La negación de los resultados de una elección, también llamada “negacionismo electoral”, es una constante amenaza contra la democracia de los Estados Unidos. A pesar de la derrota avasallante de muchos candidatos negacionistas durante las elecciones legislativas de 2022, los intentos de debilitar nuestro sistema electoral se han multiplicado y amplificado, y ya no se tratan únicamente de la acusación de Donald Trump de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas.
Este análisis evalúa la función que desempeñó el negacionismo electoral durante las elecciones legislativas y ofrece algunos pronósticos de cómo este fenómeno continuará evolucionando de cara a las elecciones de 2024. Para ello, describe 14 tácticas que emplearon quienes negaban los resultados de elecciones durante el ciclo electoral de 2022: (1) presentarse a elecciones, (2) negarse a conceder su derrota, (3) hacer que el condado se niegue a certificar los resultados de una elección, (4) desacreditar la confiabilidad de las máquinas de votación, (5) intentar manipular equipos y datos electorales sensibles, (6) realizar solicitudes masivas de registros públicos, (7) emplear a otras personas negacionistas para trabajar como observadores y trabajadores electorales, (8) amenazar a autoridades y trabajadores electorales, (9) intimidar a votantes, (10) presentar impugnaciones masivas, (11) crear fuerzas policiales electorales, (12) interponer demandas antivoto, (13) aprobar leyes antivoto, y (14) propagar desinformación.
Para cada táctica, este análisis explica lo que pasó durante el ciclo de las elecciones legislativas y describe las nuevas tendencias que han surgido en 2023. Los hallazgos sugieren que varias de estas tácticas seguirán desempeñando un rol importante en el próximo ciclo electoral, por ejemplo, en forma de ataques contra la infraestructura electoral impulsados por teorías conspirativas; amenazas a autoridades y trabajadores electorales; la creación de fuerzas policiales electorales y otras iniciativas gubernamentales para prevenir el fraude electoral; medidas cada vez más descaradas para restringir el acceso al voto; y la propagación de desinformación para desacreditar los resultados de las elecciones. El análisis concluye con un breve resumen de medidas que pueden implementar los estados para salvaguardar nuestras elecciones a tiempo para 2024.
Táctica 1: Apoderarse de la administración de elecciones
Seguirá habiendo negacionistas que se presentan a las elecciones para ocupar cargos locales y estatales en la administración electoral y difunden narrativas falsas sobre un fraude electoral generalizado.
Casi 300 candidatos negacionistasse presentaron en las elecciones de 2022 para ocupar cargos estatales y en el Congreso. Estas personas, lideradas por algunos de los negacionistas más conocidos, como Kari Lake y Mark Finchem de Arizona, Kristina Karamo de Míchigan y Doug Mastriano de Pensilvania, impulsaron una serie de narrativas falsas que iban desde alegaciones de que había habido un intento desenfrenado de llenar buzones con boletas, hasta afirmaciones de que las máquinas de votación electrónicas eran intrínsicamente susceptibles al fraude.
El electorado repudió a muchas de estas personas negacionistas. Seis estados decisivos —Arizona, Georgia, Míchigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin— rechazaron a todos los negacionistas que se habían presentado para ocupar cargos estatales en la administración electoral. De hecho, a negacionistas que se habían presentado a elecciones para la Secretaría de Estado les fue peor que a otros candidatos estatales que también perdieron sus contiendas, pero que no negaban los resultados de las elecciones. En estados como Nevada, por ejemplo, miles de votantes favorecieron al candidato republicano para el Senado y al actual gobernador, pero votaron en contra del candidato negacionista que se había presentado como secretario de estado. La organización States United Action estimó que el “castigo por negacionismo electoral” en contra de estos candidatos produjo una reducción de unos 2.3 a 3.7 puntos porcentuales en los votos que podrían haber recibido. En otras palabras, el electorado de esos estados, independientemente de su afiliación política, no quiso a candidatos negacionistas a cargo de la administración electoral. Las encuestas públicas confirmaron que la democracia fue un factor importante en las urnas, ya que el 44 por ciento de las personas encuestadas dijo que “el futuro de nuestra democracia” fue el principal motivo de preocupación cuando votaron en las elecciones de mitad de periodo.
Sin embargo, muchas otras personas que negaban los resultados de las elecciones sí ganaron sus contiendas. En Alabama, Indiana, Dakota del Sur y Wyoming, ahora hay negacionistas en cargos estatales que controlan la administración electoral. En estados clave como Nevada, ganaron cargos electorales locales en jurisdicciones importantes, como en los condados de Nye y Storey. Y tras la contienda por el Congreso, la Cámara de Representantes ahora tiene al menos 180 representantes que cuestionaron o negaron los resultados de las elecciones de 2020, y 17 en el Senado.
Estas victorias sugieren que seguirá habiendo negacionistas que se presentan a elecciones. Un informe interno de enero de 2023 publicado por el Comité Nacional Republicano advierte sobre “una constante arremetida demócrata para manipular las elecciones”, por ejemplo, mediante el uso “desregulado de buzones de devolución de boletas” y de “camionetas para recoger boletas”. Este informe propone crear una nueva organización importante para contrarrestar esta amenaza totalmente inventada, lo cual indica que los candidatos negacionistas ahora tendrán a su disposición una campaña de negación aún más coordinada y sofisticada para 2024.
Táctica 2: Negarse a conceder su derrota electoral
Las personas que niegan los resultados de una elección probablemente sigan protestando por sus derrotas y presenten demandas judiciales infundadas con el objetivo de mejorar su imagen a nivel nacional.
La mayoría de los candidatos negacionistas que perdieron las elecciones de 2022 concedió su derrota. Por ejemplo, el candidato a gobernador de Wisconsin Tim Michels, que cuestionó los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en repetidas ocasiones durante su campaña, admitió su derrota en un discurso sincero incluso unas horas antes de que Associated Press declarara el ganador. Muchas otras personas que también habían hecho campaña sobre la base de su rechazo a los resultados de las elecciones siguieron su ejemplo (aunque a veces a regañadientes) a los pocos días de las elecciones.
Sin embargo, hubo negacionistas de alto perfil que se negaron a admitir su derrota como, por ejemplo:
- El candidato a secretario de estado de Nevada y efusivo negacionista Jim Marchant no se opuso a los resultados de su elección, pero hasta el día de hoy no ha reconocido su derrota oficialmente.
- Kristina Karamo, nominada a candidata para secretaria de estado de Míchigan, dijo que su elección había sido “ilegítima”, pero no llegó a solicitar un recuento de votos ni presentar una demanda judicial. Claro que Karamo ya había presentado una demanda previa al día de las elecciones para anular decenas de miles de boletas de voto en ausencia que había emitido el electorado de Detroit.
- En Arizona, el candidato a fiscal general Abe Hamadeh presentó no solo una, sino dos demandas en oposición a su derrota, incluso después de que un recuento haya confirmado la victoria de la demócrata Kris Mayes.
- El candidato a secretario de estado de Arizona Mark Finchem presentó una demanda para disputar su derrota, aun cuando había perdido por más de 120,000 votos. La jueza del tribunal de primera instancia impuso sanciones en contra de Finchem y de su abogado tras declarar el caso “sin fundamentos y de mala fe”. Desde entonces, Finchem ha descrito estas sanciones como la “venganza” de una “jueza liberal” y prometió apelar.
- La candidata a gobernadora de Arizona, Kari Lake, es el ejemplo más notorio. Después de haber perdido su elección por un pequeño margen, siguió adelante con una demanda judicial muy publicitada con la que buscaba anular los resultados electorales. La Corte Suprema de Arizona hace poco rechazó seis de las alegaciones de Lake, que argumentaban que los problemas que hubo el día de las elecciones con las impresoras se debieron a un acto ilícito intencional. La corte devolvió la última alegación restante de Lake al tribunal de primera instancia, donde tendrá que llevar la pesada carga de probar que el proceso que utiliza el condado de Maricopa para corroborar firmas en las boletas enviadas por correo durante la votación anticipada no solo violó la ley estatal, sino que también alteró sustancialmente el resultado de las elecciones.
Si bien las derrotas judiciales de Finchem servirán de ejemplos amedrentadores, Karamo y Lake parecen haberse beneficiado de su negativa a ceder su derrota. Karamo, quien no era muy conocida antes de estos sucesos, fue nombrada presidenta del partido republicano de Míchigan en 2023. Lake ha sugerido la posibilidad de
presentarse como candidata para el Senado. Las demandas de Hamadeh también le han permitido permanecer en las noticias, ya que, según se informó, Jennifer Wright, la líder anterior de la Unidad de Integridad Electoral de Arizona, se habría sumado al equipo de abogados de Hamadeh. En la medida en que estos candidatos sigan negando los resultados de las elecciones e impulsando el discurso negacionista como figuras políticas importantes del partido republicano, el hecho de no conceder una derrota electoral seguirá siendo una amenaza a la que habrá que prestar atención en 2024.
Táctica 3: Negarse a certificar resultados
Con más negacionistas que se presentan a las próximas elecciones y actualmente ocupan cargos locales en la administración electoral, es posible que haya más autoridades locales que se nieguen a certificar resultados en las elecciones de 2024.
Las autoridades electorales locales tienen el deber obligatorio de certificar las elecciones. Sin embargo, aunque la certificación de elecciones debe funcionar como un acto ministerial, los siguientes condados se negaron a certificar o demoraron sus procesos de certificación de las elecciones de 2022:
- Condado de Otero, Nuevo México: Durante los meses anteriores a las elecciones primarias de Nuevo México del 7 de junio, el exprofesor y abogado David Clements recorrió el estado tratando de convencer a líderes locales para que no certificaran los resultados de las elecciones. La junta de escrutinio del condado de Otero siguió el consejo de Clements y votó en contra de la certificación de las elecciones primarias bajo la alegación infundada de que las máquinas de votación Dominion habían tenido problemas. Al final, la junta cedió y certificó los resultados con un voto de 2 a 1, pero solo después de que la Corte Suprema de Nuevo México le hubiera ordenado a la junta que cumpliera con su “deber obligatorio”.
- Condado de Esmeralda, Nevada: Apenas unos días después del voto para no certificar las elecciones en el condado de Otero, en el condado de Esmeralda, Nevada, se votó a favor de posponer la certificación de las elecciones primarias a raíz de las quejas inespecíficas de un residente sobre fraude electoral. Decidieron posponer la certificación para que el condado pudiera volver a contar manualmente las 317 boletas del condado. Al final, se certificaron los resultados apenas unas horas antes del plazo de certificación del estado del 24 de junio, pero no antes de que varios funcionarios y asistentes hubieran pasado más de siete horas realizando un recuento manual.
- Condados de Berks, Fayette y Lancaster, Pensilvania: Los condados de Berks, Fayette y Lancaster se negaron a certificar correctamente los resultados de las elecciones, porque excluyeron ciertas boletas de sus conteos totales en las elecciones primarias estatales del 17 de mayo. Estos tres condados rechazaron boletas de voto que habían sido recibidas por correo antes del plazo estatal de las 8 p. m. del día de las elecciones, pero que no tenían una fecha impresa en el sobre externo. En una opinión publicada varios meses después de las elecciones primarias, un tribunal estatal les ordenó a los condados que incluyeran en su certificación de resultados esas “boletas enviadas por correo sin fecha”. Cumplieron con la orden judicial a varios días de emitida.
- Condado de Luzerne, Pensilvania: Durante las elecciones generales, la junta electoral del condado de Luzerne, Pensilvania, no logró llegar a un acuerdo para certificar sus resultados. La disputa se centró en las alegaciones de algunos integrantes republicanos de la junta de que la falta de papel el día de las elecciones hizo que a una gran parte del electorado se le haya privado del derecho al voto. Un candidato presentó una demanda judicial poco tiempo después de que la junta no hubiera certificado las elecciones dentro del plazo previsto, pero la demanda fue retirada rápidamente. Al final, la junta certificó los resultados luego de que el condado se comunicara con 125 funcionarios electorales de las 187 jurisdicciones del condado, que confirmaron que nadie había dejado de votar por falta de papel.
- Condado de Cochise, Arizona: Uno de los casos más notorios ocurrió cuando la junta de supervisores del condado de Cochise, Arizona, votó en contra de certificar los resultados del condado, porque dijo que no quedaba claro si las máquinas de votación habían sido certificadas correctamente. En una entrevista con el New York Times, una supervisora de la junta luego admitió que su negación a certificar las elecciones no era más que un medio de protesta en contra de las elecciones en el condado vecino de Maricopa, donde varios candidatos republicanos presentaron falsas acusaciones de que algunos errores de impresión en las boletas privaron de su derecho al voto a una gran parte del electorado. La disputa llegó a su fin cuando un tribunal estatal le ordenó a la junta a certificar los resultados sin demora, al explicar que la junta no tiene poder discrecional para negarse a certificar las elecciones según la ley de Arizona. En una votación de 2 a 1, la junta certificó los resultados a los 90 minutos de emitida la orden judicial.
- Condado de Mohave, Arizona: La junta de supervisores del condado de Mohave también votó para retrasar la certificación a modo de protesta en contra de las elecciones en el condado de Maricopa y reconoció que era “exclusivamente una postura política”. La junta al final votó a favor de la certificación de los resultados una semana después, aunque dos integrantes de la junta señalaron que lo hacían “bajo presión”.
Los intentos de negarse a certificar y demorar los resultados de una elección tomaron impulso durante 2022, pero al final fracasaron, en gran parte debido a la intervención decisiva y oportuna de la justicia. También es posible que se hayan convertido en una movida política mal vista; por ejemplo, en el condado de Cochise, hay residentes que están haciendo circular peticiones para que se remueva al supervisor que se opuso a certificar los resultados de las elecciones después de la orden del tribunal estatal. En Carolina del Norte, la denuncia de un grupo de defensa de derechos obligó a la junta electoral estatal a remover a dos integrantes de la junta electoral del condado de Surry que intentaron (sin éxito) bloquear la certificación. Sin embargo, muy pocas de las autoridades locales que votaron en contra de la certificación han enfrentado consecuencias. Con nuevas autoridades negacionistas en cargos locales de la administración electoral y probablemente una lista de candidatos negacionistas en las próximas boletas de 2024, es muy posible que continúen las polémicas en torno a la certificación de resultados.
Táctica 4: Desacreditar la confiabilidad de las máquinas de votación
Sigue habiendo negacionistas que afirman que las máquinas de votación son susceptibles al fraude y deberían remplazarse por conteos a mano.
Muchas personas que niegan los resultados de las elecciones criticaron las máquinas de votación durante todo el ciclo de las elecciones legislativas. Estos ataques, surgidos a partir de teorías conspirativas que afirman que las máquinas de votación Dominion fueron manipuladas para alterar los resultados de las elecciones de 2020, se centran en la prohibición de máquinas para registrar y contar votos y la propuesta de volver al conteo manual de boletas impresas.
Algunas personalidades que propagan tenazmente las teorías conspirativas se organizaron y difundieron desinformación que motivó estos ataques. El CEO de MyPillow Mark Lindell dijo que había hackers que podían acceder a las máquinas de votación por internet y manipular los resultados para robarse las elecciones. El candidato a secretario de estado de Nevada Jim Marchant también alegó que “las máquinas de votación electrónicas son muy vulnerables y no se pueden certificar, no entiendo cómo confiamos en sus resultados”. El financiamiento proveniente de algunos grupos vinculados con Lindell y con el exgerente general de Overstock Patrick Byrnele dio un buen impulso al movimiento que busca eliminar las máquinas de votación, también ayudado por los intentos de organización de Marchant, que creó una coalición que reúne a candidatos a secretarios de estado de su misma ideología y que se dedica, entre otras cosas, a prohibir las máquinas de votación y emplear exclusivamente el conteo manual de boletas impresas.
El movimiento a favor del conteo manual ganó fuerza durante 2022. Si bien el conteo manual puede ser útil en algunas situaciones, por ejemplo, durante auditorías posteriores a una elección, exigir el conteo manual de todas las boletas crea oportunidades para introducir importantes demoras y errores. A lo largo de nuestra historia, solo unas pocas localidades —en su mayoría, pequeñas jurisdicciones en New England y Wisconsin—, han contado boletas manualmente, en lugar de utilizar las máquinas de tabulación electrónicas. Pero, en 2022, por lo menos seis estados evaluaron proyectos de ley para exigir el conteo manual. Varias localidades, entre ellas, una docena en New Hampshire y el condado de Washoe, Nevada, presentaron propuestas similares. Antes de las elecciones primarias de abril, el candidato Mark Finchem y la candidata Kari Lake de Arizona entablaron unademanda judicial en conjunto donde argumentaron que las máquinas de votación de Arizona eran tan intrínsicamente imprecisas e inseguras que todas las boletas de voto del estado debían ser contadas a mano (la demanda fue desestimada y el tribunal hace poco impuso sanciones en contra de los abogados de Finchem y Lake).
Finalmente, el movimiento a favor del conteo manual culminó con dos golpes decisivos notables. El primero ocurrió en el condado de Cochise, Arizona, donde se intentó sin éxito realizar el conteo manual de todas las boletas de voto que el condado había recibido antes de las elecciones generales. Un juez de Arizona rechazó el plan del condado y dejó en claro que el condado había violado tanto la ley de Arizona como las reglas electorales del estado, que obligan a los condados a realizar auditorías manuales en tandas pequeñas y graduales. Luego, el condado de Cochise intentó por segunda vez realizar un conteo manual, pero retiró la demanda después de las elecciones.
El segundo choque tuvo lugar después de que Marchant
intentara convencer personalmente a las autoridades del condado de Nye, Nevada, de efectuar un conteo manual. Entonces, el secretario del condado Mark Kampf se sumó a la iniciativa de Marchant e insistió en llevar a cabo el conteo manual de todas las boletas del condado en las elecciones generales. Si bien al final la Corte Suprema de Nevada les permitió llevar adelante el conteo, lo hizo en parte por la decisión de Kampf de recortar su plan y realizar solo un conteo manual “paralelo” que serviría de “prueba” y no afectaría los resultados oficiales.
Cabe mencionar que hasta el mismo Kampf admitió en ese momento que el conteo manual tuvo una tasa de error “muy, muy alta”.
Al momento de la publicación de este recurso, no se aprobó ninguno de los proyectos de ley estatales a favor del conteo manual de votos. Y de las dos disputas más prominentes en torno al conteo manual de 2022, en una, el tribunal prohibió esta práctica según la ley de Arizona, y en la otra, su defensor principal admitió que la práctica era intrínsicamente errónea. Además, el acuerdo por $787.5 millones que resolvió el caso de difamación de Dominion contra Fox News puede hacer que los ataques contra las máquinas de votación se vuelvan una estrategia menos viable.
Pero, después de que hubo problemas técnicos con las máquinas de impresión de boletas en el condado de Maricopa, Arizona, el día de las elecciones, el expresidente Trump, Lake y otras personas enseguida aprovecharon la situación para divulgar alegaciones de fraude electoral generalizado. Ya en 2023, cuatro estados han presentado al menos cinco proyectos de ley que prohibirían el uso de máquinas de votación para realizar los conteos iniciales de boletas en cualquier elección.
Más allá de la legislación estatal, muchas personas que niegan los resultados de las elecciones siguen abogando por el conteo manual de boletas a nivel local. En enero de 2023, una campaña de presión centrada en teorías conspirativas sobre las máquinas de votación obligó al condado de Lycoming, Pensilvania, a realizar el conteo manual de 60,000 boletas emitidas el día de las elecciones de 2020. El condado de Shasta, California, hace poco terminó su contrato con Dominion después de ser objeto de presiones parecidas e impulsado por el apoyo público y las promesas de asistencia financiera y jurídica de Lindell. En la medida que negacionistas de alto perfil como Lindellcontinúen diciendo que las máquinas son susceptibles de fraude, parece que los intentos de implementar conteos manuales y otras estrategias similares para eliminar las máquinas de votación seguirán siendo una amenaza que amerita vigilancia de cara a 2024.
Táctica 5: Manipular datos y equipos electorales sensibles
Es posible que haya negacionistas que sigan intentando tener acceso ilícitamente a datos y equipos electorales.
Durante el transcurso de 2022, se siguieron descubriendo incidentes en todo el país en los que varias personas que niegan los resultados de las elecciones intentaron tener acceso ilícitamente a equipos y datos electorales con el supuesto fin de “investigar” los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Algunos de estos casos fueron “amenazas internas”, es decir, incidentes donde alguna autoridad electoral vinculada a grupos que defienden teorías conspirativas les dio acceso para que pudieran manipular equipos o datos, o facilitó esa manipulación de alguna otra forma. Por ejemplo, la secretaria del registro civil y del condado de Mesa Tina Peters será enjuiciada con cargos penales por su presunto rol a la hora de facilitar una violación de seguridad de las máquinas de votación Dominion en su condado. La Oficina de Investigación de Georgia sigue investigando al condado de Coffee, donde una firma forense contratada por la abogada de Trump Sidney Powell trabajó con funcionarios locales para copiar software y datos electorales. La misma firma intentó infiltrar los sistemas electorales en otros estados clave, como Míchigan y Nevada. Las investigaciones sobre estos tejemanejes que aún siguen en curso sugieren que están interconectados: muchas de las personas que los lideran tienen vínculos con negacionistas de alto perfil, como Mike Lindell y Patrick Byrne, y reciben su financiamiento.
Antes de las elecciones de 2022, algunos estados como Míchigan y Colorado trabajaron con diligencia para dejar en desuso todo equipo que podría haber sido corrompido. Muchas autoridades electorales también redoblaron su preparación y sus medidas de seguridad para prevenir y detectar cualquier intento de manipulación. Si bien hubo algunas denuncias de posibles violaciones de seguridad durante las elecciones legislativas, no se observó el mismo nivel de colusión generalizada entre las autoridades electorales y las personas que apoyan teorías conspirativas como ocurrió en 2020.
Como lo demuestran las investigaciones sobre las violaciones de seguridad que ocurrieron en Míchigan y el condado de Coffee, que ya llevan años, los intentos de colusión entre las autoridades electorales y las personas que propagan teorías conspirativas son difíciles de rastrear y desenredar. Por eso, las amenazas internas siguen siendo problemas, al parecer, poco frecuentes, pero alarmantes de cara a 2024. Las autoridades electorales y especialistas en el tema continúan abogando por mayores protecciones y recursos para salvaguardar la infraestructura electoral, por ejemplo, entre otras medidas, la creación de normas detalladas para regular quiénes tienen acceso a la infraestructura electoral, la provisión de fondos para implementar medidas de seguridad como el uso de tarjetas de acceso para entrar a los edificios donde se guardan los sistemas de votación, y una capacitación exigida por el estado para todos los funcionarios electorales.
Táctica 6: Realizar solicitudes masivas de registros públicos
Es posible que las personas que niegan los resultados de una elección vuelvan a intentar sobrecargar a las oficinas locales de administración electoral con un volumen abusivo de solicitudes de registros y otros pedidos de acceso a la información pública.
Durante las elecciones legislativas, hubo un aumento astronómico de solicitudes de registros relacionados con las elecciones de 2020. Las autoridades electorales, por lo general, les atribuyeron este aumento a negacionistas de alto perfil como Mike Lindell, que alentó a la gente a solicitar registros públicos durante una conferencia que él mismo organizó en agosto de 2022 llamada “Cumbre sobre el Momento de la Verdad”. Luego de esta cumbre, las oficinas de administración electoral en casi dos docenas de estados y condados recibieron una cantidad abrumadora de solicitudes idénticas de registros públicos. En Carolina del Norte, por ejemplo, se recibieron cientos de solicitudes en oficinas estatales y locales en un solo día, y, en Massachusetts, hasta utilizaron plantillas distribuidas por Terpsichore Maras-Lindeman, una creadora de podcasts que promueve teorías conspirativas relacionadas con las elecciones. El secretario del registro civil y del condado de El Paso, Colorado, recibió hasta 20 solicitudes por semana antes de las elecciones, un aumento impresionante en comparación con 2020, cuando recibían aproximadamente una por mes antes de esas elecciones. Según dijeron las autoridades, las solicitudes tenían un tono “estridente” y estaban llenas de teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020. Muchas solicitaban documentos inexistentes.
Cuando se utilizan correctamente, las leyes estatales que permiten el acceso a registros públicos pueden ser instrumentos importantes para aumentar la transparencia del gobierno y hacer que las autoridades rindan cuentas. Pero las solicitudes de 2020 politizaron y se aprovecharon de estas leyes para sobrecargar e intimidar a funcionarios, en lugar de solicitar información. Por lo general, las leyes estatales obligan a las autoridades a responder a cada solicitud, e incluso las solicitudes que no requieren una respuesta igualmente son revisadas y consideradas con atención. La gran cantidad de estas solicitudes obligó a las autoridades electorales a utilizar recursos valiosos y ya de por sí escasos que podrían haber sido destinados a las elecciones legislativas y, al mismo tiempo, impuso una carga financiera importante.
Si bien estos intentos de inundar las oficinas de administración electoral con solicitudes de registros sin duda forzaron al máximo los recursos administrativos, las autoridades, en gran parte, lograron evitar una crisis administrativa. Aún no se sabe si estas tácticas se seguirán empleando para las elecciones de 2024, pero, por si acaso, las autoridades electorales continúan abogando por un aumento de recursos y personal para la administración electoral.
Táctica 7: Emplear a personas que niegan los resultados de una elección como observadores y trabajadores electorales
Es probable que en 2024 se siga empleando a personas potencialmente problemáticas como trabajadores y observadores electorales.
Durante todo 2022, Cleta Mitchell dirigió la llamada “Red para la Integridad Electoral” del Conservative Partnership Institute —una coalición de líderes, organizaciones, autoridades públicas y ciudadanos voluntarios de ideología conservadora que se dedica a ganar el control sobre la administración electoral en estados clave—. Como parte esencial de este plan, se capacitó y contrató a muchos negacionistas para que trabajaran como observadores y trabajadores electorales. En una serie de cumbres organizadas a lo largo del país, varios oradores de esta red presentaron estrategias combativas para que las personas que ocupan estos cargos pudieran impugnar a votantes y cuestionar procesos electorales habituales.
Durante las elecciones primarias, estas estrategias acapararon una importante atención de los medios y al parecer llegaron al nivel local. Varios funcionarios del partido republicano les dijeron a posibles trabajadores y observadores electorales en Míchigan que debían llamar al 911 y comunicarse con el sheriff por cualquier denuncia en los sitios de votación. Un candidato a gobernador alentó al personal de los sitios de votación a desconectar los equipos electorales si veían “algo que no les gustaba”. Una directora electoral de Carolina del Norte que trabajó con observadores electorales negacionistas problemáticos describió las elecciones primarias de mayo como “una de las peores elecciones que me han tocado”. Pero cuando llegaron las elecciones de noviembre, la amenaza no se materializó. Aparte de algunos ejemplos aislados de conductas indebidas, en las elecciones generales no se observaron mayores inconvenientes de parte de trabajadores u observadores en los sitios de votación.
Varios factores pueden explicar los motivos por los que nunca se materializó la amenaza de observadores y trabajadores electorales deshonestos. En primer lugar, las autoridades electorales locales han reconocido la coordinación entre la administración electoral y las fuerzas policiales como un método efectivo para prevenir y resolver cualquier inconveniente el día de las elecciones. Otras personas han resaltado los esfuerzos del gobierno local y estatal por educar al público sobre la forma en que funcionan los procedimientos de conteo de boletas, incluso en las redes sociales y en sesiones informativas al público. Por el lado positivo, algunas autoridades observaron que, después de que las personas escépticas sobre la integridad de las elecciones se desempeñaron como trabajadores y observadores electorales, recibieron la capacitación necesaria y vieron el sistema en acción, muchas veces cambiaban su punto de vista.
Si bien estas medidas de prevención funcionaron bien en 2022, el informe interno del Comité Nacional Republicano —quesupuestamente recomienda nuevos modelos de capacitación intensiva para trabajadores y observadores electorales— sugiere que los esfuerzos de 2022 pueden haber sido un ensayo para implementar en 2024 una estrategia más amplia. En una presentación realizada en abril a donantes del partido republicano, Mitchell siguió haciendo hincapié en la importancia de “vigilar” a las autoridades durante todo el ciclo electoral próximo (junto con otras tácticas de supresión del voto, como la de restringir la votación en los campus universitarios y por correo). En el contexto más intenso de una elección presidencial, los abusos se pueden volver más comúnes.
Una nueva ola de personas negacionistas que ocupan cargos de liderazgo en los partidos políticos a nivel estatal también puede generar un renovado intento de reclutamiento. Los partidos políticos a nivel estatal pueden desempeñar un papel importante a la hora de nominar a trabajadores y observadores electorales en muchos estados. Ya en 2023, varias personas de alto perfil que niegan los resultados de las elecciones y perdieron sus contiendas en 2022 (como Karamo en Míchigan, Mike Brown en Kansas y Dorothy Moon en Idaho) se han presentado a elecciones para ocupar el cargo de presidente del partido republicano en sus respectivos estados y lo han ganado.
Táctica 8: Amenazar a autoridades y trabajadores electorales
La retórica negacionista sigue avivando las amenazas de violencia y otras formas de venganza contra las personas que administran las elecciones.
Durante el ciclo electoral de 2022, se vivió un clima exacerbado de violencia contra autoridades y trabajadores electorales. Justo antes de las elecciones generales, el FBI advirtió sobre un nivel inusual de amenazas de violencia contra autoridades y trabajadores electorales en siete estados, donde se cuestionaron los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En Colorado, por ejemplo, docenas de negacionistas que observaban el recuento de las elecciones primarias en el condado de El Paso golpearon ventanas, les gritaron a trabajadores electorales y los filmaron con sus teléfonos. Y en las semanas siguientes a las elecciones generales, varias amenazas en las redes sociales obligaron a trasladar, por cuestiones de seguridad, a un alto funcionario electoral del condado de Maricopa a un sitio cuya ubicación se mantuvo en secreto. Al final, estos ataques —que por lo general incluían acosos discriminatorios por cuestiones de raza y género— provocó la renuncia de docenas de funcionarios electorales en Míchigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin antes de las elecciones legislativas.
Las amenazas contra autoridades y trabajadores electorales también adquirieron otra forma: sanciones penales políticamente motivadas simplemente por hacer su trabajo. Desde las elecciones de 2020, 26 estados han promulgado, ampliado o aumentado la severidad de lo que se calculan son 120 sanciones penales relacionadas con las elecciones en contra de personas que trabajan en el proceso electoral. En 2022, por ejemplo, se aprobaron leyes en Alabama, Kentucky, Missouri y Oklahoma en respuesta a teorías conspirativas sobre el aporte de fondos privados para la administración electoral, que impusieron sanciones penales o civiles a toda autoridad electoral que reciba o gaste fondos privados para alguna actividad relacionada con las elecciones. Estas sanciones recrudecen un panorama que ya de por sí era difícil para las autoridades electorales, algunas de las cuales siguen siendo objeto de investigaciones penales por medidas que tomaron para cumplir con su deber en medio de la pandemia de Covid-19 durante las elecciones de 2020.
Persisten las amenazas contra autoridades y trabajadores electorales en 2023. En lo que va de este año, las autoridades de Nuevo México arrestaron y acusaron a un candidato republicano derrotado en las elecciones, presuntamente por haber pagado a otras personas para que dispararan contra las viviendas de cuatro funcionarios públicos, entre ellos, dos autoridades electorales. En Arizona, la directora electoral del condado de Cochise, Lisa Marra, renunció a su cargo después de mucho tiempo de haberlo ocupado y citó el entorno laboral emocional y físicamente amenazante en el que trabajaba y el menosprecio público que sufrió cuando se declaró en contra del movimiento que aboga por el conteo manual de boletas y de las llamadas para no certificar las elecciones en su condado. Marra fue reemplazada por Bob Bartelsmeyer, que ha publicado en varias oportunidades falsas acusaciones de fraude electoral generalizado. Tal como lo advirtió la secretaria de estado de Colorado Jena Griswold, “la retórica extremista no cede”.
Estos ataques tienen consecuencias. Una encuesta del
Brennan Center realizada entre autoridades electorales locales reveló que el 45 por ciento de las personas encuestadas temía por la seguridad de sus colegas. Este miedo ha contribuido al éxodo de autoridades electorales; las respuestas a la encuesta sugieren que, entre las elecciones de noviembre de 2020 y las elecciones de 2024, habremos perdido aproximadamente a 1.5 funcionarios electorales por día.
Táctica 9: Intimidar a votantes
En un clima de negacionismo electoral, teorías conspirativas y reglamentaciones sobre armas de fuego más reducidas, la intimidación de votantes sigue siendo una importante amenaza.
Las autoridades electorales informaron de un aumento pequeño, pero evidente de intimidaciones a votantes durante el ciclo electoral de 2022. Por ejemplo:
- Antes del día de las elecciones, varias personas que hacían campaña para ganar votos a favor de Trump recorrieron varias partes del país golpeando a las puertas de votantes con la intención de verificar su registro para votar, lo cual terminó transmitiendo información errónea que luego se traduciría en impugnaciones masivas, que detallamos más abajo.
- Múltiples grupos, inspirados por la película 2000 Mules y sus alegaciones de que había habido un intento desenfrenado de llenar buzones con boletas, emplearon y capacitaron a personas para que, de forma voluntaria, monitorearan buzones de devolución de boletas antes de las elecciones. Melody Jennings, líder de Clean Elections USA, elogió la película como un modo de motivar a personas voluntarias y les advirtió sobre la presencia de “mulas” en los buzones de devolución de boletas en el condado de Maricopa durante su aparición en el programa radial de Steve Bannon y en la plataforma de red social de Trump Truth Social. Algunas personas armadas y afiliadas al grupo Clean Elections USA intimidaron a votantes del condado de Maricopa mientras devolvían sus boletas en los buzones correspondientes durante el período de votación anticipada, lo cual hizo que un tribunal federal tuviera que dictar una orden de emergencia para prohibir este tipo de comportamientos.
- En los sitios de votación se observaron algunos casos de intimidación. El más notorio ocurrió en Beaumont, Texas, donde algunos trabajadores electorales interrogaron a votantes de raza negra sobre su dirección postal, les persiguieron por el sitio de votación y se colocaron detrás de estas personas a tan solo dos pies de distancia mientras emitían su voto.
Existen varias explicaciones de por qué la intimidación y la violencia contra votantes no se intensificó aún más. En primer lugar, las autoridades electorales y las fuerzas policiales ejecutaron un plan coordinado de capacitación y reducción de tensiones para evitar inconvenientes el día de las elecciones. Estas medidas de prevención se llevaron a cabo en el contexto del oportuno dictamen judicial en el condado de Maricopa y de las acciones judiciales que entabló el gobierno en contra de las personas que participaron en la insurrección del 6 de enero. Así, se transmitió el riesgo creíble de que la intimidación y la violencia en las urnas se penalizaría con toda la fuerza de la ley. Varios grupos de la sociedad civil también organizaron planes de reducción de tensiones en todo el país. La ausencia de Trump en las redes sociales tradicionales, como Twitter, también pudo haber tenido un efecto atenuador. Desde entonces, Facebook e Instagram le han reactivado las cuentas a Trump. La mayor intensidad de la retórica negacionista, el desmantelamiento de las reglamentaciones sobre armas de fuego y los constantes intentos de quitarles poder a las autoridades electorales a la hora de resolver comportamientos indebidos pueden aumentar considerablemente el riesgo de tener una mayor intimidación contra votantes en 2024.
Táctica 10: Presentar impugnaciones de votantes masivas
Es posible que las personas que niegan los resultados de las elecciones sigan presentando impugnaciones masivas con el objetivo de sobrecargar las oficinas de administración electoral e intimidar a votantes.
Numerosos grupos de activistas, dotados de información obtenida de sistemas amateur de coincidencia de datos y motivados por las falsas acusaciones de fraude electoral generalizado, inundaronlas oficinas de administración electoral con impugnaciones masivas para anular votos o eliminar a votantes de las listas de votantes o padrones electorales en Florida, Georgia, Iowa, Míchigan y Texas. En Georgia, la legislatura estatal alentó a este tipo de impugnaciones masivas cuando aprobó la ley S.B. 202. Después de que esta ley dejara en claro que cualquier persona podía impugnar a una cantidad “ilimitada” de votantes dentro de su condado, hubo grupos y personas en al menos ocho condados que impugnaron el registro de aproximadamente 92,000 votantes. Solo en el condado de Gwinnett, el grupo VoterGA trabajó con residentes locales para impugnar por lo menos a 37,000 votantes (más del 6 por ciento del electorado activo del condado). En Míchigan, el grupo Election Integrity Fund and Force intentó impugnar más de 22,000 boletas de votantes que habían solicitado boletas de voto en ausencia para las elecciones primarias del estado en agosto.
Varios grupos respaldados por personas que niegan los resultados de las elecciones facilitaron y financiaron estas impugnaciones. Por ejemplo, el Conservative Partnership Institute distribuyó un manual instructivo que explica cómo los grupos locales pueden verificar los padrones electorales. El America Project, proyecto lanzado por los negacionistas Michael Flynn y Patrick Byrne, financió los esfuerzos de VoterGA en el condado de Gwinnett. La exsenadora Kelly Loeffler financió Greater Georgia, una organización que patrocinó una capacitación sobre cómo presentar impugnaciones en aras de proteger “la integridad de las elecciones”.
Afortunadamente, las autoridades locales rechazaron la mayoría de estas impugnaciones. En Georgia, tiraron la mayoría de las impugnaciones de registros de votantes, aunque sí confirmaron al menos varios miles de impugnaciones. En Míchigan, la Secretaría de Estado rechazó toda la impugnación de 22,000 boletas de voto que presentó Election Integrity Fund and Force. Este resultado sugiere que quienes presentaron impugnaciones quizá se hayan confiado demasiado en que las juntas locales iban a compartir sus objetivos. Todo lo contrario; las juntas parecieron tomar en cuenta las advertencias de que estas impugnaciones masivas violaban la ley federal y estatal. Pero esta precaución puede no tener efecto en jurisdicciones con juntas locales llenas de activistas que niegan los resultados de una elección.
Si bien estas impugnaciones formalmente no tuvieron éxito, igual pueden haber confundido o intimidado a los muchos votantes que recibieron impugnaciones de su elegibilidad para votar, a tal punto que terminaron no votando. También colocaron una carga inmensa sobre las oficinas locales de administración electoral, que tuvieron que evaluar las impugnaciones y, al mismo tiempo, llevar a cabo sus otras tareas de administración electoral. Por ejemplo, las impugnaciones de VoterGA obligaron a la junta electoral del condado de Gwinnett a utilizar a 5 de sus 10 empleados, seis días a la semana, para evaluar las 37,500 impugnaciones.
Resta por verse si las impugnaciones masivas se seguirán presentando en 2024. El pronóstico depende, en parte, del panorama en Georgia, donde la legislatura está considerando otro proyecto de ley para que sea aún más fácil anular a votantes a través de impugnaciones masivas, y donde falta resolver una demanda contra True the Vote, en la que se alega que las impugnaciones masivas de esta organización en 2022 generaron intimidación y coerción contra votantes según la Ley de Derecho al Voto.
Táctica 11: Crear fuerzas policiales electorales
Los estados siguen creando y desplegando fuerzas policiales electorales con la intención de desalentar a votantes elegibles de participar en las elecciones.
Las promesas de enfrentar con mano dura el fraude electoral supuestamente generalizado desempeñaron un rol central en las campañas y discursos políticos para las elecciones legislativas. El ejemplo más revelador provino del gobernador de Florida Ron DeSantis, que tan solo cinco días antes de las elecciones primarias de Florida de 2022, anunció que la nueva Oficina de Delitos y Seguridad Electorales había arrestado a 20 personas previamente condenadas por delitos mayores que, al parecer, habían votado en las elecciones de 2020 sin ser elegibles. Varios tribunales ya han cuestionado si quienes presentaron estos cargos tienen la facultad de hacerlo. Más allá de cualquier problema de jurisdicción, los arrestos se basan en pruebas tan débiles que algunos fiscales locales se niegan a presentar cargos.
El momento en que se efectuaron los arrestos, combinado con los
esfuerzos del gobernador DeSantis de avivar la publicidad de esos arrestos, sugiere que el estado quería que la creación de esta nueva unidad y estas acciones legales desalentaran de votar en las elecciones legislativas a votantes elegibles con condenas por delitos mayores. De hecho, un informe elaborado por el Marshall Project reveló que estas acciones judiciales en Florida ya disuadieron de votar a personas con condenas previas en todo el país. Y hay buenos motivos para creer que las fuerzas policiales electorales de Florida arrestarán e intimidarán muchísimo más a votantes de raza negra que de otros grupos: hasta ahora, la gran mayoría de personas arrestadas por esta fuerza son de raza negra.
Virginia y Ohio siguieron el ejemplo de Florida y crearon unidades parecidas para investigar casos de fraude electoral durante 2022, mientras que Georgia amplió el poder de su oficina de investigación para enjuiciar infracciones electorales. El fiscal general de Texas Ken Paxton agregó un nuevo Equipo para la Integridad de las Elecciones Generales a la unidad para la integridad de las elecciones ya existente del estado, aunque un reciente dictamen del Tribunal de Apelaciones Penales de Texas ha cuestionado el poder de acusación del fiscal general. Si bien hasta el momento ninguna de estas unidades ha logrado condenas significativas, sí han ofrecido una poderosa herramienta política para funcionarios públicos estatales que promocionaron sus promesas de erradicar el fraude electoral durante sus campañas políticas.
Las iniciativas de crear fuerzas policiales electorales no dan indicios de ceder. En Florida, la legislatura estatal eludió la falta de fiscales locales dispuestos a tomar estos casos cuando aprobó un proyecto de ley que amplía la facultad de fiscales estatales para presentar cargos de fraude electoral. En Texas, la legislatura hace poco propuso que la secretaría de estado pueda nombrar a “alguaciles electorales” para investigar cualquier infracción a las leyes electorales. Aun cuando las fuerzas policiales electorales logren muy pocas condenas reales, el impulso que actualmente tienen sugiere que seguirán siendo una importante herramienta de campaña política e intimidación en todo el ciclo electoral de 2024.
Táctica 12: Usar la justicia para suprimir el voto
Es probable que las personas que buscan sabotear las elecciones y negar los resultados sigan presentando demandas judiciales para restringir la libertad de votar.
De acuerdo con Democracy Docket, unas 93 demandas judiciales buscaron hacer más difícil votar en 2022. La mayoría de estos casos, arraigados en teorías conspirativas de que la votación por correo generó un fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020, intentó restringir el acceso a la votación por correo y la disponibilidad de buzones de devolución de boletas en estados decisivos como Arizona, Pensilvania y Wisconsin.
A diferencia de lo que pasó en 2020, un creciente número de demandas antivoto también atacó los procesos de administración electoral. Por ejemplo, se alegó que las máquinas de votación facilitaron el fraude generalizado y que las leyes estatales obligaron a las localidades a contratar a un número determinado de trabajadores electorales republicanos, a pesar de la escasez nacional de trabajadores electorales.
En las elecciones legislativas, estas demandas tuvieron un éxito relativo. Mientras que la justicia rechazó la gran mayoría de demandas que estaban totalmente arraigadas en teorías conspirativas, algunas demandas antivoto sí fueron concedidas. En Delaware, por ejemplo, un tribunal estatal anuló la ley estatal sobre la votación por correo a menos de dos meses de las elecciones generales. Además, el momento en que se presentaron estas causas exacerba sus peligros. La mayoría fue presentada inmediatamente antes del día de las elecciones, lo cual generó confusión sobre cómo y cuándo se podía votar.
La mayoría de las demandas antivoto no lograron alterar los resultados de las elecciones de 2022. Pero sin que se impongan consecuencias contra quienes buscan utilizar la justicia como medio para privar a la ciudadanía de su derecho al voto, incluso una baja tasa de éxito, ofrecerá un incentivo constante para seguir presentando demandas antivoto. Además, la financiación sin precedentes que se ha recibido para iniciar litigios sobre las elecciones —los principales partidos políticos recaudaron $154 millones durante el ciclo 2021-2022— indica que las demandas sobre cuestiones electorales, incluso las disputas antivoto, seguirán siendo parte del panorama en 2024.
Táctica 13: Aprobar leyes antivoto
Las legislaturas seguirán presentando medidas destinadas a reducir la participación en las urnas e interferir en los procesos electorales.
En 2022, las legislaturas de 39 estados evaluaron al menos 408 proyectos de ley electorales restrictivos. Al final, ocho estados terminaron promulgando 11 leyes electorales restrictivas, 5 de las cuales estuvieron vigentes para las elecciones legislativas (MS H.B. 1510, MO H.B. 1878, NH S.B. 418, OK H.B. 3364, SC S.B. 108). Por lo general, las leyes electorales restrictivas aprobadas en 2022 hicieron que sea más difícil votar por correo y registrarse para votar, en especial para votantes de raza no blanca y otros grupos demográficos que suelen tener una menor participación en las urnas. Por ejemplo, la ley de Ohio H.B. 458 impone requisitos estrictos de identificación con foto para votar y, entre otras cosas, elimina un día en la votación anticipada, prohíbe el uso de franqueo prepagadogo y acorta el plazo para solicitar boletas de voto por correo y devolverlas. Los estudios preliminares sugieren que estas nuevas restricciones han afectado de forma negativa a determinados grupos de votantes y contribuido a la creciente brecha racial en la participación electoral.
Las legislaturas de al menos 27 estados también presentaron 151 proyectos de ley que buscan interferir en las elecciones, es decir, leyes que permiten que actores partidistas puedan manipular las elecciones o atacar a quienes administran las elecciones. Al menos siete estados aprobaron 12 de estos proyectos de ley, 11 de los cuales estuvieron vigentes para las elecciones legislativas (AL H.B. 194, AZ H.B. 2237, AZ H.B. 2492, FL S.B. 524, GA H.B. 1368, GA H.B. 1432, GA S.B. 441, KY H.B. 301, MO H.B. 1878, OK H.B. 3046, OK S.B. 523). Entre las leyes aprobadas en 2022 que buscan interferir en las elecciones, se encuentran las leyes que imponen nuevas sanciones penales o civiles contra las autoridades electorales, leyes que confieren a actores políticos la facultad de enjuiciar delitos electorales, y leyes que aumentan la influencia partidista sobre las estructuras de la administración electoral. Por ejemplo, dos leyes aprobadas en Georgia crean el riesgo de interferencia en las elecciones y sus resultados porque les permiten a actores partidistas remplazar a actuales superintendentes electorales y crear nuevas juntas electorales locales en los condados de Miller y Montgomery.
Las legislaturas estatales han apretado el acelerador en 2023. Las legislaturas de 32 estados ya han propuesto o presentado 150 proyectos de ley electorales restrictivos, muchos de los cuales limitarían el voto por correo o exigirían nuevos requisitos de identificación de votantes. También en 2023 se han propuesto o presentado 27 proyectos de ley que buscan interferir en las elecciones, entre ellos, propuestas que impondrían nuevas sanciones penales contra funcionarios electorales simplemente por hacer su trabajo y les permitirían a actores políticos fomentar, iniciar o realizar auditorías de elecciones. Si bien queda por verse si este veloz ritmo de presentación de proyectos se traducirá en un mayor número de leyes aprobadas, estos proyectos de ley sugieren que las legislaturas seguirán usando el mismo manual de cara a 2024.
Táctica 14: Propagar desinformación
Sigue habiendo negacionistas que difunden información falsa sobre las elecciones.
Las personas que niegan los resultados de las elecciones emplearon cuatro narrativas falsas centrales o “pegadizas” durante el ciclo electoral de 2022: teorías conspirativas que dicen que las máquinas de votación son medios de fraude electoral generalizado; alegaciones falsas de que la votación por correo y los buzones de devolución de boletas son inseguros; acusaciones infundadas sobre la existencia de votos emitidos por personas no ciudadanas o ya fallecidas; y falsas alegaciones de fraude en el conteo de votos. Por lo general, se aferran a noticias de último momento para propagar desinformación vinculada a estas cuatro narrativas falsas, como el problema de impresión que tuvieron algunas máquinas de votación en el condado de Maricopa el día de las elecciones o el problema técnico que afectó brevemente los libros electrónicos de votación en Detroit.
Las comunidades más receptivas a estas narrativas falsas se reunieron en torno a personalidades de alto perfil “que difunden con mucha velocidad” rumores virales que circulaban por la red, tales como Mayra Flores en Texas, Mark Finchem en Arizona y Doug Mastriano en Pensilvania. A medida que se acercaba el día de las elecciones, aumentaron considerablemente las publicaciones sobre fraude electoral. Si bien durante las elecciones legislativas muchas autoridades electorales lograron desacreditar proactivamente la información falsa, la desinformación sigue siendo una fuerza poderosa, en especial en los llamados “desiertos informativos”, donde no hay periódicos locales ni sitios digitales de noticias a nivel local.
La desinformación ha llegado para quedarse. Los recientes ataques contra el Centro de Información de Registro Electoral (ERIC) revelan una nueva versión de desinformación sobre las elecciones que amenaza con debilitar incluso a instituciones muy respetadas y bipartidarias que se dedican a prevenir el fraude electoral.
Este sistema de intercambio de datos, creado en 2012, ha sido una herramienta importante, aunque poco conocida, para ayudar a los estados a mantener sus padrones electorales actualizados, porque permite identificar a votantes que quizá hayan fallecido o se hayan mudado a otro estado. En enero de 2022, un sitio web de extrema derecha que antes ya había difundido desinformación electoral publicó el primero de varios blogs sobre este sistema donde insinuaba que el programa había sido creado por “activistas de extrema izquierda” como parte de su plan conspirativo para manipular las elecciones. Apenas siete días después, Luisiana se convirtió en el primer estado en retirarse del programa. De repente, las autoridades electorales que antes habían elogiado este centro como un “regalo del cielo” y “una de lasmejores herramientas que tenemos en la lucha contra el fraude” se echaron atrás.
Alabama anunció su retiro a fines de 2022, seguido por los últimos anuncios de Florida, Iowa, Missouri, Ohio y West Virginia en marzo de 2023. Es posible que este éxodo continúe; desde entonces, Trump ha urgido a todos los gobernadores y gobernadoras del partido republicano a cortar sus lazos con el grupo. Uno de los creadores de ERIC señaló lo irónico del asunto: “Los estados que se retiran de ERIC tendrán a más votantes fallecidos y residentes de otros estados en sus listas de registro de votantes y verán reducida su capacidad de detectar votos dobles. Como consecuencia, también tendrán colas más largas para votar, más correos imposibles de entregar a sus destinatarios y tardarán más tiempo para contar boletas”.
El negacionismo electoral, o la negación de los resultados de una elección, sigue siendo una amenaza real y creciente que podría debilitar seriamente nuestro sistema electoral si no se lo combate. En varios aspectos, hay mucho más en juego en 2024: es un año de elecciones presidenciales que tendrá al mismo candidato que sirvió de disparador de violencia en 2020. Este año ya se han observado ataques más frecuentes y proactivos para debilitar nuestras elecciones que para esta misma época en el ciclo electoral de 2022, cuando el negacionismo se seguía centrando básicamente en las elecciones presidenciales de 2020.
Afortunadamente, aún hay tiempo para prepararse y prevenir intentos negacionistas de cara a 2024. Lo ideal sería que el Congreso refuerce nuestras protecciones democráticas y promulgue estándares de base que salvaguarden la votación y la administración de las elecciones federales. Si el Congreso no toma medidas, los estados pueden y deben reforzar sus leyes para defenderse de la propagación de información falsa y para salvaguardar la administración electoral y el derecho al voto; los estados pueden y deben combatir la subversión electoral y prevenir casos de intimidación y violencia contra el personal electoral y el electorado.
Una agenda legislativa exhaustiva a nivel estatal que tenga el objetivo de defender la seguridad de las elecciones y protegernos de cualquier intento de subversión electoral debería incluir, entre otras, leyes que les den a las autoridades electorales más flexibilidad para contar más rápido las boletas de voto por correo (y así evitar la desconfianza que surge cuando hay demoras en la publicación de resultados); leyes que establezcan restricciones para proteger los sistemas electorales de cualquier intento de manipulación y acceso no autorizado; y leyes que aumenten la seguridad física y las protecciones a la privacidad de las autoridades y trabajadores electorales. Esta agenda también debería garantizar que existan los mecanismos judiciales adecuados para desbaratar los intentos de subversión electoral, por ejemplo, medidas para aclarar que la certificación de elecciones es un deber ministerial y obligatorio, mecanismos para seguir adelante con la certificación cuando hay casos de obstrucción, y disposiciones para darles a los tribunales estatales el poder de resolver disputas electorales con rapidez. Además, debería priorizar correctamente el deber de proteger el derecho al voto y establecer normas claras para garantizar un conteo preciso y transparente.
Próximamente el Brennan Center publicará información más detallada sobre estas y otras reformas estatales.
Traducción de Ana Lis Salotti.
