El siguiente explicativo fue adaptado de un recurso del Brennan Center sobre la vigilancia del gobierno de los Estados Unidos en las redes sociales.
Las redes sociales se han convertido en una importante fuente de información para las instituciones policiales y de inteligencia en los Estados Unidos, que las utilizan con diversos propósitos, desde la realización de investigaciones hasta la averiguación de antecedentes de visitantes que ingresan al país. Estas prácticas son preocupantes porque amenazan los derechos y libertades civiles. La presencia en las redes sociales puede revelar una inmensa cantidad de información personal sobre sus usuarios: sus creencias, sus redes personales y profesionales, sus problemas de salud, su sexualidad y muchos otros datos.
Por eso, este uso cada vez más amplio —y, mayormente, desregulado— de las redes sociales por parte del gobierno está plagado de riesgos que atentan contra la libertad de expresión, de reunión y de religión, en especial para las comunidades negras, latinas y musulmanas, que ya son objeto de la mayoría de las prácticas policiales y de inteligencia. Muchas de estas instituciones que en la actualidad vigilan las redes sociales tienen una larga historia de vigilancia mediante estos y otros métodos específicamente destinados a minorías y movimientos sociales.
¿Qué agencias federales vigilan las plataformas de redes sociales?
Las tres instituciones que más utilizan las redes sociales para sus esfuerzos de vigilancia, identificación de objetivos y recopilación de información son el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Estado.
Sin embargo, hay muchas otras agencias federales que también vigilan las redes sociales, como la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio Postal de los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Administración del Seguro Social, el Servicio de Alguaciles Federales, y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
¿Por qué el gobierno federal vigila las redes sociales?
Las instituciones federales usan las redes sociales principalmente con cuatro propósitos.
Para investigar: Las instituciones policiales vigilan las redes sociales para aportar información durante sus investigaciones penales y civiles, algunas de las cuales pueden no requerir demostrar antecedentes penales anteriores. Sin ninguna prueba objetiva que lo justifique, el FBI puede abrir un tipo de investigación llamada “evaluación” si tiene un “propósito autorizado”, como el de prevenir un delito o un acto terrorista, durante la cual realizan búsquedas de información en internet que sea de dominio público. Las siguientes etapas investigativas, que sí requieren algún tipo de prueba, abren la puerta a tácticas de vigilancia más invasivas, tales como vigilar y almacenar conversaciones por internet, mensajes directos y otras comunicaciones privadas online y en tiempo real. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) puede buscar cualquier contenido público que aparezca en las redes sociales, y sus agentes encubiertos pueden vigilar las comunicaciones privadas por internet, pero las circunstancias en las que se permite realizar estas operaciones encubiertas no son divulgadas al público.
Para detectar amenazas: El FBI puede vigilar las publicaciones en las redes sociales incluso sin abrir una evaluación ni ninguna otra investigación. Diferentes divisiones dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como su Oficina de Inteligencia y Análisis, también vigilan las redes sociales con el objetivo de identificar posibles amenazas terroristas o de violencia.
Para estar al tanto de la situación: El gobierno federal también utiliza las redes sociales para tener una “oreja parada” y coordinar una respuesta ante cualquier acontecimiento reciente. Varias oficinas del DHS, —como la Oficina de Coordinación y Planeamiento de Operaciones, Inmigración y Protección de Fronteras y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)— monitorean una larga lista de sitios web y palabras clave que se usan en las plataformas de redes sociales. Este tipo de vigilancia puede informar a la gente sobre las últimas noticias durante una emergencia, identificar a las personas que necesitan asistencia y detectar “amenazas o peligros” para el personal del DHS y sus instalaciones. Sin embargo, las evaluaciones del impacto de estos programas sobre la privacidad de las personas sugieren que no hay demasiadas limitaciones en el contenido que pueden monitorear.
Para averiguar antecedentes para inmigración e ingreso al país: Las cuentas de las redes sociales de muchos visitantes e inmigrantes que ingresan en los Estados Unidos se usan para averiguar sus antecedentes al momento del ingreso al país y también para vigilar a esas personas mientras viven aquí. Aquellas personas que solicitan varios tipos de beneficios inmigratorios también son objeto de estas averiguaciones en sus redes sociales para verificar su información y determinar si presentan algún riesgo para la seguridad pública.
¿Por qué es perjudicial este tipo de vigilancia?
Entre otros problemas, la vigilancia y el uso de las redes sociales por parte del gobierno pueden generar acusaciones injustas de actividad delictiva, una menor predisposición de la gente a hablar y conectarse abiertamente por internet, una invasión de la privacidad y, a veces, una malinterpretación grave de las actividades en las redes sociales.
Si bien todos y todas podemos perjudicarnos por la vigilancia desregulada en las redes sociales, las personas que participan en protestas sociales y las comunidades marginalizadas son las más afectadas por una vigilancia que se realiza sin tener ninguna sospecha sobre las personas vigiladas. Como reflejo de las injusticias ocurridas durante la era del movimiento por los derechos civiles, hay distintos y numerosos ejemplos que demuestran cómo el FBI y el DHS han utilizado las redes sociales para vigilar a manifestantes que protestan contra el gobierno.
Estas dos entidades han vigilado a activistas del movimiento Las Vidas Negras Importan. El DHS ha también focalizado sus esfuerzos de vigilancia en las redes sociales sobre activistas que defienden los derechos inmigratorios. Las comunidades oriundas del Medio Oriente y Sudeste Asiático a menudo son objeto de las prácticas discriminatorias del gobierno durante sus averiguaciones de antecedentes para inmigración e ingreso al país, que incluyen la vigilancia en las redes sociales. El Departamento de Estado comenzó a pedir los nombres de usuarios de las redes sociales en sus solicitudes de visa a partir de la prohibición del ingreso de personas musulmanas impuesta por el presidente Trump. El DHS prohibió la entrada al país de un estudiante palestino que venía a estudiar a Harvard por las publicaciones de sus amigos en las redes sociales.
¿La vigilancia en las redes sociales es una buena forma de recolectar información sobre posibles amenazas?
No especialmente. Así lo explicó el propio exjefe interino de la Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS: “La intención real de llevar a cabo un acto violento puede ser difícil de distinguir de las expresiones e información llenas de enojo e hipérboles que se suelen publicar en las redes sociales y que, de hecho, están protegidas por la Constitución”.
Las conversaciones que se dan en las redes sociales son difíciles de interpretar porque casi siempre dependen del contexto y están repletas de expresiones callejeras, bromas, memes, sarcasmo y referencias a la cultura popular, y ni qué decir de discusiones acaloradas. Todo esfuerzo generalizado de detección de amenazas en las redes sociales, sin ninguna sospecha específica de delito, genera montones de información inservible que pueden desplazar datos útiles sobre riesgos reales para la seguridad pública.
¿Qué reglas internas regulan el uso de las redes sociales por parte de estas agencias?
Algunos organismos, como el FBI, el DHS, el Departamento de Estado y el IRS, han divulgado información sobre las reglas que regulan su uso de las redes sociales en ciertos contextos. Otros, como la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la DEA, el Servicio Postal y la Administración del Seguro Social, no han revelado ninguna información. Lo que se sabe sobre su uso de las redes sociales ha surgido de lo que difunden los medios de comunicación, y algunos casos han quedado bajo el escrutinio público.
¿Hay alguna ley que restrinja este tipo de actividades por parte del gobierno federal?
Sí. La vigilancia es claramente inconstitucional cuando está específicamente destinada contra una persona que está ejerciendo derechos protegidos por la Primera Enmienda o tiene alguna característica protegida por la Decimocuarta Enmienda, tal como su raza o etnicidad. La vigilancia en las redes sociales también puede violar la Primera Enmienda cuando restringe sus libertades sin que haya un objetivo gubernamental legítimo.
Además, la Cuarta Enmienda protege a las personas de “allanamientos y embargos indebidos” por parte del gobierno, lo cual incluye la búsqueda de datos cuando una persona tiene “una expectativa razonable de privacidad”. Las publicaciones en las redes sociales son públicas, pero los tribunales están reconociendo cada vez más que, cuando el gobierno puede recopilar mucha más información a un costo mucho menor que con una vigilancia tradicional, la Cuarta Enmienda puede proteger esos datos.
Las limitaciones legales más notables provienen de la Ley de Privacidad, que limita la recopilación, almacenamiento e intercambio de información personal sobre ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos, incluso sus datos en las redes sociales. Si bien esta ley prohíbe almacenar registros que describan que una persona está ejerciendo derechos amparados por la Primera Enmienda, también incluye una excepción sobre este tipo de registros si quedan “dentro de la categoría de una actividad policial autorizada”.
¿Las plataformas de redes sociales pueden influir en todo esto?
Las plataformas de redes sociales pueden tener y, de hecho, tienen reglas establecidas que limitan la capacidad del gobierno de vigilar a sus usuarios. Las condiciones de servicio de Facebook obligan a sus usuarios a identificarse con su “nombre real”, sin excepción para las instituciones policiales. Después de que la ACLU dejara al descubierto que las compañías de monitoreo de redes sociales estaban promoviendo sus servicios a entidades policiales como un método de vigilar a manifestantes que protestaban contra la injusticia racial, Twitter y Facebook/Instagram cambiaron o aclararon sus reglas y ahora prohíben el uso de sus datos para vigilar a sus usuarios.
Esto no quiere decir que el gobierno siempre siga las reglas al pie de la letra: por ejemplo, el FBI y otras instituciones policiales federales permiten que sus agentes usen una identidad falsa. Además, el cumplimiento de la mayoría de las reglas de las plataformas sociales tiende a ser dudoso.
¿Los organismos federales comparten la información que recopilan de las redes sociales?
Los organismos y agencias federales pueden compartir la información que recopilan de las redes sociales con otros organismos gubernamentales de todos los niveles y con el sector privado y, a veces, incluso divulgan información a gobiernos extranjeros (como los nombres de usuarios recopilados en los formularios de inmigración o ingreso al país). Pero, en la mayoría de los casos, esta información se comparte con otras instituciones policiales estatales y locales.
Este intercambio de datos sin trabas amplifica el riesgo de prácticas abusivas: una vez que se divulgan los datos que publica una persona en las redes sociales, la primera agencia que recopiló esos datos tiene muy poco control sobre la forma en que se usan, el tiempo durante el cual se almacenan, la posibilidad de que se malinterpreten o el modo en que puedan alentar a cualquier exceso.
¿Hay contratistas privados involucrados en la vigilancia de las redes sociales?
Sí. El FBI y el DHS contratan a empresas privadas para monitorear las redes sociales en su nombre. Una compañía firmó un contrato con el FBI en 2020 para buscar exhaustivamente en las redes sociales e identificar posibles “eventos que puedan poner en peligro la seguridad pública y nacional”, antes de que ocurran y de que se denuncien a la policía.
Esta contratación de compañías privadas es preocupante porque atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas. Los contratistas no están sujetos al cumplimiento de las leyes sobre libertad de información, ni a muchas de las mismas limitaciones legales o institucionales a las que sí están sujetos los organismos públicos, lo cual termina ocultando la forma en que se realiza este monitoreo. Además, algunas herramientas privadas utilizan inteligencia artificial para efectuar evaluaciones de riesgo sobre el potencial de violencia de ciertos contenidos en las redes sociales. Pero, como los actos delictivos y terroristas son estadísticamente poco frecuentes, predecirlos con precisión va más allá de la capacidad humana y artificial, tal como más de 50 tecnólogos señalaron en su carta en contra de una propuesta de ICE destinada a predecir si una persona iba a cometer algún acto terrorista u otro delito.
Traducción de Ana Lis Solotti.
