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Imagínate que una prisión estatal implementa una nueva regla: “Se privará de alimentos a los reos con mala conducta”. ¿Sería legal? Hace más de 30 años, la Corte Suprema respondió esa pregunta y dijo que no. Privar a un preso de las necesidades humanas básicas, como “alimentos, calor y ejercicio” no es constitucional. Pero la Corte actual, aparentemente, opina distinto.
Durante tres años, Michael Johnson, un exconvicto de Illinois clasificado como “seriamente enfermo mentalmente”, pasó casi todos los minutos de su condena aislado dentro de una celda sin ventanas y del tamaño aproximado de un espacio para estacionarse.
Fue aislado como castigo por mala conducta y se le negó prácticamente todo contacto con seres humanos. Solo se le permitía salir de “la caja” una vez a la semana para una ducha de 10 minutos.
Muchos estudios que datan del siglo XIX prueban que el confinamiento solitario, que puede durar meses, años o incluso décadas, tiene un impacto devastador en la mente humana. Además, para las personas con enfermedades mentales, como Johnson, puede ser desastroso.
No es ninguna sorpresa que Johnson haya empezado a tener alucinaciones, se haya lacerado la piel compulsivamente y se haya recubierto el cuerpo y las paredes de su celda con su orina y excrementos.
También intentó suicidarse varias veces. En ocasiones, dijo, se portaba mal simplemente para instigar a los guardias penales a darle palizas. Johnson anhelaba hacer ejercicio, porque pensaba que podía ayudarlo a aliviar las manifestaciones de su deterioro mental. Pero había un problema: no podía hacerlo. Su celda era demasiado pequeña para prácticamente todo movimiento. Y debido a que la mala conducta por la que se aisló a Johnson persistió (la que este atribuye a una enfermedad mental), los carceleros lo castigaron incluso más. Dejaron de permitirle salir de su celda para hacer ejercicio, algo que en Illinois generalmente se ofrece durante una hora cinco días por semana a los presos aislados.
Johnson demandó a los funcionarios penales. Negarle el ejercicio a un preso como castigo por mala conducta, afirmó, es inaceptable conforme a la Octava Enmienda, que prohíbe el castigo cruel e inusual. Su caso llegó hasta la Corte Suprema, y parecía que el fallo iba a ser a su favor. Lo apoyaban una docena de exdirectores penales y expertos, varios profesionales médicos, los dictámenes de cinco cortes federales de apelación y la jurisprudencia de la misma Corte.
Sin embargo, una mayoría de los jueces rechazó la solicitud de Johnson.
Afortunadamente, los esfuerzos por limitar el confinamiento solitario, que actualmente afecta a decenas de miles de personas en todo el país, pueden proceder sin el alto tribunal. Los que promueven reformas pueden llevar la lucha para detener este castigo ante funcionarios electos a nivel federal, estatal y local.
Los líderes estatales y locales están en muy buena posición para limitar el aislamiento. Al fin y al cabo, poco más del 90 por ciento de los 2 millones de presidiarios del país están en cárceles y prisiones operadas por gobiernos estatales y locales.
Desde 2009, 42 estados han promulgado leyes que restringen o eliminan el confinamiento solitario. Algunos estados, como Nueva York, Pensilvania y Luisiana, han prohibido el castigo para categorías de personas, incluidos niños, personas con grave enfermedad mental, los miembros de la comunidad LGBTQ+ y las embarazadas.
Otros estados, entre ellos Connecticut y Nueva Jersey, han limitado por ley el tiempo que se puede aislar a una persona, una reforma que se deriva de una de las Reglas de Nelson Mandela de las Naciones Unidas, que determinan que 15 días continuos o más de aislamiento constituyen tortura.
Además, otros estados, como Washington y Maryland, han otorgado la facultad a órganos independientes de supervisión para evaluar la implementación de las leyes que buscan reformar el confinamiento solitario prolongado.
El Congreso también ha hecho cambios. En 2018, la Ley del Primer Paso (First Step Act), apoyada por ambos partidos, eliminó el confinamiento solitario de jóvenes en prisiones federales, excepto en el caso de aquellos que representan un riesgo físico inminente.
El año pasado, miembros del Senado y la Cámara de Representantes propusieron la Ley para Eliminar el Confinamiento Solitario (End Solitary Confinement Act), que restringiría en gran medida el aislamiento en instituciones federales y ofrecería incentivos a los estados y otras jurisdicciones para que hagan lo mismo.
Algunos críticos quizá argumenten que el confinamiento solitario prolongado es necesario para mantener el orden en prisiones y cárceles. Es un error. No hay duda de que operar prisiones y cárceles es difícil y requiere flexibilidad, pero poca evidencia criminológica indica que este duro método de control social aumenta la seguridad de las prisiones y cárceles a largo plazo o que un régimen sin este llevaría a mayor violencia.
De hecho, según los expertos, los líderes y el personal de instituciones penales pueden y deben combatir la mala conducta repetida al invertir en alternativas al aislamiento a largo plazo, como tratamiento y programas personalizados que atienden las necesidades específicas de cada individuo.
Hace casi una década, el juez Anthony Kennedy, que ya se jubiló, se lamentó de que la ciudadanía “ignora con mucha facilidad” las numerosas y alarmantes condiciones que predominan en las prisiones y cárceles del país. Al parecer, a fin de cuentas, la cuestión no es si las prisiones dentro de las prisiones, que con frecuencia se describen como “peores que la muerte”, deben estar entre los recursos a discreción del jefe de un centro correccional.
Más bien es si a nosotros, la sociedad civil, siquiera nos importa que el sistema penal sea una monstruosidad que ha crecido demasiado para poder operarlo con humanidad.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
