Esta columna se publicó originalmente en La Opinión
A medida que nuestro país se vuelve más diverso, lo mismo debería ocurrir con nuestro gobierno. Pero el dinero o, mejor dicho, la falta de dinero sigue impidiéndoles a las personas de todo tipo de contexto social y económico participar en las elecciones presentándose como candidatos o donando dinero.
La carga financiera de las campañas políticas puede disuadir a candidatos que no tienen el dinero o los contactos necesarios. Incluso quienes han ganado elecciones, como la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), que antes trabajaba como bartender, y el representante Maxwell Alejandro Frost (D-FL), de tan solo 26 años, han dicho que tuvieron que gastar sus ahorros o llegar al límite de sus tarjetas de crédito para poder hacer campaña.
Por lo tanto, celebramos la excelente noticia de que la Comisión Federal de Elecciones está considerando actualizar reglas anticuadas sobre cómo y cuándo se pueden usar los fondos de campaña para pagarse un salario. Según las reglas actuales, los candidatos a elecciones pueden pagarse, como máximo, lo que ganaron durante el año anterior, siempre que no supere el salario del cargo para el que se postulan. Esta condición desalienta a quienes tuvieron bajos salarios o cuidaban de su familia a tiempo completo.
Los posibles cambios a las reglas podrían permitirles pagarse un salario con el que puedan vivir y costearse la campaña. También podrían utilizar sus fondos de campañas para gastos básicos, como el costo de guarderías, lo que en la actualidad solo se permite con un permiso especial de la Comisión.
Sin embargo, un obstáculo aún mayor para muchos candidatos, incluso los ya electos, surge cuando tienen que recaudar dinero para sus campañas, en especial tras la decisión de la Corte Suprema de 2010 en el caso Citizens United, que eliminó las restricciones en la financiación de campañas electorales. Después de este fallo, las contribuciones de los grandes donantes —corporaciones, millonarios y grupos de intereses especiales— han crecido exponencialmente.
El Brennan Center reveló que, durante las elecciones legislativas de 2022, tan solo 100 de los donantes más grandes contribuyeron mucho más a las campañas políticas para cargos federales que 3.7 millones pequeños donantes.
En 2020, el estado de Nueva York aprobó la mejor respuesta que hayamos visto a este tema desde el fallo de Citizens United: una ley de financiación de campañas políticas bajo cual cada candidato o candidata elegible que recauda pequeñas donaciones de sus comunidades puede recibir fondos públicos que multiplican esas contribuciones.
Al multiplicar las donaciones más pequeñas por el múltiplo más grande, el programa de Nueva York sirve como modelo para otros estados que buscan darle al electorado más representación en la política y en el gobierno. Al menos 15 estados y 21 municipalidades de todo el país, incluso la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, también tienen leyes que aportan fondos públicos para empoderar al pequeño donante.
Pero se precisa de una vigilancia constante para asegurarse de que las leyes se pongan en práctica y los programas estén bien financiados. El programa de financiación pública de Nueva York ya está en peligro, porque la legislatura estatal ha dado indicios de que prevé postergar su implementación, a pesar de que el programa cuenta con un amplio apoyo en todo el estado. Los líderes políticos de Nueva York deben asignar al programa $39.5 millones en el próximo presupuesto estatal para que su implementación continúe.
Nuestro objetivo, en Nueva York y en todo el país, debe ser el de lograr un gobierno representativo que refleje y responda a la diversidad de la población a la que atiende.
