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El pasado mayo, la comunidad de Savannah, Georgia, conoció los últimos datos que demostraban que el estudiantado latino enfrentaba importantes desigualdades en cuanto a sus logros académicos. Ese mismo verano, después de una campaña de apoyo dirigida a un consejo escolar local, la comunidad consiguió un enorme aumento de recursos: una inversión de $1 millón en servicios para estudiantes que están aprendiendo inglés.
Esta victoria en Savannah demuestra la importancia de una representación local que responda a las necesidades de su comunidad: el poder de las autoridades locales de ayudar a mejorar las condiciones concretas que afectan la vida cotidiana de la población. En este caso, los grupos comunitarios liderados por personas inmigrantes, como Migrant Equity Southeast, había por mucho tiempo recibido denuncias sobre barreras lingüísticas en las escuelas locales que no le brindan oportunidades al alumnado latino.
Este caso también ilustra que las victorias a favor de las comunidades hispanas resultan difíciles de lograr cuando no hay representación latina. La organización Migrant Equity Southeast tuvo que ampliar sus redes de patrocinadores y aliados para elaborar una campaña de envío de cartas a un consejo escolar local que no tenía ningún integrante de la comunidad latina, y enseñarle a hablar en público a personas de la comunidad para que pudieran apelar al consejo directamente (y encontrar traductores para hacerlo).
Un nuevo informe del Brennan Center for Justice resalta lo que se pone en juego y la necesidad de reformar las políticas que determinan la representación local en Georgia. Estos cargos locales en juntas de comisionados de condados y consejos escolares deciden el flujo de recursos que reciben las comunidades y otros temas políticos que afectan la vida de las personas de la forma más directa.
Si bien las comunidades latinas componen el 10 por ciento de la población de Georgia, ocupan tan solo el 0.4 por ciento de los cargos de comisionados de los condados del estado y el 0.2 por ciento de los puestos en los consejos escolares de sus condados. Ninguno de los cinco condados con las poblaciones latinas más grandes —donde las personas latinas representan, al menos, la quinta parte y hasta un tercio de toda la población— nunca ha tenido ni un comisionado o comisionada de origen latino.
Pero estas autoridades locales toman decisiones fundamentales para las comunidades latinas.
Las juntas de comisionados de los condados deciden si van a tener instalaciones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), si las políticas de zonificación crearán viviendas asequibles y si los presupuestos millonarios disponibles brindarán servicios a las comunidades que los necesitan.
Los consejos escolares de los condados también asignan recursos al alumnado, lo cual tiene particular importancia en Georgia, donde el 38 por ciento de la población latina no completó sus estudios secundarios, en comparación con el 13 por ciento de la población en general de Georgia.
Lo que permite estas desigualdades gigantescas son las prácticas que silencian el poder político latino, por ejemplo, en las elecciones generales, en las que se eligen representantes a nivel de los condados y no de los distritos. Los especialistas que estudian el tema han señalado en repetidas ocasiones que estas jugadas diluyen la capacidad del electorado latino de elegir a representantes de su mismo origen.
La gran mayoría de los condados de Georgia que escalonan sus mandatos también perjudican a la población latina del estado. En este caso, los condados suelen elegir la mitad de sus cargos durante los años de elecciones presidenciales y la otra mitad durante las elecciones legislativas de medio término, cuando la participación de la comunidad latina en las elecciones es baja.
La participación general en las elecciones presidenciales en Georgia supera a la de las elecciones de medio término por 14 puntos porcentuales, pero esa diferencia en la participación del electorado latino del estado es de 21 puntos porcentuales. Cambiar a mandatos concurrentes para que todos los cargos se elijan solo durante los años de elecciones presidenciales posibilitaría una mayor participación latina en las elecciones locales.
Lo que resulta aún más notorio es que la legislatura estatal ha tomado medidas que debilitan la representación latina.
En Georgia, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los estados, la redistribución de distritos para las entidades gubernamentales locales no se deja en manos de esas entidades, sino que debe ser aprobada por la legislatura estatal. Esta aprobación se dio por sentada en cientos de proyectos de redistribución de distritos locales durante el ciclo de distribución de distritos de 2020, propuestos por primera vez por la delegación legislativa local.
Pero, para los mapas que afectaban a tan solo cinco condados —tres de los cuales, Gwinnett, Cobb y Fulton, con la mayor cantidad de electores latinos registrados del estado—, la legislatura repartió los proyectos en distintos comités que no exigían la aprobación de la delegación legislativa local. Ello permitió que la legislatura estatal aprobara mapas locales a pesar de las objeciones de legisladores cuyos distritos incluían a esos condados. Estos intentos selectivos de disminuir el control local sugieren que la legislatura estatal busca debilitar el poder político de las comunidades latinas emergentes.
En Georgia, existen importantes barreras estructurales que le impiden a la población latina alcanzar una representación justa en los niveles locales de gobierno. Estos cargos no solo son fundamentales para satisfacer las necesidades inmediatas de las comunidades, sino que también crean líderes políticos que se preparan para luego ocupar cargos más altos.
Por lo general, las personas latinas ocupan más puestos en consejos escolares que en otros cargos políticos. De hecho, dos de los tres legisladores estatales de origen latino que se identificaron en el informe tenían experiencia en puestos gubernamentales locales antes de llegar a su cargo estatal.
Para 2030, uno de cada cinco habitantes de Georgia será de origen latino, de acuerdo con el Instituto Carl Vinson de la Universidad de Georgia. La comunidad latina de Georgia no solo tiene una representación extremadamente escasa en los cargos locales, sino que también, debido a las barreras estructurales y a la manipulación legislativa, es probable que esta escasez de representación continúe imperturbable sin las salvaguardas institucionales correspondientes.
Estas realidades hacen que las protecciones legales sean aún más urgentes.
El Congreso debe aprobar la Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis (John Lewis Voting Rights Advancement Act), que restauraría el régimen de aprobación previa de la Ley del Derecho al Voto que le permitía al Departamento de Justicia arbitrar cualquier sistema de votación discriminatorio antes de que los estados pudieran ponerlo en práctica.
La legislatura estatal también debe esforzarse para crear una ley estatal de derecho al voto, tal como lo han hecho otros estados, de modo que se refuercen las protecciones legales a favor de las comunidades no blancas.
La población latina de Georgia se merece tener una representación justa en todos los niveles de gobierno, pero en especial en el nivel local, donde se deciden cuestiones políticas de gran importancia.
Sonali Seth es una investigadora fellow de la organización Equal Justice Works en el Programa sobre Democracia del Brennan Center for Justice.
Daniela Rodríguez es la directora ejecutiva de Migrant Equity Southeast, una organización 501(c)(3) dirigida por personas inmigrantes y latinas, ubicada en el sur de Georgia que lucha por los derechos de los inmigrantes y organiza actividades de asistencia mutua, educación y participación para las comunidades de inmigrantes y personas refugiadas.
Traducción de Ana Lis Salotti.
