- Esta declaración de guerra comercial contra el mundo termina siendo uno de los arrebatos de poder más insolentes y trascendentales hasta el momento de esta presidencia imperial.
- La Constitución le concede al Congreso —no al presidente— la “facultad de establecer y recaudar impuestos, derechos, tributos y aduana”.
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Los aranceles de Donald Trump son los aumentos impositivos más grandes de las últimas décadas y han puesto patas arriba a los mercados internacionales: las acciones de un solo hombre podrían sumir al país en una recesión. La abrupta medida alteró las alianzas políticas: la Cámara de Comercio de los EE. UU. probablemente presente una demanda, mientras que el sindicato automotriz United Auto Workers apoyó los aranceles.
En medio del desplome bursátil y el caos político, puede ser fácil pasar por alto una pregunta fundamental. Yo la haré: Esperen, ¿puede el presidente hacer esto? Después de todo, el presidente no puede imponer unilateralmente las tarifas del impuesto al ingreso. ¿Por qué esto sí está permitido? Tanto conservadores como liberales se están haciendo la misma pregunta.
Para hallar respuestas, recurrí a Elizabeth Goitein y Katherine Yon Ebright del Brennan Center, dos de las expertas líderes del país sobre poderes de emergencia (y, por eso, personas muy ocupadas estos días).
Esta fue su respuesta resumida:
Trump empleó poderes de emergencia para imponer estos aranceles. La Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) le concede al presidente facultades especiales si hay una emergencia nacional declarada. Presidentes de los dos partidos políticos ya habían ampliado los límites de lo que se considera una emergencia.
Pero la proclamación de Trump de que el déficit comercial de EE. UU. desde hace décadas constituye una emergencia —que, por definición, es algo repentino e imprevisto— es especialmente descarada. El déficit comercial puede ser un problema o no, pero definitivamente no es una emergencia.
La aplicación de esta ley por parte de Trump es extraordinaria por un segundo motivo: no incluye la facultad de imponer aranceles. Otros presidentes han utilizado esta ley de poderes de emergencia para restringir las importaciones de determinados países o congelar los activos de enemigos, pero no contiene ninguna referencia a aranceles, y ningún presidente nunca la ha empleado con este fin.
Sin embargo, Trump les ha puesto aranceles a más de 180 socios comerciales conforme a esta ley, incluso a las islas inhabitadas de Heard y McDonald. Aquí tienen, pingüinos.
Esta declaración de guerra comercial contra el mundo termina siendo uno de los arrebatos de poder más insolentes y trascendentales hasta el momento de esta presidencia imperial.
Como dije en noviembre, los aranceles pueden provocar un frenesí lobista, a medida que las compañías y los países claman exenciones y tarifas especiales. La revista conservadora National Review lo dijo muy bien: “El lobby no es un efecto secundario desafortunado del proteccionismo. Es parte esencial”. En el siglo XIX, esos intereses presionaron al Congreso. Esta vez, los negocios se harán en el interior de la Casa Blanca, con aún menos transparencia.
¿Intervendrá la justicia? Quizá. Los tribunales suelen ser reacios a investigar la decisión de un presidente de que hay una emergencia nacional, pero pueden (y deberían) hacerlo cuando el presidente actúa de mala fe o inventa crisis inexistentes. Además, los tribunales pueden ser menos reticentes a abordar la cuestión de si la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales autoriza la imposición de aranceles.
Un grupo conservador, la Nueva Alianza de Libertades Civiles, ya ha presentado una demanda. Señala que en el caso West Virginia v. EPA, la Corte Suprema creó una nueva doctrina de “cuestiones importantes”. Si algo es lo suficientemente importante, la supermayoría de los magistrados conservadores determinó que el Congreso debe establecer las políticas, no el presidente.
Un cínico podría advertir que se creó la doctrina de las “cuestiones importantes” para impedirles a presidentes demócratas aplicar, por ejemplo, reglas sobre el cambio climático. ¿Seguirá la Corte su propia retórica y se la aplicará también a un presidente republicano?
La Constitución le concede al Congreso —no al presidente— la “facultad de establecer y recaudar impuestos, derechos, tributos y aduana”.
La crisis constitucional real de 2025 no se debe solamente a los excesos del ejecutivo, sino a la pasividad del poder legislativo. Sin embargo, el abuso de poderes de emergencia de Trump para imponer aranceles podría ser suficiente para generar algún tipo de resistencia institucional. Después de todo, muchos congresistas republicanos apoyaron la reforma de los poderes de emergencia durante la primera presidencia de Trump.
Ya cuatro senadores republicanos se han sumado al voto demócrata para revocar otra declaración de emergencia que Trump utilizó para imponerle aranceles a Canadá, y siete senadores han copresentado un proyecto de ley bipartista para declarar que un arancel puede durar solo 60 días si el Congreso no lo aprueba específicamente.
El senador Rand Paul (R-KY) habló ayer con audacia en el recinto del Senado. “No me importa si el presidente es republicano o demócrata. No quiero vivir bajo un régimen de emergencias. No quiero vivir donde mis representantes no puedan hablar por mí o no puedan tener un sistema de frenos y contrapesos sobre el poder”.
Los aranceles pueden parecer un tema demasiado intrincado para reestablecer el sistema de frenos y contrapesos. Pero han sido parte del manual de los autócratas desde el principio, y la resistencia contra los impuestos arbitrarios declarados por un ejecutivo todopoderoso se remonta al comienzo de nuestra historia.
Después de todo, la Declaración de la Independencia acusó al Rey Jorge III de Gran Bretaña de haber “aislado nuestro comercio de todo el resto del mundo” y al mismo tiempo “imponer impuestos sobre nosotros sin nuestro consentimiento”.
“No hay impuestos sin representación”. Ese sí que es un buen mensaje.
Traducción de Ana Lis Salotti.
