Este artículo se publicó originalmente en Al Día Dallas.
Durante los últimos 18 meses, una ola de proyectos de ley antivoto se presentaron y aprobaron a lo largo del país, muchos de los cuales buscaban debilitar el creciente poder político de los latinos y de otras comunidades no blancas. Para comienzos de mayo de este año, se habían presentaron casi 400 proyectos de ley restrictivos en las legislaturas de toda la nación.
Si bien hay quienes argumentan que no es más que un juego político partidista en el que el partido republicano busca conseguir mayoría electoral, una nueva investigación del Brennan Center demuestra que una reacción de la población blanca a su percepción de pérdida de poder está cumpliendo un importante papel en esta ola de leyes.
En Texas una de esas leyes incluye la negación de asistencia a votantes con poco dominio del idioma inglés.
Los hallazgos de la investigación del Brenna Center coinciden con la teoría de que es un “contragolpe racial” — cómo la ciudadanía blanca responde a su percepción de pérdida de poder y estatus obstaculizando las oportunidades políticas de las minorías— lo que impulsa esta ola de restricciones al voto.
Identificamos a las personas responsables detrás de cada uno de los proyectos de ley restrictivos que se presentaron en 2021 y luego averiguamos qué características tenían los distritos donde sus legisladores habían presentado alguna ley restrictiva. Los representantes de los distritos más blancos en los estados de mayor diversidad racial del país eran los más propensos a presentar proyectos de ley antivoto, y los distritos con personas blancas que obtuvieron una mayor puntuación de sesgo racial en nuestro estudio eran más propensos a estar representados por legisladores que habían presentado proyectos de ley restrictivos.
Además, los estados con diversidad racial controlados por el partido republicano eran mucho más propensos a presentar y aprobar estipulaciones restrictivas que los estados republicanos muy blancos; es decir: son los estados como Texas y Arizona, y no Wyoming ni Utah, los que están aprobando la legislación más restrictiva.
El análisis de este reporte no busca discernir la motivación detrás de cada uno de los proyectos de ley ni de cualquier legislador en particular, sino que intenta señalar tendencias que se observan a lo largo del país. Sin embargo, hay pruebas específicas en determinados estados que demuestran cómo algunas de estas nuevas leyes se ajustan a esta tendencia. Por ejemplo, los estados de Texas y Georgia han sido demandados por haber discriminado intencionalmente a votantes no blancos.
El Brennan Center demandó a Texas por haber aprobado la Ley del Senado 1 (SB 1) que consideramos racialmente discriminatoria, entre otras cosas. Esta ley impuso serias limitaciones a todo votante con poco dominio del inglés para recibir la asistencia a la que tienen derecho según la ley federal. Estas limitaciones seguramente tendrán muchísimo más impacto sobre los votantes latinos. Algunas de estas disposiciones ya fueron bloqueadas por un tribunal federal. Además, limita opciones que eran muy utilizadas por las personas no blancas, como los sitios de votación al estilo drive-thru y abiertos las 24 horas.
Ya estamos viendo los efectos de esta nueva ley: en las elecciones primarias de Texas de 2022, las primeras del estado desde la aprobación de la ley SB 1, se rechazó un altísimo número de boletas de voto por correo porque muchos votantes no conocían los nuevos requisitos de identificación.
Por ejemplo, en el condado de Harris, donde casi la mitad de su población es hispana o latina, se rechazaron casi 7,100 boletas (un porcentaje del 19.2 %) en las elecciones primarias de marzo, en comparación con tan solo 135 boletas rechazadas en las elecciones legislativas de 2018.
Otro estado, Georgia, también ha sido demandado por haber aprobado su Ley del Senado 202 (S.B. 202), que según sus demandantes está dirigida específicamente a votantes no blancos.
La ley S.B. 202 incluye múltiples disposiciones restrictivas, tales como imponer requisitos de identificación para devolver una boleta de voto en ausencia, restringir el acceso a los buzones para devolver boletas, acortar los plazos de votación anticipada y prohibir la entrega de alimentos y agua a votantes que hacen largas colas para votar.
De acuerdo con la ACLU y otros demandantes en esta causa, estas disposiciones “fueron adoptadas con el objetivo de negarles a los votantes no blancos el acceso pleno e igualitario a un proceso político”. Al igual que en Texas, los efectos de la ley S.B. 202 se pusieron de manifiesto en las elecciones primarias de Georgia de 2022, cuando la diferencia de participación en las elecciones entre los votantes blancos y negros fue más pronunciada que en cualquiera de las elecciones anteriores de esta última década.
En su conjunto, esta ola de leyes electorales restrictivas es perjudicial para toda la ciudadanía, pero lo es especialmente para la comunidad latina y otros votantes no blancos. Y si bien el estudio del Brenna Center no busca demostrar que cualquiera de estas leyes en particular fue motivada por cuestiones de racismo, sí debemos mantenernos alertas cuando haya tendencias nacionales que demuestren evidencia de discriminación racial.
