El 21 de enero de 2020 se cumplirán diez años desde la resolución de la Corte Suprema del caso Citizens United v. Federal Election Commission, una decisión controversial que anuló las restricciones que desde hacía un siglo se imponían sobre la financiación de campañas políticas y permitió que las grandes corporaciones y otros grupos externos contribuyan una cantidad ilimitada de fondos en nuestras elecciones.
Si bien los donantes adinerados, las grandes corporaciones y los grupos de intereses especiales siempre habían tenido una enorme influencia sobre nuestras elecciones, esta influencia creció muchísimo desde la decisión de Citizens United, que tiene repercusiones negativas sobre nuestra democracia y sobre la lucha contra la corrupción política.
¿Qué es la causa Citizens United?
Un grupo conservador sin fines de lucro llamado Citizens United presentó una objeción judicial contra las reglas de financiación de campañas políticas después de que la Comisión Federal de Elecciones (FEC) le prohibiera promover y transmitir al aire una película que criticaba a la entonces candidata presidencial Hillary Clinton a muy poco de celebrar las elecciones primarias.
Una mayoría de la Corte Suprema de 5 magistrados a favor y 4 en contra le dio la razón a Citizens United y dictaminó que las corporaciones y otros grupos externos podían aportar cantidades ilimitadas de dinero en las elecciones.
¿Cuáles fueron los fundamentos de la decisión de la Corte?
En la opinión de la Corte, el magistrado Anthony Kennedy afirmó que limitar “la financiación política independiente” de las corporaciones y otros grupos violaba el derecho de libertad de expresión concedido por la Primera Enmienda. Los magistrados que votaron con la mayoría supusieron que la financiación independiente no podía ser corrupta y que se haría con transparencia, pero estas dos suposiciones demostraron ser falsas.
Con esta decisión, la Corte Suprema anuló las restricciones que se imponían sobre la financiación de las elecciones desde hace más de 100 años. Antes, la Corte había defendido ciertas restricciones con el argumento de que el gobierno debía cumplir su función de prevenir la corrupción. Pero, en el caso Citizens United, una leve mayoría de la Corte Suprema sostuvo que “la financiación política independiente” no representaba un riesgo de corrupción importante, siempre que no se coordinara con las campañas de los candidatos.
Como consecuencia, las corporaciones ahora pueden aportar cantidades ilimitadas de fondos para financiar anuncios de campañas políticas si no están “coordinadas” formalmente con un candidato o un partido político.
¿Cómo la causa Citizens United ha cambiado las elecciones en los Estados Unidos?
Este dictamen marcó el comienzo de una ola masiva de financiación política por parte de grupos externos y así se dio un crecimiento astronómico de la influencia política ya importante que tienen los donantes adinerados, las grandes corporaciones y los grupos de intereses especiales.
Tras la decisión de Citizens United, muchos analistas centraron su atención en la forma en que la Corte Suprema consideraba la financiación corporativa en las elecciones como un tema de libertad de expresión. Pero quizá las consecuencias más significativas de Citizens United han sido la creación de los súper-PAC, que empoderan a los donantes más ricos, y el crecimiento de las donaciones anónimas a través de organizaciones sin fines de lucro misteriosas que no revelan quiénes son sus donantes.
Un informe del Brennan Center elaborado por Daniel I. Weiner señaló que un grupo muy pequeño de individuos ahora posee “más poder que nunca desde Watergate, mientras que muchos parecen estar perdiendo el interés en la política”. En palabras de Weiner, “este puede ser el resultado más alarmante de Citizens United: en un momento de una desigualdad histórica en la distribución de la riqueza, la decisión de la Corte ayuda a reforzar la creciente percepción de que nuestra democracia atiende fundamentalmente a los intereses de los más ricos y que la participación en la democracia para la enorme mayoría de ciudadanos tiene poco valor”.
Un sistema electoral que se inclina tanto hacia los donantes adinerados también favorece al sesgo racial y acentúa la desigualdad racial en la distribución de la riqueza. Citizens United también desató una importante financiación política de parte de grupos de intereses especiales.
¿Qué son los PAC y los súper-PAC?
Los comités de acción política, PAC, son organizaciones que recaudan y financian dinero para campañas políticas a favor o en contra de candidatos, leyes o iniciativas colocadas en las boletas. A los PAC tradicionales se les permite donar directamente a la campaña oficial de cualquier candidato, pero están sujetos a determinados límites de contribución, en términos de cuánto pueden recibir de sus donantes y cuánto pueden darle a un candidato. Por ejemplo, las PAC solo pueden contribuir hasta $5,000 por año a cada candidato, por elección.
Sin embargo, en la causa Speechnow.org v. FEC, de 2010, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que —siguiendo la misma lógica de Citizens United— los grupos externos podían aceptar contribuciones ilimitadas por parte de donantes individuales o corporaciones, siempre y cuando no donen directamente al candidato. Estos grupos externos, que se los conoce como “súper-PAC”, ahora pueden aportar dinero para financiar anuncios producidos independientemente y otras comunicaciones que hagan campaña a favor o en contra de un candidato.
Dicho de otro modo, los súper-PAC no están sujetos a ningún límite de contribución, ni de cuánto pueden recibir ni cuánto pueden donar. Por otro lado, los súper-PAC están obligados a declarar quiénes son sus donantes, pero esos donantes pueden ser grupos de donantes anónimos, con lo cual no se conocen las fuentes originales del dinero donado. Además, si bien a los súper-PAC técnicamente se les prohíbe coordinar sus esfuerzos directamente con los candidatos, las reglas de coordinación existentes son débiles y a menudo terminan siendo ineficaces.
Las donaciones de los súper-PAC comenzaron a influenciar nuestras elecciones casi de inmediato tras el fallo de Citizens United. Entre 2010 y 2018, los súper-PAC financiaron unos $2.9 mil millones en las elecciones federales. Cabe destacar que la mayoría de ese dinero provino de tan solo unos pocos donantes adinerados. Por ejemplo, en el ciclo electoral de 2018, los 100 donantes que más dinero aportaron a los súper-PAC contribuyeron casi el 78 por ciento de toda la financiación que dieron los súper-PAC.
¿Qué son las donaciones anónimas?
Las donaciones anónimas son una fuente de financiación electoral desconocida, secreta. El dictamen de Citizens United se tradujo en un aumento importantísimo en este tipo de financiación, que muchas veces proviene de organizaciones sin fines de lucro que no tienen que revelar quiénes son sus donantes.
En esta decisión, la Corte Suprema supuso que una financiación ilimitada por parte de donantes adinerados y grandes corporaciones no iba a alterar el proceso político porque el público iba a saber quiénes pagaban los anuncios e “iba a darles el peso correspondiente a los distintos interlocutores y sus mensajes”. Pero, en realidad, a menudo el electorado no sabe quiénes financian las campañas.
Esto se debe a que, antes de Citizens United, la transparencia en las elecciones de los Estados Unidos ya había comenzado a degradarse gracias a un vacío en cuanto a las reglas de declaración, creado por el dictamen de la Corte Suprema en la causa FEC v. Wisconsin Right to Life en 2007, exacerbado por la inacción del IRS y las reglamentaciones controversiales de la FEC.
La causa Citizens United les permitió a los grandes donantes políticos aprovecharse de la creciente falta de transparencia en la financiación política. Así se produjo un crecimiento astronómico de la financiación secreta en las elecciones federales por parte de grupos externos. Estas donaciones anónimas pasaron de ser de menos de $5 millones en 2006 a más de $300 millones en el ciclo electoral de 2012 y llegaron a más de $174 millones en las elecciones legislativas de 2014. En las 10 contiendas más competitivas para el Senado en las elecciones de 2014, más del 71 por ciento de la financiación externa para los candidatos victoriosos fueron donaciones anónimas. En realidad, estas cifras subestiman el efecto que han tenido las donaciones anónimas sobre elecciones recientes, porque no incluyen la financiación de los súper-PAC que puede haber venido de fuentes anónimas ni la financiación que se aporta fuera del período de comunicación de campaña electoral de 30 días antes de una elección primaria y de 60 días antes de una elección general.
Por último, dado que los grupos de donantes anónimos pueden ocultar la identidad de sus donantes, también ofrecen un medio para que otros países extranjeros puedan encubrir sus actividades a espaldas del electorado y de las fuerzas policiales y judiciales estadounidenses. Esta posibilidad aumenta la vulnerabilidad de nuestras elecciones ante una posible interferencia internacional.
¿Cómo se pueden resolver y reformar las consecuencias de Citizens United?
En el corto plazo, una anulación por parte de la Corte Suprema o una enmienda constitucional que revierta la causa Citizens United es extremadamente improbable y, aun si fuera posible, no resolvería muchos de los problemas de las donaciones anónimas en la política. Sin embargo, incluso sin una posible revocación total de Citizens United en el corto plazo, hay soluciones políticas que pueden ayudar a contrarrestar el dominio de las donaciones anónimas en la política y combatir la falta de transparencia en el sistema de financiación de campañas políticas en los Estados Unidos.
En primer lugar, una financiación electoral pública podría ayudar a contrarrestar la influencia de los donantes extremadamente adinerados, ya que empoderaría a los pequeños donantes. En términos específicos, un sistema que multiplicara las donaciones de pequeños donantes con fondos públicos aumentaría el rol que cumplen los pequeños donantes y ayudaría a los candidatos a depender menos de las grandes donaciones y los intereses especiales. En los últimos años, la financiación pública ha estado ganando adeptos en todo el país. Al año 2018, 24 municipalidades y 14 estados han promulgado alguna modalidad de financiación pública y por lo menos 124 candidatos congresuales victoriosos expresaron su apoyo a las iniciativas de financiación pública durante las elecciones legislativas de 2018.
Los legisladores y miembros del Congreso a nivel nacional, estatal y local también pueden abogar por aumentar la transparencia en la financiación electoral. Por ejemplo, la ley DISCLOSE, que se ha presentado varias veces en el Congreso, fortalecería los requisitos de declaración y descargo de responsabilidad y le permitiría a la ciudadanía saber quiénes están tratando de influir en su voto. El Congreso también podría aprobar reglas más estrictas para evitar que los súper-PAC y otros grupos externos coordinen sus actividades directamente con las campañas y los partidos políticos.
Para reparar el sistema electoral de nuestra nación, también hay que reparar la FEC.
Dado que la FEC adolece de importantes disfunciones debido a los crónicos desacuerdos entre los partidos políticos, la comisión está muy desconectada del panorama electoral actual y no ha logrado actualizar sus protecciones para la financiación de campañas políticas, de modo que reflejen los problemas de hoy en día. Por ejemplo, las reglas de la FEC ni siquiera mencionan el término “súper-PAC”, y la comisión se ha negado a investigar infracciones o siquiera iniciar una investigación sobre alegaciones de coordinación de alto nivel. Como la comisión no hace cumplir las leyes de declaración federales, las donaciones anónimas han inundado las elecciones federales desde 2010.
En un informe de abril de 2019, el Brennan Center analizó una serie de reformas estructurales que el Congreso podría ejecutar para ayudar a resolver esta disfunción de la que adolece la FEC.
Por último, para combatir las consecuencias de Citizens United, hay que generar un movimiento de reforma sobre la financiación de las campañas políticas. Hay apoyo del público para estas reformas. En algunas encuestas recientes, el 94 por ciento de la población culpa a los donantes políticos adinerados por la disfunción política que tenemos y el 77 por ciento de los votantes registrados cree que “disminuir la influencia de los intereses especiales y la corrupción en Washington” es un factor “muy importante” o el “más importante” a la hora de decidir su voto en las elecciones para el Congreso.
Citizens United fue un golpe contra nuestra democracia, pero no tiene que ser la última palabra. La clase política puede oír las voces de la enorme mayoría del público, aun cuando a los grandes donantes no les guste.
Traducción de Ana Lis Salotti.
