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Durante el período de votación anticipado en octubre de 2022, varias personas que iban a depositar su voto en un buzón de devolución de boletas en el condado de Maricopa, Arizona, se encontraron con una escena poco usual y desconcertante: había un grupo de personas armadas y vestidas con equipos militares tácticos dentro de un perímetro de 75 pies alrededor del buzón.
Se necesitan con urgencia nuevas leyes estatales que impidan este tipo de acontecimientos, que son claros ejemplos de intimidación al votante.
Este grupo pequeño pero intimidante de vigilantes parapoliciales en Arizona, algunos de ellos enmascarados, salió a vigilar los buzones de devolución de boletas con la idea de erradicar el fraude electoral que creían erróneamente que corrompió las elecciones de 2020.
Los buzones de devolución de boletas —una opción segura y sin riesgos que permite depositar las boletas de voto y que suelen estar bajo monitoreo y vigilancia oficial— fueron etiquetados como los medios perfectos para cometer fraude, según muchas alegaciones infundadas.
Se presentaron múltiples denuncias contra este grupo de observadores armados, pero la policía, que llegó cuando ya se habían ido, determinó que no se había incumplido ninguna ley estatal, ya que estas personas estaban fuera del perímetro de 75 pies que requiere la ley de Arizona.
Uno de los oficiales le informó a uno de los observadores que vestir equipos militares tácticos podría ser intimidante y violar la ley, según se pudo observar en el video de la cámara corporal que llevaba el oficial.
Una orden de restricción temporaria dictada por un tribunal federal aumentó la distancia en la que se podía portar un arma cerca de un sitio de votación, solo después de que una organización presentó una demanda conforme a la Ley del Derecho al Voto de 1965.
El incidente de Arizona, parte del movimiento negacionista de elecciones que evoluciona cada vez más, revela el nivel de hostilidades que existe en torno a nuestras elecciones luego de 2020, pero también pone de manifiesto la forma en que se entrelaza la portación de armas con los esfuerzos de cometer actos de amenaza, acoso e intimidación durante las elecciones.
En la actualidad, solo 12 estados y el Distrito de Columbia prohíben la portación a la vista y oculta de armas de fuego en los sitios de votación, según lo indica el informe Las armas y la votación, publicado en septiembre por el Brennan Center y el Giffords Law Center.
Este informe identifica las grandes deficiencias que tienen la ley federal y las leyes estatales a la hora de proteger al electorado y las elecciones de la violencia armada.
Una de las más graves: ni la ley federal ni ninguna ley estatal reconocen explícitamente que la presencia de armas en el interior y alrededor de los sitios donde la gente vota y administra las elecciones puede constituir un acto ilegal de intimidación. El informe también urge a los estados a aprobar leyes que prohíban la portación de armas en sitios vulnerables, como los lugares de votación.
En lo que va del año, varios estados están considerando proyectos de ley que protegen al electorado y a las autoridades y trabajadores electorales del efecto intimidante que tiene el portar armas en los sitios de votación y conteo de votos, como Massachusetts, Míchigan, Nuevo México y Virginia.
En un esfuerzo por dar un paso más adelante, California, que ya prohíbe la portación de armas a la vista y de manera oculta en los sitios de votación, está considerando la Ley para la Paz (Peace Act), una política modelo propuesta en el informe por el Brennan Center y el centro Giffords.
Este proyecto de ley fue presentado por el asambleísta Marc Berman (D). Busca prevenir la intimidación y la violencia en nuestras elecciones y cubriría incidentes parecidos al de Arizona.
El proyecto replicaría a nivel estatal la prohibición federal de la Ley de Derecho al Voto de todo acto de intimidación contra los votantes y establecería una serie de protecciones contra la intimidación a los votantes y también a los trabajadores y autoridades electorales durante todo el proceso de votación. Además, crearía la presunción explícita de que la portación de armas a la vista en el interior y alrededor de un sitio de votación es un acto intimidante y reforzaría otras protecciones existentes.
Si bien ya se considera delito portar un arma en un sitio de votación en California, esas prohibiciones solo pueden aplicarlas fiscales estatales que deben cumplir con normas legales y penales muy estrictas, ya que buscan castigar a quienes violan la ley después de un incidente.
La Ley para la Paz empoderaría al electorado y a los trabajadores y autoridades electorales para que puedan iniciar sus propias acciones legales y, crucialmente, les permitiría iniciar protecciones judiciales para prevenir cualquier intimidación futura.
Al incorporar las salvaguardas de la ley federal en la legislación de California, este proyecto de ley les permitiría iniciar acciones judiciales en los tribunales estatales en un momento en el que los tribunales federales han retrocedido enormemente y parecen negarse a proteger el derecho al voto.
Además, al reconocer expresamente la presencia intimidatoria de llevar armas de fuego en el interior y alrededor de los sitios de votación, esta ley básicamente incorpora la política del estado contra las armas de fuego en los sitios de votación dentro de una ley contra la intimidación de votantes y, de este modo, afirma el riesgo muy real de portar armas para afectar a quienes ejercen el derecho al voto y debilitar el sistema electoral propiamente dicho.
Si se aprueba, esta legislación marcaría una importante diferencia en California y posiblemente inspire a otros estados a considerar también la aprobación de leyes similares. Con estas reformas, se aseguraría que cada votante del estado cuente con las protecciones más fuertes contra la intimidación y la intimidación armada, cuando vaya a votar este año.
Por ejemplo, en Arizona, si una ley estatal dejara en claro que se presume intimidante el hecho de portar armas de fuego a la vista en un sitio de votación, podría haber desalentado a los observadores electorales e impedido que vigilaran armados los buzones de devolución de boletas.
Una referencia explícita a la portación de armas en una ley contra la intimidación de votantes vuelve las prohibiciones sobre la portación de armas en los sitios de votación aún más efectivas. En el caso de Arizona, los oficiales de policía habrían tenido mucha más claridad sobre las leyes correspondientes para proteger los derechos del electorado sobre los de quienes intentaban intimidarles.
La Ley para la Paz colocaría a California en la vanguardia a la hora de proteger las elecciones de todo intento de intimidación y del riesgo a la violencia armada. La Ley de Derecho al Voto funciona como una herramienta que protege al electorado de cualquier intento de intimidación a nivel federal; con la Ley para la Paz, el electorado, las autoridades y trabajadores electorales y la policía del estado tendrían un instrumento a nivel estatal para hacer cumplir el derecho fundamental del voto libre de intimidación.
La legislatura de California debe aprovechar esta oportunidad, y los demás estados también deben tomar sus propias medidas.
Traducción de Ana Lis Salotti.
