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- De 1989 a junio de 2024, el 73 por ciento de las personas enjuiciadas con casos autorizados para recibir una pena capital a nivel federal y el 60 por ciento de las personas con sentencias a muerte federales fueron personas no blancas.
- Aunque se supone que están protegidas, las personas con discapacidades intelectuales y enfermedades mentales graves igual tienen un mayor riesgo de ser ejecutadas a nivel federal.
- Las personas hispanas fueron 2.3 veces más propensas a recibir una pena de muerte que las personas blancas, de acuerdo con un estudio del año 2000.
El presidente electo Donald Trump prometió restituir y expandir la aplicación federal de la pena de muerte. Como respuesta, grupos de defensa de los derechos humanos están haciendo un llamamiento al presidente Biden para que conmute las sentencias de las 40 personas que actualmente están en el corredor de la muerte a nivel federal condenadas a cadena perpetua sin libertad condicional.
En julio de 2020, la administración de Trump llevó a cabo la primera ejecución federal en 17 años. En los seis meses siguientes, ejecutó a 13 personas, una cifra tres veces más alta que la cantidad de personas que el gobierno federal había ejecutado en las seis décadas anteriores.
Varias personas de todo el espectro político lo criticaron y plantearon interrogantes mordaces en torno a la imparcialidad y legalidad de esta oleada de ejecuciones. En julio de 2021, el fiscal general Merrick Garland impuso una moratoria sobre las ejecuciones federales tras señalar la aplicación arbitraria, las desigualdades raciales y las varias exoneraciones en los casos capitales. Esta orden suspendió toda ejecución nueva, mientras se completaba una revisión de las políticas de la era Trump que iba a expeditarlas aún más.
Los interrogantes legales y morales planteadas en torno a esas políticas siguen sin resolverse, lo cual significa que no hay ningún obstáculo para que el próximo Departamento de Justicia proceda con los casos capitales siguiendo esos mismos procedimientos controversiales.
Mientras Biden considera las peticiones de clemencia, aquí se detallan cuatro datos que hay que saber sobre la pena de muerte federal.
La pena de muerte federal no se aplica para todos por igual.
El gobierno federal puede pedir la sentencia de muerte para determinados delitos federales en cualquier estado. Pero hay otros factores, como la geografía, la raza y la representación legal, que determinan quiénes reciben una sentencia de muerte, tanto como el tipo de delito causante. Entre 1988 —cuando se instituyó la pena de muerte federal moderna— y la moratoria de 2021, casi la mitad de todas las sentencias a muerte federales y 10 de las 16 personas ejecutadas por delitos federales provenían de tan solo tres estados: Missouri, Texas y Virginia. Aproximadamente las dos terceras partes de las sentencias a muerte pendientes a nivel federal fueron impuestas en solamente 3 de los 12 circuitos judiciales.
De 1989 a junio de 2024, el 73 por ciento de las personas enjuiciadas con casos autorizados para recibir una pena capital a nivel federal y el 60 por ciento de las personas con sentencias a muerte federales fueron personas no blancas. Las personas hispanas fueron 2.3 veces más propensas a recibir una pena de muerte que las personas blancas, de acuerdo con un estudio del año 2000. En Texas, las personas negras que se encuentran en juicios federales tienen 16 veces más de probabilidades de ser sentenciadas a muerte que las personas que no son negras.
El acceso a una defensa de alta calidad también afecta a quiénes reciben la pena capital. Un estudio realizado en 2010 para la Conferencia Judicial de los EE. UU. reveló que la probabilidad de recibir una pena de muerte federal tenía una relación inversa a la cantidad de horas que los abogados de la defensa dedican a investigar y preparar el caso. Las jurisdicciones que tienen la mayor cantidad histórica de penas de muerte activas, por lo general, también son las que gastan menos recursos en la defensa de los casos capitales federales.
Aunque se supone que están protegidas, las personas con discapacidades intelectuales y enfermedades mentales graves tienen un mayor riesgo de ser ejecutadas a nivel federal.
La Corte Suprema ha dictado que es inconstitucional ejecutar a personas con discapacidades intelectuales o enfermedades mentales graves. Pero los datos demuestran que aproximadamente el 85 por ciento de las personas con sentencias de muerte tiene al menos una discapacidad mental seria, y el 63 por ciento tiene más de una.
Las personas ejecutadas reflejan esta realidad. Corey Johnson, ejecutado en enero de 2021, tenía una discapacidad intelectual grave. No podía leer con un nivel superior al de la primaria ni podía vivir solo. Lisa Montgomery, también ejecutada en enero de 2021, sufría enfermedades mentales provocadas por las décadas de violencia horrorosa que sufrió, por ejemplo, tras haber sido víctima de tráfico sexual por parte de su madre. Tres expertos la evaluaron y consideraron que estaba “tan aislada de la realidad que no podía comprender racionalmente los motivos que tenía el gobierno para su ejecución”. Wesley Purkey, ejecutado en julio de 2020, sufría de esquizofrenia y de la enfermedad de Alzheimer, además de tener daño cerebral a raíz de una infancia violenta, que lo dejó incapaz de comprender los motivos de su ejecución.
Los tres fueron ejecutados sin que se respondieran importantes preguntas sobre sus capacidades. Aun cuando los tribunales inferiores suspendieron las ejecuciones para considerar sus alegaciones, la Corte Suprema intervino y, a veces, hasta ignoró la revisión del caso mediante el proceso habitual de apelaciones.
La inyección letal utilizada para las ejecuciones federales es inhumana.
El uso de la pena de muerte federal fue suspendido mediante una orden judicial en 2006, mientras se esperaba la resolución de un litigio sobre si la combinación de drogas utilizada para la inyección letal federal infligía un “dolor brutal e innecesario”.
En julio de 2019, Bill Barr, el fiscal general de Trump, anunció que el gobierno cambiaba esa combinación de drogas a una sola droga, el pentobarbital. Tras ignorar la práctica habitual de esperar a que se resuelva un litigio poscondenatorio antes de establecer las fechas de las próximas ejecuciones, el gobierno federal también programó cinco ejecuciones.
Pero el pentobarbital no es necesariamente más humano. Al igual que la combinación de drogas anterior, puede causar un edema pulmonar repentino, en el que los pulmones de la persona se llenan de líquido mientras todavía está viva, lo cual le provocaría terror y dolor. A pesar de que sus efectos están bien estudiados, la droga no fue sometida a una revisión judicial ni regulatoria exhaustiva antes de ser usada para las ejecuciones federales.
Poco tiempo después del anuncio de la nueva droga y las fechas de las ejecuciones, múltiples personas con sentencia de muerte presentaron peticiones en las que objetaban su uso. Un tribunal federal de primera instancia detuvo momentáneamente las ejecuciones para considerar estos reclamos en profundidad y declaró que las “pruebas científicas… indican sin duda” que este método de ejecución “muy probablemente le cause [al acusado] dolor extremo y sufrimiento innecesario”.
El tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo y señaló “nuevas interrogantes constitucionales difíciles” que requerían una mayor revisión judicial. Sin embargo, según una opinión sin firmar, objetada por los magistrados Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, la Corte Suprema levantó la suspensión y permitió que las ejecuciones siguieran su curso.
Por otro lado, el mismo tribunal del distrito suspendió las ejecuciones de Corey Johnson y Dustin Higgs, que se habían enfermado de COVID-19. El tribunal señaló que el daño pulmonar ocasionado por el virus empeoraría y prolongaría el dolor de la inyección letal. Nuevamente, intervinieron los tribunales superiores, ignoraron el trabajo de investigación del tribunal inferior y ordenaron la realización de las ejecuciones.
Según una experta, una autopsia preliminar confirmó con “casi absoluta certeza médica” que Wesley Purkey, que fue ejecutado con una inyección de pentobarbital en julio de 2020, sintió un dolor insoportable y tuvo un edema pulmonar repentino. Una revisión realizada en 2020 por NPR de más de 200 autopsias de personas ejecutadas en nueve estados reveló que el 84 por ciento de los ejecutados con pentobarbital tuvo edema pulmonar y casi la mitad presentó espuma o espumarajo en los pulmones, lo cual indica que no estaban paralizados, sino que luchaban por respirar.
El proceso de revisión de la pena de muerte federal no protege lo suficiente contra los errores judiciales.
Desde 1973, al menos 200 personas sentenciadas a muerte en todo el país se han exonerado. Si bien, hasta ahora, estas exoneraciones han sucedido en casos capitales estatales y no federales, los procedimientos de revisión de los casos capitales federales no necesariamente brindan las suficientes garantías contra estas tragedias. En su opinión disidente en el más reciente de los 13 casos de pena de muerte, Sotomayor criticó las formas en que la Corte Suprema “permitía que Estados Unidos ejecutara a trece personas en seis meses bajo un marco legislativo y un protocolo reglamentario que no han recibido el suficiente estudio y sin que se hayan resuelto las serias alegaciones que presentaron las personas condenadas”.
El Departamento de Justicia usa un proceso de revisión interna antes de aprobar el procesamiento de un caso con pena capital federal. Después del juicio y la sentencia, los casos de pena de muerte se someten a una revisión judicial.
Cabe aclarar que las personas condenadas en tribunales estatales pueden presentar ciertas alegaciones a nivel federal después de haber agotado los recursos de apelación de su estado. Este nivel de revisión federal puede darles acceso a un nuevo grupo de abogados, jueces y más oportunidades investigativas. Sin embargo, los acusados en casos capitales federales tienen a su disposición solamente los procesos federales de revisión, que suelen regresar, en las etapas iniciales, al mismo juez de primera instancia original. Estos sistemas de revisión no son infalibles, y se han ejecutado personas, a pesar de tener alegaciones creíbles de discriminación racial, juicio erróneo y comportamiento ilícito por parte del gobierno.
Por ejemplo, Orlando Hall, que fue condenado y sentenciado por un jurado en el que todas las personas eran blancas, en Texas, se enteró tarde de que el principal fiscal a cargo de la selección del jurado tenía un historial de excluir del posible jurado a personas negras, aunque esto sea inconstitucional. Hall fue ejecutado en 2020 sin haber podido investigar este tema en profundidad.
Lezmond Mitchell fue condenado de un delito cometido en 2001 sobre territorio indígena contra dos personas de la Nación Navaja, lo que, por lo general, significaba que la pena de muerte solo se podía aplicar con el consentimiento del pueblo indígena. Su juicio fue trasladado a 200 millas de distancia, a Phoenix, Arizona, donde solo el 2 por ciento de la población es nativa americana. Mitchell fue ejecutado en agosto de 2020, a pesar de las objeciones presentadas por la Nación Navaja, la Fiscalía Federal y algunos familiares de las víctimas.
Brandon Bernard, condenado por un delito que cometió a los 18 años de edad, supo, después de su condena, que el gobierno pudo haber retenido pruebas exculpatorias y presentado testimonios falsos a sabiendas. Cinco miembros del jurado sobrevivientes, la fiscal original y el exdirector de la prisión se opusieron a su ejecución llevada a cabo en 2020.
Daniel Lee, quien recibió una sentencia de muerte en 1999, mientras que su coautor del delito, más culpable, no la recibió, fue ejecutado en julio de 2020, a pesar de las objeciones de la fiscal original, el juez del tribunal inferior y algunos familiares de las víctimas.
Las 40 personas con sentencias de muerte pendientes han sido condenadas por delitos horrendos. Pero sus casos también reflejan problemas de desigualdades raciales e inequidades geográficas. Plantean interrogantes no resueltos sobre la legalidad y la imparcialidad del proceso, la falta de humanidad de la pena y hasta posiblemente la culpabilidad de las personas sentenciadas. Si bien 40 puede no parecer un número alto, el sistema federal da el ejemplo a nivel nacional que puede impactar sobre las más de 2,000 personas sentenciadas a muerte en todo el país.
No hay muchos motivos para pensar que la judicatura federal vaya a tomar cartas en el asunto como corresponde e impedir cualquier comportamiento indebido o abuso por parte del gobierno, prevenir violaciones a la Constitución o hasta considerar en profundidad los interrogantes legales importantes que afectan los derechos —y las vidas— de quienes están a la merced del sistema. Ahora, solo el presidente Biden puede evitar las ejecuciones en estas circunstancias, conmutando esas sentencias de muerte por condenas perpetuas. Tiene hasta el 20 de enero para hacerlo.
Traducción de Ana Lis Salotti.
