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Nos acercamos a toda marcha al día de las elecciones, cuando 160 millones de personas elegiremos a nuestros líderes, cada uno con un voto igualitario. Que este sistema funcione, elección tras elección, es un milagro moderno.
Por eso, nunca deberíamos dejar de indignarnos por la forma en que la democracia es atacada cínicamente por actores partidistas, armados nada más que con falsos rumores. Pero debe alentarnos el hecho de que ahora resulta cada vez más evidente que, a pesar de los clamores, en 2024 el electorado podrá votar en unas elecciones que serán libres y justas.
Dos tendencias han tomado gran importancia últimamente.
Una es esta: los negacionistas electorales han intensificado sus esfuerzos. En 2020, estaban desorganizados e improvisaban. Ahora, sus esfuerzos están bien financiados, son estratégicos y tienen objetivos claros. Han presentado docenas de demandas antivoto, muchas más que en elecciones pasadas. Algunos buscan inundar a las autoridades electorales de trabajo fraudulento. Otros son apenas más que comunicados de prensa con lenguaje judicial que intentan sembrar dudas sobre el sistema.
Hay una de esas demandas que probablemente vuelva para golpearles como búmeran: en Pensilvania, seis congresistas republicanos disputaron los procedimientos que utiliza el estado para administrar los votos emitidos por personas ciudadanas estadounidenses que viven en el exterior. Estas personas votantes —casi 3 millones en total— tienen protecciones especiales provistas por la ley federal desde, por lo menos, la década de 1940. Este sistema está en vigor desde que el presidente Ronald Reagan lo promulgó como ley.
Este juicio busca privarles de su derecho al voto a miles de militares en servicio activo, muchos de los cuales están desplegados en zonas peligrosas.
Estas personas tienen el derecho a votar, y es un acto antipatriótico impedirles ejercer su derecho. El viernes pasado, el Brennan Center presentó un escrito de amicus curiae (amigos de la corte) en representación de las organizaciones Blue Star Families, U.S. Vote Foundation, American Citizens Abroad, Association of Americans Resident Overseas y Federation of American Women’s Clubs Overseas, y de siete personas de Pensilvania que viven en el exterior y quieren que sus votos se cuenten en las próximas elecciones.
“Estas leyes se han estado aplicando desde hace mucho tiempo”, señaló Susan Dzieduszycka-Suinat de la fundación U.S. Vote Foundation. “Es un poco ridículo pensar que pueden cambiarlas unas semanas antes de las elecciones. Aquí hay una intención obvia de querer privarles de su derecho al voto a estos votantes e ignorar sus votos por completo”.
Lo cual trae a colación la otra gran tendencia: este año, el sistema electoral es más fuerte que antes e incluso más capaz de resistir los intentos de menoscabar la votación. Ya en 2020 y a pesar de la pandemia, tuvimos la mayor participación en las elecciones desde 1900, y hasta el Departamento de Seguridad Nacional, bajo el mismísimo Donald Trump, confirmó que habían sido las elecciones más seguras de la historia. Desde entonces, el sistema se ha vuelto aún más fuerte.
Este es un excelente ejemplo ilustrativo: el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Conteo Electoral (Electoral Count Reform Act). El 98 por ciento de los votantes utiliza boletas de papel, que se pueden utilizar para el recuento de votos. Las fuerzas del orden público han intervenido y ahora trabajan junto con las autoridades electorales en el Comité para Elecciones Seguras y Sin Riesgos formado por el Brennan Center y otros grupos. El Departamento de Justicia ha disputado prácticas como los intentos de eliminar a los votantes legítimos de los padrones electorales en Virginia.
Y los tribunales de justicia han comenzado a aplastar los esfuerzos más descarados de manipular las reglas electorales. ¿Se acuerdan de esa junta electoral estatal de Georgia dominada por los integrantes de la corriente MAGA que Trump ovacionó en un acto político en agosto como “pitbulls” que luchaban para lograr la “victoria”? La junta comenzó a publicar edictos cada vez más trastornados, como la orden de que las autoridades electorales locales debían contar las boletas a mano. Ahora, un tribunal en Georgia anuló esas medidas. (Desde entonces, este dictamen se encuentra en un proceso de apelación).
Muchísimas de esas tentativas de subvertir las elecciones son completamente ilegítimas. Y lo mismo las amenazas de negarse a certificar los resultados de las elecciones: las autoridades electorales no tienen opción. Eso dice la ley, en todo el país.
Todo esto significa lo siguiente: el pueblo puede votar en las elecciones de 2024 con total confianza. A pesar del ruido, las mentiras y el melodrama, la votación seguramente se desarrollará sin complicaciones para la enorme mayoría de los estadounidenses.
Pero, aun cuando aumenta nuestra confianza sobre lo que ocurrirá el día de las elecciones, resulta cada vez más evidente que hay actores partidistas planeando interferir con el conteo y debilitar la confianza después de que finalice la votación.
Este es el propósito fundamental de la mentira que se está difundiendo de que votan grandes cantidades de personas no ciudadanas. Pero no detendrá las elecciones ni podrá ser un motivo verosímil para presentar disputas judiciales legítimas (del tipo que se inician después de muchas elecciones y que la justicia es capaz de determinar).
Estas teorías conspirativas no se están propagando para ganar en el tribunal de la justicia. Se están impulsando para influir en el tribunal de la opinión pública. Es difícil imaginar cómo esto podría traducirse en la anulación de un resultado legítimo, pero tenemos toda la razón en pensar que, si el electorado rechaza a sus candidatos, los negacionistas electorales lo intentarán.
Y el reciente dictamen de la Corte Suprema que le otorgó amplia inmunidad a presidentes que violan la ley no generan mucha confianza de que los actuales magistrados sean capaces de resistir las acciones de los actores partidistas, si surgiera la oportunidad.
Pero lo más importante es esto: vayan a votar con confianza. Y sepan que nos toca a todos nosotros proteger la democracia que tanto queremos, una lucha definitoria que seguiremos librando por años.
Traducción de Ana Lis Salotti.
