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Gracias a la débil reglamentación sobre la financiación de las campañas políticas, las corporaciones y las personas estadounidenses más adineradas tienen un poder enorme para influir en nuestras elecciones.
Recientemente, el sector tecnológico ha inyectado más y más donaciones políticas, al tiempo que han surgido dudas en las agendas de muchos políticos sobre cómo regular el mundo del Silicon Valley. Esta financiación masiva podría ayudar a propiciar las ganancias corporativas a expensas del interés público. Además, algunas figuras destacadas del sector tecnológico han promovido opiniones radicales y, a veces, antidemocráticas cuando realizan sus grandes contribuciones.
Si se aprueba la Ley de Libertad para Votar (Freedom to Vote Act), el Congreso puede reforzar las reglas para asegurarse de que sean las personas estadounidenses normales, y no solo los grandes donantes, los que tengan una representación justa en el proceso de elaboración de políticas.
Algunos eventos recientes ponen de manifiesto la influencia desmedida que tienen las donaciones del sector tecnológico en la política.
Hace unos pocos años, la industria de las criptomonedas era un donante inexistente en la política; hoy en día, es el donante corporativo más grande en nuestras elecciones, ya que ha aportado casi la mitad de todas las donaciones corporativas declaradas.
La criptofirma Coinbase ha donado más de $90 millones en lo que va de este ciclo electoral y se ha convertido en el segundo donante más importante del país. Las donaciones de este sector han propulsado a candidatos de los dos partidos políticos y les han incentivado a competir por su apoyo mediante compromisos políticos. Los efectos no son difíciles de entender. Incluyen, por ejemplo, una plataforma del partido republicano que presenta una fuerte postura en contra de la regulación de las criptomonedas y el evento “Cripto por Harris” del que participó el líder de la mayoría en el Senado Chuck Schumer.
El vínculo más cercano que tiene el expresidente Trump con el Silicon Valley lo acompaña en su boleta. Su compañero de fórmula, el senador JD Vance de Ohio, es un exinversor de capital de riesgo, cuya reinvención política y ascenso al poder fue posible gracias a los millones de dólares que donó su mentor, el multimillonario cofundador de PayPal Peter Thiel. Un subgrupo de la élite del Silicon Valley que se ha sumado al bando de Trump, en parte gracias a sus preferencias políticas desregulatorias, festejaron la selección de su vicepresidente.
La mayor parte de las noticias sobre las grandes donaciones del sector tecnológico se ha centrado en Elon Musk, actualmente la persona más rica del mundo y que le ha dado su respaldo a Trump y se ha alineado con un supercomité de acción política (súper-PAC) a favor de Trump. Pero Musk es tan solo uno de los muchos donantes del mundo tecnológico que propulsan a la clase política de derecha. Es uno de los tantos, como el cofundador de Palantir Joe Lonsdale, los inversores de capital de riesgo Marc Andreessen y Ben Horowitz y los gemelos Winklevoss, dos empresarios del sector de las criptomonedas que intentaron donar más de lo permitido por la ley a distintas entidades a favor de Trump y republicanas.
La vicepresidenta Harris también tiene patrocinadores en esta industria, como el multimillonario cofundador de LinkedIn Reid Hoffman, que donó $10 millones a un súper-PAC a favor de Biden que ahora apoya a Harris. Hoffman respaldó a Harris el día que Biden abandonó la contienda. Y, a los pocos días, Hoffman hizo un llamamiento público para que Harris reemplace a la presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC), lo cual provocó críticas de varios observadores preocupados porque sus donaciones puedan influenciar una futura presidencia de Harris.
Una de las razones por las que estos grandes donantes preocupan a analistas y observadores es que pueden aprovecharse de algunos atributos antidemocráticos que tiene nuestro sistema de financiación de campañas para dañar nuestra democracia.
La composición de políticas antidemocráticas de Thiel, influenciadas por el sector tecnológico y centradas en la idea de tener a “directivos al mando de todo”, lo han impulsado a donar millones de dólares en 2022 a favor de candidatos republicanos poco convencionales, como Vance, que compartían sus mismas posturas. Vance ha escuchado a diversos pensadores, como a un partidario de implementar una dictadura en Estados Unidos (Curtis Yarvin, amigo de Thiel) y a un grupo de “posliberales” que valoran un gobierno teocrático y jerárquico más que la democracia y los derechos individuales. Musk impulsa una política volátil, cargada de teorías conspirativas y centrada en agravios culturales y afirmaciones disparatadas.
De todas maneras, los principales incentivos detrás de la mayor parte de las donaciones electorales de la industria tecnológica son probablemente económicos. La riqueza del sector tecnológico está fuertemente afectada por las decisiones regulatorias e impulsada por los contratos gubernamentales. No hace falta más que considerar el reciente dictamen judicial antimonopolista contra Google y las audiencias en el Congreso sobre el daño que les ocasionan a los adolescentes las redes sociales como Instagram y Facebook.
Tratar de ganarse el favor de la clase política más poderosa podría facilitar la implementación de las políticas preferidas de los multimillonarios. Y, al igual que en otras industrias, probablemente también estén pensando en las tasas de los impuestos corporativos.
Estos problemas se han exacerbado gracias a la desregulación de la financiación de las campañas políticas desencadenada por el dictamen de la Corte Suprema de 2010 en el caso Citizens United, que permitió realizar contribuciones ilimitadas a los súper-PAC que suelen estar controlados por un único donante principal. Este dictamen brindó los medios para que las personas multimillonarias puedan inyectar enormes sumas de dinero en nuestras elecciones. Y aunque se supone que los súper-PAC deben funcionar independientemente de los candidatos, la existencia de reglas débiles significa que, en realidad, pueden trabajar en estrecha colaboración con sus equipos de campaña —incluso para salir a solicitar votos y durante otras actividades de campo—, gracias a una reciente opinión de la Comisión Federal de Elecciones mal asesorada.
Encima, las donaciones anónimas imposibles de rastrear permiten donar en secreto a los políticos. (Este es el vacío legal del que se aprovechó Sam Bankman-Fried, estafador condenado y exempresario cripto multimillonario, cuando les donó públicamente a demócratas, pero en secreto a republicanos). Estas son algunas de las muchas razones por las que el Congreso debe aprobar la Ley de Libertad para Votar, que fortalecería las reglas contra la coordinación, eliminaría las donaciones anónimas y, además, tiene un fuerte apoyo público bipartidista.
La libre circulación de las grandes donaciones en la política implica que los intereses de la clase ultrarrica —a menudo, muy diferentes a los intereses de la mayoría del pueblo estadounidense— tengan una representación excesiva. Y ayuda a sostener ideologías muy específicas que pueden no contar con el apoyo popular, gracias a las donaciones de lo que el politólogo Daniel Schlozman ha llamado las “facciones desertoras de la clase de ejecutivos en mocasines”. Este sistema jerárquico en la financiación de campañas se parece a las visiones políticas de quienes, como Yarvin, dudan de la democracia y preferirían una sociedad jerárquica gobernada por directivos y jefes.
Esto no tiene por qué ser así. Las lógicas reformas de la financiación de campañas políticas, comenzando por la Ley de Libertad para Votar, pueden cambiarlo.
Traducción de Ana Lis Salotti.
