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- En sus primeros días como presidente, Trump se arrogó efectivamente la capacidad de controlar el gasto federal sin la aprobación del Congreso, al congelar billones de dólares en subsidios y préstamos.
- Fiscales generales estatales, funcionarios públicos y organizaciones sin fines de lucro presentaron demandas judiciales, y los tribunales bloquearon esta toma del poder presidencial.
- Si Trump se niega a seguir las órdenes judiciales, especialmente de la Corte Suprema, habremos pasado del
La ola de transgresiones de la ley de Donald Trump está enfrentando una serie de reproches judiciales sin precedentes. Justamente ayer, cinco tribunales federales bloquearon algunas de las medidas de su administración que intentaban cerrar agencias y despedir ilegalmente a funcionarios de oficinas anticorrupción, entre otras cosas. El director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) Russell Vought dijo una vez que estábamos viviendo en una “era posconstitucional”. Ahora estamos descubriendo si eso es cierto.
Comencemos con un hecho central: en sus primeros días como presidente, Trump efectivamente reclamó su habilidad de controlar el gasto federal sin el Congreso, al congelar billones de dólares en subsidios y préstamos. Esto viola la separación de poderes fundamental que prevé la Constitución, así como también la Ley de Control de Embargos (Impoundment Control Act) y numerosos otros reglamentos específicos.
Trump cerró unilateralmente organismos como la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), la organización humanitaria más grande del mundo. Ayer, también cerró la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, creada tras la crisis financiera de 2008 para prevenir fraudes en los mercados.
Científicos a lo ancho del país se están dando cuenta de que básicamente les han recortado los fondos para efectuar investigaciones esenciales. Trump ha hecho todo esto, al tiempo que le ha encomendado al hombre más rico del planeta, que financió gran parte de su campaña presidencial, la tarea de destruir agencias gubernamentales, una por una.
Fiscales generales estatales, funcionarios públicos y organizaciones sin fines de lucro presentaron demandas judiciales, y los tribunales bloquearon este del poder presidencial. Una y otra vez, el equipo de Trump perdió. Es un récord de derrotas judiciales nunca antes vista desde, bueno, su intento de anular los resultados de las elecciones de 2020.
Los presidentes deben cumplir con las órdenes judiciales. Y todos los presidentes lo han hecho desde la Guerra Civil, a menudo a regañadientes. Por más debates que haya sobre los poderes de las tres ramas del gobierno federal, si a alguien no le gusta un dictamen de un tribunal inferior, se apela, no se ignora.
El sábado, el juez Paul Engelmayer bloqueó una de las medidas más controversiales y temidas: la toma de control del sistema de pagos federales del Departamento del Tesoro por parte de Elon Musk y su inexperto grupo de ingenieros. Robert Rubin, Lawrence Summers y otros tres exsecretarios del tesoro advirtieron sobre este ataque de Musk y Trump contra la Constitución. “Un componente clave del estado de derecho es el compromiso de la rama ejecutiva de respetar la autoridad del Congreso sobre el manejo de la cartera federal: el poder legislativo es el único con la potestad de aprobar leyes que determinan dónde y cómo deberían gastarse los fondos federales”.
El vicepresidente JD Vance respondió a la orden judicial declarando que “los jueces no pueden controlar las facultades legítimas del poder ejecutivo”. Musk calificó el dictamen de “turbio” y “¡totalmente descabellado!”. Puede que estos bufidos y resoplidos sean, por ahora, tan solo una fanfarronada. A comienzos de esta semana, el Departamento del Tesoro le dijo al tribunal que acataría la orden judicial y presentó una apelación de inmediato. Eso es lo que se supone que hay que hacer.
Otro juez federal advirtió que la administración no había cumplido con su orden de descongelar el gasto federal en materia de investigaciones. El gobierno insiste en que está tratando de hacerlo. Esta puede ser una estrategia silenciosa e insidiosa: no anunciar abiertamente que se desafía la ley, sino hacerlo discretamente mientras se insiste en que todo está en orden. (También es posible que el gobierno federal no sea un interruptor que se pueda prender y apagar).
Muchos de estos casos llegarán pronto a la Corte Suprema. Generaciones de magistrados han insistido en el cumplimiento de las órdenes judiciales. Pero esta es la misma supermayoría que se doblegó ante Trump en el caso sobre la inmunidad presidencial el verano pasado, brindándole como mínimo, una estructura permisiva para que pueda quebrantar la ley. ¿Dará un paso al frente la Corte Suprema?
No soy partidario del abuso judicial. Hay razones para pensar que el sistema de jueces individuales que emiten interdictos a nivel nacional no es bueno. Hemos criticado a jueces como Matthew Kacsmaryk, quien trató de imponer sus propias posturas antiaborto a nivel nacional al revocar la aprobación federal de la mifepristona, vigente desde hace un cuarto de siglo. Los liberales deberían reevaluar nuestras posturas cuando enaltecen a una judicatura federal que, con demasiada frecuencia, ha demostrado estar influenciada por las grandes donaciones de dinero y las facciones extremistas.
Pero negarse a cumplir una orden judicial cruza una línea muy clara y peligrosa. Si Trump se niega a cumplir órdenes judiciales, especialmente de la Corte Suprema, habremos pasado del caos, a una crisis extrema.
El sistema de frenos y contrapesos exige que el Congreso haga su parte. No apuesten por ello. Los congresistas republicanos actuales están postrados ante el poder ejecutivo.
Los magistrados también deben cumplir con su parte. Los bramidos de Vance quizá tengan como objetivo hacerles retroceder. Esta Corte, por lo menos, se ha comprometido retóricamente con la noción de que es el Congreso, y no burócratas no electos, es el que debe establecer las leyes. Si alguna vez hubo una “cuestión importante” (la doctrina recientemente inventada, que se usó para bloquear regulaciones ambientales), sería lo que están haciendo Musk y sus secuaces.
Y nosotros, el pueblo, también tenemos que hacer nuestra parte. Ha sido alentador leer que los teléfonos en Capitol Hill no paran de sonar. En Pakistán e Israel, cuando los tribunales han sido amenazados, la ciudadanía ha salido a protestar a las calles. Esperamos que no llegue a ese punto, pero todos debemos estar preparados.
Traducción de Ana Lis Salotti.
