Este artículo se publicó originalmente en Just Security.
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- Con cada referencia a la supuesta “invasión” en la frontera sur de los Estados Unidos, vimos cómo aumentaba el riesgo de que Trump tratara de aplicar ilegítimamente leyes de tiempos de guerra para el control migratorio en tiempos de paz.
- El presidente tergiversa no solo los hechos, sino también la Constitución misma.
- El Congreso debe armarse de la valentía que exigen estos tiempos extraordinarios y condenar los intentos radicales de Trump de usurpar y abusar del poder.
Durante toda su campaña electoral, el presidente Donald Trump calificó la migración ilegal como una “invasión”. Algunas personas interpretaron este lenguaje como un recurso puramente retórico para despertar el miedo y transmitir que las personas inmigrantes, a pesar de todas las pruebas que indican lo contrario, vienen a los Estados Unidos empeñadas en cometer actos de violencia y destrucción.
Pero las abogadas y abogados especializados en seguridad nacional e inmigración no nos dejamos engañar. Con cada referencia a la supuesta “invasión” en la frontera sur de los Estados Unidos, vimos cómo aumentaba el riesgo de que Trump tratara de aplicar ilegítimamente leyes de tiempos de guerra para el control migratorio en tiempos de paz.
La verdad terminó siendo peor.
La teoría de Trump de que la migración es una invasión impregna sus órdenes ejecutivas y otros pronunciamientos sobre el tema de la inmigración. Pero Trump no está solamente usando este marco para tratar de explotar leyes y facultades constitucionales en tiempos de guerra inaplicables en esta coyuntura, por más perjudicial que sea eso.
En al menos una de sus órdenes ejecutivas, también lo está usando para atribuirse enormes facultades presidenciales que no existen ni en tiempos de paz ni en tiempos de guerra y, de esta manera, está lanzando un ataque directo contra la separación de poderes y el estado de derecho que prevé la Constitución.
Para empezar, una de las órdenes del primer día de la presidencia de Trump prepara el terreno para una posible invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798, una ley que puede invocarse en tiempos de guerra en el caso de una “invasión”.
Esta ley fue utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para recluir a 31,000 personas no ciudadanas de ascendencia japonesa, alemana e italiana sin un debido proceso (las personas ciudadanas estadounidenses de ascendencia japonesa fueron recluidas mediante otra potestad diferente). Si Trump invoca esta ley —y si la justicia confirma su medida—, podría darle la facultad de detener y deportar mediante un procedimiento administrativo a cualquier persona extranjera que resida legalmente en los Estados Unidos y sin antecedentes penales.
Este sería un claro abuso de la ley. Como se explicó en un informe reciente del Brennan Center (donde trabajamos), las facultades de la Ley de Enemigos Extranjeros se pueden aplicar como respuesta a un verdadero ataque armado, no a una “invasión” figurativa o puramente retórica.
El lenguaje y la estructura de la ley, así como el debate en el Congreso previo a su aprobación, no dejan dudas sobre este tema; la ley habla de actos de “hostilidad real” y tenía la intención de implementar las leyes de la guerra. Esta ley se ha usado solamente en tiempos de una guerra declarada o durante la Segunda Guerra Mundial inmediatamente después del ataque de Japón a Pearl Harbor.
En otra orden ejecutiva del primer día, Trump le ordenó al secretario de Defensa asignarle una nueva misión a NORTHCOM, el comando de combate de las fuerzas armadas de EE. UU. en Norteamérica: [para] “repeler formas de invasión como la inmigración masiva ilegal, el narcotráfico, el contrabando y tráfico de personas y otras actividades delictivas”.
La orden le dicta a NORTHCOM que elabore una “campaña” para llevar a cabo esta misión. No cita ninguna facultad establecida por la ley; en su lugar, indica la “responsabilidad solemne” del presidente como el “jefe de estado” y el “comandante en jefe de las Fuerzas Armadas” de proteger “la soberanía y la integridad territorial de los Estados Unidos”.
Aquí, Trump parece estar basándose en una interpretación histórica y ampliamente aceptada sobre la Constitución mediante la cual el presidente tiene la autoridad constitucional inherente —y puede tomar medidas momentáneas sin la autorización del Congreso— para repeler invasiones a los Estados Unidos. Pero, al igual que con la Ley de Enemigos Extranjeros, esta autoridad se reserva para casos de ataques armados.
Durante la Convención Constitucional, los fundadores de nuestra nación se refirieron explícitamente a esta prerrogativa presidencial como “la facultad de repeler ataques repentinos” o de “repeler y no de comenzar una guerra”. Nada en la Constitución contempla ni remotamente la facultad presidencial de ordenar una campaña militar contra personas civiles que ingresan al país sin la documentación correspondiente.
Por más alarmantes que sean estas órdenes ejecutivas, la más extrema puede ser la orden que tiene la intención de implementar la “Cláusula de Garantía” de la Constitución, mediante la cual Estados Unidos debe proteger a los estados contra cualquier invasión.
Como punto de partida, esta orden de Trump vuelve a caracterizar a la inmigración como una invasión y, por lo tanto, sufre del mismo defecto que las otras. La justicia ha afirmado que la protección de la Cláusula de Garantía contra cualquier invasión se aplica en tiempos de “hostilidades armadas provenientes de otra entidad política”. Se trata de la responsabilidad del gobierno federal de defender a los estados contra actos de guerra, no de inmigración.
Diluir el significado del término “invasión” mencionado en la Cláusula de Garantía degradaría las protecciones constitucionales en general. La Constitución menciona la palabra “invasión” en tres otras partes: para describir los correctos usos internos de las fuerzas militares; para establecer las condiciones que se deben cumplir para suspender el derecho de disputar encarcelamientos ilegítimos a través del recurso de habeas corpus; y para autorizar a los estados a “entrar en guerra” sin la aprobación del gobierno federal. Estas son facultades excepcionales que deben emplearse con prudencia y responsabilidad, no en respuesta a la indignación política del momento.
Pero la orden de Trump sobre la Cláusula de Garantía no se basa meramente en una cláusula inaplicable de la Constitución. Esta orden, al imponer una nueva autoridad presidencial de gran magnitud en tiempos de “invasiones” migratorias, está afirmando que las personas que cruzan la frontera sur del país “no pueden invocar las disposiciones de la [Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act)] que les permitirían una estancia prolongada en los Estados Unidos”, como las disposiciones de ley que protegen el derecho a solicitar asilo.
Si bien Trump se basa principal (y erradamente) en una disposición de ley para elaborar esta directiva, también se atribuye, como caso alternativo, una autoridad constitucional de suspender unilateralmente las leyes migratorias promulgadas por el Congreso.
Aun cuando existiera una verdadera invasión, Trump no tendría esa autoridad. En el caso judicial fundacional sobre la separación de poderes, conocido como Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, la Corte Suprema estableció que el presidente, tanto en tiempos de guerra como de paz, no puede eludir las leyes que el Congreso tiene la autoridad constitucional para promulgar, sin importar si el presidente también tiene autoridad constitucional en este ámbito.
El presidente puede ignorar restricciones del poder legislativo solo si el Congreso está abusando de los poderes que la Constitución le concede exclusivamente al presidente. Sin embargo, no hay duda de que el Congreso tiene la autoridad concedida por la Constitución de promulgar leyes migratorias, como las que permiten a las personas indocumentadas solicitar asilo. Por lo tanto, el presidente debe cumplir con esas leyes.
En muchos sentidos, las órdenes ejecutivas de Trump no tienen precedente. Pero la historia nos brinda algunas lecciones de las que podemos aprender. Esta no es la primera vez que un presidente afirma falsamente que existe una “invasión” en la frontera sur. En 1846, el entonces presidente James Polk proclamó que las fuerzas mexicanas habían “atravesado la frontera de los Estados Unidos” e “invadido nuestro territorio y derramado sangre estadounidense sobre suelo estadounidense”. A los dos días, consiguió la declaración de guerra del Congreso.
Si bien Polk identificó correctamente los elementos de una “invasión”—hostilidades armadas que exigen que el gobierno responda a la violencia con violencia—, mintió sobre los hechos. A los dos años, cuando se conoció la verdad, el entonces representante Abraham Lincoln acusó a Polk de haber conseguido una autorización de guerra “innecesaria e inconstitucionalmente” mediante una declaración falsa. Bajo el liderazgo de Lincoln, la Cámara de Representantes aprobó un texto para censurar a Polk por proclamar de manera ilegítima una “invasión” para engrandecer las facultades presidenciales.
Lo que hicieron Lincoln y sus colegas representantes fue un acto de valentía; la guerra mexicano-estadounidense seguía teniendo muchos adeptos en 1848. Pero sabían que el sistema de gobierno de EE. UU. funciona solo cuando el pueblo puede confiar en que el presidente ejecute las leyes con fidelidad.
Hoy en día, nuestro país se enfrenta a una situación más grave. El presidente tergiversa no solo los hechos, sino también la Constitución misma. Se ha atribuido la autoridad sin precedentes de ignorar y pasar por encima del Congreso toda vez que él proclame que hay una “invasión”, ya sea real o metafórica. El Congreso debe armarse de la valentía que exigen estos tiempos extraordinarios y condenar los intentos radicales de Trump de usurpar y abusar del poder.
(Nota del editor: este artículo es parte de la Colección: Cobertura de Just Security sobre las medidas ejecutivas de la administración Trump).
Traducción de Ana Lis Salotti.
