Mañana, el comité del 6 de enero publicará su informe completo. El panel ya hizo noticia al remitir cuatro posibles casos penales contra el expresidente a la fiscalía. Nada menos que Mitch McConnell, el líder de la minoría en el Senado, tuvo una respuesta muy acertada: “Toda la nación sabe quién es responsable por ese día”.
Tras la extraordinaria labor del comité, una importante pregunta pendiente es qué causó la insurrección, más que quién la causó.
Primero, aprovechemos la oportunidad para apreciar el logro del panel. Durante fascinantes audiencias y cuidadosas filtraciones de información quedó claro que no se trató de una manifestación fuera de control sino una conspiración que se puso en práctica vigorosamente para derrumbar la democracia estadounidense. El comité documentó delitos extraordinarios. Pensábamos que ya estábamos enterados de todo, pero nos dejó en vilo.
Investigaciones del Congreso como estas solían dominar los titulares con regularidad. La más famosamente eficaz fue la del comité sobre Watergate del Senado en 1973. Este, junto con el comité Church, que expuso actos ilegales por la FBI y CIA, dominaron las noticias, pero también produjeron reformas, desde leyes federales sobre financiación de campañas electorales hasta la creación de un comité conjunto de inteligencia en el Congreso.
A veces las reformas vienen después de los escándalos. Y no hay mayor escándalo que el esfuerzo de Donald Trump para bloquear la transferencia pacífica del poder.
Pero echarle toda la culpa exclusivamente a Donald Trump no basta para proteger nuestra democracia. Trump no creó el mito del fraude electoral; este es una obra partidista desde hace dos décadas. Su intento de menoscabar las elecciones de 2020 expuso puntos vulnerables en nuestros sistemas legales y electorales. En su mayoría, siguen existiendo, a la espera de un segundo Donald Trump que los vuelva a explotar. Esas vulnerabilidades son lo que causaron la insurrección del 6 de enero. La labor del comité podría producir beneficios de incluso mayor duración si lo que revele ayuda a propiciar reformas.
Esto debe empezar con subsanar la Ley de Conteo Electoral. La desquiciada interpretación por Trump de la frágil y anticuada ley del siglo XIX ofreció el fundamento para su campaña de presión contra el vicepresidente Mike Pence. La reforma propuesta deja en claro que los vicepresidentes tienen un mero papel administrativo y dificulta que los miembros del Congreso objeten sobre votos electorales debidamente emitidos. Estos cambios consolidan que la lectura de los votos electorales es una ceremonia y nada más. Esas y otras importantes subsanaciones a la Ley del Conteo Electoral se incluyen en la medida presupuestaria de esta semana.
La propuesta también incluye fondos federales para mejorar la infraestructura de elecciones y velar por la seguridad de los funcionarios electorales, pero esto no basta ni mucho menos. Nunca debemos olvidar que la campaña de presión de Trump no se limitó a Pence. El mismo Trump llamó a funcionarios estatales de elecciones y los instó —sin ningún fundamento convincente— a que revirtieran su derrota. El asesor legal de Trump, Rudy Giuliani, acusó falsamente de fraude a trabajadores electorales locales. Como resultado de la campaña de Trump contra estos empleados públicos, se acosó y amenazó a trabajadores electorales, hasta en su casa. A partir de ahora, el Congreso debe actuar de manera decisiva a fin de proteger a los funcionarios electorales en su residencia y oficina al asignar una fuente estable de fondos para protección muy necesaria.
Los demás cambios requieren la presión sostenida del pueblo estadounidense. Una de las prioridades debe ser crear estándares nacionales básicos para elecciones federales. Por ejemplo, el equipo de Trump alegó a favor de invalidar al grupo de electores de Pensilvania bajo la teoría de que los funcionarios estatales no debieron haber cumplido con un fallo de la corte suprema del estado que exigió que contaran los votos que se recibieron por correo varios días después de las elecciones pero con franquicia postal fechada el Día de las Elecciones. Es un argumento espurio, pero el hecho que la ley federal no indique cuándo y cómo se deben contar las boletas enviadas por correo le dio alas innecesariamente. Ya que 50 estados realizan elecciones con casi 50 procedimientos diferentes, las elecciones reñidas producirán afirmaciones similares en el futuro.
No hay duda de que la Constitución le da el poder al Congreso para solucionar este problema. Si las mismas normas se aplicaran a todos los estados, habría menos cabida para acusaciones de irregularidades.
Estas son apenas las primeras reformas necesarias. Deben existir fondos garantizados para que los estados realicen auditorías fidedignas después de las elecciones. El Congreso debe financiar los esfuerzos por combatir la desinformación sobre las elecciones y restaurar las medidas de protección de la Ley de Derechos Electorales para impedir la discriminación racial en los comicios, ya que la tentativa de Trump de anular las elecciones de 2020 se enfocó principalmente en votantes de color. La lista es larga.
El comité del 6 de enero desempeñó un servicio vital. Nos dejó con imágenes que no nos podemos borrar de la mente. Pero ahora que su labor ha concluido, centrarse exclusivamente en Trump sería un gran error. Dar solución a esos puntos débiles debe ser una prioridad para ambos partidos. Empezará con la Ley de Conteo Electoral, pero espero que no termine allí.
