- La Administración Trump está atacando nuestro sistema electoral, realizando recortes potencialmente peligrosos a las protecciones que ayudan a mantener elecciones libres, justas y seguras.
- El plan también promueve ataques a las instituciones públicas y privadas como los grupos de trabajo e investigadores universitarios que estudian las mentiras electorales e intentan comunicar información electoral verídica al público.
Este artículo se publicó originalmente en Slate.
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En su cruzada contra las agencias federales, la Administración Trump está atacando nuestro sistema electoral, realizando recortes potencialmente peligrosos a las protecciones que ayudan a mantener elecciones libres, justas y seguras. El viernes, el director en función de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés) envió un memorándum a todo el personal de la agencia notificándoles que “todas las actividades relacionadas con la seguridad electoral” serían suspendidas hasta que se conozcan los resultados de una investigación interna.
La misiva también precisó que la Administración estaba recortando todos los fondos del Centro de Análisis e Intercambio de Información sobre Infraestructura Electoral (EI-SAC, por sus siglas en inglés) —una organización financiada por el Departamento de Seguridad Nacional que ayuda a los funcionarios locales y estatales a monitorear, analizar y responder a ciberataques contra el hardware y software electoral de la nación.
El trabajo de CISA y el EI-SAC ha sido fundamental para la seguridad electoral en Estados Unidos durante gran parte de la última década, brindándole a los funcionarios electorales locales y estales herramientas y asistencia esenciales para defender los sistemas electorales de las amenazas cibernéticas y físicas. Estas medidas y otros golpes recientes a las salvaguardas federales electorales se vaticinaron en el Proyecto 2025. Entender este plan nos ayudará a estar preparados para reaccionar cuando se produzcan nuevos ataques.
Los cambios en CISA empezaron poco después de que Kristi Noem se juramentara como secretaria de Seguridad Nacional, departamento que supervisa la agencia. Además de la suspensión anunciada de las actividades de seguridad electoral y la eliminación de fondos para el EI-ISAC, la agencia también puso en licencia administrativa a personal crítico de seguridad electoral y los señaló como candidatos a un posible despido. Este personal incluye a asesores regionales en seguridad electoral de la CISA, quienes son ex oficiales electorales estatales y locales que proveen apoyo directo en temas de seguridad a trabajadores electorales en primera línea.
También incluye a miembros del equipo de Resiliencia Electoral de la agencia, quienes, según reportes, están en la mira debido a su participación previa en iniciativas de la agencia para comunicar información verídica sobre la seguridad electoral a los funcionarios electorales y el público general.
Aunque funcionarios electorales locales y estatales de ambos partidos han elogiado a CISA por proveer este apoyo, el presidente Donald Trump y varios otros conservadores han criticado a la agencia desde que Christopher Krebs, el primer designado de Trump para liderar CISA, promovió información precisa sobre las elecciones de 2020, incluida la afirmación de que las elecciones fueron seguras. (El presidente continúa afirmando falsamente que las elecciones del 2020 fueron fraudulentas).
Según reportes, los líderes del Departamento de Seguridad Nacional decidirán el futuro de las iniciativas de seguridad electoral de CISA cuando se finalice la investigación el 6 de marzo. Sin embargo, dados los ataques del presidente al trabajo de CISA, no es difícil imaginar que la administración va a eliminar permanentemente el papel de la agencia en cuanto a seguridad electoral, como se recomendó en el Proyecto 2025.
Incluso si CISA nominalmente continúa ofreciendo apoyo limitado en materia de seguridad electoral, recortar su personal y no darle prioridad a su trabajo puede significar que alrededor de 10,000 funcionarios electorales locales sobre el terreno sientan muy poco los beneficios del grupo.
Los ataques de la nueva Administración contra la asistencia federal en materia de seguridad electoral se extienden más allá de CISA o el EI-ISAC. Casi de inmediato, después de ser juramentada como fiscal general, Pam Bondi desmanteló el Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera del FBI —otro objetivo del Proyecto 2025. El grupo de trabajo se estableció durante el primer mandato de Trump, luego de que agentes rusos intentaran interferir en las elecciones de 2016 al hackear emails de campaña, influir sobre la opinión pública por medio de las redes sociales y buscar puntos débiles de ciberseguridad en los sistemas de registro de votantes.
La interferencia de Rusia y otros países continúa representando una amenaza a las elecciones estadounidenses. En 2024, se enviaron amenazas de bombas que aparentaban venir de direcciones de email con dominios de servidor ruso a diferentes lugares de votación, circularon videos vinculados a Rusia que mostraban falsamente a funcionarios electorales destruyendo boletas electorales y hackers con nexos a Irán lograron obtener y trataron de filtrar documentos de la campaña de Trump. Ahora, esta línea clave de defensa en contra de estos ataques ha desaparecido.
La Administración Trump también arremetió, a inicios de mes, contra la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés), una agencia bipartidista que regula la financiación de las campañas federales. El Proyecto 2025 abogó por debilitar a la FEC, argumentando que esta agencia independiente debería reducir su control sobre los gastos en política.
En una movida sin precedentes, Trump intentó despedir al presidente de la comisión. Esta acción se produjo justo cuando la FEC se alistaba para resolver las denuncias sobre la financiación de las campañas en las elecciones de 2024, muchas de las cuales involucran las contribuciones y gastos del multimillonario Elon Musk en favor de la campaña de Trump.
Cada una de estas maniobras debilita las salvaguardas que han mantenido seguras y justas las elecciones en Estados Unidos. Y una vez más, esto podría ser solo el comienzo, dado que el Proyecto 2025 incluye otras recomendaciones relacionadas con el sistema electoral.
El plan también promueve ataques a las instituciones públicas y privadas como los grupos de trabajo e investigadores universitarios que estudian las mentiras electorales e intentan comunicar información electoral verídica al público. El Proyecto 2025 incluso sugiere instrumentalizar las leyes en derechos civiles para perseguir a funcionarios electorales, grupos de registro de votantes y políticas públicas no partidistas que facilitan la participación electoral.
Afortunadamente, la resistencia en contra de, por lo menos, algunos de estos esfuerzos ya tiene un modelo basado en la oposición a ordenes ejecutivas dirigidas a otras funciones del gobierno. Docenas de demandas ya se han presentado en respuesta a las órdenes ejecutivas de Trump. Campañas de presión pública también parecen haber tenido algo de éxito, ya que líderes de la Administración Trump han revertido el curso de decisiones en política pública como el congelamiento del financiamiento federal.
Cualquier esfuerzo de la Administración Trump para utilizar el Departamento de Justicia o la Comisión Federal de Comunicaciones —como se planteó en el Proyecto 2025— para prevenir que el pueblo estadounidense vote, o que ejerza su derecho a contar la verdad sobre nuestras elecciones, protegido en la Primera Enmienda, también puede ser defendido en los tribunales y en la opinión pública.
Pero incluso si estas batallas logran revertir algunos de los peores abusos, está claro que el gobierno federal, en el mejor de los casos, desempeñará un papel mucho menor en la protección de las elecciones. Eso significa que los gobiernos estatales y locales deberán asumir un mayor liderazgo para garantizar la seguridad de nuestras elecciones en 2026 y 2028.
Los legisladores, gobernadores y otros funcionarios públicos, junto con la sociedad civil, deben llenar el vacío dejado por el gobierno federal y proveer apoyo, recursos y protecciones para asegurar la infraestructura electoral local y defender el derecho al voto.
Traducción de Laura Gómez
