Este artículo se publicó originalmente en el Orlando Sentinel
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La Enmienda 6 en la boleta electoral de 2024, si tiene éxito, acabaría con un programa fundamental que les permite a las personas residentes de Florida solventar los costos de postularse a un cargo de elección popular.
El programa utiliza el financiamiento público de pequeños donantes, un sistema de fondos de contrapartida, lo que permite a las personas candidatas, que históricamente han sido excluidas del proceso político, aspirar a un cargo de elección popular. Se estableció en 1998 después de que los residentes de Florida aprobaron una enmienda constitucional que autoriza el financiamiento público en contiendas de cargos estatales.
Funciona como un control del poder de los donantes ricos sobre la política en la Florida, y el electorado debería rechazar la Enmienda 6 al igual que lo hicieron anteriormente con una medida similar.
Durante un cuarto de siglo, Florida ha dado a las personas candidatas la opción de hacer sus campañas con fondos públicos para gobernador y algunos cargos estatales. Bajo este sistema, el estado complementa dos-a-uno las donaciones de $250 o menos que hacen los residentes de Florida. Esto significa que una contribución de $20 genera un complemento de $40, o sea, $60 en total para la persona candidata.
Este programa les da a los votantes una mejor posibilidad de elegir a las personas que realmente representan sus intereses para cargos estatales. También alienta a los candidatos a involucrarse con las personas que buscan servir al postularse. Además, hace que influyan en la política los pequeños donantes que no tienen grandes chequeras.
El programa se promulgó con el objetivo explícito de diversificar los tipos de candidatos que se postulan a los cargos de elección popular. Las personas de las comunidades subrepresentadas que no tienen acceso a redes de gente adinerada —incluyendo a los jóvenes, las mujeres, personas no blancas, miembros de la comunidad LGBTQ+ y estadounidenses de bajos recursos— a menudo no pueden irrumpir en la política. El financiamiento público les ha abierto caminos a esas personas candidatas.
Quienes apoyan la Enmienda 6 dicen que el programa se ha vuelto muy costoso. Difícilmente. En el ciclo electoral 2022, el estado gastó sólo $13 millones en financiación pública, una pequeña fracción del uno por ciento del presupuesto general estatal de $112.1 mil millones. Representa una inversión modesta pero sólida en una democracia estatal vibrante.
Los defensores de la medida también argumentan que el programa no hace la diferencia dada la enorme cantidad de dinero privado que se destina a las campañas. Pero una parte clave de la financiación pública es ofrecerles a las personas candidatas, que no pueden depender de grandes donantes privados, un camino para postularse y hacer campaña.
Deshacerse de la financiación pública sólo abriría más la brecha entre candidatos que pueden atraer grandes donaciones de fuentes privadas, inclusive fortunas personales, y quienes no pueden. De hecho, los más ricos ya dominan la política en Florida. Casi más de la mitad de los legisladores de la Cámara y el Senado tienen un patrimonio neto de más de $1 millón de dólares. La Enmienda 6 profundizaría aún más la influencia de los donantes más ricos y los intereses especiales.
Nada de esto es para decir que el programa no se puede mejorar. Por ejemplo, los legisladores pueden considerar hacer más estrictas las normas que les permiten a las personas candidatas recibir fondos públicos así se beneficien de gastos ilimitados de los súper-PACs. Eso se puede arreglar al fortalecer la ley. No hay necesitad de desecharla.
La financiación pública ha gozado de apoyo popular desde sus inicios. En 2010, cuando legisladores intentaron revocar el programa por medio de una medida sometida a votación, el electorado la rechazó.
Encuestas recientes sugieren que esta vez harán lo mismo. Una medida sometida a votación necesita el 60 por ciento del voto y la Enmienda 6 se está quedando corta, con tan solo el 49 por ciento de los encuestados a favor.
Los resientes de la Florida saben que los donantes ricos y los intereses especiales ya tienen demasiada influencia sobre la política estatal. Y saben que la financiación pública le permite al pueblo ocupar un espacio en la mesa de decisiones. Por eso deben votar por el “No” en la Enmienda 6.
Traducción de Laura Gómez
