El presidente Joe Biden tiene una trayectoria larga y diversa respecto a política pública de justicia penal. Se inició como defensor público. Ante el aumento del crimen, como senador aprobó en 1994 lo que décadas más tarde todavía se conocía como la “Biden Crime Bill”. Su historia e impacto se malinterpreta con frecuencia, como el Brennan Center ha explicado. Tuvo efectos positivos, como agregar 100,000 policías comunitarios y prohibir las armas de asalto. También hizo cosas destructivas, como enviar fondos a los estados para construir más prisiones si prolongaban las condenas, aumentando así el encarcelamiento masivo con todas sus implicancias negativas raciales, sociales y económicas. Cuando se postuló a la presidencia en 2020, Biden prometió “reconsiderar a quiénes mandamos a la cárcel, cómo los tratamos en la cárcel y cómo los ayudamos a recibir la atención de salud, educación, empleos y vivienda que necesitan para lograr reincorporarse a la sociedad después de cumplir con sus condenas”.
Durante décadas, el crimen disminuyó incluso mientras los estados ponían en práctica reformas y sigue siendo mucho menor que en años pasados. Aun así, no hay duda de que el crimen y la violencia han aumentado en el país. El presidente Biden y el fiscal general Merrick Garland enfrentan un reto: deben encontrar maneras de cambiar la política del gobierno federal para adoptar una estrategia menos punitiva, con menos medidas y consecuencias que llevan a la discriminación racial. Lo deben hacer mientras velan por la seguridad pública. Además deben resistir el clamor en aumento por nuevas medidas duras y equivocadas.
¿Cómo les va? En diciembre el poder ejecutivo tomó otro paso importante, que no se reportó suficientemente. Como mis colegas Lauren-Brooke Eisen y Ames Grawert detallan en su evaluación del progreso del gobierno de Biden respecto a la reforma de la justicia penal, Garland dio instrucciones a los fiscales federales para que usen su discreción al presentar cargos penales de manera que se minimice el encarcelamiento innecesario.
La directiva de Garland del 16 de diciembre restaura muchas de las reformas del fiscal general Eric Holder de la era de Obama —las cuales el gobierno de Trump anuló— y añade recomendaciones nuevas y bienvenidas.
Más que nada, la orden de Garland les dice a los fiscales que cuando no haya factores agravantes, eviten presentar cargos por drogas de maneras que originen penas mínimas obligatorias. Es un paso sumamente importante.
Las penas mínimas obligatorias surgieron en la década de los setenta en un intento por asegurar la uniformidad en las condenas. A los reformistas les preocupaba que los jueces tenían demasiada discreción en el proceso, la cual se podía ejercer de manera arbitraria o discriminatoria. Pero el remedio ha sido incluso peor que la enfermedad. Décadas de penas mínimas obligatorias han tenido un impacto racial desigual y produjeron encarcelamiento innecesario, lo que afecta a las comunidades, aumenta la pobreza y fuerza a la gente a interactuar con el sistema de justicia penal durante toda la vida.
Ahora las penas mínimas se usan mayormente en tribunales federales, en particular en casos de drogas. De hecho, estudios recientes muestran que se imponen penas mínimas en más de la mitad de todos los casos penales a nivel federal. La orden de Garland no es una solución integral, pero es un importante punto de partida.
El memorando de Garland también se propone combatir la disparidad en las condenas federales en torno a la cocaína crack. La Anti-Drug Abuse Act de 1986 exigió por lo menos cinco años en prisión por simplemente tener en posesión cinco gramos de crack. Para recibir una pena de cinco años por posesión de cocaína en polvo, un acusado debe tener 100 veces esa cantidad. Es importante señalar que si bien la cocaína crack y en polvo son prácticamente idénticas en términos químicos, era más probable que se arrestara a estadounidenses de raza negra por posesión de crack, lo que significa que esta disparidad en sentencias hizo que la comunidad negra enfrente penas desproporcionadas.
El tratamiento desigual entre el crack y la cocaína en polvo continúa en el régimen de condenas penales a nivel federal a pesar de repetidas tentativas por reformas de parte de ambos partidos. La EQUAL Act terminaría de una vez por todas con la disparidad en las sentencias por cocaína crack y en polvo, y la medida fue respaldada por 11 republicanos que la sometieron a consideración. En el Congreso pasado, una gran mayoría en la Cámara de Representantes votó para solucionar el problema, pero el Senado no hizo que la medida avance.
Para remediar en parte esta disparidad, Garland ha dado instrucciones a los fiscales de que presenten cargos por cocaína crack de tal manera que evada la disparidad en las penas con relación a la cocaína en polvo. Cuando el Congreso no logra actuar para promover justicia, el poder ejecutivo debe hacerlo.
El paso de Garland es bienvenido. Pero se da a los dos años de un periodo presidencial de cuatro. Queda poco tiempo hasta las próximas elecciones.
El gobierno puede hacer más para mejorar el sistema de justicia penal. Ha dado unos cuantos pasos vacilantes para solucionar los problemas de la Oficina de Prisiones, afectada en años recientes por acusaciones de abuso sexual y corrupción. El presidente apenas empieza a ejercer sus amplias facultades de clemencia para solucionar el encarcelamiento excesivo.
El aumento del crimen crea condiciones para la demagogia. De hecho, la hemos visto en meses recientes. Podemos esperar más gritos y eslóganes en el Congreso. Todos debemos hacer lo posible para hacer que continúe el impulso a favor de reformas respaldadas por ambos partidos. Además, Biden y Garland tienen que seguir avanzando para actuar solos en la medida posible. Pueden probar que la seguridad pública y la imparcialidad van de la mano. Hay mucho en juego.
Traducciónde KeynotesTranslations and Editorial Services
