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Existen numerosas salvaguardas que garantizan que solo las personas ciudadanas estadounidenses pueden votar en nuestras elecciones. Estas incluyen sanciones penales graves, como el encarcelamiento y altas multas, para toda persona no ciudadana que se registre o vote, aparte de la deportación. Aun así, algunos políticos han propagado la mentira de que votan multitudes de personas no ciudadanas y, encima, están usando esas alegaciones para promulgar políticas electorales restrictivas. Estas teorías conspirativas no son solo una retórica inofensiva. Están causando un verdadero daño a verdaderas personas y a nuestra democracia.
Muchas autoridades electorales han purgado o amenazado con purgar a votantes elegibles.
Por ejemplo, varios estados han identificado incorrectamente a muchos votantes legítimos como personas no ciudadanas y los han eliminado de sus listas, o padrones electorales durante los últimos años. Muchas autoridades electorales estatales han enviado notificaciones de cancelación y, en algunos casos, han intentado eliminar a decenas de miles de votantes elegibles registrados a partir de información no confiable sobre su condición de ciudadanía.
En 2019, en una de las medidas con el mayor impacto, Texas envió notificaciones amenazadoras a unas 95,000 personas, de las cuales más de la mitad había votado en al menos una elección estatal durante los últimos 18 años. En otro caso más reciente, en junio de 2024, Tennessee envió cartas a más de 14,000 votantes registrados en las que les pedía una prueba de su condición de ciudadanía. En 2024, el secretario de estado Frank LaRose de Ohio comenzó a eliminar a cientos de votantes de los padrones electorales a partir de datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), información sobre jurados y registros del servicio SAVE. Virginia borró a más de 6,000 votantes de sus padrones electorales entre 2022 y 2024. Y en agosto de 2024, Alabama purgó a más de 3,000 votantes de sus padrones, muchos de los cuales el secretario de estado, Wes Allen, admitió que podrían haber sido ciudadanos naturalizados. Texas afirma haber eliminado a 6,500 personas no ciudadanas de sus padrones electorales en los últimos tres años. Una y otra vez, estas purgas han terminado eliminando —o intentado eliminar— a personas ciudadanas estadounidenses.
Si bien muchas de las personas ciudadanas afectadas por estas jugadas han logrado registrarse otra vez, es imposible cuantificar a cuántas personas se les ha impedido votar o se les impedirá votar en las próximas elecciones. Lo que sí se sabe es que las cartas como las enviadas en Tennessee y Texas tienen un efecto intimidatorio. Uno de los destinatarios de estas cartas, un profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, expresó su incomodidad ante la posibilidad de tener que enviar por correo documentación que compruebe su condición de ciudadanía. Solo después de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Tennessee amenazó con iniciar acciones legales por considerar las demandas de esas cartas como inconstitucionales y en infracción de la ley federal, el coordinador estatal de elecciones envió una segunda tanda de cartas donde se informaba a las personas ciudadanas que no era necesario presentar ninguna documentación.
Algunos estados han impuesto imposibles requisitos de documentación que privan a las personas ciudadanas de su derecho al voto.
En Arizona en 2004, la Federation for American Immigration Reform (FAIR) —una organización designada como grupo de odio por el Southern Poverty Law Center— y otro grupo llamado Protect Arizona Now elaboraron la Proposición 200. El electorado aprobó la proposición, que, entre otras cosas, exigía que las personas votantes presentaran un documento que demostrara su ciudadanía (por ejemplo, un certificado de nacimiento o un pasaporte) en las urnas. Arizona es el único estado que tiene un sistema dual para votar, en el que las elecciones estatales y locales sí requieren presentar un documento que demuestre ciudadanía. Un tribunal anuló este requisito para las elecciones federales.
El impacto de esta ley fue impresionante. Durante el primer año desde su entrada en vigencia, le impidió a más de 10,000 personas registrarse para votar tan solo en el condado de Maricopa. En ese momento, un funcionario del condado de Maricopa dijo que la mayoría de estas personas a las que se les impidió votar eran “probablemente personas ciudadanas estadounidenses que se cambiaron el nombre después de casarse y figuran con otro nombre en sus certificados de nacimiento o que perdieron los documentos”. Una de cada tres personas que solicitaban registrarse para votar en los tres condados más poblados del estado fue rechazada en tan solo los primeros cinco meses de implementada la ley, una increíble cifra.
Conseguir la documentación necesaria puede tardar mucho tiempo, ser costoso y resultar sumamente difícil. Puede llevar de semanas a meses recibir un certificado de nacimiento de reemplazo en algunos estados. Tramitar un pasaporte cuesta como mínimo $65 y obtener un certificado de naturalización de reemplazo cuesta más de $500. Para las personas que nunca tuvieron un certificado de nacimiento, el proceso puede ser muy problemático: deben demostrar su condición de ciudadanía con documentos como un certificado de bautismo, los primeros registros escolares o los registros de un censo, que suelen ser difíciles de encontrar.
Un grupo de votantes de Arizona disputó la ley ante un tribunal federal, que determinó que la Proposición 200 había impedido al menos a 31,500 personas registrarse para votar en todo el estado. Al final, la Corte Suprema dictaminó que la Ley de Registro Nacional de Votantes toma precedencia sobre la aplicación de esta nueva ley a la hora de registrarse para votar en las elecciones federales. Por lo tanto, desde hace años Arizona tiene un confuso sistema dual de registro de votantes, en el que quienes no presenten documentación para demostrar su ciudadanía solo pueden votar en las elecciones federales, pero no en las contiendas estatales ni locales.
En 2013, Kansas promulgó una ley similar de documentación de ciudadanía a petición del ex secretario de estado de Kansas Kris Kobach. Si bien Kobach pudo demostrar tan solo 39 casos de registros de personas no ciudadanas desde 1999, un tribunal federal de primera instancia determinó que la ley impidió temporalmente registrarse para votar a 31,089 personas ciudadanas estadounidenses. Al final, muchas de estas personas ciudadanas no pudieron votar en absoluto, a pesar de que casi todas reunían los requisitos para hacerlo. A fin de cuentas, el Tribunal de Apelaciones del 10.° Circuito confirmó el dictamen de un tribunal de primera instancia que anulaba la ley y afirmó que Kobach “no había demostrado que un importante número de personas no ciudadanas efectivamente se hubiera registrado para votar”. (Aun así, Trump nombró a Kobach como jefe de una comisión encargada de investigar casos de fraude electoral, que duró menos de un año y no pudo dar con ninguna prueba que indicara la existencia de un problema real).
Este año, tanto Luisiana como New Hampshire promulgaron leyes que requieren presentar documentos para demostrar ciudadanía (ninguna ley estará en vigencia para las elecciones de 2024). Además, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson de Luisiana, ha impulsado un proyecto de ley federal, la Ley SAVE, que impondría los mismos requisitos a nivel nacional. En la conferencia de prensa en la que anunciaba este proyecto de ley, Johnson reconoció que no tenía pruebas concretas para respaldar la necesidad de tener una ley así y, en cambio, argumentó que “todos sabemos, intuitivamente, que hay muchos ilegales que están votando en las elecciones federales”.
El daño que ocasionaría una ley federal sería devastador. Una encuesta realizada por el Brennan Center, las organizaciones VoteRiders y Public Wise, y el Centro para la Democracia y la Participación Cívica de la Universidad de Maryland reveló que unas 21.3 millones de personas votantes elegibles no tienen o no pueden tener fácilmente acceso a su certificado de nacimiento, pasaporte, certificado de naturalización o certificado de ciudadanía estadounidense. Para unas 3.8 millones de personas ciudadanas adultas, ni siquiera existe este tipo de documentación de ciudadanía. Estos requisitos también tienden a privarles de su derecho al voto a algunos grupos más que a otros. Mientras que tan solo el 8 por ciento de las personas ciudadanas que se identifican como blancas no tienen fácilmente disponibles sus documentos de ciudadanía, esa cifra asciende a casi el 11 por ciento entre las personas estadounidenses no blancas.
Hay negacionistas de elecciones que están abusando del sistema judicial y de las facultades de la justicia para propagar estas teorías conspirativas a costa de las comunidades inmigrantes y nuestra democracia.
Tan solo en agosto de 2024, varios negacionistas de elecciones demandaron a administradores electorales en Arizona, Carolina del Norte y Wisconsin y les acusaron sin argumento alguno de no haber impedido la votación de personas no ciudadanas. De hecho, al menos 10 demandas radicadas a lo ancho del país presentan alegaciones arraigadas en este tipo de teorías conspirativas. Lo más probable es que estas demandas no lleguen a ningún lado, al igual que pasó con acusaciones similares en 2020, de las cuales la más famosa terminó quitándole la licencia de abogado profesional a Rudy Giuliani. Pero, mientras tanto, estas acciones les dan una apariencia de legitimidad a las conspiraciones y amenazan con debilitar la confianza del público en nuestras elecciones. Y podrían utilizarse para justificar intentos de subvertir los resultados de las elecciones. Esa fue una de las tácticas que Trump y sus aliados usaron en 2020 cuando, por ejemplo, presentaron un juicio injustificado en Nuevo México como pretexto para explicar la lista de electores falsos que habían reclutado en ese estado (acusaciones que luego abandonaron).
En Texas, el fiscal general Ken Paxton inició una investigación sobre rumores infundados propagados por una presentadora de noticias de Fox News que decía que se habían intentado registrar a personas no ciudadanas en ese estado. Las autoridades electorales locales enseguida desmintieron los rumores. El fiscal general también ordenó redadas en las viviendas de múltiples integrantes de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) como parte de sus investigaciones sobre una presunta “cosecha de votos”, aunque no queda claro si esas alegaciones están relacionadas con las teorías conspirativas sobre el voto no ciudadano, algo que Paxton defiende según sus declaraciones públicas. En septiembre, el dictamen de un tribunal federal anuló estas investigaciones cuando declaró inconstitucional un parte de la ley estatal que se había utilizado para justificarlas.
Tan solo este año, Paxton también ha iniciado investigaciones de al menos cinco organizaciones sin fines de lucro que trabajan para las comunidades de inmigrantes. Las redadas en las viviendas de los integrantes de LULAC ya han ocasionado que estas personas dejen de trabajar como voluntarias para la liga, que realiza campañas de registro de votantes, entre otras iniciativas. Además, es probable que todos estos esfuerzos de procesamiento judicial tengan un efecto intimidatorio sobre otras personas, en especial inmigrantes y sus vecinos y aliados.
Pero el impacto es mucho más profundo que eso. La campaña de desinformación amplificada por estos juicios e investigaciones judiciales genera sospecha y rencor hacia las personas inmigrantes y mueve a personas ciudadanas legas a sumarse a un activismo que también puede resultar intimidante. La negacionista de elecciones y antigua asesora de Trump Cleta Mitchell ha ayudado a organizar a un grupo de activistas que se hacen llamar “Only Citizens Vote Coalition” (coalición para que solo los ciudadanos voten). Los planes de esta coalición consisten en colocar letreros amenazadores sobre las consecuencias de votar cuando la persona no es elegible, y han hablado de dirigirlos específicamente a las comunidades de habla hispana.
Pero esta es la verdad:
El voto no ciudadano es extremadamente raro.
A pesar de estos esfuerzos deshonestos de erradicar la presunta plaga del voto no ciudadano, la realidad es que las personas no ciudadanas no tienen ningún motivo para votar ilegalmente: se arriesgarían a perder sus hogares, su sustento y su libertad en el intento. Además, no hay ninguna prueba que demuestre que haya una importante cantidad de personas no ciudadanas que voten. Las purgas masivas como las realizadas en Arizona, Kansas, Ohio, Tennessee, Texas y Virginia terminan causando más daño que beneficio, porque privan a personas votantes elegibles de su derecho al voto.
En 2022, el secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, llevó a cabo una auditoría exhaustiva sobre el tema y reveló que no se había emitido ni un solo voto no ciudadano en ese estado en los últimos 25 años. Durante todo ese período, solo se identificaron menos de 1,700 personas registradas como presuntamente no ciudadanas —lo cual corresponde a unos 68 intentos de registro por año en un estado que tiene más de siete millones de votantes registrados activos—, y a todas se les impidió votar. Raffensperger incluso afirmó categóricamente en marzo de 2024 que “las personas no ciudadanas no están votando en Georgia”.
De igual modo, un estudio de 2017 del Brennan Center demostró que “en las 42 jurisdicciones evaluadas, las autoridades electorales que supervisaron el cómputo de 23.5 millones de votos en las elecciones generales de 2016 derivaron tan solo aproximadamente 30 incidentes de votos presuntamente no ciudadanos para su posterior investigación o procesamiento judicial”. Dicho de otro modo, los votos ilegales presuntamente no ciudadanos constituyeron el 0.0001 por ciento de los votos emitidos en esas jurisdicciones.
Ya existen numerosas penas para desalentar el voto ilegal no ciudadano.
Es delito federal que las personas no ciudadanas voten en las elecciones federales y, en todos los estados, es también delito que voten en las elecciones estatales. De hecho, según la ley federal, las personas no ciudadanas pueden ser penadas con hasta cinco años de prisión por el simple hecho de registrarse para votar. Solo unos pocos gobiernos locales en algunos estados han permitido que las personas no ciudadanas voten solamente en las elecciones locales (por ejemplo, para los consejos escolares), pero estas localidades tienen prohibido por ley dejar que estas personas no ciudadanas se registren o voten en las elecciones estatales o federales. Ataca contra el sentido común pensar que una persona se arriesgaría a terminar en la cárcel por emitir un solo voto que probablemente no afecte el resultado de una elección menor.
Además de ser un delito mayor, la persona que lo comete puede ser deportada. Las personas inmigrantes suelen irse de sus países de origen escapando a la violencia, la persecución o la pobreza extrema. El proceso de obtener una residencia legal como inmigrante es complejo, costoso y puede demorar años. Para estas personas, el riesgo de la deportación puede ser más temible que la cárcel.
Este panorama es aún más despiadado para quienes viven aquí sin estatus migratorio legal. Estas personas, por lo general, viven con el miedo de ser descubiertas por las autoridades y encarceladas o deportadas. Para votar, una persona indocumentada tendría que identificarse por voluntad propia ante el gobierno y declarar (falsamente) que es ciudadana, a menudo, bajo pena de perjurio. Haciendo esto, arriesgaría la libertad y la vida que tiene en los Estados Unidos. Cabe repetir que resulta dudoso que una persona haga todo esto únicamente para emitir un solo voto.
Las leyes actuales también hacen que sea muy probable detectar cualquier instancia rara de voto no ciudadano, tal como lo ilustra la auditoría de Georgia. La ley federal (Código Federal 52 §§ 20507, 21083) requiere que las autoridades electorales locales mantengan las listas de votantes actualizadas y eliminen a votantes no elegibles. Los estados revisan estas listas con regularidad comparándolas con bases de datos de otros estados para identificar a votantes posiblemente no habilitados, entre ellos, a los no ciudadanos.
Así que ¿qué hay detrás de la falsa alegación de que las personas no ciudadanas votan en nuestras elecciones? Hay negacionistas de elecciones que quieren sembrar la desconfianza en las elecciones para que, si pierden, puedan aprovecharse de esa desconfianza cuando intenten anular los resultados.
Traducción de Ana Lis Salotti.
