Una nueva encuesta que realizó el Brennan Center entre autoridades electorales locales de todo el país demuestra que muchos funcionarios electorales – es decir, personas que administran las elecciones –han dejado su puesto y más planean hacerlo. En 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, las autoridades electorales administraron lo que los organismos gubernamentales clave describieron en su momento como las “elecciones más seguras de la historia de los Estados Unidos” y con la mayor participación electoral en más de 100 años. Pero, desde entonces, los administradores electorales se han vuelto el blanco de una campaña que busca mentir sobre los resultados electorales y debilitar la confianza del público en la democracia de los Estados Unidos.
Muchas autoridades electorales, cuales chivos expiatorios, por los resultados electorales que no les agradaron a ciertas partes de la clase política y del electorado, han recibido amenazas de muerte, acoso en línea y abusos. Además, algunos líderes políticos intentaron interferir en su trabajo censurando o removiendo a algunas autoridades que dijeron la verdad sobre la seguridad de las elecciones. En algunos estados, promulgaron nuevas leyes que exigen sanciones penales contra funcionarios por cometer pequeñas infracciones o tomar medidas proactivas para ayudar al electorado a votar.
Como resultado, ha habido un éxodo de profesionales experimentados de la administración electoral, y es probable que el mismo continúe durante el próximo año. La encuesta reveló que el 12 por ciento de los funcionarios electorales locales encuestados comenzó a desempeñar sus funciones después del ciclo electoral de 2020. Y otro 11 por ciento de las autoridades actuales dicen que es bastante o muy probable que abandonen sus puestos antes de noviembre de 2024. Si lo hacen, entre las elecciones de noviembre de 2020 y las de 2024, habremos perdido aproximadamente a 1.5 funcionarios por día.
La pérdida de conocimiento institucional que acompaña una rotación de personal o tasa de cambio de empleados tan alta puede significar que las autoridades electorales no conozcan todos los recursos que existen para ayudarles en la administración y seguridad de las elecciones. Una gran cantidad de renuncias también puede dar como resultado más errores administrativos, que a la vez pueden fomentar la propagación de teorías conspirativas y amenazas, y así perpetuar el círculo vicioso que, al principio de todo, motivó las renuncias.
Los hallazgos de nuestra encuesta dan ciertas explicaciones sobre los motivos por los que tantas autoridades electorales siguen dejando sus puestos, y apuntan hacia posibles soluciones para frenar la hemorragia y ofrecer apoyo donde más se necesite, en especial a los funcionarios más nuevos.
Los peligros del trabajo
Las amenazas, el abuso y el acoso siguen siendo un problema importante en este campo. Cathy Darling Allen, secretaria a cargo del registro de votantes en el condado de Shasta, California, afirmó sentir miedo por la seguridad de su personal después de descubrir una cámara de vigilancia colocada en la puerta trasera de su oficina, por donde los funcionarios electorales entraban durante las elecciones primarias de 2022. Y por lo menos un funcionario más descubrió una cámara de video inalámbrica instalada frente a la puerta de entrada de su casa. En el condado de Gillespie, Texas, el personal electoral sufrió varios tipos de acoso, por ejemplo, cuando algunos observadores electorales voluntarios llamaron a la policía y filmaron al personal electoral en un estacionamiento en la oscuridad, intentaron abrir a la fuerza una bóveda segura donde se guardaban boletas, y persiguieron y amenazaron a algunos empleados. En agosto de 2022, todo el personal renunció, y al menos una persona mencionó en su carta de renuncia que había recibido amenazas.
Este problema no se limita a tan solo unos pocos sitios: nuestra encuesta demuestra que casi una de cada tres autoridades electorales ha recibido acosos, ataques o amenazas debido a su puesto de trabajo. Y lo que es muy alarmante, más de una de cinco está preocupada de recibir algún ataque físico en próximas elecciones. Las autoridades electorales también se preocupan por sus colegas: el 45 por ciento dijo estar preocupado por la seguridad de otros funcionarios y trabajadores electorales en próximas elecciones. Por eso, es lógico que más de la mitad de las personas encuestadas hayan dicho, con preocupación, que seguramente estos ataques dificulten la retención o contratación de trabajadores electorales en el futuro.
La falta de fondos perjudica la seguridad de las elecciones
Al mismo tiempo, el 74 por ciento de las autoridades electorales locales señala que necesitan un aumento en su presupuesto anual para satisfacer necesidades en materia de seguridad y administración electoral durante los próximos cinco años. Los sistemas electorales son una infraestructura fundamental para nuestra democracia y seguridad nacional, y la falta de voluntad del Congreso de brindar los fondos necesarios es un enorme fracaso. Si bien el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el que exige que se asigne más dinero de los subsidios federales a la seguridad de las elecciones fue un paso hacia adelante, nuestra encuesta demuestra que aún queda más por hacer.
Las autoridades electorales dicen que una mayor asignación de fondos les permitiría invertir en más trabajadores en los sitios de votación y en mejores equipos de votación, así como también fortalecer la ciberseguridad y la seguridad física en las oficinas electorales. Muchos funcionarios electorales, tras recibir amenazas, procuraron aumentar la seguridad de sus oficinas. Una funcionaria electoral del condado de Jackson, Oregón, solicitó al estado un presupuesto de unos $80,000 para instalar vidrio resistente a las balas y ventanillas para atender al público en algunas oficinas, después de que el estacionamiento hubiera aparecido pintado con mensajes amenazantes. El Brennan Center ha calculado que implementar medidas básicas de seguridad física para proteger a trabajadores electorales podría costar unos $300 millones durante los próximos cinco años.
Nuestra encuesta demuestra que las autoridades electorales no pueden adoptar medidas básicas de seguridad física y ciberseguridad porque no tienen los fondos para hacerlo. De las 49 autoridades electorales entrevistadas que aprovecharon los análisis de ciberseguridad gratuitos que brinda la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) del DHS y las 54 autoridades que recibieron gratis sus evaluaciones de seguridad física, la gran mayoría implementó al menos algunas de las mejoras recomendadas. Pero, en cada categoría, solo 10 personas ejecutaron todas las recomendaciones. De las personas que no adoptaron más recomendaciones, la falta de recursos fue el motivo principal.
La interferencia política
Las autoridades electorales siguen expresando su preocupación por la interferencia política en cantidades alarmantes. Luego de las elecciones de 2020, muchas autoridades electorales fueron presionadas por líderes políticos para certificar ciertos resultados. Uno de los casos más notorios fue protagonizado por el entonces presidente Trump, cuando llamó al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, para pedirle que “le encuentre 11,780 votos”. En 2021, la legislatura de Arizona transfirió el poder de la secretaria de estado demócrata a la fiscalía general del estado, aparentemente para evitar la resolución de juicios que procuren mejorar el acceso al voto. EnWisconsin y Arizona, una serie de revisiones partidistas engañosas sobre las elecciones de 2020 se utilizó para darle mala reputación al trabajo de los funcionarios electorales y generar dudas sobre los resultados electorales legítimos.
Muchos funcionarios electorales locales ven este tipo de interferencia política como una amenaza constante: el 56 por ciento informa que está bastante o muy preocupado por el esfuerzo de la clase dirigente política de interferir en el trabajo de sus colegas. Y más de uno de nueve funcionarios electorales dice que está preocupado por las presiones que pueda sufrir para certificar un resultado electoral a favor de un determinado partido político o candidato en próximas elecciones.
El respaldo federal
A la mayoría de los funcionarios electorales le parece que el gobierno federal podría ayudar más: solo el 27 por ciento dice que el gobierno federal está haciendo un “buen trabajo” a la hora de respaldar sus funciones en la administración electoral. Y tienen motivos para quejarse. Además de los $300 millones de dólares antes mencionados que se estiman necesarios para proteger a trabajadores electorales de nuevas amenazas y actos de violencia, el Brennan Center también ha calculado que el costo de proteger a la administración electoral de amenazas internas como consecuencia de la mayor propagación de teorías conspirativas sobre las elecciones también podría exceder los $300 millones. Además, calculamos en 2022 que el costo de remplazar las máquinas de votación de los sitios de votación que están poniéndose viejas es de casi $600 millones durante los próximos 5 años. A pesar de estos costos astronómicos, el año pasado el Congreso proporcionó tan solo $75 millones de dólares en nuevos fondos para las elecciones.
Si bien este fracaso es frustrante, también cabe señalar que muchas autoridades electorales no conocen los múltiples servicios federales que existen para ayudarles, tales como programas de subsidios federales y guías de comunicación. Esta falta de conocimiento también es una oportunidad para el gobierno federal. Las agencias federales que brindan recursos a los funcionarios electorales deberían elaborar lo más pronto posible un plan de comunicación exhaustivo y coordinado para establecer un contacto continuo con las autoridades electorales durante todo el ciclo electoral de 2024, promover los recursos y las oportunidades federales de financiación, y ofrecerles una vía adecuada para aclarar dudas y dificultades.
A grandes rasgos, las elecciones de 2022 fueron un éxito para la administración electoral. Hubo muy pocos actos de violencia, las cortes no se dejaron llevar por los intentos de negarse a certificar las elecciones, y las personas que rechazaban los resultados de las últimas elecciones presidenciales perdieron contiendas fundamentales para la gobernatura y la secretaría de estado.
De cara a las elecciones presidenciales de 2024, ahora es el momento de preguntarnos qué podemos hacer para seguir fortaleciendo la administración electoral. Es evidente que muchas autoridades electorales siguen sintiendo que viven en un entorno profesional hostil: más de una de cada diez personas afirma que es bastante o muy probable que abandonen sus puestos en el corto plazo, antes de noviembre de 2024. Debemos fortalecer la seguridad física y la ciberseguridad en las oficinas electorales, incrementar sus fondos y ampliar los recursos disponibles para los funcionarios electorales.
Nota sobre la metodología: Nuestro cálculo de la tasa de rotación del personal en la administración electoral se realizó de la siguiente manera. Hay aproximadamente 10,000 funcionarios electorales locales en los Estados Unidos. En nuestra encuesta, el 12 por ciento afirmó estar remplazando a un predecesor después de noviembre de 2020, lo cual suma una cantidad de 1,200 funcionarios. Pasaron unos 900 días entre las elecciones de noviembre de 2020 y la fecha en que se realizó la encuesta: 1,200 funcionarios dividido por900 días equivale aproximadamente a 1.34 funcionarios por día. El 11 por ciento de los funcionarios dijeron que probablemente no iban a seguir en sus puestos para noviembre de 2024, lo cual suma unos 1,100 funcionarios. Por lo tanto, 1,100 funcionarios dividido por 560 días hasta noviembre de 2024 equivale aproximadamente a 1.96 funcionarios por día.
Traducción de Ana Lis Salotti.
