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Esta columna se publicó originalmente en La Opinión
Hace apenas unos días, en el Brennan Center, junto con varias organizaciones de derechos civiles, demandamos al presidente Trump por una orden ejecutiva que cambiaría las reglas de las elecciones y les exigiría a todas las personas ciudadanas estadounidenses demostrar su ciudadanía para registrarse y votar.
Esto podría impedirles votar a millones de votantes elegibles, si no tienen pasaporte u otro documento que el gobierno considere aceptable.
Las partes demandantes en el caso League of Women Voters v. Trump acudieron a la justicia no solo con la intención de que la orden se declare ilegítima, sino también con la expectativa de que el poder judicial cumpla con su deber constitucional de servir como un freno para el poder ejecutivo. Los tribunales federales tienen herramientas disponibles para exigir el cumplimiento, o castigar el incumplimiento, de sus decisiones.
Los presidentes, como Trump durante su primer mandato, y otros funcionarios electos de los dos partidos políticos han respetado su obligación de obedecer las decisiones de los tribunales. Pero esta vez, varios funcionarios de la segunda administración Trump, como el vicepresidente JD Vance, han sugerido que desafiar la autoridad de los tribunales es una posible opción.
“Los tribunales no pueden controlar el poder legítimo de la rama ejecutiva”, tuiteó Vance en X.
Los tribunales pueden usar procesos judiciales por desobediencia para obligar a la parte en falta a realizar una acción o castigarla por no cumplir con una orden. Estos procesos, tanto civiles como penales, pueden imponer sanciones, multas y, en casos extremos, penas de cárcel.
Cualquier juez que crea que una de las partes no está obedeciendo una orden judicial también puede reiterar la orden e identificar parámetros específicos que la parte debe satisfacer para demostrar su obediencia. Los tribunales también tienen amplia autoridad para aplicar medidas disciplinarias contra abogados y pueden sancionarlos por ayudar a sus clientes a desobedecer deliberadamente una orden judicial.
La administración dice que está obedeciendo las órdenes judiciales y Trump explícitamente afirma que, por supuesto, lo hacemos. Pero la administración utilizó la infame Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes venezolanos a El Salvador, y ahora el juez federal que ordenó frenar estas deportaciones va a decidir si hubo incumplimiento.
Nuestra Constitución se basa en un sistema de frenos y contrapesos. Si bien la rama legislativa establece las leyes, solo el poder judicial puede interpretar la ley.
Numerosos tribunales federales ya han rechazado los excesos de poder de la Casa Blanca en temas que van desde los despidos arbitrarios de empleados federales hasta el intento de eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento. Hay varias docenas más de demandas pendientes contra las medidas iniciales de esta administración, incluso por intentar varias veces congelar o detener gastos ya autorizados por el Congreso.
Todos debemos dejar en claro que el presidente no puede simplemente desobedecer cualquier orden judicial que no le guste. Hacerlo debilitaría tanto la Constitución como nuestra democracia.
