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Por lo menos hay una táctica clara en los planes de subversión electoral de este año.
Primer paso: antes del día de las elecciones, presentar muchas demandas con afirmaciones sin fundamento sobre padrones electorales inflados, votación ilegal y procedimientos electorales problemáticos.
Segundo paso: si los activistas de derecha no están contentos con los resultados de las elecciones, señalar las demandas ya presentadas para justificar exigencias de detener la certificación o cambiar los resultados. Este plan no es secreto ni nuevo. Es una repetición de 2020, pero esta vez, planificada con mayor anticipación. Y al igual que en 2020, el plan debería fracasar.
Los activistas conservadores, partidarios y grupos de negacionistas electorales han entablado docenas de demandas. Con particular intensidad en estados pendulares, están presentando demandas para otorgar a los miembros de las juntas electorales locales el derecho a negarse a certificar los resultados de las elecciones, excluir del conteo las boletas que se envíen por correo y lleguen después del día de las elecciones, limitar la participación de votantes militares y en el extranjero, restringir la disponibilidad de buzones de devolución de boletas, forzar a los estados y condados a purgar enérgicamente sus padrones electorales, y limitar cuándo se puede solicitar, presentar y contar boletas de voto en ausencia.
Si bien los reclamos legales y las afirmaciones sin fundamento difieren un poco de un caso a otro, tienen un objetivo común: suscitar dudas sobre las elecciones estadounidenses a fin de disculpar esfuerzos subsiguientes (ya sea en los tribunales o de otro tipo) para imponerse sobre la voluntad de los votantes.
Estos casos son —para usar un término técnico y legal— ficticios. Lo sabemos por varias razones. En primer lugar, las declaraciones de hechos de los demandantes se basan en teorías conspiratorias, desinformación, datos no corroborados y afirmaciones de fraude electoral generalizado que se han desmentido repetidamente. Por ejemplo, más de una docena de casos se basan por lo menos parcialmente en temores sin fundamento de que personas que no son ciudadanas votan. Sin embargo, las pruebas no pueden ser más claras: con excepciones extremadamente infrecuentes, solo votan los ciudadanos que reúnen los requisitos, y los estados implementan muchos sistemas para asegurar que ese siga siendo el caso. Disfrazar desinformación y teorías conspirativas con terminología jurídica y blanquearlas con demandas legales no hace que las afirmaciones se vuelvan ciertas.
En segundo lugar, los demandantes ni siquiera parecen estar tratando de ganar en las cortes. En muchos de estos casos de activistas de derecha, los demandantes ni se han preocupado de presentar mociones para pedir que los tribunales solucionen los denominados problemas antes del día de las elecciones. Si los demandantes realmente creyeran que existen problemas con nuestros sistemas de votación y tuvieran alguna evidencia para respaldar dichas convicciones, habrían solicitado que las cortes remedien esos problemas de inmediato (al procurar una interdicto preliminar, por ejemplo). Un representante de United Sovereign Americans, un grupo de derecha que ha presentado por lo menos nueve casos que cuestionan diversos procedimientos legales, admitió que su objetivo es “posicionar con anticipación” para el periodo posterior a las elecciones. Por supuesto que presentar una demanda preventivamente no otorga legitimación procesal, que exige daños reales, entre otras cosas.
Otras demandas son apenas copias de esfuerzos fallidos de años anteriores. Por ejemplo, un caso de Michigan que busca una purga más enérgica de padrones, en efecto, reproduce tres casos similares presentados en Michigan en los últimos cinco años, y en todos ellos los demandantes llegaron a un acuerdo voluntario o perdieron. Un tribunal federal desestimó el caso hoy.
En tercer lugar, incluso si las teorías legales que los demandantes exponen estuvieran respaldadas por hechos (no lo están), no ameritarían las soluciones extremas que los demandantes solicitan a fin de cuentas ni las que podrían solicitar después de las elecciones: detener la certificación de los resultados de las elecciones y anularlos.
En más de 20 casos, por ejemplo, los demandantes afirman que los estados no han hecho suficiente para eliminar de los padrones a personas que no reúnen los requisitos para votar. La solución de tal afirmación es que el estado realice mantenimiento razonable de las listas de votantes por lo menos 90 días antes de las elecciones, en vez de descartar los votos de millones de votantes calificados después. Es más, la certificación no es discrecional: desde hace tiempo, las leyes estatales disponen que los funcionarios tienen la obligación de certificar las elecciones. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que las cortes ya hayan desestimado varios de estos casos en Arizona, Georgia, Maryland, Nevada y Pensilvania, entre otros.
Tenemos previsto que las cortes rechazarán la mayoría de los reclamos no fundamentados en estas demandas previas a las elecciones, tal como lo hicieron contundentemente en 2020.
Pero el propósito no es necesariamente ganar en los tribunales. Prevemos que los activistas usen el simple hecho de litigios en curso como base para retrasar, detener o modificar el proceso electoral. Su público lo constituyen no solo los tribunales, sino la opinión pública. Para los estadounidenses predispuestos a creer que el fraude electoral abunda y que se robaron las elecciones de 2020, los partidistas que no queden contentos con los resultados de 2024 usarán los procesos legales en curso en sus esfuerzos por socavar la confianza del público y confirmar su percepción de que nuestra democracia ha sido “manipulada”.
Ya pasamos por lo mismo y ahora sabemos qué esperar. El público, la prensa y los tribunales de Estados Unidos no se deben dejar engañar y creer que donde hay humo, hay fuego, pues estos casos no son sino una cortina de humo.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
