Esta columna se publicó originalmente en La Opinión.
Suscríbete aquí al nuevo boletín informativo del Brennan Center en español
La Corte Suprema acaba de oír los alegatos sobre si el expresidente Donald Trump debería ser inmune a un procesamiento penal por los actos que cometió como presidente. Enfrenta cargos penales federales (además de otros casos estatales y federales pendientes en su contra) por haber intentado anular su derrota en las elecciones de 2020.
Trump alega que nada debería traducirse en cargos penales porque, como presidente, él está por encima de la ley. Pero está equivocado. Que un presidente rinda cuentas ante la ley es un principio fundamental de la democracia estadounidense y del orden constitucional bajo el que vivimos.
Los fundadores de nuestra nación querían garantizar que ningún presidente tuviera derecho a recibir la inmunidad de la que gozan los monarcas o los dictadores. En un escrito de amicus curiae (amigos de la Corte) presentado ante la Corte Suprema por el Brennan Center for Justice, 15 historiadores eminentes afirman que la alegación de Trump no tiene ningún fundamento histórico. Los fundadores de nuestra nación querían asegurarse de que todo presidente sea punible por las leyes del país y confeccionaron la Constitución de tal modo de preservar esa garantía.
En otras palabras, en los Estados Unidos, el único rey es la ley.
La cuestión central en el caso que está considerando la Corte Suprema gira en torno a si un expresidente puede ser inmune de procesamiento penal cuando intentó bloquear el traspaso pacífico de poder en nuestra democracia. La respuesta, claramente, es no.
Este intento no tiene precedentes en la historia de los Estados Unidos. Pero, durante los alegatos orales del jueves pasado, la mayoría conservadora de la Corte Suprema parecía indicar que se necesita cierto grado de inmunidad.
Algunos de los magistrados nombrados por presidentes republicanos se preocupaban por las consecuencias de dejar a un expresidente susceptible de procesamiento penal por sus acciones oficiales. Los magistrados nombrados por presidentes demócratas hacían preguntas que indicaban que se preocupaban más por estar abriendo la puerta para que un presidente pueda cometer delitos con impunidad.
Mientras tanto, el tiempo pasa. Mientras la Corte delibera para decidir qué hacer y presentar su dictamen, se está demorando el juicio contra Trump por los cargos de subversión, quizá hasta después de las elecciones de noviembre.
Esa demora perjudicaría al electorado. Michael Waldman, presidente y CEO del Brennan Center y autor del libro The Supermajority: How the Supreme Court Divided America (La supermayoría: cómo la Corte Suprema dividió a los Estados Unidos), describe este caso de inmunidad como un ejemplo de una “intervención tremenda de la Corte Suprema en cuestiones de política presidencial partidista”.
“Es deshonesto fingir que este caso no está decidiendo si el electorado tiene el derecho a saber si alguien intentó derrocar la Constitución, antes de que vuelva a presentarse como candidato”.
La Corte debe actuar inmediatamente. Y debería dictar en contra de Trump y a favor de la rendición de cuentas ante la ley y en defensa de la historia e identidad estadounidenses.
