En 2019-20, las elecciones a los tribunales supremos estatales atrajeron más dinero -incluido un mayor gasto por parte de intereses especiales- que cualquier ciclo electoral judicial de la historia, lo que supone una grave amenaza para la apariencia y la realidad de la justicia en todo el país. Treinta y ocho estados utilizan las elecciones para elegir a los jueces que forman parte de sus más altos tribunales, que suelen tener la última palabra en la interpretación de la legislación estatal. A lo largo de las dos últimas décadas, el Brennan Center ha rastreado y documentado más de 500 millones de dólares en gastos en estas contiendas. Nuestro análisis revela que el ciclo electoral 2019-20 fue el más caro de la historia (ajustado a la inflación). De hecho, ningún otro ciclo se acerca a los casi 100 millones de dólares que los grandes donantes y grupos de interés gastaron para influir en la composición de los tribunales supremos estatales en 2019-20.
Este gasto sin precedentes habla del poder y la influencia de los tribunales supremos estatales, que a menudo vuelan por debajo del radar del público. Mientras los votantes estaban en las urnas el día de las elecciones de 2020, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Missouri anunció que no escucharía la apelación de Johnson & Johnson de un veredicto de 2,000 millones de dólares en su contra en una demanda de responsabilidad por productos. Este tipo de apuestas masivas, tanto para los intereses empresariales como para los abogados litigantes, son las que impulsaron algunas de las primeras contiendas judiciales de alto costo hace dos décadas.
El momento político actual no hace sino aumentar lo que está en juego. Sólo en el 2020, los tribunales supremos estatales se pronunciaron sobre todo tipo de cuestiones, desde el acceso a las urnas y la impugnación de los resultados electorales hasta las órdenes de emergencia de los gobernadores en relación con la pandemia de Covid-19. De cara al futuro, los tribunales estatales están desempeñando un papel crucial en el ciclo de redistribución de distritos, incluida la resolución de disputas sobre discriminación racial y manipulación partidista, e incluso el trazado de mapas electorales en algunos estados.
Sin embargo, el ciclo electoral 2019-20 no fue tanto una aberración sino un recrudecimiento. Una mayoría conservadora recientemente ampliada en el Tribunal Supremo de EE. UU., por ejemplo, sólo hace más probable que los tribunales y las constituciones estatales sean un punto de atención como lugar alternativo para la protección de los derechos y la resolución de disputas de gran relevancia. En el futuro, es casi seguro que más personas y más grupos de interés -muchos de ellos adinerados- prestarán mucha atención a quiénes formen parte de estos tribunales y cómo llegan a ellos.
Resultados importantes
- El gasto estatal y nacional ha batido nuevos récords. Este ciclo estableció un récord de gasto nacional global de 97 millones de dólares, un 17% más que el récord anterior establecido en 2004 (ajustado a la inflación). Además, casi duplicó el récord de gasto en una elección de retención, en la que un juez en ejercicio se presenta a una votación a favor o en contra en lugar de enfrentarse a un oponente, con una elección de 9.9 millones de dólares en Illinois. El gasto estatal también alcanzó niveles máximos. Carolina del Norte vio su carrera de la corte suprema estatal más cara de la historia, al igual que Wisconsin en 2019; antes de romper ese récord de nuevo en el 2020.
- Los intereses especiales externos gastaron más que nunca. Los grupos de interés batieron otro récord este ciclo, al gastar unos 35 millones de dólares en anuncios y otras actividades electorales, independientemente de las cantidades que hayan aportado a los propios candidatos. Este récord superó la última marca máxima establecida en 2015-16 y duplicó con creces el gasto de los grupos de interés en todos los ciclos anteriores. Estos grupos representaron el 36% de todo el gasto en 2019-20 y gastaron más dinero que los propios candidatos en Michigan y Wisconsin. Los grupos de interés de izquierda estuvieron más cerca que en ciclos anteriores de igualar a los de derecha, gastando 14.9 millones de dólares frente a los 18.9 millones de los grupos conservadores.
- Entre los que más han gastado se encuentran tanto veteranos como recién llegados. Como en otros ciclos recientes, la Iniciativa de Equidad Judicial (JFI o Judicial Fairness Initiative) del Comité de Liderazgo Estatal Republicano (RSLC o Republican State Leadership Committee) fue la más activa en las contiendas, desembolsando 5.2 millones de dólares en cinco estados. Al menos un millón de dólares del presupuesto del RSLC provino de la Red de Confirmación Judicial (también conocida como la Red de Crisis Judicial), el grupo de dinero oscuro (dark money) que también gastó millones para poner a Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett en la Corte Suprema de los Estados Unidos y que ha sido continuamente uno de los mayores derrochadores en las elecciones de la corte suprema estatal. Pero también entraron en la contienda nuevos grupos: en Illinois, dos multimillonarios del estado financiaron 5.9 millones de dólares en gastos realizados por los Ciudadanos por la Equidad Judicial (CJF o Citizens for Judicial Fairness), y en Texas, los intereses empresariales del estado, muchos de ellos de la industria petrolera, aportaron 4.5 millones de dólares en gastos del recién creado PAC de Equidad Judicial.
En un momento en que nuestra democracia se pone a prueba, es crucial preguntarse si las elecciones judiciales modernas dejan a los tribunales supremos estatales capacitados para desempeñar su vital papel constitucional. Los tribunales necesitarán la confianza del público para contrarrestar eficazmente las fuerzas antidemocráticas, pero este aumento del gasto da a la comunidad pocas razones para confiar en que los tribunales sean independientes de los grandes donantes, o que sean diferentes de los poderes políticos del gobierno. De hecho, las investigaciones sugieren que el gasto electoral influye en la toma de decisiones judiciales y, en concreto, que los jueces con posibilidades de ser reelegidos tienen más probabilidades de fallar a favor de sus donantes y de los partidos políticos que les apoyan.
Los Estados disponen de una amplia gama de herramientas para mitigar los daños documentados en este informe, como la eliminación de las elecciones al Tribunal Supremo o la limitación de los jueces a un único y prolongado mandato, la provisión de financiación pública a los candidatos judiciales, el refuerzo de las normas de divulgación y la adopción de reformas de recusación y ética. El ciclo 2019-20 subraya que los retos que plantean las elecciones modernas a la Corte Suprema no van a desaparecer, y que la necesidad de actuar es urgente.
Conclusión
Los Estados adoptaron las elecciones judiciales durante los siglos XIX y XX como una solución de buen gobierno a un proceso de selección judicial que no funcionaba. Uno de los objetivos de los reformistas era hacer público el proceso de elección de los jueces y, al hacerlo, reforzar la confianza del público en la independencia de los tribunales frente a los gobernadores, los legisladores, los partidos políticos y los intereses especiales con mucho dinero.
Las elecciones judiciales actuales, al menos para los tribunales superiores, no logran estos objetivos. Las contiendas judiciales modernas se caracterizan, en cambio, por la considerable influencia de grupos de interés inescrutables y de grandes donantes que se presentan ante los jueces cuyas campañas financian discretamente. Así pues, sólo cabe esperar que los grupos de interés mantengan o incluso aumenten el papel destacado que han reclamado en las elecciones judiciales. En el ciclo 2019-20 hubo más dinero que nunca, nuevos grupos que se involucraron y financiación de personas y empresas que antes no habían centrado sus recursos en las contiendas de la corte suprema estatal. Pero hay formas de seleccionar a los jueces que eliminan o mitigan al menos algunas influencias políticas y financieras.
El Brennan Center ha propuesto que los estados se aparten de las elecciones a los tribunales supremos estatales y que, en su lugar, utilicen un sistema de nombramiento con responsabilidad pública para proteger el proceso de la influencia de intereses especiales. Los Estados también pueden limitar a los jueces elegidos a mandatos únicos y prolongados, lo que ayuda a garantizar que no estén decidiendo casos y buscando apoyo financiero para sus campañas de reelección al mismo tiempo. Los Estados que siguen eligiendo a los jueces como lo hacen actualmente pueden adoptar normas de ética judicial y requisitos de divulgación más estrictos para proteger mejor a los tribunales de los peores efectos del dinero de las campañas. La financiación pública, por su parte, puede ofrecer a los candidatos judiciales una opción de apoyo financiero distinta a la de los abogados y empresas que comparecen ante ellos y a la de los grupos de interés con mucho dinero. Nuestra democracia se enfrenta a amenazas existenciales, y los tribunales estatales serán una línea de defensa esencial. Los jueces elegidos han sido y probablemente seguirán siendo llamados a enfrentarse a legisladores, gobernadores e incluso presidentes que buscan consolidar su poder. Cuando lleguen esos momentos, los tribunales deben estar preparados para no depender de los intereses políticos y financieros, y el público debe poder confiar en que es así.
Traducción de Anwar A. Martínez.
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