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- Las propuestas del Proyecto 2025 priorizan las agendas políticas en vez de la independencia e imparcialidad de las agencias del orden público, lo que supone un riesgo para las normas democráticas, las libertades civiles y la confianza pública.
- Las recomendaciones del Proyecto 2025 para el sistema de justicia significarían un cambio hacia políticas draconianas, que, según investigaciones, no hacen que las comunidades sean más seguras.
El Proyecto 2025, la ruta de trabajo de la Heritage Foundation para un gobierno conservador, propuso un número de acciones que transformarían la política pública en materia de justicia penal a nivel federal. Probablemente estas sean implementadas, ya que el presidente Trump ha incluido programas del Proyecto 2025 en otras áreas.
El cambio más drástico compete a la misión del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). Actualmente, la misión es “defender el estado de derecho, mantener la seguridad nacional y proteger los derechos civiles”. El estado de derecho es esencial para una democracia funcional, porque garantiza que las leyes sean aplicadas equitativa e imparcialmente.
En el pasado, el DOJ ha perseguido estos objetivos mientras intentaba abordar inequidades en el sistema de justicia penal con iniciativas como, por ejemplo, investigaciones sobre las condiciones carcelarias o programas para reducir el encarcelamiento innecesario. En cambio, las propuestas del Proyecto 2025 priorizan las agendas políticas en vez de la independencia e imparcialidad de las agencias del orden público, lo que supone un riesgo para las normas democráticas, las libertades civiles y la confianza pública.
La politización del Departamento de Justicia
El DOJ está encargado tanto del cumplimiento de la ley como de la formulación de políticas públicas. Históricamente, ha trabajado con la Casa Blanca para alcanzar ciertas metas en materia de política pública, pero las investigaciones y acciones penales del departamento deben mantenerse independientes de la política.
La independencia del DOJ no está garantizada por ninguna ley explícita, pero sí por medio de normas y prácticas instauradas después del escándalo de Watergate. Muchas de estas prácticas son cuestiones de principios o convenciones. Implementar el Proyecto 2025 iría en contra de ellas al desmantelar numerosas normas existentes y, por consiguiente, debilitaría el estado de derecho.
Pam Bondi, la elegida de Trump para fiscal general, pasó gran parte de su audiencia de confirmación en el Senado intentando disipar preocupaciones sobre la militarización del Departamento de Justicia. Pero Bondi evadió preguntas puntuales sobre la promesa de Trump de enjuiciar a adversarios específicos. Trump ya ha firmado dos órdenes ejecutivas encargando a la fiscalía general que lleve a cabo investigaciones sobre la anterior administración.
La politización del DOJ puede ocurrir de varias maneras.
Erosionar la independencia del DOJ
Tras el abuso del Departamento de Justicia por parte del presidente Richard Nixon, ha sido una práctica generalizada de la Casa Blanca emitir un memorándum limitando los contactos entre el personal del departamento y la Casa Blanca. Por ejemplo, el presidente y su equipo no deben ser notificados anticipadamente sobre operativos civiles o criminales. Esto garantiza que las leyes no sean modificadas ni aplicadas arbitrariamente según los caprichos políticos del partido en el poder. El Proyecto 2025 sugiere que la próxima administración debe “reexaminar” esta política. Se infringieron muchas normas durante la última administración de Trump, y es probable que este lineamento sobre la comunicación también sea abandonado esta vez.
Acciones penales e investigaciones motivadas por política
Aunque no están explícitamente demarcadas en el Proyecto 2025, eliminar las barreras entre el DOJ y la Casa Blanca podría permitir al presidente ejercer más control sobre algunos fiscales e investigadores mientras estos analizan sus casos y escogen contra quién presentar una acción jurídica. El presidente hizo campaña con la promesa de investigar y encausar a aquellos que él considera como sus rivales.
Los nombramientos políticos, como el fiscal general, podrían ser removidos de su puesto si se rehúsan a llevar a cabo investigaciones motivadas políticamente, menoscabando la confianza pública en la imparcialidad del sistema de justicia.
Instaurar a lealistas del partido
La Casa Blanca podría ejercer una influencia política más directa sobre los operativos del DOJ al despedir a funcionarios públicos con experticia, incluyendo a personas con décadas de experiencia como fiscales e investigadores que han trabajado bajo administraciones de ambos partidos. Podrían ser reemplazados por lealistas ideológicos que carecen del conocimiento institucional que es esencial para el funcionamiento diario de muchas agencias de orden público. De hecho, ya han empezado los despidos y traslados de altos funcionarios del departamento de justicia, como parte de la orden de suspender las contrataciones a nivel federal por parte de la Administración.
Proteger a los lealistas del partido
La relación entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia que vislumbran los autores del Proyecto 2025 fomentaría una cultura de impunidad. Aunque el documento no menciona los indultos, al poner el DOJ bajo su estrecho control, la Casa Blanca podría ordenar a los funcionarios que hicieran la vista gorda ante comportamientos criminales cometidos por amigos de la Administración. La combinación de prometer indultos y la inmunidad presidencial otorgada por la Corte Suprema incrementa este riesgo.
Pena de muerte
En el primer día de su segunda administración, Trump firmó una orden ejecutiva ordenando una expansión de la pena de muerte por parte del gobierno federal. Esto proviene directamente del Proyecto 2025, que aboga por un uso más amplio de la pena capital y recomienda al DOJ ampliar el uso de la pena de muerte a “crímenes particularmente atroces que involucren violencia y abuso sexual de niños”.
Esto ocurre a pesar de una sentencia de 2008 de la Corte Suprema que califica a la pena de muerte por crímenes diferentes al homicidio o crímenes contra el estado (como la traición) como una violación de la prohibición a castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda.
Las acciones de Trump sobre la pena de muerte no sorprenden, ya que más personas fueron ejecutadas durante su primer mandato que en los 56 años anteriores combinados.
El Proyecto 2025 también hace un llamado a que una administración conservadora “obtenga finalidad” para los prisioneros que están actualmente en el corredor de la muerte. El presidente Biden recientemente conmutó las sentencias de 37 de las 40 personas en el corredor de la muerte a sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional, lo cual Bondi calificó como “aborrecible”.
Aborto
El Proyecto 2025 ha propuesto varias formas de criminalizar el aborto, incluyendo el apoyo a una prohibición federal del aborto después de las 16 semanas de embarazo, e implementar una alarmante interpretación de la draconiana Ley Comstock, una ley de 1873 en contra de la obscenidad que prohíbe enviar materiales relacionados con el aborto de un estado a otro.
La ley ha sido irrelevante desde la sentencia Roe v. Wade de 1973, cuando la Corte Suprema sostuvo que la Constitución incluye el derecho a la privacidad, el cual protege al aborto como un derecho fundamental. Aunque la Ley Comstock sigue vigente, típicamente se le considera inconstitucionalmente imprecisa e imposible de implementar. Pero la interpretación del Proyecto 2025 incluye criminalizar el envío por correo de medicamentos utilizados para abortar por correo. (Los abortos con el uso de medicamentos representaron alrededor del 63 por ciento de todos los abortos en 2023).
Agencias de policía local
El Proyecto 2025 propone expandir el control federal sobre las agencias de policía local en lugares donde la Administración esté en desacuerdo con las políticas y prácticas locales. Muchas jurisdicciones ya han enfrentado fuertes rechazos cuando sus gobernantes intentaron implementar políticas en pro de las reformas. Por ejemplo, gobernadores y legislaturas estatales han intentado remover a fiscales debidamente designados. En algunos casos, han tenido éxito. La justificación principal para estas destituciones y la propuesta del Proyecto 2025 es la falsa contención de que la reforma a la justicia penal y el aumento posterior de los crímenes violentos están conectados, aunque no existen datos que respalden esa afirmación. Además, el crimen violento está actualmente disminuyendo.
Imputar a fiscales locales
El Proyecto 2025 propone que el DOJ impute a fiscales locales democráticamente electos, o que interfiera de alguna otra manera en casos que tengan “deficiencias en el estado de derecho”, o sea, decisiones que el DOJ percibe no están siguiendo la ley al pie de letra.
Estas pueden incluir políticas de no procesamiento relacionadas con delitos menores como el consumo de marijuana o el robo en tiendas. El documento aconseja que el DOJ debería destituir a los fiscales locales que “les niegan a las personas ciudadanas estadunidenses la ‘protección igualitaria de las leyes’ al negarse a iniciar y continuar una acción penal en sus jurisdicciones”.
Históricamente, esta es una estrategia que el Departamento de Justicia ha utilizado para investigar y reformar patrones graves y prácticas de uso excesivo de la fuerza, vigilancia sesgada y otras prácticas inconstitucionales en las agencias de policía y orden público.
Implementar esta propuesta disuadiría a los fiscales locales de emplear discrecionalidad al tomar decisiones basadas en casos específicos, sin importar qué políticas promovieron durante su campaña electoral. Por ejemplo, los autores del Proyecto 2025 destituirían a los fiscales locales que apoyen el tratamiento para personas que cometan infracciones menores relacionadas con las drogas como alternativa al encarcelamiento. Esos fiscales enfrentarían una presión enorme para revertir esas políticas por miedo a represalias.
Incrementar la presencia de las agencias de orden público federales
El Proyecto 2025 solicita que el DOJ aumente la presencia de las fuerzas del orden público y “restaure la ley y el orden” en jurisdicciones que supuestamente tienen problemas de delincuencia debido a políticas locales. Esto probablemente resultaría en que los fiscales federales asuman más casos de las oficinas de fiscales locales en las jurisdicciones dónde no estén de acuerdo con las posiciones políticas o decisiones de la policía local.
Debido a que los fiscales federales solo pueden tomar el control de casos en los que la jurisdicción federal y estatal coinciden, esto probablemente aplicaría a procesos sobre armas de fuego y drogas.
Los casos que se trasladarían al sistema federal serían aquellos que las jurisdicciones locales han determinado que no deben ser procesados jurídicamente. Los funcionarios locales puede que lleguen a esta decisión por varias razones. Por ejemplo, para equilibrar la asignación de recursos y si la seguridad pública lo permite, y la comunidad se beneficiaría, de resoluciones alternativas.
Decidir una acción jurídica en un caso que la policía ya estableció que no redunda en el interés de su comunidad no solo es un despilfarro, sino que, dada la alta tasa de condenas del sistema federal y sus esquemas de sentencia a menudo más severos, también podría aumentar la población carcelaria federal.
Remover la auditoria federal del sistema de justicia penal
La propuesta incluye un mandato para eliminar los decretos de consentimiento. Los decretos de consentimiento suelen ser emitidos por una corte después de una investigación del DOJ sobre un patrón de conducta inapropiada. Por lo general, se utilizan para reformar el sistema carcelario o el departamento de policía de una jurisdicción. Mientras que el DOJ no tiene autoridad para unilateralmente poner fin a todos los decretos de consentimiento, puede solicitar que la corte finalice cada acuerdo y ponga fin a cualquier investigación adicional.
Hay casi 30 decretos de consentimiento activos que involucran a las agencias de policía y los sistemas penitenciarios. En Ferguson, Missouri, se llegó a un acuerdo dos años después del asesinato de Michael Brown, donde una investigación del DOJ reveló un patrón de conducta inapropiada, que incluía el uso excesivo de la fuerza y violaciones al debido proceso. Más recientemente, se acordó un decreto de consentimiento en Minneapolis, donde se inició una investigación luego del asesinato de George Floyd. El Proyecto 2025 busca poner fin a estos decretos, reduciendo drásticamente la supervisión de las prácticas de la policía local.
Al politizar el Departamento de Justicia, interferir con el poder discrecional de los fiscales y expandir la influencia federal sobre las jurisdicciones locales, las recomendaciones del Proyecto 2025 para el sistema de justicia significarían un cambio hacia políticas draconianas, que, según investigaciones, no hacen que las comunidades sean más seguras.
Traducción de Laura Gómez
