- Nos ha sorprendido y horrorizado la manera en que el presidente y el hombre más rico del mundo han atacado gran parte del gobierno.
- Ignoren los titulares mediáticos que reportan que estas movidas “generan preguntas” o “desafían los límites”. Es una avalancha de actos ilícitos e inconstitucionales.
- Los miembros del Congreso de ambos partidos deberían oponerse vigorosamente.
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“En Estados Unidos”, escribió Thomas Paine durante la fundación del país, “la ley es rey”. En medio de la actual crisis constitucional y de gobierno, estamos descubriendo si eso sigue siendo cierto.
Nos ha sorprendido y horrorizado la manera en que el presidente y el hombre más rico del mundo han atacado gran parte del gobierno. Resulta difícil entender si se trata de un ataque concertado contra el estado de derecho o simplemente de un grupo de personas corriendo de un lado a otro preguntándose: “¿qué pasa si aprieto este botón?”
Hay un hilo conductor brillante que va más allá de la fanfarronería, el ego y el deseo de destruir el gobierno, cualquier gobierno.
Una y otra vez, sus acciones violan la ley, ya sea la Constitución, o los estatutos vigentes o ambas cosas. Algunas movidas pueden estar diseñadas para desafiar a las cortes a que sancionen estos abusos de poder. Pero cada vez parece más evidente que, en realidad, simplemente no les importa.
Tomemos como ejemplo la guerra relámpago de Elon Musk contra la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el principal organismo gubernamental que provee asistencia humanitaria en todo el mundo. USAID siempre ha sido un ejemplo destacado del “poder blando”, la idea reputacional de que un país rico como Estados Unidos puede ser una fuerza para el bien común en las regiones más empobrecidas del mundo.
Los asistentes de Musk tomaron el control de la agencia. Congelaron la mayor parte de la cooperación internacional, poniendo en riesgo la prestación de atención médica y operación segura de los campamentos de refugiados. Accedieron a sus datos confidenciales. Cerraron su página web. Se ordenó al personal que no se presentara en la oficina. Musk anunció que su plan es “cerrar” la agencia. Afirmó que la agencia es una “organización criminal”, mientras que el presidente Trump ahora sostiene que está liderada por “lunáticos radicales”. Finalmente, el secretario de estado Marco Rubio declaró que la agencia era culpable de “insubordinación” y que ahora pasaría a formar parte del Departamento de Estado.
Todo esto es ilegal. USAID se estableció como una entidad independiente mediante una ley aprobada por el Congreso en 1998. El Congreso podría cerrarla o trasladarla, pero un multimillonario asesor itinerante del presidente no tiene esa autoridad.
¿Por qué esta agencia en particular? De hecho, es una jugada política barata. La asistencia internacional nunca ha sido popular. Aunque solo representa menos del 1 por ciento del presupuesto federal, la ciudadanía asume que equivale a casi un tercio del gasto gubernamental, lo que la convierte en un blanco fácil para los demagogos.
Luego vino la decisión de congelar todas las subvenciones y prestamos federales en todo el gobierno, con un valor aproximado de $1 billón. Esto para supuestamente detener “políticas marxistas de equidad, el transgenerismo y las políticas de ingeniería social del nuevo pacto verde”, junto con otras amenazas imaginarias. Pero en realidad habría afectado todo, desde la educación hasta la atención médica. Se armó un revuelo, el partido de la oposición por fin despertó y los jueces comenzaron a pronunciarse. Trump dio marcha atrás.
Esto también fue una grave violación legal y constitucional. Según la Constitución, el Congreso tiene el “poder de la bolsa”. Es quien asigna el dinero para las actividades del gobierno federal. Los presidentes no pueden simplemente decidir imponer un congelamiento generalizado e indefinido del gasto o rehusarse a gastar dinero en determinadas áreas sin involucrar al Congreso.
Presidentes de ambos partidos, en ocasiones, se han negado a gastar fondos, pero Richard Nixon abusó de este poder, como lo hizo con muchas otras facultades antes de su renuncia. El Congreso aprobó la Ley de Control de Embargos de 1974 para frenar esta práctica. Bajo esta ley, los presidentes deben notificar al Congreso su intención de retener fondos ya asignados. El Congreso puede aceptar o rechazar esta propuesta, y si no actúa dentro de un plazo determinado, el dinero debe ser liberado.
Si los presidentes pudieran decidir por sí solos cuándo gastar y cuándo no, entonces el Congreso se convierte en poco más que un órgano asesor de un monarca. Ciertamente, esto es lo que los fundadores pensaron.
Una y otra vez, en tan solo dos semanas en el cargo, Trump ha violado flagrantemente la ley o la Constitución. La orden ejecutiva que pretendía poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento, que un juez federal calificó, al bloquearla, que era “descaradamente inconstitucional”. El despido generalizado de inspectores generales encargados de investigar fraudes en todo el gobierno, sin notificación ni justificación al Congreso. Y más.
Todo esto sucede mientras el nuevo presidente deja en claro que la ley no se cumplirá cuando se trata de su propia mala conducta o la de sus simpatizantes. El indulto de los insurrectos del 6 de enero durante el día de la inauguración fue seguido por una purga del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en donde funcionarios profesionales de alto nivel fueron destituidos y cientos de agentes ahora están bajo investigación haber participado en el enjuiciamiento de los atacantes del Capitolio.
El jefe de la oficina de campo de Nueva York le escribió a su equipo, “Hoy nos encontramos en medio de nuestra propia batalla, mientras que personas íntegras están siendo expulsadas del FBI y otras son atacadas simplemente por haber hecho su trabajo de acuerdo con la ley y las normas del FBI”, y prometió “resistir”.
Y no olvidemos la toma del sistema de pago del Departamento del Tesoro por un grupo de ingenieros novatos que trabajan para Musk, lo que podría darle a Musk acceso a la información más sensible que posee el gobierno, o convertirlo en una herramienta para tomar represalias, ventaja competitiva o incluso en un mecanismo para suspender pagos, con consecuencias catastróficas para la economía.
Ignoren los titulares mediáticos que reportan que estas movidas “generan preguntas” o “desafían los límites”. Es una avalancha de actos ilícitos e inconstitucionales. ¿Importará? Los miembros del Congreso de ambos partidos deberían oponerse vigorosamente.
Los compañeros republicanos de Trump, hasta ahora, han abdicado completamente. Los tribunales federales tienen el deber de interferir. Incluso esta Corte Suprema tan politizada emitirá sentencias en contra de Trump en algunos casos —pero sus magistrados han demostrado ser extremadamente deferentes al poder presidencial. (La sentencia que le confirió una amplia inmunidad encausamiento penal por actos ilegales si se pueden considerar “oficiales” tiene menos de un año).
En última instancia, la opinión pública será lo más importante.
El periodista Chris Hayes dijo recientemente que estamos en una fase entre el relámpago y el trueno. Todo este drama, caos e ilegalidad ha estallado, pero las consecuencias en el mundo real —mercados de bolsa desplomándose, clínicas de salud cerradas y más— aún no se han materializado. Tal vez la nueva administración haya dejado una mala impresión indeleble en aquellos que no son sus partidarios leales. Pronto sabremos cuántas personas realmente se preocupan por el estado de derecho.
Traducción de Laura Gómez
