Este artículo fue publicado originalmente en Time.
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A medida que se acerca el 5 de noviembre, el expresidente Donald Trump ha dejado muy poco espacio para dudar de sus intenciones. Es casi seguro que declare su victoria la noche de las elecciones, mientras aún se estén contando los votos. Quizá termine teniendo razón. Pero si gana la vicepresidenta Kamala Harris, Trump rechazará el resultado catalogándolo de corrupto y lanzará una campaña arrasadora para anularlo.
Este plan está tan bien telegrafiado que casi ni cuenta como predicción. Trump ha declarado en repetidas ocasiones que él no puede perder, a menos que exista un “fraude masivo” y, por otro lado, que las elecciones están “manipuladas” porque tienen un “sistema de votación defectuoso”. Tal como les anunció al sindicato policial Orden Fraternal de la Policía el 6 de septiembre: “Ganamos sin fraude electoral, ganamos muy fácilmente”. Según ese cálculo, el electorado no tiene ninguna otra opción legítima. Esta opinión sobre las elecciones, contraria a las normas, quizá aún pueda escandalizar a algunos, pero, después de la respuesta de Trump ante su derrota hace cuatro años, no se puede considerar sorprendente.
Quizá uno de los candidatos gane tan holgadamente que nadie en sus cabales pueda dudarlo. Pero las encuestas siguen diciendo, desde hace meses, que la contienda presidencial es demasiado reñida como para predecir quién ganará, y un triunfo apretado en el ambiente actual es razón para preocuparse. Las encuestas de opinión pública demuestran que muchas personas estadounidenses no saben si pueden confiar en la maquinaria de las elecciones, y muchos dicen rotundamente que no confían. Apenas la mitad de las personas encuestadas en una encuesta realizada por NORC en septiembre dijo que confiaba que el conteo de votos será preciso. Esta cifra no está dentro de los números históricos normales en absoluto.
Nos embarcamos en una elección presidencial en la que decenas de millones de estadounidenses no creen en los resultados de antemano. En este mismo sentido, las elecciones de 2020 fueron las únicas en la historia de los Estados Unidos en que el perdedor se negó ininterrumpidamente a conceder su derrota. La división partidaria —cerca del 80 % de los demócratas, pero tan solo el 30 % de los republicanos tiene confianza en el conteo de votos— refleja el daño acumulativo de innumerables mentiras.
A medida que el experimento estadounidense se acerca a su 250 aniversario, ¿es capaz de llevar a cabo una elección segura con un proceso confiable y un resultado ampliamente aceptado? Si el resultado no es del agrado de Trump, ¿puede la democracia defenderse de otro intento de derrocar a la presidenta electa?
Preguntas como estas les parecían descabelladas a algunos lectores cuando las hice antes de las elecciones de 2020 en un artículo publicado en el Atlantic con el fatídico título de “Las elecciones que podrían destruir a los Estados Unidos (“The Election That Could Break America”)”. Si el entonces presidente Trump perdía su intento de reelección, decía el artículo, justo antes del Día de la Inauguración se podría observar una lucha desenfrenada por impedir el traspaso de poder. Algunas de mis predicciones se hicieron realidad: las alegaciones inventadas de fraude, los intentos de detener el cómputo de votos, la presión partidista para bloquear la certificación, la asignación de electores falsos, la incitación a la violencia, y las maniobras desesperadas en el Congreso el 6 de enero.
Pero aun con todos sus aciertos, el artículo se equivocó en un sentido más profundo. Yo no sabía si la maquinaria electoral de la nación podía resistir al ataque frontal de Trump. El sistema nunca antes había enfrentado ese tipo de amenazas. Simplemente podía fallar.
Pero no lo hizo. Varios tribunales estatales y federales rechazaron las demandas judiciales infundadas de Trump y, al final, sancionaron a algunos de los abogados que las presentaron. En una coyuntura crítica, hubo suficientes funcionarios republicanos de fuertes principios, ninguno de ellos famosos hasta ese momento —Aaron Van Langevelde de la junta estatal de escrutinio de Míchigan, el secretario de estado de Georgia Brad Raffensperger, el senador Jake Corman y el representante Bryan Cutler de Pensilvania, los supervisores del condado de Maricopa, Clint Hickman y Bill Gates—, que cumplieron con su deber legal ante una presión aplastante similar a las de un golpe de estado. El partido de Trump retrocedió, aunque solo brevemente, ante la violencia anárquica de la turba que atacó el Capitolio de los Estados Unidos.
Hoy, después de cuatro años, tengo menos dudas sobre la resiliencia de nuestro ejercicio esencial de la democracia.
Pero el arco de las datos, basados en entrevistas a autoridades electorales federales, locales y estatales, analistas de inteligencia y observadores expertos, se inclina hacia la confianza. Desde 2020, el aparato electoral de la nación ha actualizado sus equipos, ha aumentado la seguridad de sus procedimientos, ha mejorado sus auditorías y ha fortalecido sus defensas contra los intentos de subversión por parte de agentes dañinos, ya sean extranjeros o nacionales. Las máquinas de cómputos de votos están completamente aisladas de internet y los registros en papel verificados por el votante son la norma. Las reformas bipartidarias promulgadas en 2022 hacen que sea mucho más difícil interferir con la asignación de electores que representan el voto popular de un estado y que sea más difícil bloquear la certificación en el Congreso de un conteo genuino de los votos del Colegio Electoral. Los tribunales de justicia siguen rechazando demandas de interferencia presentadas sin evidencia. La última palabra en la certificación del voto en estados pendulares clave les corresponde a los gobernadores de los dos partidos que han desafiado al negacionismo electoral a cada paso.
El sistema, de acuerdo con todas las personas a las que les pregunté, resistirá los esfuerzos de Trump de corromperlo.
Pero la amenaza sigue siendo grave. Trump, respaldado esta vez por republicanos que han adoptado su negacionismo electoral de antemano, intentará nuevamente desafiar al electorado si elige a Harris. Esta vez, tendrá muchísima más ayuda del aparato de su partido y de líderes en todos los niveles. El conteo de votos en los estados pendulares clave como Pensilvania y Wisconsin podría demorarse, lo cual abriría la puerta para un ejército de abogados que buscan detener o impedir un resultado definitivo. Los extremistas, alentados por la desinformación, pueden ejecutar las amenazas que han realizado en los últimos meses en contra de los sitios de votación, trabajadores electorales y otros funcionarios.
En el corazón de ese sistema se encuentran las autoridades electorales no partidarias a nivel local, regional, estatal y federal dedicadas a administrar una elección libre y justa. El personal electoral verificará la identidad y el registro de cada persona que vaya a votar, en persona o por correo. Cuando cierren los comicios el día de las elecciones, y antes en algunos estados, el personal electoral comenzará a computar las boletas de votación anticipada y por correo, y los votos en persona, por lo general en máquinas de escaneo. A medida que avanzan con su trabajo, las autoridades electorales garantizarán la seguridad de las boletas contadas, compilarán los resultados de las máquinas de cómputos y guardarán las hojas de trabajo y (para el 98 % de los votos emitidos) los registros de papel para la revisión pública y oficial. Todo el proceso será supervisado por observadores electorales de los dos partidos políticos.
Ninguna empresa humana que se extienda a lo largo de decenas de miles de sitios de votación, con cientos de miles de autoridades electorales y más de 150 millones de votantes proyectados, puede aspirar a ser perfecta, afirma Jen Easterly, exoficial militar de inteligencia que ahora dirige la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA por sus siglas en inglés). “Podría haber un ataque de secuestro de datos en una oficina electoral”, señala Easterly. “Podría haber un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) en un sitio web y, entonces, no se podrían ver los resultados que se han reportado la noche de las elecciones. Alguien se podría olvidar la llave de un sitio de votación y podría abrir más tarde. Una tormenta podría derribar un cable de electricidad y, entonces, un sitio de votación tendría que reubicarse”.
Lo importante, dice, es que las autoridades electorales han sido capacitadas para manejar todas estas contingencias. “Están preparadas para afrontar las situaciones del momento y resolver cualquier dificultad”, afirma. Easterly y sus contrapartes estatales repiten este mensaje de confianza una y otra vez, entrevista tras entrevista y discurso tras discurso. Tiene la virtud de ser verdad. Verdaderamente hay manuales, procedimientos alternativos y planes de mitigación bien diseñados para todo tipo de dificultades que han visto en una elección, y ninguna de estas dificultades plantean una amenaza genuina a la integridad de la votación.
Easterly, graduada de la universidad militar de West Point que supervisa a 3,400 empleados, se asegura de hablar de las cosas que podrían salir mal porque quiere proteger al electorado contra toda propaganda política que incorpore incidentes menores a la narrativa falsa de que las elecciones son corruptas. El problema es que Easterly y sus aliados se enfrentan a torrentes de desinformación que se propagan más rápido y son incomparablemente más voluminosos que sus fervientes refutaciones. Y las mentiras están pensadas tan bien que avivan la ira y el miedo, mientras que la verdad “suena como algo burocrático, esotérico y demasiado técnico”, indica Easterly.
El período clave para esta desinformación serán los dos meses que se extienden entre el día de las elecciones y el conteo final del voto del Colegio de Electores que se realizará en el Congreso el 6 de enero de 2025. A medida que finalizan sus conteos, las autoridades electorales enviarán los resultados de cada sitio de votación a una oficina central por teléfono, por transmisión electrónica o en un dispositivo de memoria. Entonces, las autoridades electorales combinarán esos números con los totales de las boletas enviadas por correo y comenzarán a publicar los resultados al público. Los medios de comunicación evaluarán los resultados parciales, junto con las encuestas de boca de urna, y pronosticarán quiénes ganan y quiénes pierden en las contiendas y estados principales. Associated Press, que cuenta con un ejército de periodistas apostado en numerosos sitios de votación y oficinas electorales, brindará el conteo no oficial más acreditado.
Pero varios estados muy peleados, como Pensilvania y Wisconsin, no comienzan a procesar las boletas de votación anticipada y por correo hasta después del cierre de los comicios, lo cual ocasiona probables demoras en los resultados. En elecciones muy reñidas, los recuentos obligatorios o el conteo de las boletas provisionales podrían demorar los resultados durante días. “Siempre lleva tiempo, pero, cuanto más ajustados sean los márgenes, más se tarda hasta que los medios de comunicación puedan anunciar ganadores”, señala David Becker, director ejecutivo del Centro para la Investigación e Innovación Electoral, una organización sin fines de lucro que busca cultivar la confianza en las elecciones. “Tendremos que ser pacientes y esperar, porque es más importante que se haga bien a que se haga rápido”.
Las campañas extranjeras de desinformación sobre la confiabilidad de la votación son aún más omnipresentes en 2024 que en varios de los últimos ciclos electorales. Adrian Fontes, secretario de estado de Arizona, apunta que los informes confidenciales de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) lo han convencido de que las operaciones maliciosas de influencia extranjera este año se están acelerando. “Nos hacen odiarnos mutuamente para que, a nivel nacional, nos destrocemos o nos hagamos enemigos entre sí”, afirma.
Una persona con un alto cargo en una agencia federal de inteligencia, que solicitó permanecer en el anonimato, dice que la administración Biden tomó la decisión consciente de ampliar la distribución de boletines del Centro de Influencia Extranjera Maligna, que responde a la ODNI, para ayudar a las autoridades electorales locales y estatales a responder ante amenazas activas. Los gobiernos de Rusia, China e Irán, de acuerdo con una actualización pública de la ODNI, seguramente “cuestionen la validez de los resultados de las elecciones después del cierre de los comicios”. Rusia está haciendo lo posible para ayudar a que Trump salga electo, tal como lo hizo en 2016 y 2020, según la ODNI; e Irán, enfurecido por la decisión de Trump en 2020 de asesinar al general mayor Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del país, ahora apoya a Harris. Según esta persona de alto cargo federal, China no está intentando respaldar a ninguno de los dos candidatos, pero está realizando “grandes esfuerzos para debilitar la confianza en los procesos democráticos de EE. UU. y profundizar las divisiones en nuestra sociedad”.
Más allá de toda esta interferencia extranjera, Fontes, del partido demócrata, ve un problema más grave que surge desde dentro. Como sus contrapartes en todo el país, de los dos partidos, Fontes no menciona ningún nombre. “Lo que creo que es nuestra mayor amenaza”, afirma, “es el hecho de que todavía tenemos funcionarios electos y candidatos que les están mintiendo a nuestros votantes sobre la integridad de nuestras elecciones, que están constantemente propagando estas mentiras estúpidas sobre el fraude, el voto no ciudadano y toda esa otra basura sin fundamentos”. Teme que “esté funcionando, lamentablemente, porque mucha gente termina creyendo esas estupideces”.
Trump se está esforzando por desacreditar las elecciones de noviembre casi tanto como por ganarlas. Esta vez, a diferencia del 2020, tiene un apoyo bien financiado y organizado del Comité Nacional Republicano y de los partidos estatales, grupos de expertos aliados y operaciones de fondos anónimos de financiación. Juntos, están preparando el campo de batalla poselecciones para lanzar una larga campaña en la justicia, las legislaturas estatales y el Congreso con el fin de anular una victoria de Harris. Los voceros de la campaña de Trump no respondieron a las preguntas sobre por qué está intentando debilitar la confianza del público en las elecciones y si tratará de revertir los resultados si gana Harris.
“Estamos frente a una elección sin precedentes”, afirmó Wendy Weiser, vicepresidenta del programa de democracia en el Brennan Center for Justice, donde soy asesor sénior. “Los ataques que estamos viendo contra las elecciones este año son mucho más generalizados, mucho mejor financiados y mucho más grandes que nunca, mucho más sofisticados”.
Lo que le falta a Trump en 2024 son los poderes de un presidente en el poder. No puede enviar fuerzas militares o policiales, como algunos aliados le sugirieron que hiciera la última vez, para confiscar máquinas de votación. No tiene un departamento de justicia que le escriba una carta a la legislatura de un estado que perdió, donde le informe falsamente que el departamento ha “identificado importantes dudas que pueden haber impactado las elecciones” y donde insinúe que deberían respaldar “otra lista de electores que representen a Donald J. Trump”.
Pero, incluso fuera del cargo, Trump está ejerciendo un poder presidencial posiblemente para beneficiar a su campaña, al anunciar a sus partidarios y oponentes lo que va a hacer por ellos, o a ellos, si vuelve a ocupar la presidencia. Con frecuencia, ha prometido indultar a los “prisioneros políticos” condenados por el ataque al Capitolio del 6 de enero, otra de sus indirectas de que la violencia en su nombre será recompensada. En septiembre, en una publicación en la red social Truth Social, advirtió que “CUANDO GANE, esas personas que HICIERON TRAMPA serán procesadas con todo el peso de la ley, lo cual incluirá largas sentencias de prisión”. Entre sus objetivos, mencionó a “autoridades electorales corruptas”, junto con “abogados, operativos políticos, donantes [y] votantes ilegales”. Cuando describió a Harris y sus partidarios como “el enemigo interno”, dijo el 13 de octubre que el enemigo “debería ser fácilmente reducido, si fuera necesario, por la Guardia Nacional o, si fuera realmente necesario, por las fuerzas militares”.
La campaña pública de desinformación de Trump ha sido amplificada en la plataforma de redes sociales X de Elon Musk, un empujón que el expresidente no tenía en 2020. También ha sido reforzada por más de 90 demandas judiciales presentadas por la campaña de Trump, el Comité Nacional Republicano (RNC) y otros partidarios con el objetivo de descalificar a votantes, impedir el conteo de votos o reducir la duración del conteo, entre otros. Estas demandas, que ya superan por mucho la cantidad presentada en el ciclo electoral de 2020, se concentran en los siete estados pendulares que se espera que decidirán la contienda de este año: Pensilvania, Míchigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Georgia.
“Los esfuerzos del presidente Trump en cuanto a la integridad de las elecciones están dedicados a proteger cada voto legítimo, mitigar las amenazas al proceso de votación y garantizar la seguridad de las elecciones”, aseguró la vocera del RNC Claire Zunk en una declaración enviada por correo electrónico. “Mientras que los demócratas siguen sus esfuerzos de interferencia electoral contra el presidente Trump y el pueblo estadounidense, nuestra operación confronta sus planes y se prepara para noviembre”. Como ejemplo de “los ataques contra las salvaguardas electorales” que el RNC disputó ante la justicia, Zunk citó los esfuerzos realizados por el partido demócrata en Georgia para extender el plazo de registro de los votantes en partes del estado que habían sido golpeadas por el huracán Helene.
Muchas de las demandas judiciales pro-Trump no parecen haber sido bien elaboradas para ganar un juicio; son demandas, por ejemplo, para purgar los padrones electorales presentadas después del plazo correspondiente. Algunos de los litigios podrían considerarse intentos de infundirles la autoridad de un procesamiento judicial a alegaciones de fraude mal fundamentadas que se podrían presentar si gana Harris. Varios observadores ven otra estrategia más oscura en las demandas actuales y la preparación de demandas futuras. Si bien el sistema de conteo de votos es resiliente y confiable, debe cumplir con varios plazos inamovibles.
Para el 11 de diciembre, las mayores autoridades electorales estatales, en la mayoría de los casos los gobernadores de los estados, deben certificar los resultados de las elecciones. Los miembros del Colegio Electoral deben votar el 17 de diciembre. Según la Constitución federal, si la elección en algún estado sigue peleada cuando los votos se cuentan en el Congreso el 6 de enero y si ninguno de los dos candidatos gana la mayoría de los electores del Colegio de Electores, la decisión le correspondería a la Cámara de Representantes que se acaba de elegir. Allí ganaría Trump gracias al requisito de la Décima Enmienda de que cada estado debe emitir un solo voto y al probable hecho de que habrá más representantes republicanos que demócratas en la mayoría de las delegaciones estatales.
Georgia ha sido el centro de las maniobras republicanas para demorar o rechazar la certificación de los resultados de la votación si gana Harris. Después de que Raffensperger, el secretario de estado, se negara a modificar el conteo de votos en Georgia en 2020 a favor de Trump, Trump intentó hacer fracasar su intento de reelección. Cuando Raffensperger igual ganó la contienda, la legislatura de mayoría republicana lo removió de la junta estatal de elecciones y nombró a tres negacionistas electorales para formar una nueva mayoría.
Trump elogió a los nuevos integrantes de la junta mencionando sus nombres y describiéndolos como “pitbulls” por la “victoria”. Aprobaron nuevas reglas que, entre otras cosas, les darían a funcionarios locales partidistas el poder de rechazar resultados electorales que creyeran fraudulentos. Un tribunal estatal anuló todas las nuevas reglas el 16 de octubre. La junta también intentó reabrir una investigación cerrada que podría permitirles despedir y reemplazar a las autoridades electorales que supervisan las elecciones en el condado de Fulton, un bastión demócrata que incluye la mayor parte de Atlanta.
Según un alto funcionario estatal, los aliados de Trump en esa junta alentaron a sus contrapartes locales a negarse a certificar los resultados si sospechaban cualquier irregularidad en la ejecución de los comicios. Al bloquear la certificación, dice este funcionario estatal, los aliados de Trump buscaban una forma de impedir la entrega de los 16 votos electorales de Georgia al Congreso, si Harris gana en ese estado. El 14 de octubre, el juez del tribunal superior del condado de Fulton Robert McBurney les puso fin a estos esfuerzos, cuando dictó que las autoridades electorales de los condados no pueden “negarse a certificar o abstenerse de certificar los resultados de las elecciones bajo ninguna circunstancia”.
Enseguida después de ese dictamen, según otra persona del gobierno de Georgia que también prefirió mantener el anonimato, los abogados que representan la campaña de Trump y el partido republicano estatal le pidieron a la oficina de Raffensperger que modificara el formulario de certificación oficial. Uno de los abogados, Alex Kaufman, había estado presente en la conversación telefónica del 2 de enero de 2021, cuando Trump le exigió a Raffensperger “encontrar 11,780 votos” para anular la victoria de Joe Biden en Georgia.
Lo que Kaufman quería en estas elecciones, dijeron los funcionarios, era que la oficina de Raffensperger quitara las palabras “verdadero y correcto” de la descripción del conteo en el formulario de certificación que los miembros de las juntas de elecciones deben firmar. Dijeron que Kaufman también había pedido agregar nuevas líneas para que firmen los integrantes de cada junta que quisieran expresar su disentimiento con la certificación, con un espacio para especificar las jurisdicciones cuyo conteo objetan. “Todo esto busca crear dudas”, dijo el segundo funcionario de Georgia. “Y si lo ves desde esa perspectiva, no necesariamente necesitan que un condado rechace la certificación. Solo necesitan que se registre cierta duda que luego puedan señalar para disputar los resultados”.
Raffensperger, en una entrevista, indica que él tiene la autoridad exclusiva de certificar las elecciones estatales. Y, al final, parecía encantado de que se lo haya removido de la junta de elecciones pro-Trump. “Ya no soy el presidente de ese lío”, dice. “No es mi mono. Es de ellos. Dependerá de ellos arreglarlo, o un tribunal lo hará por ellos”. Los tribunales lo han hecho en otros lados del país. En el condado de Cochise en Arizona, el pasado noviembre se acusó a dos supervisores electorales por haberse negado a certificar una votación de 2022. El 21 de octubre, una de ellas se declaró culpable de no cumplir con su deber como funcionaria electoral.
Un obstáculo importante para Trump, si intenta hacer lo que hizo en 2020 de nombrar a “electores alternativos” en los estados que pierda, es que necesitaría la colaboración activa de un gobernador para anular el voto popular de ese estado. Las reformas a la Ley del Conteo Electoral (Electoral Count Act) les dan a los gobernadores el poder presunto de decidir qué electores representan a su estado. Cinco de los estados más peleados de este año —Pensilvania, Míchigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Arizona— tienen gobernadores demócratas. Las posibilidades de Trump con los dos gobernadores republicanos de los otros estados pendulares no parecen mucho más prometedoras. En Georgia, el gobernador Brian Kemp se negó a cumplir con las exigencias de Trump en 2020 de congregar a legisladores estatales para anular la victoria de Joe Biden. El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, aunque es partidario de Trump, se ha distanciado de los seis electores falsos que ahora enfrentan cargos de delitos mayores después de que, hace cuatro años, intentaran reemplazar a los electores legítimos del estado partidarios de Joe Biden.
Tal como las autoridades electorales de otros estados, Raffensperger describió una larga lista de mejoras que se han hecho en la confiabilidad y seguridad de la votación bajo su cargo: la verificación de la condición de ciudanía, requisitos de identificación con foto, “la lista de votantes más limpia del país”, un nuevo proveedor tecnológico para “auditar el 100 % de las boletas” usando registros en papel legibles por el ojo humano. En cuando a las frecuentes acusaciones de fraude, señala: “Tratamos de interceptarlas antes de que se vuelvan graves problemas. De adelantarnos al problema. Y lo hacemos con datos concretos”.
El espectro del conflicto físico en torno a estas elecciones no puede ignorarse. Las intimidaciones de violencia son una característica frecuente de la retórica de Trump, y muchos de sus partidarios pueden estar tan enojados como para reaccionar. Robert Pape, académico de la Universidad de Chicago que estudia desde hace años la violencia política, informó que el 6 % de las personas que respondieron a una encuesta realizada en septiembre estuvo de acuerdo en que el “uso de la fuerza está justificada para restaurar a Donald Trump a la presidencia”. Cabe aclarar, que según Pape, otro 8 % concuerda en que “el uso de la fuerza está justificada para impedir que Donald Trump llegue a la presidencia”.
De hecho, dos asesinos potenciales atentaron contra la vida de Trump dos veces este verano. Si bien no ha surgido ningún motivo partidista para ninguno de los dos atentados, Trump y sus aliados culpan los intentos de asesinato a las acusaciones de Biden y Harris de que él es una “amenaza a la democracia”. Pero el lenguaje político de Trump, según Pape y otros científicos políticos, es cualitativamente diferente al de los demócratas. Ha llamado a sus oponentes políticos “indeseables” y “una escoria humana”, ha pronosticado un “baño de sangre” si no gana las elecciones, ha insinuado que se justificaría ejecutar al expresidente del Estado Mayor Conjunto de los EE. UU. y ha prodigado halagos a partidarios violentos que atacaron a la policía en el Capitolio. Pape describió a las personas participantes de la encuesta que dicen apoyar el uso de la violencia como leña seca en espera de una chispa. “Son generalmente líderes de un lado de la división partidista estadounidense”, agrega, “que están encendiendo fósforos retóricos”.
El personal y las autoridades electorales son los que más reciben los actos de intimidación, la divulgación malintencionada de su información personal en las redes y agresiones. En septiembre, el fiscal general Merrick Garland describió un “aumento de amenazas sin precedentes” en contra de estos funcionarios. Un estudio reciente del Brennan Center for Justice demostró que el 38 % informa haber recibido amenazas, acosos, y ataques por su trabajo, y que el 54 % está preocupado por la seguridad de sus colegas y su personal.
Una funcionaria electoral estatal, al explicar su insistencia en permanecer en el anonimato, afirma: “No puedo recalcarlo lo suficiente. Odio ser citada porque, cada vez que se publica mi nombre, recibo amenazas de muerte muy feas. Porque soy mujer, tienden a ser un poco más gráficas que las amenazas de muerte que recibe [su jefe], y es perturbador”. Cuando se le pide que dé un ejemplo, responde: “Siempre mencionan una violación. Siempre hay una violación”.
El secretario del condado de Maricopa, Stephen Richer, ha estado en el centro más candente de la defensa de Arizona contra el negacionismo electoral desde 2020 y dice que ve cómo este movimiento está ganando impulso de nuevo. “Hubo algunos momentos bastante oscuros”, recuerda, cuando tuvo que dejar de atender su teléfono durante todo el día y hacer “un trabajo pesado” para despejar la mente. Richer expresa sus emociones encontradas de cansancio y orgullo perverso de tener el récord estatal, hasta donde sabe, por la mayor cantidad de amenazas recibidas que terminaron en cargos penales (el número es cinco). Los acusados provienen de California, Missouri, Virginia, Alabama y, más recientemente, Texas. Uno de los hombres que lo llamó, cuenta Richer, lo amenazó con matarlo a él y a sus hijos por haberle robado las elecciones a Trump y le dijo: “Ni sus hijos se salvan”. (Richer no tiene hijos). Richer recuerda que también le dijo: “Tengo tantas ganas de tirar a ese judío en un horno que ya puedo saborearlo”.
Richer no sabe qué tan bien está funcionando la respuesta del sistema judicial a este tipo de amenazas. “Alguien te deja un mensaje de voz grotesco en tu teléfono celular personal”, cuenta. “Tú lo denuncias. Y entonces ¿cuál es tu recompensa? Tienes que empezar a prepararte para el juicio. Tienes que responder a las citaciones. Tienes que volar hasta Missouri a comienzos de diciembre para que, no sé, te interroguen durante el juicio y tienes que enfrentarte al idiota que te dijo todo eso”. Los republicanos pro-MAGA pusieron a un candidato opositor a Richer y lograron quitarle el puesto en las elecciones primarias del verano pasado. Estas elecciones presidenciales serán las últimas para las que se presenta y dice que no extrañará el estrés de hacerlo una próxima. “Estoy agotado”, concluye.
Otros veteranos de las guerras de desinformación sobre las elecciones están aguantando hasta el final. El secretario de estado de Pensilvania, Al Schmidt, otro republicano como Richer, se convirtió en el objetivo de los ataques persistentes y personales de Trump, cuando supervisó las elecciones de 2020 en Filadelfia. En ese momento, le pareció escandaloso. Ahora ya se acostumbró. “Hay una gran diferencia entre este ciclo electoral y el de 2020”, aclara. “En 2020, todas estas cosas feas eran nuevas. Las autoridades electorales nunca se habían descrito como “combatientes”. Creo que una ventaja desafortunada en este ciclo electoral es que la gente, las autoridades electorales están totalmente conscientes del nivel de vigilancia y probabilidades de acusaciones descabelladas que pueden recibir”.
Schmidt agrega: “Creo que todas las personas que conozco y he conocido no van a dejar que nada de todo esto se [entrometa] en su trabajo”. Pero admite que no es totalmente verdad. “Desde 2020, Pensilvania ha perdido a más de 80 autoridades electorales sénior. Y tenemos solo 67 condados”, añade.
Ni la violencia ni su amenaza seguramente tenga un impacto considerable sobre el conteo de votos. Desde 2020, las autoridades electorales estatales y locales han tomado medidas exhaustivas para incorporar más capas de seguridad. En el condado de Maricopa, el centro de cómputos ahora está rodeado por un muro resistente, custodiado por equipos de fuerzas policiales y vigilado por drones. En el condado de Durham, Carolina del Norte, el director de elecciones Derek L. Bowens señala: “También activamos nuestro centro de respuesta a emergencias el día de las elecciones y tenemos patrullas que vigilan los sitios de votación”. El personal de todas las jurisdicciones llevará una “insignia de alerta” que solicita ayuda con tan solo apretar un botón. La policía en los 50 estados llevará guías de bolsillo sobre las leyes electorales, y grupos del orden público como la Asociación Nacional de Sheriffs están colaborando con las autoridades electorales para elaborar planes de contingencia.
La justicia ya ha tomado medidas agresivas como parte de un intento de desalentar a la violencia. Más de la mitad de los 700 casos de amenazas, presentados por el Departamento de Justicia federal en los últimos dos años, han sido en contra de funcionarios públicos estatales y federales, jueces, fiscales, oficiales de policía y trabajadores electorales, según las declaraciones públicas de la vicefiscal general Lisa Monaco. Las fuerzas del orden público esperan que otro elemento efectivo de disuasión sean las condenas de más de las 1,000 personas por su rol en los disturbios en el Capitolio. Uno de ellos recibió una sentencia de más de 20 años de prisión.
Trump podría ganar estas elecciones holgadamente. Pero, si eso no pasara y si tiene alguna otra vía para regresar al poder en contra de la voluntad del pueblo, esta sería a través de una decisión improbable del Congreso o de la Corte Suprema de ignorar los resultados de uno o más estados que gane Harris. Si esos votos electorales no se cuentan y ninguno de los dos candidatos llega a los 270, los aliados de Trump podrían exigir que se lleve a cabo lo que se conoce como una “elección contingente” decidida por la Cámara de Representantes que se acaba de elegir. O bien, si el partido republicano gana tanto la Cámara de Representantes como el Senado, podrían intentar certificar una victoria de Trump con menos de 270 votos del Colegio Electoral, siempre y cuando él cuente con la mayoría de los votos del Colegio Electoral que no se hubieran descalificado.
Pero estas situaciones hipotéticas, al igual que otras parecidas, son remotas. De una forma u otra, todas las personas administradoras de elecciones con las que hablé concuerdan en lo mismo: se verificará a cada votante y el electorado emitirá su voto. Las boletas emitidas serán contadas y auditadas mediante registros en papel. El escrutinio será certificado, aun cuando alguna junta de elecciones partidista intente resistirse. El voto popular en cada estado dictará la asignación de los electores del Colegio de Electores. El Congreso certificará el voto de los electores con las nuevas reglas claras establecidas por las reformas legislativas promulgadas en 2022. Y nada impedirá el único resultado que nuestra democracia constitucional permite: quien gane las elecciones prestará juramento como el presidente o la presidenta número 47 el día 20 de enero de 2025.
Mientras tanto, continuarán sin cesar los ataques a la verdad en el esfuerzo incansable de Trump —junto con los de potencias extranjeras hostiles— de sembrar el caos en nuestro sistema electoral y debilitar la confianza en los resultados. “Sabemos que es una campaña psicológica”, afirma Fontes, el secretario de estado de Arizona. “Lo sabemos desde 2016. Es una erosión intencional de la fuerza que mantiene unida a la sociedad de los Estados Unidos de América”.
Easterly, cuyo predecesor en la CISA fue despedido por Trump por haber dicho que las elecciones de 2020 fueron seguras y precisas, señala: “Es increíblemente irresponsable que cualquiera en una posición de poder cuestione la seguridad, integridad o confiabilidad de nuestras elecciones. Realmente están actuando como si fueran los instrumentos de nuestros enemigos extranjeros”. La única solución que ve es que todos nos “unamos como estadounidenses y resistamos a estos adversarios extranjeros malignos que muy claramente quieren debilitar a nuestra nación”, afirma. “Depende de todos nosotros impedírselo”.
Después de todo, la democracia le da más de un poder al pueblo. No solo votamos, sino que también ejercemos nuestro juicio cuando nos enfrentamos a las mentiras de una operación psicológica. No tenemos que tragarnos esas mentiras.
—Con la colaboración periodística de Leslie Dickstein y Simmone Shah
Traducción de Ana Lis Salotti.
