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Una caricatura clásica de Thomas Nast, del siglo XIX, muestra al político de Nueva York, William “Boss” Tweed, apoyado en una urna electoral con la cita: “Siempre que cuente los votos, ¿qué van a hacer ustedes al respecto? ¿Qué dicen?”. Por su parte, Joseph Stalin una vez afirmó: “Considero totalmente irrelevante quién en el partido votará o cómo; pero lo que es extraordinariamente importante es esto: quién contará los votos y cómo”.
Un conteo deshonesto de los votos es el sello característico del fracaso de una democracia. Una de las cosas que nuestro país ha hecho bien a lo largo de sus siglos de desarrollo es el conteo de los votos. Durante el siglo XX, el conteo de los votos se convirtió en una parte no controvertida de las elecciones. No hay una sola elección nacional, ni siquiera hay 50 elecciones administradas por los estados; sino que hay cientos de elecciones administradas por los condados. Se implementan múltiples protecciones para garantizar que las elecciones sean transparentes: libres, justas y sin fraude. Todo depende de la confianza, y de que las autoridades electorales imparciales hagan su trabajo.
Uno de esos pasos es de los menos controvertidos: la certificación de los resultados. Es, para usar el término técnico, un paso “procedimental”. Se supone que no es una cuestión de juicio u opinión. Dos más dos es igual a cuatro.
Pero, desde 2020, en medio de su frenesí por anular la voluntad del electorado, los negacionistas electorales han intentado obstaculizar este proceso. Ese año, Donald Trump presionó a algunos integrantes de la junta del condado de Detroit para que rechazaran los votos de su propio electorado. En 2022, algunas autoridades electorales del condado de Cochise, Arizona, rompieron con la tradición y votaron en contra de la certificación de los resultados de las elecciones, guiadas por una vaga preocupación sobre las máquinas de votación. Al final, un tribunal les ordenó certificar las elecciones y, con ello, se puso fin a su pequeña rebelión.
Este año, en todo el país, algunas autoridades electorales locales reacias están amenazando, cada vez más, con negarse a certificar los resultados, sin tener ninguna prueba de irregularidad, pero alentadas por una horda de negacionistas electorales en internet.
La junta electoral estatal de Georgia ahora tiene una nueva mayoría de fervientes partidarios de Donald Trump. Trump los ovacionó llamándolos “pitbulls” durante uno de sus actos políticos. Las autoridades electorales estatales ordenaron a las juntas de los condados que se abstengan de certificar, a menos que lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Y más recientemente, les ordenaron a las autoridades electorales locales que cuenten el número de boletas a mano. El secretario de estado republicano Brad Raffensperger advirtió: “De lo que están hablando es de abrir a la fuerza las urnas electorales”.
¿Pueden realmente las autoridades electorales negarse a certificar una elección? Hace poco, el Brennan Center for Justice publicó un par de recursos que responden a esta pregunta en profundidad. El primero es una serie de guías específicas de varios estados que detallan las protecciones legales para la certificación de elecciones en cada uno de los estados pendulares y el proceso para garantizar que las autoridades electorales cumplan con su deber. La ley es clara: la certificación no es un acto discrecional. Las autoridades electorales están obligadas por ley a hacerlo.
En el segundo, mi colega Derek Tisler explica en detalle los controles, verificaciones y comprobaciones que se realizan mucho antes de la certificación de las elecciones. Por eso, la certificación es un paso obligatorio. Si hay dudas sobre la precisión del conteo o la validez de los votos, hay muchas oportunidades para detectar esos problemas antes de llegar a la certificación. Negarse a certificar una elección es un acto de petulancia partidista —la última rabieta del mal perdedor—, no la posición heroica de un objetor de conciencia.
Traducción de Ana Lis Salotti.
