Antes de que se cumplieran este sábado los 13 años de la resolución del caso Citizens United de la Corte Suprema, dos escándalos diferentes relacionados con la financiación de campañas políticas sacudieron la ciudad de Washington. Si se mira superficialmente, George Santos, representante republicano por Nueva York, y Sam Bankman-Fried, ex-CEO de la empresa de criptomonedas FTX, parecen haber cometido extraordinarios actos ilícitos aislados. Pero su deshonestidad revela las deficiencias de nuestro sistema de financiación de campañas políticas que pueden atribuirse —al menos en parte— a la jurisprudencia problemática de la Corte Suprema.
A Santos lo persiguen los escándalos desde que se descubrió que le había mentido a su electorado sobre su pasado e historia de vida. La revelación de estas falsedades a su vez planteó dudas sobre de dónde había recaudado Santos el dinero para su campaña política, incluso el origen de un préstamo personal de $705,000 que él mismo había hecho a su campaña cuando había declarado ingresos de solo $55,000 en 2020.
Los candidatos políticos pueden aportar o prestar sumas ilimitadas de dinero para sus propias campañas políticas gracias a la decisión de la Corte Suprema en la causa Buckley v. Valeo de 1976, que anuló la mayoría de los límites antes impuestos sobre la financiación de campañas. La Corte sostuvo que los candidatos tienen el derecho, concedido por la Primera Enmienda, de promover “de un modo enérgico e incansable” su propia elección. Luego, la Corte redobló esta decisión en 2008 en la causa Davis v. FEC, cuando resolvió que imponer incluso un obstáculo indirecto sobre los candidatos políticos que se financian a sí mismos era inconstitucional (en este caso, se refiere a la disposición de la Ley McCain-Feingold que les permite a sus opositores recaudar más dinero).
Debido a estas decisiones, los candidatos adinerados y con financiación propia, o autofinanciados, siempre han sido parte de nuestro panorama político. Y la cantidad de dinero que están gastando aumenta cada vez más. Los 44 candidatos autofinanciados que más aportaron a sus campañas contribuyeron en total $225 millones de dólares de su propio bolsillo para las últimas elecciones legislativas, lo cual representa un aumento astronómico del 276 por ciento más que los $82 millones de dólares que contribuyeron los 46 candidatos autofinanciados que más aportaron en 2014.
Pero ¿qué pasa si un candidato autofinanciado no puede explicar de dónde proviene su dinero? Aquí se invalidan todos los argumentos de la Corte de que la autofinanciación no presenta ningún riesgo de corrupción. Así parece haber pasado con Santos, donde un rápido cambio en sus circunstancias financieras recalca la posibilidad de que haya recibido el dinero para su préstamo “personal” a su campaña de parte de otros intereses externos.
El origen de sus fondos personales no es la única incógnita que rodea la financiación de la campaña de Santos. Otra gran pregunta es su relación con un grupo no registrado llamado RedStone Strategies, que se describe en un correo electrónico de donantes como un grupo “independiente de financiación” que apoya la campaña de Santos. Un partidario de Santos supuestamente envió $25,000 a este grupo en octubre, pero no queda claro qué se hizo con el dinero. El congresista se niega a comentar sobre este grupo, pero el New York Times reveló que Santos estuvo directamente involucrado con al menos una solicitud de donación justo antes de las elecciones, en la que le pedía a un donante que contribuyera unos centenares de miles de dólares a RedStone para lanzar un anuncio para atacar a su opositor.
La descripción que da de sí mismo RedStone, como un grupo de “financiación independiente”, sugiere que es un súper-PAC, es decir, un supercomité de acción política al que se le permite recaudar y financiar montos ilimitados de dinero gracias al fallo de Citizens United, que resolvió que, si un grupo funciona “independientemente” de un candidato, entonces no puede estar sujeto a ningún límite de contribución. Pero muchos grupos que sostienen ser independientes en realidad trabajan de la mano de los candidatos, tal como parece haberlo hecho RedStone.
La causa Citizens United también supuso que toda financiación independiente nueva permitida sería transparente. Pero a 13 años de esta resolución, sabemos que un importante porcentaje de los fondos que se han contribuido a las campañas políticas gracias a la causa Citizens United son “donaciones anónimas”, cuyo origen no se declara, ya sea porque hay ambigüedades jurídicas que les permiten a estos grupos evitar la divulgación o porque no se cumplen las reglas existentes. En este caso, si el único propósito de RedStone era, como dijo, el de ayudar a Santos a ganar las elecciones, entonces debería estar registrado en la Comisión Federal de Elecciones (FEC) y haber declarado a sus donantes. Pero, dada la notoria falta de cumplimiento de la FEC a la hora de aplicar estos requisitos, quien sea que esté al frente de este grupo puede haber pensado, con razón, que no era necesario cumplir con este registro.
Las donaciones anónimas también son parte central del escándalo Bankman-Fried, aunque no necesariamente de sus problemas judiciales. Bankman-Fried fue demandado hace poco por intentar evadir los límites de contribución a campañas políticas cuando transfirió dinero a nombre de otras personas.
Pero quizá el detalle más alarmante en el caso Bankman-Fried fue cuando admitió haber hecho algo perfectamente legal —es decir, realizar donaciones a grupos de donaciones anónimas para financiar determinadas campañas políticas que él prefería mantener en secreto— una práctica común en las elecciones locales, estatales y federales. Ello le permitió a Bankman-Fried cultivar una imagen pública de donante de izquierda y, al mismo tiempo, donar dinero a candidatos republicanos en secreto para lograr su objetivo fundamental de influir en las reglamentaciones sobre las criptomonedas.
En su conjunto, la jurisprudencia de la Corte Suprema en lo que refiere a la financiación de campañas políticas, el estancamiento en las negociaciones en el Congreso y la inacción de la FEC han creado la tormenta perfecta para que personas como Santos y Bankman-Fried piensen que ciertas reglas no están para cumplirlas. La realidad es que sigue habiendo límites que no deberíamos cruzar. Pero estos escándalos impresionantes ponen de manifiesto cómo una financiación de campañas al modo Lejano Oeste engendra una cultura de impunidad en la que los candidatos y los megadonantes pueden aprovechar fondos privados sin restricciones para darle forma a nuestra política, en lugar de alentar a la diversidad de voces que pensó erróneamente la mayoría de la Corte en la causa Citizens United que se iba a generar.
Traducción de Ana Lis Salotti.
