Esta columna se publicó originalmente en La Opinión
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Cuando el expresidente Donald Trump afirma que va a realizar deportaciones masivas de de millones de personas si gana otra vez las elecciones, algunos de sus asesores hablan de desplegar las fuerzas estatales de la Guardia Nacional para ayudar a llevar a cabo la tarea, incluso en estados que se oponen a esta política inmigratoria extrema.
Pero ¿tendría la autoridad legal para hacerlo? La respuesta es que sí. Es legalmente posible según lo dispone la Ley de Insurrección (Insurrection Act), una ley anticuada que requiere una reforma urgente para evitar el abuso de poder y para adaptarse a los tiempos modernos.
La Ley de Insurrección es uno de los poderes de emergencia más potentes que tiene a su disposición la presidencia, que puede utilizarlo para desplegar las fuerzas armadas estadounidenses y las milicias para suprimir insurrecciones, contener disturbios civiles o actos de violencia interna y hacer cumplir la ley cuando se la obstruye.
Este poder presidencial tiene muy pocas limitaciones —ni el Congreso ni los tribunales de justicia pueden decidir qué constituye una obstrucción o una rebelión—, y la ley tampoco restringe el tipo de acciones que pueden tomar las fuerzas militares cuando se las despliega.
Esta ley, que fue modificada por última vez en los años 1870, se ha invocado en raras ocasiones. Pero sí se ha usado y abusado en el pasado: por ejemplo, para hacer cumplir las leyes sobre derechos civiles, pero también para ayudar a las corporaciones a reprimir huelgas y movimientos sindicales, y para suprimir los llamados “disturbios raciales”.
En la actualidad, hay quienes apelan al presidente Joe Biden para que la invoque a fin de obtener el control de la Guardia Nacional de Texas y ordenarle que se retire de la ciudad de Eagle Pass, donde ha ocupado un parque sobre la frontera con México para militarizar la frontera y bloquearles el acceso a las fuerzas federales de protección fronteriza.
Y no nos olvidemos de que algunos grupos partidarios de Trump lo alentaron a usar esta ley para impedir el traspaso de poder tras las elecciones presidenciales de 2020.
Si bien no hay duda de que el presidente Biden podría recurrir a la Ley de Insurrección para responder a una obstrucción deliberada por parte de Texas, el presidente no debería hacer esto; en cambio, debería procurar ejercer la autoridad federal a través de los tribunales de justicia. Esta ley debería utilizarse como último recurso, ya que cualquier poder de esta magnitud requiere de un sistema de frenos y contrapesos robusto que actualmente no tiene.
Por eso, el Brennan Center for Justice, la organización donde yo trabajo, ha propuesto reformas exhaustivas que limitarían los criterios para el despliegue de fuerzas, especificarían qué acciones están permitidas y cuáles no, cuando se invoca esta Ley, y les daría al Congreso y a los tribunales de justicia la facultad de revisar y aprobar medidas para que haya un sistema de frenos y contrapesos contra posibles abusos o excesos.
La verdad es que, más allá de quién ocupe la presidencia, la Ley de Insurrección se presta al abuso fácilmente. Sin restricciones, se puede usar para debilitar nuestras instituciones democráticas y socavar los derechos individuales.
