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La Corte Suprema de Estados Unidos ha aceptado examinar el dictamen de la Corte Suprema de Colorado que la Cláusula de Descalificación de la 14.a Enmienda prohíbe al expresidente Donald Trump figurar en la boleta de las elecciones primarias republicanas del estado debido a su rol en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio.
Pero Colorado no es el único estado con un dictamen judicial que decide si Trump reúne los requisitos para figurar en la boleta, y las cortes supremas y secretarios de estado de los diferentes estados discrepan al respecto.
Hace dos semanas, la Corte Suprema de Michigan llegó a la conclusión contraria, como lo hizo el alto tribunal de Minnesota en noviembre. También en semanas recientes, la secretaria de Estado de California mantuvo a Trump en la boleta, mientras que la de Maine anunció que Trump no reúne los requisitos para aparecer en la boleta. Hay casos similares pendientes en cortes estatales y federales de todo el país.
Estos resultados contradictorios se explican en parte por las diferencias en las leyes electorales estatales y los procedimientos de cada estado para juicios de este tipo.
La sección 3 de la 14.a Enmienda prohíbe que alguien ocupe un cargo público si juró defender la Constitución y luego “participó en una rebelión o insurrección” o “prestó ayuda o apoyo a enemigos” que lo hicieron.
En Anderson v. Griswold, la Corte Suprema de Colorado falló 4–3 que Trump estaba descalificado conforme a esta disposición porque, según concluyó, había jurado “preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos” en su investidura y luego participó en la insurrección del 6 de enero de 2021. El tribunal dictaminó que, al reunir estas condiciones, se le prohibía desempeñarse como funcionario público y figurar en la boleta de las primarias presidenciales.
La corte también decidió que los votantes que entablaron la demanda habían usado debidamente el estatuto estatal sobre elecciones pertinente para presentar el caso. La corte dictaminó que “sería un acto injustificado conforme al Código Electoral que la secretaria [de Estado] incluya a [Trump] como candidato en la boleta de las primarias presidenciales”.
La decisión confirmó en parte un dictamen de 102 páginas por un tribunal de primera instancia en Denver, donde tuvo lugar un juicio de cinco días para determinar si Trump estaba calificado para figurar en la boleta de las primarias de Colorado.
El juez de primera instancia había determinado que Trump había participado en una insurrección, pero que podía permanecer en la boleta porque la Cláusula de Descalificación no se aplica a la presidencia. (La 14.a Enmienda declara que “Ninguna persona podrá ser senador o congresista ni elector de presidente y vicepresidente, ni ocupar ningún cargo, civil o militar bajo la jurisdicción de Estados Unidos” si se cumplen las condiciones arriba mencionadas).
La Corte Suprema de Colorado aceptó las conclusiones del tribunal de primera instancia y luego fue más allá al decidir que la Cláusula de Descalificación se aplica a los presidentes y la presidencia.
Es más, la Corte Suprema de Colorado concluyó que, “el claro propósito de la sección tres [fue] asegurar que los funcionarios desleales nunca vuelvan a desempeñar un papel en el gobierno del país. . . A quienes redactaron la sección 3 los motivó un sentido de traición; es decir, dada la existencia de un juramento incumplido, no el tipo de funcionario que lo incumplió”.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha aceptado revisar la decisión de Colorado; los alegatos orales están programadospara el 8 de febrero de 2024.
A diferencia de Colorado, donde el proceso empezó con un juicio, en Minnesota, el proceso para eliminar a Trump de la boleta comenzó en la corte suprema del estado, que escuchó alegatos orales el 2 de noviembre. En Growe v. Simon, el alto tribunal de Minnesota dictaminó 6–0 que Trump podía permanecer en la boleta de las primarias republicanas en Minnesota.
La corte decidió que “si bien el secretario de Estado y otros funcionarios electorales administran los aspectos técnicos de las elecciones, esta es una elección interna del partido que sirve para fines internos del partido, y ganar las primarias de nominación a presidente no pone a la persona en la boleta de las elecciones generales”.
La corte agregó, “nohay ningún estatuto estatal que prohíba que un partido político reconocido ponga a un candidato sin los requisitos para ocupar el cargo en la boleta de las primarias para nominar al candidato presidencial ni que envíe a delegados que lo apoyan a la convención nacional”.
En pocas palabras, el tribunal de Minnesota dictaminó que la decisión de quién debe estar en la boleta de las primarias republicanas recae en el Partido Republicano, no en la corte. El caso se desestimó sin audiencia en base a la evidencia factual sobre el 6 de enero o al papel que jugó Trump.
Por lo tanto, la Corte Suprema de Minnesota nunca llegó a las cuestiones de fondo de si la Cláusula de Descalificación se aplicaba a Trump, si participó en una insurrección o si estaba descalificado de aparecer en la boleta.
La corte también dejó abierta la posibilidad de que los demandantes, entre ellos el exsecretario de Estado de Minnesota, vuelvan a considerar el asunto de sacar a Trump de la boleta de las elecciones generales del estado si llega a ser nominado.
Luego, en los últimos días de 2023, la Corte Suprema de Michigan decidió seguir la estrategia de la Corte Suprema de Minnesota y permitió que Trump esté en la boleta de las primarias republicanas de Michigan. La corte simplemente dijo que “no estaba convencida de que las cuestiones planteadas debían ser examinadas por este tribunal”.
Estas decisiones de cortes supremas estatales varían en parte según la interpretación de las leyes electorales estatales que rigen las elecciones federales —un poder que recae en los tribunales estatales, como lo volvió a confirmar recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos en Moore v. Harper.
En Minnesota, el tribunal superior decidió que una primaria presidencial no es una “elección” que permitiría que la corte emita una opinión sobre las calificaciones de candidatos. En vez, el estado ha delegado considerable poder a los partidos políticos, para que actúen como los debidos guardianes que permiten el acceso.
Si bien la decisión de la mayoría en Michigan fue parca, una opinión discrepante dijo que “no hay ninguna disposición en las leyes electorales de Michigan que requieran que alguien que se postula al cargo de presidente de Estados Unidos dé fe de su calificación legal para ocupar el cargo”.
Por otro lado, la ley de Colorado tiene un procedimiento acelerado para evitar que el secretario de Estado cometa un error en la boleta. Aquí el “error” sería incluir a un candidato que está constitucionalmente descalificado, como Trump, en la boleta de las primarias.
Los demandantes de Colorado son republicanos y votantes no afiliados que podrían votar en las primarias republicanas de Colorado en 2024. Es importante destacar que el estatuto en que basaron la demanda otorga causa a los demandantes, lo que les permitió entablar un juicio.
La corte suprema del estado dictaminó que los demandantes usaron procedimientos correctos conforme a las leyes electorales de Colorado para cuestionar si Trump reúne los requisitos para estar en la boleta.
Los demandantes de Colorado contaron con la representación de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, también conocido como CREW. Esta organización tiene cierta experiencia en el litigio de asuntos bajo la Cláusula de Descalificación. Ganó un caso similar en 2022 en Nuevo México que resultó en la destitución de un participante del 6 de enero, Couy Griffin, de su cargo de comisionado de condado.
Se ha declarado que Trump no reúne los requisitos de la boleta en un estado adicional: Maine. Sin embargo, allí la decisión la tomó la secretaria de Estado de Maine Shenna Bellows, no la corte suprema del estado.
Eso se debe a que la ley de Maine otorga al secretario de Estado la autoridad de declarar si los candidatos no reúnen los requisitos para figurar en la boleta y crea un procedimiento especial para cuestionar las calificaciones de estos. La ley requiere que los votantes presenten una petición directa al secretario de Estado. Este luego programa una audiencia pública para considerar el asunto.
La audiencia sobre la elegibilidad de Trump tuvo lugar en diciembre después de que Bellows recibió dos peticiones cuestionando la nominación de Trump de votantes que argumentaron que Trump estaba prohibido de ocupar un cargo público debido a sus acciones relacionadas con el ataque del 6 de enero.
Bellows siguió la estrategia de Colorado al tomar la decisión y declaró que “el peso de la evidencia deja en claro que [Trump] conocía la probabilidad de violencia y por lo menos inicialmente apoyó su uso, ya que la fomentó con retórica incendiaria y no tomó medidas oportunas para detenerla”.
El “claro mandato” de la sección 3, aseguró, es que “quienes organizan actos de violencia contra nuestro gobierno no pueden tener las riendas de su poder”. Por lo tanto, decidió que la sección 3 hace que Trump no reúna los requisitos para figurar en la boleta de las primarias de Maine.
Al igual que otras decisiones, la de Maine se basó en la estructura de la ley estatal. Conforme a la ley electoral de Maine, los candidatos deben presentar una declaración escrita que explique por qué cumplen con las calificaciones del cargo al que postulan. Si el secretario concluye que cualquier parte de la declaración es falsa, debe descalificar al candidato.
En este caso, decidió que la afirmación de Trump contenía mentiras. “Como regla general”, explicó, “los estados tienen autoridad inherente respecto a las boletas” y “el resultado inevitable de que los estados administren sus propias elecciones es que cada uno tiene requisitos y procedimientos diferentes sobre el acceso a la boleta, incluso respecto a candidatos presidenciales”.
Bellows agregó que reconocía la solemnidad e importancia de su decisión: “Estoy consciente de que ningún secretario de Estado jamás ha privado a un candidato a la presidencia de acceso a la boleta en base a la sección 3 de la 14.a Enmienda”, escribió. “Sin embargo, también estoy consciente de que ningún candidato a la presidencia jamás ha participado en una insurrección”.
Trump le ha pedido a una corte estatal de Maine que anule la decisión.
Ahora que la Corte Suprema de Estados Unidos ha aceptado examinar el caso de Colorado, esta podría aclarar cómo funciona la Cláusula de Descalificación en el clima posterior al 6 de enero y si el federalismo, que permite que la administración de las elecciones varíe en cada estado, debe ceder a la uniformidad que exige una regla general para todos los 50 estados.
Hay mucho en juego. Entre los muchos resultados posibles es que la Corte Suprema de Estados Unidos diga que Trump está descalificado en todas partes, no solo en Colorado y Maine.
Ciara Torres-Spelliscy es profesora de la Facultad de Derecho de Stetson University e investigadora Fellow del Brennan Center.
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