Tal como lo está demostrando la investigación del Congreso, el intento de subvertir nuestra democracia no comenzó el 6 de enero. Ni tampoco terminó ese día.
Arizona votó a Joe Biden en las elecciones de 2020. Sin embargo, el año pasado, en un intento por sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones y sobre el sistema electoral en general, algunos republicanos pro-Trump del Senado de Arizona anunciaron que iban a autorizar una “auditoría” de las elecciones en el condado de Maricopa, donde Biden ganó por más 45,000 votos. La legislatura contrató para esa auditoría a una firma de consultoría de seguridad ubicada en Florida llamada Cyber Ninjas (aunque parezca increíble, no es un seudónimo).
Cyber Ninjas no tenía experiencia en auditorías electorales. Pero el CEO de la empresa, Doug Logan, divulgaba desinformación sobre las elecciones en las redes sociales y tenía vínculos con varias personas prominentes que favorecían a Trump y popularizaban teorías conspirativas.
La “auditoría” de Cyber Ninjas fue una ridiculez desde el comienzo (y ni siquiera las comillas pueden expresar lo poco que este proceso se pareció a una auditoría legítima). Se revisaron boletas en búsqueda de alguna prueba que demostrara la presencia de fibras de bambú. ¡Ajá! Ello probaría que las boletas realmente fueron fabricadas en China, país que debe de estar manipulando las elecciones en secreto, seguramente con la ayuda de la inteligencia italiana y de Hugo Chávez. (Por supuesto que no se encontraron fibras de bambú).
Cyber Ninjas se esforzó para mantener sus procedimientos en secreto. Intentó impedir que algunos expertos en seguridad electoral fueran testigos del proceso. Los documentos electorales no se protegieron como correspondía. No se cerraron las puertas con llave y cualquier persona externa podía entrar. Los auditores ni siquiera tenían bolígrafos del color correcto: tenían bolígrafos negros y azules, que las máquinas tabuladoras puedan leer y así anular una boleta; por lo tanto, nunca deben utilizarse cuando se realiza una auditoría electoral. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos en que Cyber Ninjas demostró su incompetencia. Su auditoría costó millones de dólares.
En septiembre de 2021, después de prolongar el circo de la auditoría durante meses, Cyber Ninjas publicó su conclusión. ¿Y saben cuál fue? Que Biden ganó por más votos que los que se contaron originalmente.
Pero el resultado de la auditoría no era el objetivo. El objetivo era levantar polvo, tirar indirectas y desacreditar las elecciones. El informe de Cyber Ninjas estaba repleto de tonterías. Por ejemplo, Cyber Ninjas recomendó que Arizona revisara más de 10,000 votos solamente porque cada una compartía un mismo nombre y año de nacimiento (ni siquiera el día completo de nacimiento) con algún otro votante del sistema. En un estado con 4 millones de votantes registrados, este tipo de coincidencias no tiene nada de sospechoso.
Cuando el tribunal estatal de Arizona ordenó que Cyber Ninjas publicara los registros públicos, la compañía se negó a hacerlo. Se le impuso una multa de $50,000 por día, lo cual al final llegó sumar millones de dólares. El CEO tuvo que cerrar la compañía.
Esta semana, el Brennan Center y nuestros aliados Mi Familia Vota, All Voting Is Local Arizona, Arizona Democracy Resource Center y Living United for Change Arizona le enviaron una carta al gobierno federal en la que solicitaban que se les prohibiera a Cyber Ninjas y a Doug Logan firmar contratos con el gobierno federal por hasta tres años.
Este tipo de prohibiciones es una herramienta poderosa de ética y responsabilidad gubernamental. La ley federal afirma que un contratista debe recibir esta medida de prohibición si recibe una orden judicial civil por haber infringido la ley. La negación de Cyber Ninjas de divulgar documentos públicos es una clara infracción de las regulaciones jurídicas. Logan y su compañía tampoco cumplieron con los requisitos básicos de competencia y responsabilidad.
Seguramente aparezcan más personas durante los próximos años que se nieguen a aceptar los resultados electorales y sigan el mismo patrón. Sembrar dudas. Propagar teorías conspirativas. Esperar que la ciudadanía se olvide de todo.
Es fundamentalmente esencial que todos, el Departamento de Justicia, el Congreso y todos nosotros, hagamos lo que podamos. Todo persona o entidad que actuó de mala fe, amenazó la integridad de nuestras elecciones y manchó a nuestros funcionarios y autoridades electorales debe pagar por lo que hizo. Mientras la nación se mueve para responsabilizar a un expresidente y a sus asesores más cercanos, no debemos olvidar al círculo más amplio de malhechores que lo apoya.
Traducción de Ana Lis Salotti.
