Más del 95 por ciento de todas las causas judiciales del país la decide la justicia estatal. Y las cortes supremas estatales hace poco han tomado decisiones en temas fundamentales, como en los derechos reproductivos, la manipulación de distritos electorales, el derecho al voto y la protección del medio ambiente.
Aun cuando las cortes supremas estatales y sus jueces toman decisiones a diario que repercuten en la vida de su electorado, la mayoría de las cortes del país no reflejan la diversidad de las comunidades a las que supuestamente deberían servir.
Un reciente informe del Brennan Center de 2023 sobre la diversidad de las cortes supremas estatales, que evalúa su composición racial, étnica, profesional y de género, revela que, de toda la magistratura de las cortes supremas estatales, las personas no blancas representan el 20 por ciento y las mujeres el 42 por ciento, aun cuando estos dos grupos componen más del 40 y el 50 por ciento de la población, respectivamente.
La representación latina es la que más falta. Hay solo 20 magistrados o magistradas de origen latino en todas las cortes supremas estatales del país, es decir, menos del 6 por ciento de la magistratura de un país donde el 19 por ciento de su población se identifica como hispana o latina, de acuerdo con el censo de 2020.
No hay jueces de origen latino en las cortes supremas de 40 estados ni en Washington, D.C., ni siquiera en 16 estados que tienen más del 10 por ciento de población hispana, según el censo del 2020: Connecticut, Delaware, D.C., Georgia, Idaho, Illinois, Kansas, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregón, Rhode Island, Utah, Virginia y Wyoming.
Desde que recopilamos los últimos datos en 2022, asumieron mediante elecciones o nombramientos 32 jueces nuevos para las cortes supremas estatales. De ellos, 15 son mujeres y 17 son hombres. Por otro lado, 25 son de raza blanca, seis de raza negra y una es afroamericana y coreoamericana. Ningún juez o jueza de los que se integraron a la magistratura suprema estatal este año es de la comunidad latina.
Esta falta de diversidad nos afecta a toda la población, más allá de nuestra raza o etnicidad. Claro que el origen de un juez o una jueza no es ninguna garantía de la forma en que resolverá los casos judiciales que le toquen, pero hay estudios que demuestran que una mayor diversidad da como resultado deliberaciones judiciales más complejas y matizadas y genera una mayor confianza del público en el sistema judicial.
Por ejemplo, un estudio reveló que un juez o jueza de raza no blanca tenía más del doble de probabilidades de ver un caso presentado en virtud de la Ley de Derecho al Voto como una violación a los derechos electorales de una minoría racial que un juez o jueza de raza blanca.
Además, una mayor diversidad en la magistratura aumenta la confianza en el sistema judicial y la participación política en la población joven. El presidente de la Corte Suprema del estado de Washington, el magistrado Steven González, hace poco dijo en una entrevista que le hizo el Brennan Center que al principio decidió postularse como juez de la corte porque: “Realmente quería cambiar la imagen de quién es un juez y darles a los jóvenes no blancos la esperanza de aspirar al estrado, de un modelo a imitar. Y también quería cambiar la imagen de juez que tiene la cultura de la mayoría”.
Otro aspecto importante de la diversidad en la judicatura es la experiencia profesional previa. En los estrados de las cortes supremas estatales, una importante mayoría de jueces fueron fiscales y abogados de bufetes privados, mientras que una gran minoría fueron defensores públicos, abogados de servicios de asistencia legal civil y de organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, el 38 por ciento de los jueces actuales antes fueron fiscales, y solo el 8 por ciento fueron defensores públicos.
Entre los magistrados y las magistradas de origen latino, la experiencia profesional previa más frecuente fue en el derecho privado (80 por ciento), otra judicatura (65 por ciento), una fiscalía (60 por ciento) o una secretaría (40 por ciento). Solo el 10 por ciento de los magistrados y magistradas de la comunidad latina que ocupan el estrado de las cortes supremas estatales fueron defensores públicos, y otro 10 por ciento fueron abogados de servicios de asistencia legal civil.
Hay muchos factores que contribuyen a la falta de diversidad en los estrados actuales de las cortes supremas estatales: pocas oportunidades para que las minorías raciales, étnicas y de género puedan escalar a cargos de liderazgo en la profesión judicial, desigualdades en el acceso a las facultades de derecho y al colegio de abogados, y un sesgo en los procesos de selección de jueces, ya sea mediante elecciones o nombramientos. El informe de 2022 sobre el perfil de la profesión judicial de la American Bar Association (ABA) señaló que tan solo el 5.8 por ciento de los abogados y abogadas de los Estados Unidos se identifica como hispano o hispana.
La participación del electorado en el proceso de selección de jueces puede ayudar a fomentar una mayor diversidad. En Delaware, un movimiento en defensa de una mayor diversidad en la judicatura hizo posible la creación del Proyecto de Delaware para la Diversidad de la Judicatura y la Abogacía, una iniciativa liderada por la corte suprema del estado para reformar su judicatura con vistas a reducir las desigualdades raciales.
Aun así, un estudio de 2018 señaló que la mayoría de la población estadounidense no sabe si el juez o la jueza que preside la corte suprema de su estado se elige mediante elecciones o nombramiento. Conocer más sobre la forma en que nuestro estado selecciona a sus jueces y alentar a otras personas de nuestra comunidad a que se involucren y exijan una mayor diversidad en el estrado ayudaría a disminuir las desigualdades que, a fin de cuentas, nos perjudican a toda la nación.
Traducción de Ana Lis Salotti.
