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Los estados implementan múltiples controles para asegurarse de que solo las personas ciudadanas elegibles pueden votar. Pero, en los últimos años, algunos políticos y otras figuras han intentado sembrar el miedo de que no sea así.
El movimiento de los negacionistas electorales está sentando las bases para disputar los resultados de las elecciones si sus candidatos de preferencia no ganan. Y sus alegaciones falsas se han utilizado como pretexto para purgar importantes cantidades de votantes de los padrones electorales, y promulgar leyes electorales restrictivas que amenazan con privarles el derecho al voto a numerosas personas votantes no blancas, de bajos ingresos y de otros grupos.
Este recurso identifica a las personas y organizaciones que difunden estas teorías conspirativas y desmiente sus alegaciones incorrectas.
Quiénes: Algunas autoridades públicas estatales de Alabama, Ohio, Tennessee, Texas y Virginia
Qué: Algunos funcionarios de cada uno de estos estados han afirmado recientemente que eliminaron a miles de posibles personas no ciudadanas de sus padrones electorales, lo cual avivó el temor al voto no ciudadano. El secretario de estado de Ohio, Frank LaRose, les ordenó a las juntas electorales locales eliminar 136 registros de personas no ciudadanas de los padrones electorales del estado en mayo de 2024, y otros 499 en agosto.
El pasado mes de junio, las autoridades electorales de Tennessee enviaron cartas a más de 14,000 votantes registrados, identificados mediante los registros del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), en las que los amenazaban con procesarlos penalmente si votaban siendo no ciudadanos.
En agosto, el gobernador Glenn Youngkin de Virginia afirmó haber eliminado a 6,300 votantes entre 2022 y 2024, y el secretario de estado de Alabama, Wes Allen, les ordenó a todas las juntas electorales locales purgar a más de 3,000 votantes, a quienes se les había emitido una identificación de no ciudadanos en algún momento en el pasado. Ese mismo mes, el gobernador Greg Abbott, de Texas, anunció la eliminación de 6,500 personas no ciudadanas de los padrones electorales en los últimos tres años.
Resultado: Los grupos de defensa de derechos enseguida señalaron que estos anuncios tenían muy pocos detalles y eran engañosos. Y si bien las autoridades electorales no han divulgado los procedimientos específicos que usan para detectar a posibles votantes no ciudadanos, otros intentos de hacer lo mismo en el pasado estuvieron plagados de errores.
Eso parece haber pasado también en este caso. En Tennessee, miles de votantes que recibieron estas cartas ya han brindado pruebas de su ciudadanía, y el estado abandonó sus planes de purgar a los destinatarios. Se han informado casos de personas ciudadanas elegibles que fueron purgadas y otras fueron notificadas en Alabama y Ohio. Nada de esto es una sorpresa.
En su comunicado de prensa, en el que anunciaba la purga en Alabama, el secretario de estado Allen admitió que era posible que las personas detectadas en las purgas podrían haberse naturalizado después de que se les hubieran emitido sus identificaciones. El gobierno de Virginia ya reconoció que los sistemas que utilizan pueden detectar por accidente a personas ciudadanas como posibles no ciudadanas, y que envían notificaciones de cancelación sin confirmar la condición de ciudadanía.
En 2019, un tribunal federal le prohibió al entonces secretario de estado interino de Texas, David Whitley, purgar a casi 100,000 votantes, de los cuales decenas de miles eran en realidad ciudadanos naturalizados. El tribunal clasificó los esfuerzos de Whitley como “una solución en busca del problema… [que] ejemplifica el poder del gobierno de generar miedo y ansiedad e intimidar a las personas con menos poder”.
Según el acuerdo financiero con el que se cerró el caso, Texas solo puede identificar a votantes que se registraron antes para votar y que hace poco presentaron la documentación que indicaba su condición de no ciudadano. Sin embargo, no hay ningún indicio de que las autoridades electorales de Texas hayan seguido este proceso antes de la última purga de Abbott. Al final, Whitley renunció a su cargo en deshonra, apenas unos minutos después de que la legislatura de Texas no lo hubiera confirmado como secretario de estado.
Quién: Rudolph Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York y luego abogado de Donald Trump
Qué: En noviembre y diciembre de 2020, Giuliani afirmó falsamente que una enorme cantidad de personas no ciudadanas votaron en las elecciones de 2020 en Arizona cuando dijo que “como mínimo son 40 o 50,000, y la realidad es probablemente de unos 250,000”.
Resultado: Giuliani quedó inhabilitado para ejercer la abogacía en Nueva York por haber violado las reglas estatales de conducta profesional de los abogados, específicamente por realizar, a sabiendas, afirmaciones falsas o deshonestas y “mostrar una conducta de deshonestidad, fraude, engaño o mentiras…”. Durante su audiencia disciplinaria, el árbitro nombrado por la justicia halló que “las alegaciones [de Giuliani] de que participaron votantes ilegales en las elecciones en Arizona eran, a primera vista, falsas y deshonestas” y confirmó que no había ninguna prueba para respaldar sus afirmaciones.
Giuliani también enfrenta nueve cargos de delitos mayores en la causa sobre electores falsos de Arizona, que surgió del esfuerzo a nivel nacional por parte de Trump y sus aliados de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Quiénes: James Agresti (propietario del sitio web JustFacts.com), Heartland Institute, la organización True the Vote, Elon Musk (propietario de X), el expresidente Trump y diversos influencers
Qué: Agresti aseveró que entre el 10 y el 27 por ciento de las personas no ciudadanas de los Estados Unidos está registrado ilegalmente para votar. Otras personas se hicieron eco de la declaración de Agresti como si fuera un “nuevo estudio”.
Resultado: En un blog publicado en noviembre de 2020, Agresti reiteró un estudio ampliamente desacreditado, realizado en 2014 por Jesse Richman, profesor de la Old Dominion University. Al año siguiente al que se publicó el estudio de Richman, un artículo de la misma revista refutó categóricamente sus conclusiones. Uno de los autores del estudio que criticaba al trabajo de Richman dijo sobre la investigación refutada: “Como miembro del equipo que produce los datos en los que se basó ese estudio […], puedo decir, sin lugar a dudas, que esa investigación no solo es incorrecta, sino también un ejemplo irresponsable de las ciencias sociales y nunca debería haberse publicado siquiera”.
El Instituto Cato, de tendencia conservadora, describió al análisis de Agresti como un ejemplo del “mal uso, mal diseño y mala interpretación de las encuestas”. De acuerdo con Snopes.com, incluso Richman ya no puede defender las cifras del estudio original sobre la participación de las personas no ciudadanas en las elecciones (aunque esto no impidió a Trump, en ese momento candidato a presidente, citar el estudio de Richman en octubre de 2016 como prueba de que votaban enormes cantidades de personas no ciudadanas). En 2017, más de 200 estadísticos y científicos políticos firmaron una carta abierta donde afirmaban que “la comunidad académica de las ciencias políticas, en su mayoría, ha rechazado los hallazgos del estudio de Richman”.
Quién: La Fundación Heritage
Qué: La base de datos de esta fundación derechista sobre casos de fraude electoral se propone “demostrar las vulnerabilidades que tiene el sistema electoral y las muchas formas en que se comete fraude”. Este año, Heritage publicó unos videos de siete personas, presuntamente no ciudadanas, en Georgia que admitían haberse registrado para votar, y afirmó que esos videos demostraban que más de 47,000 personas no ciudadanas estaban registradas para votar.
Resultado: Las verdaderas cifras de la base de datos señalan todo lo contrario, ya que solo encontraron 24 votos emitidos por personas no ciudadanas durante un período de casi 50 años. Más allá del cálculo absurdo que se utilizó para extrapolar la afirmación de que decenas de miles de personas violaron las leyes penales estatales y federales a partir de tan solo siete interacciones individuales, los videos de Heritage fueron grabados en secreto y bajo pretextos falsos; además, una investigación posterior, efectuada por la Secretaría de Estado de Georgia, reveló que no había pruebas de que ninguna de las personas mostradas en los videos se hubiera registrado para votar.
Al menos, una mujer de los videos dijo que usó un nombre falso y les mintió para sacarse de encima a las personas que habían golpeado a su puerta diciendo que querían registrarla para votar. Estos intentos desesperados por fabricar pruebas repiten las tácticas que ya utilizaron otras organizaciones como el Proyecto Veritas y la fundación Public Interest Legal Foundation, las cuales sufrieron consecuencias judiciales por haber utilizado estos métodos.
Traducción de Ana Lis Salotti.
