía “en persona” ante un funcionario electoral.
- La Ley SAVE excluiría a millones de personas ciudadanas elegibles que no tienen a la mano la documentación que demuestre ciudadanía.
- La propuesta también arruinaría o cambiaría por completo métodos de registro de votantes que son muy usados y de larga tradición, como el registro por correo, las campañas de registro de votantes, el registro por internet y el registro automático de votantes.
El mes pasado, varios congresistas republicanos prometieron agilizar la aprobación de la Ley SAVE (SAVE Act), un proyecto de ley que exigiría que todas las personas estadounidenses presenten un certificado de nacimiento, pasaporte o alguno de otros pocos documentos que demuestran ciudadanía cada vez que se registran o vuelven a registrarse para votar. Si se aprueba, arruinaría el registro de votantes y, al mismo tiempo, privaría de su derecho al voto a decenas de millones de personas ciudadanas estadounidenses que reúnen las condiciones para votar.
Más de 21 millones de ciudadanos estadounidenses no tienen a mano estos documentos, de acuerdo con los datos de una encuesta del Brennan Center y otras organizaciones aliadas. Pero es probable que la Ley SAVE perjudique a muchísimas más personas de lo que indican los datos.
Puede que muchos no se hayan dado cuenta de la magnitud de este proyecto de ley: este requisito de mostrar documentación no se limita solo a los registros nuevos, sino que se aplica a cada “solicitud de registro para votar”, lo cual, en muchas jurisdicciones, incluye cada vez que la persona se vuelve a registrar y cada vez que cambia de domicilio.
Y decenas de millones de personas se registran o se vuelven a registrar entre cada elección federal en los Estados Unidos.
La Ley SAVE cambiaría por completo la mayoría de métodos de registro de votantes
Además, este proyecto arruinaría o cambiaría por completo métodos de registro de votantes que son muy usados y de larga tradición para todo el electorado, como el registro por correo, las campañas de registro de votantes, el registro por internet y el registro automático de votantes.
Este proyecto eliminaría funcionalmente el registro por correo, porque le exigiría a la persona que se registra por correo que presente documentos de ciudadanía “en persona” ante un funcionario electoral antes de que cierre el período de registro.
También anularía muchas o todas las campañas de registro de votantes y los sistemas de registro de votantes por internet, que, por lo general, se tratan como registros por correo. (Además, el proyecto no contempla el uso de copias o registros electrónicos de los documentos que demuestren ciudadanía). Y obstaculizaría gravemente el registro automático de votantes, ya que muchas de estas transacciones no ocurren presencialmente donde la persona pueda llevar consigo un documento que demuestre su ciudadanía.
También podría afectar significativamente los cambios de domicilio. Por ejemplo, cuando alguien registra un cambio de domicilio por internet en su licencia de conducir, el registro de votante no se actualizaría automáticamente, sino que la persona tendría que llevar su pasaporte o certificado de nacimiento a una oficina electoral para actualizar su registro de votante.
Nada en la Ley SAVE resuelve estas dificultades. El proyecto favorece sistemáticamente el registro en persona y en muy pocos sitios determinados para que el registro como votante se considere válido. Y es probable que este requisito se repita cada vez que se necesite actualizar el registro como votante.
El requisito de documentación previsto por la Ley SAVE podría excluir de los padrones electorales a decenas de millones de estadounidenses
Más allá del impacto sobre los métodos de registro de votantes, la Ley SAVE excluiría a millones de personas ciudadanas elegibles que no tienen a mano la documentación que se requiere. De acuerdo con una encuesta del Brennan Center y otras organizaciones aliadas, más del 9 por ciento de las personas ciudadanas estadounidenses en edad de votar, es decir, 21.3 millones, no tienen a mano un pasaporte, certificado de nacimiento o documento de naturalización.
Las personas votantes no blancas, los votantes que se cambian de nombre o apellido (en su mayoría, mujeres casadas) y las personas más jóvenes serían los grupos de votantes más afectados.
Además, tal como lo describieron nuestros colegas Owen Bacskai y Eliza Sweren-Becker, una serie de requisitos similares en
Arizona y Kansas les impidieron registrarse para votar a decenas de miles de ciudadanos. En Kansas, la política que requería presentar documentación fue anulada por ser considerada inconstitucional y hace poco generó críticas hasta del propio secretario de estado de Kansas, quien es republicano.
A diferencia de lo que algunos han planteado, la Ley SAVE no contiene ninguna disposición infalible importante que les permita registrarse a quienes no cuentan con la documentación física.
Si bien el proyecto sí incluye una disposición que les exige a los estados establecer un proceso infalible para que las personas sin la documentación puedan demostrar su condición de ciudadanía mediante “otros documentos de prueba” y tras firmar una declaración jurada, esta opción es muy imprecisa y está gravemente debilitada por otra disposición que convierte en delito que un funcionario electoral registre a cualquier solicitante que no “presente un documento como prueba de su ciudadanía estadounidense”.
Muchas autoridades electorales actuarían con mucha cautela por miedo a la posibilidad de enfrentar un procesamiento penal por contradecir esta disposición.
En resumen, la Ley SAVE privaría de su derecho al voto a una inmensa cantidad de estadounidenses, y el Congreso debe rechazarla.
Esta nota se adaptó de un artículo originalmente publicado en el Election Law Blog.