- Instamos a Biden a que utilice su poder de clemencia antes de dejar el cargo para proteger a las personas que están cumpliendo sentencias injustas.
- El plan de la administración entrante de deportar a millones de personas aumenta mucho el riesgo del perfilamiento racial, religioso y de otros tipos. De cara a estas amenazas, el presidente Biden debería asegurar que el Departamento de Seguridad Nacional emita sus lineamientos sobre el perfilamiento y divulgue documentos claves al público.
A continuación, los líderes del Brennan Center sugieren acciones que el presidente Biden puede tomar en sus últimas semanas de presidencia para asegurar su legado y proteger a las instituciones democráticas.
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Lauren-Brooke Eisen, directora senior del programa de Justicia
El presidente Biden hizo campaña prometiendo “fortalecer el compromiso estadounidense con la justicia y la reforma al sistema de justicia penal”. Una de las maneras para que pueda garantizar que sus políticas sobre la justicia tengan un legado duradero es utilizar su poder de clemencia. Esta facultad, enumerada plenamente en la Constitución, le permite al presidente perdonar o conmutar sentencias por crímenes federales.
Durante su mandato, Biden instauró una moratoria a las ejecuciones federales, apoyó sentencias menos severas para ciertos delitos por drogas y permitió a varias personas con alguna vulnerabilidad médica cumplir sus sentencias en casa en lugar de en prisión.
Estas decisiones son una declaración en política pública importante —el sistema de justicia penal es muy severo, racialmente sesgado y a menudo imparte justicia de forma desproporcionada.
Sin embargo, a partir del 20 de enero, Donald Trump tendrá el poder de revertir muchas de las políticas de la actual administración —y ya ha prometido revertir algunas de ellas. Pero Trump no puede revertir los actos de clemencia. Por eso instamos a Biden a que utilice su poder de clemencia antes de dejar el cargo para proteger a las personas que están cumpliendo sentencias injustas. Entre ellas hay más de 40 personas en el pabellón de los condenados a muerte cuyas sentencias pueden ser conmutadas a cadena perpetua sin libertad condicional, más de 6,000 personas que están cumpliendo sentencias por drogas de manera desproporcional según la raza, y más de 3,000 personas médicamente vulnerables que están cumpliendo sus sentencias desde casa y no representan una amenaza para sus comunidades.
Cuando se trata de reducir la población carcelaria, el Brennan Center cree que este poder debería utilizarse más frecuentemente como un mecanismo vital de misericordia, atenuando los efectos de nuestro sistema de justicia penal que a menudo son severos, racistas y no son equitativos. Puedes sumar tu voz aquí.
Liza Goitein, directora senior del programa de Libertad y Seguridad Nacional
Uno de los riesgos más grandes de la administración Trump es que lo impensable empezará a parecer normal. Trump ha amenazado con aplicar un número de facultades de emergencia —la Ley de Emergencias Nacionales, la Ley de Insurrección, la Ley de Enemigos Extranjeros— en modos que no tienen precedente. Para entender qué tan radicales son estas propuestas, el público debe tener acceso a las normas y principios que han guiado por décadas a otras administraciones cuando se trata de estos poderes de emergencia.
Hay varias opiniones de la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Justicia sobre estos temas que no se han divulgado públicamente. La administración Biden debería publicar estos informes ahora para que podamos tener un punto de referencia —uno establecido por alguien que no sea un partidario de Trump— para evaluar las acciones del presidente entrante.
Sean Morales-Doyle, director del programa de Derecho al Voto
Trump hizo campaña basándose en su desdén por el “estado profundo” y ya ha propuesto recortes masivos al gobierno. La administración Biden debe preservar lo que ya existe para la posteridad, de manera que el importante trabajo de sostener un gobierno funcional no se pierda en la historia.
La administración actual debería sacar a luz pública lo que pueda ahora y preparar otros archivos para garantizar su fácil acceso. Por ejemplo, para garantizar que la Ley de Libertad de Información pueda usarse para lograr transparencia, la administración debería estar finalizando borradores de documentos y creando resúmenes escritos de datos y procesos.
Faiza Patel, directora sénior del programa de Libertad y Seguridad Nacional
El plan de la administración entrante de deportar a millones de personas aumenta mucho el riesgo del perfilamiento racial, religioso y de otros tipos. De cara a estas amenazas, el presidente Biden debería asegurar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emita sus lineamientos sobre el perfilamiento y divulgue documentos claves al público.
En mayo de 2023, el DHS empezó a desarrollar lineamientos para suprimir el perfilamiento injusto e ilegal. Ya es hora de que la agencia emita esas normas, las cuales deberían prohibir del todo depender de la raza, pertenencia étnica y religión, y limitar estrictamente el uso del origen nacional, en todas las actividades del DHS desde la frontera hasta el interior de los Estados Unidos.
Y, para ayudar al pueblo estadounidense a entender el panorama legal y de política pública en el que opera el DHS, Biden debería dirigir a las agencias del departamento a hacer públicos documentos claves sobre sus políticas, como aquellos sobre sus operativos de inteligencia en el interior del país y la recolección de información de los celulares o computadores portátiles de los viajeros, además de las evaluaciones sobre los efectos del programa.
Traducción de Laura Gómez
