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Desde el día de las elecciones, la cotización de las acciones de las compañías privadas que administran las prisiones ha aumentado con más rapidez que las acciones de Tesla. (También las acciones de una compañía que vende pistolas paralizantes).
Después de todo, las compañías privadas que operan las prisiones son clave para la iniciativa de las deportaciones masivas de la próxima administración. Si Donald Trump y su personal llevan a cabo sus planes de detener a millones de personas, van a necesitar lugares donde alojarlas mientras se procesan. De ahí las buenas perspectivas para las compañías penitenciarias privadas, que serán las encargadas de construir los centros de detención.
La inmigración es un tema delicado. Somos una nación de inmigrantes, pero también una nación de leyes. Los estadounidenses, de todo el espectro político, reconocen que el sistema de inmigración no se ha reformado en décadas. Se debería hacer más para asegurar las fronteras y resolver el desbordado sistema de asilo. No sabemos hasta qué punto llegarán Trump y su equipo. Es mucho más fácil tuitear que se va a deportar a millones de personas que hacerlo realmente. Las redadas masivas —sin considerar la capacidad de nuestro sistema judicial ni la situación particular de cada persona y familia— dividiría familias, violaría nuestros ideales de debido proceso y la protección igualitaria, y desestabilizaría la economía. Sin embargo, todo indica que la amenaza de Trump, hecha durante su campaña, de que será “una cuestión sangrienta” debería tomarse tanto en serio como al pie de la letra.
El domingo pasado, el activista conservador Tom Fitton proclamó en Truth Social que Trump “declarará una emergencia nacional y utilizará recursos militares para revertir la invasión de Biden a través de un programa de deportación masiva”. A eso de las 4 de la mañana, Trump respondió: “¡¡¡VERDAD!!!”.
Como lo he indicado antes, los expertos del Brennan Center han descrito las formas en que un presidente puede emplear leyes poco usadas para desbloquear poderes increíblemente amplios. Pero incluso estos poderes de emergencia, que tienen muy pocas restricciones, deben estar sujetos al estado de derecho.
La Ley Posse Comitatus prohíbe en general el uso de las fuerzas militares federales para mantener el orden público civil. Ese es un elemento fundamental de una democracia liberal. Pero otras leyes más desconocidas y poco usadas brindan excepciones a esa regla. Durante los últimos meses, hemos explicado esas leyes y los riesgos que plantean.
Trump ha amenazado, por ejemplo, con usar la Ley de Insurrección. (No, esta no es su oportunidad para protagonizar otra insurrección). Esta es una combinación de leyes que le permite al presidente utilizar las fuerzas militares para ayudar a las autoridades civiles cuando se ven desbordadas por disturbios. Aunque existen situaciones excepcionales en las que se necesite esta autoridad, la Ley de Insurrección no se ha actualizado significativamente en más de 150 años. Tal como señala mi colega Joseph Nunn, esta ley es peligrosa por ser demasiado general y susceptible de abuso. Le concede al presidente la facultad casi ilimitada de desplegar tropas militares federales dentro del país, y los tribunales de justicia se han mostrado extremadamente deferentes hacia el poder ejecutivo en el pasado. Además, el poder judicial federal es cada vez más obsecuente con Trump y sus seguidores.
Trump incluso ha declarado que utilizará la última parte restante de las Leyes de Extranjería y Sedición de 1798 —leyes denunciadas por Thomas Jefferson como reflejo de un “reinado de brujas”— para tratar la llegada de inmigrantes como un ejército invasor.
Esta ley se ha utilizado solo tres veces, la última vez para detener a personas japonesas y de otras nacionalidades durante la Segunda Guerra Mundial. Su uso sería absolutamente ilegal, ya que el texto de la ley permite su utilización solo cuando la nación se encuentra en guerra con un gobierno soberano (aunque los tribunales en el pasado se han mostrado reacios a contradecir el criterio del presidente, tal como lo informa mi colega Katherine Yon Ebright).
Luego tenemos la Ley de Emergencias Nacionales, una ley de 1976 que le da al presidente un enorme poder con muy pocas reglas sobre lo que constituye una emergencia nacional. Mi colega Liza Goitein ha escrito y testificado durante años sobre las formas en las que se puede abusar de esta ley, por ejemplo, cuando el presidente Biden intentó aplicarla erróneamente para cancelar las deudas estudiantiles. El leal conservador Mike Lee, senador de Utah, también ha demandado un cambio, cuando señaló que “elaborar así leyes por decreto se opone directamente a la visión de nuestros Fundadores y menoscaba las salvaguardas que protegen nuestra libertad”.
Trump aplicó la Ley de Emergencias Nacionales para destinar fondos a sus tibios esfuerzos de construir un muro en la frontera. El año pasado, Stephen Miller le dijo al New York Times que, esta vez, la ley se usará para redirigir los fondos con el objetivo de construir “enormes instalaciones de detención que funcionarían como centros de escala para inmigrantes, mientras esperan que se procesen sus casos y que los coloquen en vuelos hacia otros países”.
Todas estas leyes le dan al presidente demasiado poder. Todas deben ser revocadas o reformadas, tal como lo hemos expuesto durante años, mediante un trabajo en equipo entre conservadores y liberales para lograr un cambio. Pero todas siguen estando sujetas a la Constitución y al estado de derecho. Ahora estamos trabajando con partes aliadas de diversas coaliciones para preparar las imputaciones judiciales a los posibles abusos a estas leyes.
Los jueces y las juezas en las salas de los tribunales de toda la nación pronto se pondrán prueba. ¿Usarán su poder para hacer cumplir las protecciones que desde siempre han favorecido a la persona individual? ¿Defenderán el estado de derecho? ¿O cederán a la presión política y permitirán que el poder ejecutivo amplíe su ya extenso poder?
Todo esto ocurrirá no en un futuro lejano, sino en tan solo unas semanas. El Brennan Center for Justice hará su trabajo y utilizará nuestros años de experiencia sobre estos temas que antes eran arcanos para luchar por la Constitución.
Traducción de Ana Lis Salotti.
