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En los últimos diez años, se ha observado un creciente interés por reformar el sistema de fianzas; congresistas, legisladores, fiscales y tribunales de todo el país están cambiando el foco de sus decisiones con respecto a la fianza, que ya no dependen tanto de la capacidad de pago de la persona acusada, sino más bien del sentido de justicia y de la seguridad pública.
Sin embargo, quienes defienden esta reforma, a menudo, deben enfrentarse a los miedos de que limitar o eliminar las fianzas monetarias va a causar un aumento en la delincuencia. Los datos demuestran que estos miedos son infundados y que no deberían ser un obstáculo para reformas que pueden hacer nuestro sistema de justicia penal más equitativo y humano.
¿Qué es una fianza?
Cuando una persona es arrestada, a veces se le da la opción de pagar una fianza, que le permite ser liberada mientras espera su juicio. Inicialmente, la intención de dar una fianza era la de garantizar que la persona acusada se presentara en el tribunal para sus audiencias y su juicio y, hoy en día, por lo general se realiza pidiendo una garantía económica. Por eso, se habla de pagar una fianza y, en muchos casos, se utilizan las frases fianza y fianza monetaria indistintamente.
Cuando se impone una fianza monetaria, el tribunal tiene un amplio margen de discreción para determinar la cantidad de dinero que debe pagar la persona acusada de un delito para garantizar su libertad antes del juicio. Si la persona no se presenta en el tribunal el día de su audiencia, pierde el dinero, y el tribunal puede emitir una orden para su arresto. Si la persona se presenta en el tribunal tal como lo prometió, por lo general, se le devuelve el dinero, menos honorarios y comisiones, que pueden ser bastante altos si utilizó un fiador.
Sin embargo, no todas las fianzas implican dinero. Por ejemplo, el tribunal puede decidir ofrecer una libertad bajo palabra, lo cual significa que la persona solo debe hacer una promesa por escrito de que va a comparecer en el tribunal cuando se lo requiera. Esta promesa también puede estar respaldada por una fianza "no garantizada", es decir, la promesa de pagar una determinada cantidad de dinero en multa si la persona no cumple con las condiciones de su liberación. En esos casos, a la persona liberada bajo una fianza no garantizada se le pedirá que pague la fianza a la justicia solamente si no se presenta a alguna de las audiencias acordadas o si no cumple con las otras condiciones de su liberación antes del juicio.
Si bien el derecho a recibir una fianza está consagrado en 41 constituciones estatales, este no es un derecho absoluto. Es posible que se niegue el derecho a recibir una fianza dependiendo del tipo de delito del que la persona es acusada o si se considera que hay un riesgo de que la persona se fugue. En las últimas décadas, muchos estados también han permitido que la justicia se rehúse a dar una fianza a aquellas personas que son consideradas un riesgo inmediato para la seguridad pública. Las reglas que rigen la elegibilidad de una fianza y sus montos varían según el estado.
¿Por qué hay que reformar las políticas del sistema de fianza?
Las fianzas monetarias han enfrentado duras críticas por décadas, y con razón. Este sistema realmente castiga a los más pobres, porque crea un sistema de dos niveles donde la capacidad de pago, y no la seguridad pública, determina quién permanece en la cárcel y quién sale en libertad.
Quienes no pueden pagar su fianza se enfrentan a una elección desesperada: permanecer entre rejas, a veces durante meses o incluso años, hasta su juicio o contratar a una agencia comercial de fianza. Permanecer en la cárcel puede perjudicar gravemente la vida de una persona, porque puede provocar la pérdida de empleo, problemas familiares y ejercer una mayor presión a aceptar acuerdos de culpabilidad, más allá de que la persona sea culpable o inocente.
El alarmante alto número de muertes por suicidio en sitios de detención previa al juicio habla de la carga psicológica que ocasiona. Por otro lado, las repercusiones económicas de comprar una fianza comercial pueden ser abrumadoras.
Estos agentes de fianza ofrecen cubrir el monto de la fianza a cambio de una elevada comisión, que suele ser un porcentaje de la fianza total, y un plan de pago con altos intereses. El resultado es una industria motivada por las ganancias que exprime miles de millones de dólares a estadounidenses de bajos ingresos y, así, profundiza el círculo de pobreza y encarcelación. Al mismo tiempo, las personas con suficiente riqueza o buen crédito pueden comprar su libertad.
Las desigualdades raciales dentro del sistema de fianza exacerban el problema. A las personas negras y latinas acusadas les suelen colocar montos de fianza más altos que a las personas blancas acusadas de delitos similares. Las desigualdades sistémicas les hacen aún más difícil a las personas no blancas poder pagar una fianza y, por ende, contribuyen a una tasa de detención antes del juicio muchísimo más alta para estas comunidades.
La reforma del sistema de fianza procura resolver estas cuestiones y explorar métodos más equitativos para la detención y liberación antes del juicio. Algunas jurisdicciones han limitado el uso de las fianzas monetarias para garantizar que solo aquellas personas que tengan un verdadero riesgo de fugarse o amenazar la seguridad pública permanezcan bajo custodia. A la larga, estas reformas buscan reducir la encarcelación innecesaria y mitigar las desigualdades raciales y económicas.
¿Dónde se han implementado reformas del sistema de fianza?
Nueva York y Nueva Jersey son algunos de los ejemplos de los estados más citados que aprobaron leyes diseñadas para reformar drásticamente sus sistemas de fianza. Estos esfuerzos de abandonar el uso de fianzas monetarias provocaron un fuerte contraataque, y algunos legisladores anularon algunos de los cambios. Sin embargo, la reforma del sistema de fianza no se limita únicamente a los estados demócratas, a veces llamados azules. Durante los últimos diez años, más de una docena de ciudades y estados a lo largo de todo el espectro político, desde California hasta Texas, han tomado medidas para limitar o eliminar el uso de las fianzas monetarias.
Las características específicas de estas reformas varían. Algunas jurisdicciones han restringido el uso de las fianzas monetarias solo en casos en que se considera que la persona acusada tiene un importante riesgo de fuga o representa una gran amenaza a la seguridad pública. Otras han promulgado leyes que impiden a los tribunales colocar fianzas monetarias por delitos más leves, tales como infracciones o delitos menores. Y otras jurisdicciones le exigen al tribunal que considere la capacidad de pago del acusado cuando determina el monto de la fianza.
La presión por reformar el sistema de fianza ha provenido de varios frentes: legislaturas estatales, tribunales y fiscalías. En el estado de Nueva York, por ejemplo, una ley de 2020 limitó las circunstancias en que se podía usar una fianza monetaria. En Houston, un dictamen judicial eliminó efectivamente el uso de las fianzas monetarias en casos de delitos menores más leves; y en Los Ángeles y San Francisco, las fiscalías de distrito les ordenaron a las partes demandantes que evitaran solicitar una fianza monetaria en ciertos casos y que, más bien, optaran por condiciones no monetarias.
Si bien los cambios promulgados por las legislaturas tienden a ser los más robustos y tienen el mayor efecto sobre los sistemas de fianza, todos estos tres frentes han contribuido a un mayor empuje por reformar los sistemas de fianza a nivel nacional.
¿Cuáles son las críticas más comunes contra la reforma del sistema de fianza?
Con frecuencia, sus oponentes atacan la reforma del sistema de fianza haciendo alegaciones infundadas de que incrementará el delito y, para ello, señalan casos de alto perfil en los que algunas personas liberadas bajo fianza cometieron nuevos delitos. Dicen que reducir el uso de las fianzas monetarias hace que sea demasiado fácil liberar a personas potencialmente peligrosas y, así, poner en peligro la seguridad pública.
Estas preocupaciones merecen ser consideradas con detenimiento, ya que toda política de justicia penal debe estar basada en datos sólidos que demuestren su eficacia a la hora de preservar la seguridad pública. Sin embargo, un puñado de delitos aislados no significa que las reformas del sistema de fianza aumenten la delincuencia en general.
¿Las reformas del sistema de fianza están afectando los índices de delito?
En el estudio más exhaustivo sobre el tema hasta la fecha, los investigadores del Brennan Center no encontraron ninguna prueba que demuestre que las reformas del sistema de fianza afecten los índices de delito.
Este estudio analizó datos de delincuencia mensuales provenientes de 33 ciudades desde 2015 hasta 2021 y comparó 22 ciudades que implementaron reformas del sistema de fianza con otras 11 que no lo hicieron. El estudio evaluó los delitos de homicidio, robo, agresión física agravada, robo con allanamiento de vivienda, robo de vehículos y hurto para determinar si hubo algún aumento o disminución de estos delitos después de que las ciudades hubieran promulgado una reforma de sus sistemas de fianza.
Los investigadores realizaron varios análisis distintos de los datos para detectar cualquier posible conexión entre las reformas del sistema de fianza y la delincuencia.
Investigaron si las reformas del sistema de fianza afectaban los índices de delincuencia a nivel general. Si una reforma estuviera causando un aumento en la delincuencia, como señalan sus oponentes, veríamos un aumento en los índices de delincuencia de las ciudades con reformas del sistema de fianza, comparadas con las ciudades sin reformas. Sin embargo, la simple comparación no demostró eso. De hecho, los índices de delincuencia fueron parecidos, en términos generales, en los dos grupos de ciudades durante todo el período en estudio; la delincuencia bajó en los dos grupos en 2020, al inicio de la pandemia de covid-19, debido a una disminución en los índices de hurto, y luego subió en los años siguientes sin ninguna desviación significativa entre los dos grupos.
Si bien es informativa, este tipo de comparaciones puede enmascarar otras diferencias entre los dos grupos de ciudades. Por eso, el grupo de investigadores del Brennan Center llevó a cabo un análisis más sofisticado de los datos en el que estudiaron los cambios en los índices de criminalidad en los 12 meses siguientes a la promulgación de las reformas del sistema de fianza. Para asegurarse de que cualquier diferencia observada en las tendencias delictivas posteriores a las reformas sea seguramente producto de las reformas en sí y no de otras diferencias subyacentes entre las ciudades, compararon las ciudades con y sin reformas que tenían tendencias delictivas similares en los seis meses anteriores a que se hubieran promulgado las reformas del sistema de fianza.
También consideraron otras variables, como el momento en que se implementaron las reformas del sistema de fianza, los factores socioeconómicos, las orientaciones políticas y las medidas de confinamiento debido a la pandemia. Hallaron que, en los 12 meses que le siguieron a la implementación de las reformas, las tendencias delictivas en las ciudades con reformas y en las ciudades comparables sin reformas no variaron de un modo estadísticamente significativo.
Se encontraron los mismos resultados cuando se evaluaron, por separado, los índices de delitos violentos, delitos contra la propiedad y hurtos, que abarcan delitos menores más leves como el robo en tiendas. Los datos no demostraron que las reformas del sistema de fianza hayan tenido efecto sobre alguno de estos tipos de delitos en los 12 meses que les siguieron a las reformas.
Incluso si nos centramos en las ciudades con las reformas más importantes —Buffalo, Nueva York; Chicago; Houston; la Ciudad de Nueva York; y Newark—, el estudio no encontró ningún cambio significativo en las tendencias delictivas en los 12 meses posteriores a los cambios en las políticas de fianza, comparadas a las de las ciudades sin reformas.
Considerando todos los datos en su conjunto, la conclusión del estudio es clara: no hay ninguna prueba que vincule las reformas del sistema de fianza con los cambios en los índices de criminalidad. Ello echa por tierra las alegaciones politizadas de que las reformas del sistema de fianza son responsables por el reciente incremento en la delincuencia.
Se puede confiar en estos hallazgos porque los investigadores llevaron a cabo distintas verificaciones adicionales para validar sus resultados y tuvieron en cuenta las posibles demoras en la implementación de las reformas, el impacto de la pandemia y cualquier otro factor atípico en sus datos que podría haber sesgado sus hallazgos. Incluso después de considerar estos factores, los resultados demuestran, con uniformidad, que la reforma del sistema de fianzas no tuvo un efecto perceptible sobre los índices de criminalidad.
Si la reforma del sistema de fianza no parece aumentar ni reducir los índices de delincuencia, ¿por qué realizar esta reforma?
Según los datos más confiables que tenemos, la reforma del sistema de fianza ni aumenta ni reduce los índices de delincuencia. Entonces, ¿por qué queremos reformar el sistema? Todo se resume a una simple razón: la reforma del sistema de fianza tiene como objetivo crear un sistema de justicia penal más justo y equitativo.
Sin una justificación convincente en materia de seguridad pública, castigar a alguien antes de que sea condenado es esencialmente injusto y socava el principio de que la persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Al reducir la dependencia de las fianzas monetarias, las reformas buscan resolver estas desigualdades y ofrecer un método más humano para la liberación antes del juicio. Estos cambios son tan solo un primer paso de la reparación más exhaustiva de un sistema de justicia penal que se reconoce ampliamente como un sistema excesivamente punitivo y motivado por incentivos lucrativos problemáticos.
Los datos demuestran una y otra vez que el actual sistema de fianzas profundiza las desigualdades sociales en las que las personas acusadas más pobres y no blancas pagan el precio más alto por las deficiencias del sistema, y no porque sean culpables, sino porque no pueden comprar su libertad.
Además, aunque la reforma del sistema de fianzas no afecte directamente los índices de criminalidad, podría desempeñar un rol indirecto a la hora de fomentar la seguridad pública a largo plazo. Al no concentrarse en la capacidad de la persona de pagar una fianza, los tribunales pueden priorizar la seguridad cuando deciden si una persona debe esperar su juicio en la cárcel o en su comunidad.
Traducción de Ana Lis Salotti.
