El presidente ya tiene gran autoridad para deportar a miembros de pandillas y bandas criminales según la ley migratoria
Ayer el presidente firmó una proclamación en la cual invoca la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) para detener y deportar a inmigrantes de Venezuela considerados como sospechosos de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
Horas después un juez bloqueó temporalmente el uso de esta ley invocada por Trump para acelerar las deportaciones.
Katherine Yon Ebright, abogada asesora en el Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU, expresó sobre esta proclamación presidencial:
“Tren de Aragua es una peligrosa banda criminal venezolana, pero la ley migratoria ya le da al presidente un amplio poder para deportar a los miembros de Tren de Aragua que causen daño en nuestras comunidades. El presidente puede y debe usar esta autoridad con vehemencia. No hay necesidad de abusar de una facultad propia de los tiempos de guerra cuando las leyes migratorias y penales ya brindan este tipo de herramientas poderosas.
El presidente está invocando la Ley de Enemigos Extranjeros para tratar de deshacerse del debido proceso. Quiere evadir cualquier necesidad de tener que presentar pruebas o convencer a un tribunal de que alguien es realmente miembro de una pandilla o banda delictiva antes de deportarlo. La única razón de invocar esta autoridad es para tratar de posibilitar detenciones y deportaciones masivas contra personas venezolanas basándose en sus orígenes, no en cualquier actividad delictiva que podría demostrarse en un proceso judicial de carácter migratorio.
Este arrebato de poder es totalmente ilegal. La Ley de Enemigos Extranjeros puede usarse solamente durante guerras declaradas o ataques armados de gobiernos extranjeros contra los Estados Unidos. El presidente ha proclamado falsamente la existencia de una invasión e incursión depredadora para usar una ley escrita para tiempos de guerra como una medida de control migratorio en tiempos de paz. Los tribunales deben anularlo.
Si la justicia lo permite, esta movida podría preparar el terreno para cometer otros abusos contra cualquier grupo de inmigrantes que el presidente decida atacar —no solo contra personas venezolanas—, aun cuando residan legalmente en los EE. UU. y no tengan ningún antecedente penal.
La historia nos demuestra los riesgos. La última vez que un presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, decenas de miles de personas no ciudadanas de ascendencia japonesa, alemana e italiana fueron retenidas injustamente en campamentos de reclusión por considerarlas peligrosas principalmente debido a sus orígenes y sin un debido proceso”.
Antecedentes
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 es la última parte que quedó de las infames Leyes de Extranjería y Sedición (Alien and Sedition Acts). Le permite al presidente detener o deportar a personas oriundas y ciudadanas de un país enemigo durante una guerra, sin una audiencia y basándose únicamente en su país de nacimiento o ciudadanía.
El presidente puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros durante una “guerra declarada” o cuando un gobierno extranjero amenaza con efectuar o efectúa una “invasión” o “incursión depredadora” contra el territorio estadounidense. Se usó por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para justificar la detención y expulsión de ciudadanos extranjeros japoneses, alemanes e italianos debido a su nacionalidad.
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