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El actual período de sesiones de la Corte Suprema está llegando a su fin. Resta anunciar 28 casos, un número inusualmente alto. Preparémonos para un cimbronazo.
Ya sabemos la forma en que se recordará a este período de sesiones. O, por lo menos, podemos adivinarlo con bastante certeza.
Para empezar, la Corte ya dio el paso más importante cuando decidió admitir la tentativa de Trump de conseguir inmunidad de procesamiento por su intento de impedir el traspaso pacífico de poder. Mediante su estudiada inacción, los magistrados derechistas maquinaron la intervención de la Corte en el proceso político más obvioa del que se tenga memoria. Quizá de toda la historia.
Desde el punto de vista jurídico, es un caso fácil: Trump no es inmune a un procesamiento judicial. El fiscal especial Jack Smith le pidió a la Corte que lo aclarara rápidamente el año pasado.
La Corte se negó y programó los alegatos para la última hora del último día de su período de sesiones. Es probable que, aun así, se pronuncie en contra de Trump, al menos en parte. Los oiremos pronunciar una oratoria grandilocuente. “Nadie está por encima de la ley”. “Un presidente no es un rey”. Pero los magistrados de la Corte Suprema ya le han concedido a Trump lo que deseaba: tiempo. Garantizaron que el pueblo estadounidense no pueda ver las pruebas contra Trump antes de emitir su voto.
Este período de sesiones también será recordado por el constante ataque de la Corte contra la capacidad del gobierno de proteger la salud pública, el medioambiente y el libre mercado.
Desde hace mucho tiempo numerosos jueces conservadores han querido hacer retroceder el tiempo a 1937, año en que la Corte Suprema atenuó su enfrentamiento con Franklin Roosevelt y dejó que el gobierno federal protegiera a trabajadores, niños y consumidores. Estos jueces reaccionarios marcan este acontecimiento como el comienzo de una “Constitución en el exilio”.
En la causa West Virginia v. Environmental Protection Agency de 2022, la supermayoría de la Corte inventó una nueva doctrina, la de las “cuestiones importantes”. Las agencias regulatorias no pueden actuar —en este caso, sobre el cambio climático—, aun cuando la ley les haya concedido la facultad de hacerlo, si el tema es demasiado… bueno, demasiado “importante”. Esta palabra, de significado amplísimo, no está definida en la causa. Parece significar que, si a un juez de la FederalistSociety no le gusta una regulación, se la considera “importante” y, por lo tanto, inválida.
Durante este período de sesiones, es casi seguro que la Corte Suprema disuelva lo que queda de “la deferencia de Chevron” en un caso llamado Loper Bright. Durante cuatro décadas, los jueces, que no son expertos en materias técnicas, han deferido su interpretación a las decisiones de las agencias regulatorias y sus representantes, que son contratados por su pericia, cuando una regla no brinda indicaciones claras.
El de Chevron es el caso de derecho administrativo más citado en la historia de la Corte Suprema y, en algún momento, muy favorecido por los conservadores. (Proviene de la época en que la madre del magistrado Neil Gorsuch era la escandalosa administradora derechista de la Agencia de Protección Ambiental [EPA por sus siglas en inglés].
El caso tenía como objetivo proteger a los funcionarios de Reagan del accionar de jueces liberales entrometidos. Parece un relato de ciencia ficción, ya lo sé).
La influencia del caso Chevron ha mermado desde que murió su gran defensor, el magistrado Antonin Scalia. Pero los tribunales inferiores siguen basándose mucho en esta causa, y su final disolución, junto con la invención de la doctrina de las cuestiones importantes, le harán al gobierno mucho más difícil actuar.
Claro que, en otros casos, la Corte quizá suavice algunas doctrinas extremas. El caso Rahimi, por ejemplo, presenta las implicaciones que puede tener la nueva idea chiflada de que solo se deben permitir leyes sobre portación de armas que sigan la “historia y la tradición”, es decir, las leyes sobre armas que había en la época de 1790. (Rahimi cometió un acto de violencia doméstica, una práctica que era legal en ese entonces). En cuanto a otros temas regulatorios, la Corte ha rechazado algunas de las nociones extremas del Tribunal Federal de Apelaciones para el Quinto Circuito, el rimbombante tribunal ubicado en Texas que tiene la costumbre de tomar tuits derechistas y convertirlos en dictámenes judiciales.
Cuando la Corte anuncie estas decisiones, quizá escuchemos cálidos elogios a la nueva moderación de la Corte. No se los crean. Esta Corte ya ha demostrado ser no solo una Corte conservadora, una Corte republicana o una Corte de la FederalistSociety. Sino que, por primera vez, ha demostrado ser una Corte MAGA.
La credibilidad de la Corte Suprema ha colapsado. La confianza del público en la Corte ha bajado casi al nivel más bajo del que se tenga registro en encuestas.
La explicación del magistrado Samuel Alito de por qué tenía banderas de insurrección flameando en dos de sus viviendas ha sido despedazada. (Su frase “A mi esposa le encanta ondear banderas” no pasará a la historia como una cita memorable). Mientras tanto, el magistrado Clarence Thomas acaba de declarar que aceptó más fondos y regalos privados que todos los demás magistrados juntos.
Mientras los escándalos siguen acumulándose, la Corte Suprema —nueve personas a las que nadie votó y que ocupan un cargo gubernamental de por vida— continúa transformando la vida y el derecho estadounidenses a un ritmo vertiginoso. Este año, es la regulación del gobierno y la presidencia. Antes, fueron los derechos reproductivos y la Segunda Enmienda. Décadas de políticas sociales reaccionarias abarrotadas en unos pocos días todos los veranos.
Damos por sentado que, en junio de cada año, esperaremos con nerviosismo para conocer cuáles serán sus dictámenes y el tipo de país en el que viviremos.
¿Y ahora qué sigue? Donald Trump quizá gane las elecciones. Sus principales asesores políticos proponen una “era posconstitucional”.
Necesitamos una Corte Suprema fuerte y preparada para defender los valores constitucionales y el estado de derecho. En cambio, parece que tenemos una Corte esclavizada por la política del poder derechista. Quienes nos aprestamos para luchar por el estado de derecho ya tenemos todas las pruebas necesarias: no podemos depender de la Corte Suprema.
Traducción de Ana Lis Salotti.
