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Contrariamente a lo que se suele creer, no son solo los delitos violentos, como los asesinatos y las agresiones físicas, los que llenan el calendario de los tribunales de justicia. Lo más frecuente es que sean los delitos más leves, como los hurtos en tiendas, la tenencia menor de drogas o las infracciones de tránsito, los que empujan a las personas a entrar en el sistema de justicia penal.
Precisar el tamaño del sistema penal de los delitos leves —que abarca delitos menores, violaciones de leyes e infracciones— es una tarea compleja. Si bien, en cierta medida, se lleva un registro de los delitos menores, los datos sobre infracciones y otras violaciones de las leyes son escasos.
Aun así, los datos nacionales que sí se tienen disponibles revelan una cruda realidad: los delitos menores son el monstruo silencioso del sistema de justicia penal, con decenas de miles de personas multadas, arrestadas o imputadas por día.
Muchas personas reconocen que los delitos leves requieren de una resolución, pero hay menos conciencia sobre el daño que ocasiona su procesamiento penal.
Para las personas afectadas, las consecuencias de un arresto o una condena por un delito leve no son nada menores. Los casos pueden costar mucho dinero y tiempo en resolverse y pueden restringir el acceso de la persona a un trabajo, una vivienda, atención de salud y educación.
Un informe del Brennan Center publicado en 2020 pone de manifiesto las repercusiones a largo plazo que tienen las condenas por delitos menores y revela una pérdida promedio de las ganancias anuales de las personas condenadas en el orden de un 16 por ciento. Estos daños afectan muchísimo más a las comunidades no blancas, lo cual empeora las desigualdades raciales ya existentes.
En términos más amplios, los delitos leves representan un importante gasto sobre los recursos del gobierno. Se estima que los costos de vigilancia policial y procedimiento judicial de un solo delito menor oscilan entre los $2,190 y los $5,896, cifras que saturan aún más los presupuestos ya sobrecargados. Este alto precio puede terminar siendo en vano, ya que algunos estudios cuestionan la noción de si procesar estos casos verdaderamente aumenta la seguridad pública.
Frente a las críticas cada vez más severas, los encargados de elaborar políticas públicas han intentado reevaluar las prácticas de procesamiento penal de delitos leves. Varios estados se han embarcado en iniciativas para despenalizar algunos delitos no violentos, como la tenencia menor de drogas, e implementar programas alternativos a los procesos tradicionales de arresto, procesamiento penal y encarcelación.
Sin embargo, estas medidas enfrentan cierta resistencia, en especial por el creciente temor al desorden público tras la pandemia de covid-19.
En particular, la ciudad de Nueva York, tradicional epicentro de los debates sobre justicia penal, ha registrado importantes cambios en su abordaje del procesamiento penal de delitos leves. A comienzos de la década de 1990, la ciudad fue uno de los primeros en adoptar una política de vigilancia policial llamada “de ventanas rotas”, en la que la policía aplicaba mano dura contra los delitos leves con vistas a desalentar los delitos más graves.
Esta estrategia envolvió principalmente a personas latinas y negras en el sistema de justicia penal por delitos leves como la posesión de marihuana, y se tradujo en una ola de quejas por los prejuicios y las malas conductas que mostraba la policía. También alentó a la implementación de políticas controversiales como la de detención y cacheo (stop and frisk), que desde entonces se ha declarado inconstitucional.
Durante los últimos años, la ciudad ha adoptado reformas de justicia penal destinadas a implementar tácticas menos punitivas y reducir la cantidad de casos judiciales por delitos leves. Aun con estos esfuerzos y al igual que ocurre a nivel nacional, los delitos menores continúan dominando el sistema de justicia penal en la ciudad de Nueva York.
Un nuevo informe del Brennan Center proporciona un análisis detallado de los casos por delitos leves que se registraron en la ciudad de Nueva York entre 2016 y 2022. Dada la escasez de datos y la falta de uniformidad en las definiciones sobre delitos leves a nivel nacional, enfocarnos en lo que ocurre en la ciudad de Nueva York nos brinda una visión granular sobre las tendencias recientes en cuanto al procesamiento penal de delitos menores y las poblaciones más afectadas.
Además, la transición gradual que está realizando la ciudad para eliminar el modelo policial de ventanas rotas ofrece percepciones más claras sobre posibles reformas de justicia penal en jurisdicciones que se enfrentan a desafíos particulares en el procesamiento penal de delitos leves.
Los cargos penales por delitos leves más frecuentes del período en estudio no implicaron daño físico directo contra otra persona.
El número absoluto de casos judiciales por delitos leves disminuyó tanto a nivel nacional como en la ciudad de Nueva York entre 2016 y 2022. Ello demuestra que continúan las tendencias en disminución que comenzaron en 2007 a nivel nacional y en 2010 en la ciudad de Nueva York, lo cual coincidió con algunos cambios en las prácticas de vigilancia policial y procesamiento judicial.
Específicamente en la ciudad de Nueva York, esta disminución fue luego acentuada por la reducción de las prácticas de detención y cacheo ordenada por la justicia en 2013 y la elaboración de programas alternativos más innovadores.
En términos generales, la imputación de cargos penales que no implicaban daño físico disminuyó entre 2016 y 2022. El impacto de los esfuerzos de la ciudad por despenalizar algunos delitos leves se refleja en las drásticas disminuciones de cargos por tenencia leve de drogas y evasión de pago en el transporte público.
Como excepción a esta tendencia en descenso, los cargos por hurtos menores y otros delitos contra la propiedad volvieron a subir en 2021 y 2022, aunque sus cifras siguen estando por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Una importante fracción de los casos por delitos leves que sí implicaron daño físico, en especial casos por agresión, se relacionaba con casos de violencia doméstica. Esta proporción aumentó en 2020, incluso cuando el número absoluto de casos de violencia doméstica, igual que todos los demás tipos de delitos, bajó a su nivel más bajo del período en estudio.
Esta discrepancia se debe, en parte, a la marcada reducción del procesamiento penal de todos los tipos de delitos leves durante la pandemia de covid-19. Asimismo, se conoce que, en la ciudad de Nueva York, al igual que en otras partes, hubo un incremento en los casos de violencia doméstica durante ese momento, probablemente debido a los mayores factores de riesgo asociados a las órdenes de confinamiento (stay-at-home orders) y al cierre de los servicios comunitarios durante la pandemia.
Si bien la cantidad total de casos por delitos leves ha bajado, se sigue observando una tendencia preocupante: las desigualdades raciales persisten. Durante todo el período en estudio, las personas neoyorquinas negras y latinas enfrentaron muchos más casos penales por delitos leves en comparación con su proporción en la población de la ciudad.
A partir de las conversaciones que mantuvo el equipo de investigadores del Brennan Center con oficiales de policía, fiscales, funcionarios judiciales y del gobierno local, prestadores de servicios a la comunidad, activistas, defensores de derechos y líderes locales, estas desigualdades raciales parecen provenir de ciertas medidas de vigilancia policial aplicadas específicamente en comunidades negras y latinas que enfrentan dificultades socioeconómicas.
La actuación policial concentrada en los barrios con altos niveles de pobreza, falta de vivienda, problemas de salud mental, consumo de drogas, escasez de recursos y condiciones comunitarias deficientes han permanecido notablemente estable a lo largo del tiempo.
El resultado es un patrón visible en el que el procesamiento penal de delitos leves se concentra principalmente en barrios específicos.
La fuerte correlación entre los factores raciales y socioeconómicos y la cantidad de arrestos por delitos menores en cada código postal ilustra claramente los problemas que surgen cuando el sistema de justicia penal hace un uso excesivo de arrestos y acciones judiciales para solucionar asuntos sociales mucho más profundos. A fin de cuentas, termina siendo un sistema que criminaliza la pobreza y las cuestiones de raza.
Esto no solo es cuestionable desde el punto de vista ético, sino que también es ineficaz. La mayoría de las personas a las que entrevistó el equipo de investigadores del Brennan Center resaltaron la inutilidad de aplicar un abordaje únicamente punitivo para problemas del comportamiento que surgen de factores estructurales como la inestabilidad de la vivienda, la inseguridad alimentaria, la falta de tratamientos de salud mental disponibles y el subempleo.
Como señaló una parte interesada de la comunidad, “Cada vez que terminé en la cárcel y me dieron un tirón de orejas por este delito menor, sabían que yo no tenía hogar. No hicieron nada para ayudarme. Simplemente dejaron que volviera al mismo lugar del que salí”.
A decir verdad, la ciudad de Nueva York ha tomado medidas importantes para intentar mejorar su sistema de justicia penal. El número de personas a las que se les fijó una fianza en efectivo tras imputarles un cargo ha caído bruscamente desde 2016, gracias a la expansión en toda la ciudad de la puesta en libertad bajo supervisión judicial y una ley estatal de 2020 que les prohíbe a los tribunales fijar una fianza en efectivo para la mayoría de los casos por delitos menores y delitos mayores no violentos.
Solo a un número muy reducido de personas se les ordena permanecer detenidas al comienzo de su causa. Ahora es cada vez más frecuente que las personas acusadas de delitos leves sean liberadas bajo condiciones impuestas por la justicia, ya que los programas alternativos de la ciudad, en lugar de encarcelar a la persona, se centran en conectarla con servicios comunitarios destinados a satisfacer sus necesidades, desde la provisión de tratamientos de salud mental y consumo de drogas, hasta la asistencia de vivienda y la capacitación vocacional.
Aunque sus resultados son prometedores, estas iniciativas podrían beneficiarse de un mayor financiamiento y apoyo. Del mismo modo, la cantidad de personas liberadas bajo promesa de comparecer —lo cual significa que pueden evitar la detención sin tener que pagar una fianza o cumplir con otras condiciones impuestas por el tribunal— ha disminuido con respecto a los niveles de 2016.
Al 2020, las sentencias sin condena, en lugar de las admisiones de culpabilidad, se convirtieron en la resolución más frecuente en los casos por delitos leves. Si bien se requiere un estudio más detallado sobre los factores que impulsan estas tendencias, es probable que la expansión de los programas alternativos y la despenalización de delitos leves no violentos, como la tenencia de marihuana y la evasión de pago en el transporte público, hayan desempeñado un rol fundamental.
Incluso entre las personas condenadas, solo un pequeño porcentaje recibió una sentencia de cárcel. Lo más común fue que recibieran una sentencia de liberación bajo condiciones, lo cual significa que debían obedecer las condiciones impuestas por un tribunal, tal como evitar nuevos arrestos, conservar su empleo, completar un servicio comunitario o participar en un programa de tratamiento.
A pesar de las importantes disminuciones observadas, los casos por delitos leves siguen sobrecargando los tribunales que ya están saturados, especialmente después de la pandemia de covid-19. Se tarda meses en resolver la mayoría de los casos por delitos leves, aunque muy pocos terminen en una condena.
Es muy probable que las personas afectadas tengan que comparecer ante la justicia en repetidas ocasiones, lo cual les aumenta el riesgo de perder su trabajo, sus ganancias, el cuidado de sus hijos y hasta su vivienda. Que estas consecuencias puedan ser tan graves y tener repercusiones tan profundas confirma lo que sugieren los estudios, incluso en la ciudad de Nueva York: en los casos por delitos leves, el proceso en sí ya es pena suficiente.
Si bien la ciudad de Nueva York ha tomado medidas importantes para reformar su sistema de justicia penal, todavía se puede mejorar. Se puede hacer mucho más para resolver los problemas de fondo de la delincuencia, priorizando el bienestar de las comunidades por encima de las medidas punitivas.
Para empezar, la ciudad puede seguir poniendo a prueba y expandiendo sus exitosos programas alternativos y mejores enfoques de la salud del comportamiento y la respuesta a crisis.
En términos más generales, puede transformar su cultura policial alentando a la policía y al gobierno a trabajar en colaboración con los barrios donde se quiere aumentar la seguridad para diseñar estrategias específicas que les permitan atender las necesidades subyacentes de la comunidad, como la prevención del delito, las oportunidades económicas y las mejoras en la infraestructura física.
Quienes elaboran políticas pueden dar apoyo a estos esfuerzos invirtiendo en las comunidades desatendidas que han sido las más afectadas por la mano dura policial y judicial.
Así y todo, la experiencia de la ciudad de Nueva York ofrece una lección para todas las jurisdicciones del país. Dado que los recursos policiales son finitos, es imprescindible que se asignen con eficiencia.
En las mejores circunstancias, la penalización y encarcelación pueden ofrecer soluciones rápidas a corto plazo, pero no funcionan como soluciones a largo plazo para reducir el delito y aumentar la seguridad pública y el bienestar de las comunidades. Tampoco podemos ignorar el grave daño colateral asociado a estas políticas, en especial para las personas no blancas de bajos ingresos y otros grupos vulnerables.
En cambio, si se provee a las comunidades los recursos que necesitan y se rediseña el rol de la policía, se puede allanar el camino hacia un cambio duradero y hacia una sociedad más segura y más equitativa.
Esta es una publicación independiente del Brennan Center; las opiniones aquí expresadas son propias de sus autores o cuentan con el expreso consentimiento de las partes interesadas citadas.
Este trabajo de investigación fue realizado a partir de datos de acceso restringido de la Oficina de Administración de Tribunales (OCA) del Sistema Judicial Unificado del estado de Nueva York, y datos de dominio público de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), del Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC), del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York por medio del Portal NYC Open Data y del Censo de los Estados Unidos. Los datos provistos no deben entenderse como registros ni opiniones oficiales de ninguna de estas organizaciones.
Traducción de Ana Lis Salotti.
Visualización de datos por Will Merrow
