- Como ha explicado ya la Corte Suprema, es una “proposición básica que todas las órdenes y sentencias de los tribunales deben ser cumplidas con prontitud”.
- Las cortes cuentan con varias herramientas importantes a su disposición para hacer cumplir sus órdenes, incluyendo el procesamiento judicial por desacato y sanciones a los abogados.
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Más de 10 tribunales federales han detenido o rechazado temporalmente las acciones de la nueva Administración Trump en cuestiones que van desde el gasto público a la ciudadanía por nacimiento. Docenas más de litigios en contra de las tempranas acciones de la Administración aún están pendientes.
Sin embargo, declaraciones de Elon Musk, el asesor top de Trump, y el vicepresidente JD Vance en las que abiertamente desafían la autoridad judicial plantean la posibilidad de que la Administración ignore las sentencias judiciales a las que se opone. Un juez ya determinó que la Administración Trump no está tomando suficientes acciones para cumplir con sus órdenes judiciales. Entonces, ¿qué pasa si el gobierno se rehúsa a obedecer las decisiones de los tribunales federales?
Como ha explicado ya la Corte Suprema, es una “proposición básica que todas las órdenes y sentencias de los tribunales deben ser cumplidas con prontitud”. Los tribunales pueden —y a menudo lo han hecho— intervenir cuando se están desafiando sus sentencias. A continuación, un resumen de las herramientas que las cortes federales tienen a su disposición para obligar el, o castigar la falta de, cumplimiento de sus fallos.
¿Cómo pueden los tribunales federales hacer cumplir sus órdenes?
Las cortes cuentan con varias herramientas importantes a su disposición para hacer cumplir sus órdenes, incluyendo el procesamiento judicial por desacato y sanciones a los abogados.
Declarar en desacato a las partes
Ante el incumplimiento, un tribunal federal puede utilizar su autoridad de desacato ya sea para conminar a la parte a tomar acción o para castigarla por no cumplir con una orden. La Corte Suprema ha reconocido que esta facultad es “esencial para el cumplimiento de los fallos, órdenes y mandatos judiciales”, y que por ende es inherente a la autoridad del tribunal. Esta facultad se remonta a la era de la fundación del país cuando se codificó la Ley Judicial de 1789.
Hay dos tipos de procesamientos por desacato. Civil y penal. Ambos resultan en sanciones, multas y, en casos extremos, una condena a prisión. Los tribunales federales tienen amplia discreción para determinar si una parte está en desacato de la corte, ya que a menudo es el juez el único que decide iniciar y emitir citaciones por desacato (a menos que sea una sanción penal seria y se lleve ante un jurado).
El desacato civil se basa primordialmente en medidas correctivas, lo que quiere decir que el tribunal tiene como meta el cumplimiento y ejecución de futuras órdenes, y una parte puede evitar ser castigada al simplemente cumplir con la orden judicial.
Por ejemplo, una orden de desacato civil puede imponer una multa diaria que se acumula hasta que se cumpla la orden, como pasó en 2022, cuando un tribunal del estado de Nueva York decidió que el presidente Trump estaba en desacato civil y lo multó por $110,000 en total ($10,000 por cada día que su equipo legal no presentaba explicaciones a la corte del por qué no entregaba documentos).
El desacato penal requiere salvaguardas procesales más reforzados y está destinado a castigar una parte desobediente y, a diferencia de la mayoría de las sanciones en el desacato civil, la parte acusada no puede tomar acción para evitar el castigo. Sin embargo, el presidente tiene la facultad de indultar a aquellos condenados por desacato penal.
Trump generó controversia cuando en 2017 utilizó esta facultad para indultar al exalguacil del condado Maricopa , Joe Arpaio, quien fue condenado por desacato penal luego de que violara las órdenes de un tribunal que le exigía dejar de detener a personas que sospechaba eran inmigrantes indocumentados.
Los funcionarios públicos están dentro del ámbito que compete al poder judicial en materia de desacato. Aunque los tribunales federales nunca han condenado a un presidente en función por desacato judicial, sí han utilizado su poder para obligar a tomar acción y castigar a agencias federales y funcionarios responsables de ejecutar las tareas del gobierno. La Agencia de Protección Ambiental, por ejemplo, fue culpable de desacato civil por no cumplir una orden judicial que requería a la agencia preservar ciertos documentos.
Asimismo, en 2019, se sentenció por desacato a Betsy DeVos, quien entonces era la secretaria de educación, por violar una orden judicial para detener los cobros de préstamos que debían estudiantes que fueron estafados por universidades con fines de lucro. La corte multó al Departamento de Educación por $100,000 y ordenó que el dinero se destinara a los estudiantes estafados.
En otro ejemplo, un juez federal de distrito ordenó la detención de una funcionaria de un condado en Kentucky que ignoró una orden judicial para reanudar la expedición de licencias de matrimonio, algo que la funcionaria había suspendido a modo de protesta por la decisión de la Corte Suprema de legalizar el matrimonio del mismo sexo.
Emitir órdenes más estrictas
Antes de comenzar el procesamiento por desacato, un juez que cree que una parte no está siguiendo la orden judicial a menudo reiterará el mandato e identificará las pautas específicas que la parte debe cumplir para demonstrar que está en cumplimento. Ya vimos en 2025 un ejemplo de cómo este proceso se desarrolla. Después de que los demandantes retaron la orden ejecutiva de Trump para congelar las subvenciones y prestamos federales, el juez federal de distrito, John McConnell, emitió una orden de medida cautelar temporal requiriendo a funcionarios reactivar los fondos. Varios días después, la parte demandante se quejó de que los fondos aún permanecían congelados.
Los abogados del gobierno argumentaron que la Administración estaba siguiendo la “ambigua” orden judicial a su entendimiento. McConnell finalmente determinó que la Administración Trump había violado el “lenguaje sencillo” de su “clara e inequívoca” orden. No llegó a hallar al gobierno en desacato, pero presentó en más detalle los fondos que el gobierno debe restaurar para cumplir con su anterior orden.
Si los litigantes han agotado todos los otros medios para hacer que el gobierno tome acción, también pueden pedirle a la corte que emita una acción de cumplimiento (writ of mandamus). Esto es una orden judicial que rara vez se utiliza (o necesita) y obliga a un funcionario o empleado del gobierno ejecutar una acción requerida por ley.
La facultad del tribunal de proferir la acción de cumplimiento esta codificado en la ley federal, la cual expresamente reconoce la autoridad de la corte para considerar acciones de cumplimiento en contra de funcionarios o empleados federales. Sin embargo, el tribunal sólo puede obligar a funcionarios a realizar tareas no discrecionales y puramente ministeriales, como desembolsar fondos que se le deben a una parte.
Sancionar a los abogados
Los tribunales también tienen amplia autoridad disciplinaria sobre los abogados y pueden sancionarlos por ayudar a sus clientes a desafiar deliberadamente una orden judicial. Según las Reglas Federales de Procesamiento Civil, por ejemplo, una corte puede sancionar a abogados que presentan documentos en función de un propósito indebido, como uno que genere demoras innecesarias o que, a sabiendas, plantee argumentos legales insensatos.
Mientras tanto, las Reglas Federales de Procesamiento Apelativo empoderan a los tribunales de apelación a diciplinar a abogados por “conductas impropias de un miembro de la barra de abogados o por incumplimiento de alguna norma judicial”. Las sanciones incluyen multas, pero los jueces también pueden ir más allá y suspender a abogados o revocar su licencia profesional por rehusarse a cooperar.
¿Con quién cuentan las cortes para la ejecución de sus órdenes?
Mientras que los jueces federales tienen una clara autoridad para ordenar sanciones, incluso multas y detenciones, en última instancia dependen de las fuerzas del orden público y de los fiscales federales para ejecutar las sanciones ante un continuo incumplimiento.
El Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshalls Service), que forma parte del Departamento de Justicia, es el ente principal que vela por el cumplimiento de los tribunales federales. Los tribunales a menudo dependen de los alguaciles federales para entregar emplazamientos, citaciones y órdenes de detención. Además, ejecutan arrestos y, por ley, “el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos tiene como papel y misión principal … obedecer, ejecutar e implementar todas las órdenes judiciales de” los tribunales federales.
Los tribunales también dependen en gran medida de los fiscales federales para adelantar determinaciones de desacato penal. En la mayoría de los casos, la oficina pertinente del fiscal general de los Estados Unidos acepta el proceso de desacato penal a solicitud del tribunal e inicia una acción penal, como se haría con cualquier otra acusación de violación al derecho penal.
Sin embargo, los jueces están autorizados a nombrar a abogados privados para iniciar y continuar una acción judicial por cargos de desacato penal en la rara instancia en que los fiscales generales de Estados Unidos se niegan a aceptar el caso. (En 2023, la Corte Suprema rechazó atender una petición del abogado ambiental Steve Donzinger, quien argumentaba que su procesamiento por desacato penal por parte de un abogado privado designado era inconstitucional).
¿Los funcionarios electos han cumplido de manera general con las órdenes de la corte?
Sí. Desde la Guerra Civil, los presidentes y otros funcionarios electos de ambos partidos han respetado su obligación de cumplir con las decisiones de los tribunales —aun aquellas con las que no están de acuerdo. Como el presidente George W. Bush dijo cuando la Corte Suprema sostuvo que los detenidos en la Bahía de Guantánamo pueden denunciar su confinamiento: “Vamos a cumplir con la decisión del tribunal. Esto no significa que estamos de acuerdo con eso”.
El propio Trump cumplió con este principio fundamental durante su primer mandato. En 2017, un tribunal federal rápidamente bloqueó a la Administración de implementar la prohibición de ingreso a los Estados Unidos de personas provenientes de siete países con mayorías musulmanas. Mientras que Trump se quejó sobre la decisión, su Administración cumplió con la orden, como lo hizo con muchas más durante su primera presidencia.
La última vez que se vio en los Estados Unidos un desafío abierto y generalizado a las órdenes judiciales por parte de funcionarios electos fue cuando los gobernadores en los estados sureños se rehusaron a integrar sus escuelas después de que la Corte Suprema fallara en contra de la segregación en la educación pública en la causa Brown v. Board of Education.
El presidente Dwight Eisenhower —aunque no era partidario de la decisión del tribunal supremo— a la larga desplegó tropas en el sur para ayudar a hacer cumplir el fallo, y dijo, “La Corte Suprema se ha pronunciado y juré defender el proceso constitucional en este país, y obedeceré”. Los esfuerzos por desafiar las órdenes judiciales por parte de los gobernadores son ampliamente reconocidos como uno de los periodos más vergonzosos de la historia de EE. UU.
Traducción de Laura Gómez
