La situación judicial de Donald Trump sigue calentándose. El fiscal especial Jack Smith envió una carta al expresidente la semana pasada en la que le informaba que era objeto de una investigación penal, y se le podría realizar una acusación formal en los próximos días.
Aún no sabemos toda la teoría de Smith detrás del caso, pero las leyes que aparentemente está considerando abren la posibilidad de un procesamiento penal más amplio que podría ir más allá de los eventos del 6 de enero. Esta insurrección no fue un evento aislado de violencia política, sino la última jugada de una conspiración que Trump venía planeando durante meses para frenar el traspaso pacífico de poderes. Su procesamiento penal debería reconocer este hecho.
Según las últimas noticias, Smith le informó a Trump que podría enfrentar cargos penales de acuerdo con tres leyes. El cargo más esperado es el de obstruir un procedimiento oficial: la certificación del Congreso de los resultados de las elecciones de 2020 durante el día 6 de enero.
El segundo cargo, el de intentar defraudar a los Estados Unidos, probablemente se relaciona con los múltiples certificados de electores falsos que Trump recabó y utilizó para presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que este los aprobara y así subvertir el Colegio Electoral.
Estos dos cargos están directamente vinculados con los eventos del 6 de enero. Pero el tercer cargo podría ir más lejos.
Según se pudo saber, Smith acusará a Trump de violar la Sección 241 del Título 18 del Código Penal de los Estados Unidos, que estipula que es un delito “conspirar para perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona... durante el libre ejercicio o goce de cualquiera de sus derechos o privilegios garantizados por la Constitución o las leyes de los Estados Unidos”.
Esta disposición, originalmente parte de las leyes sobre los derechos civiles de la era de la Reconstrucción (a veces conocidas en inglés como Ku Klux Klan Acts), buscaba proteger a las personas votantes de raza negra contra cualquier intento de intimidación y violencia física.
El poder del Ku Klux Klan se ha debilitado desde entonces, pero esta ley sigue siendo una salvaguarda fundamental contra toda forma de subversión electoral. Se la ha utilizado para enjuiciar a autoridades públicas que intentaron omitir boletas válidas en un conteo de votos, como así también a personas individuales que querían presionar o sobornar a votantes. Justo este año, se condenó conforme a la Sección 241 a un usuario de Twitter por haber dado instrucciones falsas intencionalmente sobre cómo votar para quitarle votos a Hillary Clinton en las elecciones de 2016.
Fundamentalmente, la Sección 241 prohíbe todo intento de impedir, alterar, diluir o anular un voto. ¿Cómo conspiró Trump para hacer esto? Veamos las varias formas en que lo hizo.
Se comunicó con el presidente de la Cámara de Representantes de Pensilvania y le pidió ayuda para anular los resultados electorales de ese estado. Llamó a algunas autoridades de una junta de escrutinio local en Míchigan, y luego las autoridades intentaron anular su certificación de la votación. Y en lo que se convirtió en el caso más infame, llamó al secretario de estado de Georgia Brad Raffensperger y le exigió que le “encontrara 11,780 votos”, la cantidad necesaria para revertir el triunfo de Joe Biden en ese estado.
Trump también trató de politizar y atacar el sistema judicial cuando presentó un montón de demandas judiciales falsas para detener el conteo y la certificación de votos. Estas demandas estaban fundamentadas en teorías conspirativas y desinformación, y, en al menos un caso, la justicia terminó dictando sanciones judiciales contra sus abogados. (¿Se incluirán estas demandas judiciales frívolas en los cargos? Es difícil saberlo por motivos constitucionales. Pero, como cuestión de hecho, aunque no fuera de derecho, sí formaron parte de su esfuerzo por revertir los resultados electorales legítimos).
Muchas personas voceras y aliadas de Trump en los medios de comunicación mintieron sin tregua sobre las máquinas de votación y las autoridades encargadas de contar votos. Las mentiras fueron tan descaradas que Fox News acordó pagar una suma astronómica para resolver una demanda civil en lugar de defender esas mentiras ante la justicia.
Y, por último, varias personas asociadas de Trump se comunicaron con varios líderes de grupos supremacistas blancos para traer a un grupo de matones armados e ilusos a Washington, donde Trump les alentó a “pelear como locos”.
Todo esto ocurrió antes de que la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi hubiera podido dar comienzo a la certificación de las elecciones de 2020 el día 6 de enero.
Las insurrecciones no se arman de un día para el otro. La del 6 de enero fue el resultado de meses de planificación de una banda de saboteadores de elecciones, con Trump a la cabeza.
Traducción de Ana Lis Salotti.
