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Tradicionalmente, la certificación de las elecciones ha sido un término poco conocido para la mayoría del pueblo estadounidense, y con razón. La certificación, el proceso establecido por ley mediante el cual las autoridades electorales confirman la precisión y finalización de los resultados de una elección, suele ser una formalidad importante, pero sin controversias que se realiza después de que baja la emoción de las elecciones.
Hasta que llegaron las elecciones de 2020 y sus alegaciones falsas de un fraude electoral generalizado. El 6 de enero, un grupo de insurrectos que apoyaban al entonces presidente Trump asaltaron el Capitolio en un intento por evitar que el Congreso certificara los resultados de las elecciones. A pesar de este ataque, al final, la certificación continuó como se había planeado. Y casi dos años más tarde, el Congreso logró aprobar algunas reformas que les harán más difícil a los actores partidistas manipular el conteo de votos del Colegio Electoral para elegir al presidente. Pero, tal como explicamos mi coautor Will Wilder y yo en un nuevo artículo publicado en la revista jurídica Stanford Law & Policy Review, los ataques contra la certificación no se acabaron el 6 de enero, sino que meramente giraron hacia el nivel local y estatal.
El condado de Cochise, en Arizona, es un excelente ejemplo de este último enfoque. En noviembre de 2022, la junta de supervisores del condado votó en contra de certificar los resultados de las elecciones generales del condado y se justificó citando una vaga preocupación de que no podían confiar en las máquinas de votación del condado. Pero, más tarde, uno de los supervisores admitió que su negación era, en realidad, una protesta en contra de las elecciones del condado vecino de Maricopa, donde un error en la impresión de boletas generó una tormenta de teorías conspirativas que decían que ese error había producido un fraude electoral masivo.
Que la junta se negara a certificar casi le priva a cada votante del condado de Cochise de su derecho al voto. La ley de Arizona requiere que las autoridades electorales estatales empiecen a recopilar los resultados locales de las elecciones antes del 8 de diciembre. Si la junta de ese condado no certificaba sus resultados a tiempo, las autoridades electorales estatales no habrían tenido otra opción más que completar su proceso sin los 47,000 votos de ese condado. Al final, la disputa se resolvió después de que un tribunal estatal le ordenó a la junta certificar los resultados sin más demora y explicó que, según la ley de Arizona, la junta no tenía la libertad de negarse a certificar los resultados.
El condado de Cochise no fue un incidente aislado. Durante el ciclo electoral de 2022, hubo autoridades electorales locales reacias en el condado de Otero, en Nuevo México; el condado de Esmeralda, en Nevada; los condados de Berks, Fayette, Lancaster y Luzerne, en Pensilvania; el condado de Surry, en Carolina del Norte; y el condado de Mohave, en Arizona; quienes se negaron o amenazaron con negarse a certificar los resultados válidos sobre la base de alegaciones arraigadas en el negacionismo electoral, es decir, la idea falsa de que las elecciones de 2020 fueron un robo y que el fraude generalizado sigue impregnándose en nuestro sistema electoral.
Por suerte, los tribunales y las autoridades electorales estatales intervinieron en cada uno de estos casos y les obligaron a certificar las elecciones. Pero este tipo de ataques aún causa mucho daño. Al realizar alegaciones de fraude masivo, cada negación de certificar una elección valida el movimiento de los negacionistas electorales en el sentido más amplio y genera una sensación de desorden en los procesos estatales de administración de elecciones.
Muy pocos funcionarios que se rehusaron a certificar elecciones han enfrentado consecuencias por sus acciones. Y el negacionismo electoral no muestra ningún indicio de estar reduciendo su intensidad de cara a las próximas elecciones. Hace poco, en noviembre de 2023, el partido republicano de Colorado hizo circular una carta en la que les aconsejaba a los condados a negarse a certificar los resultados de las elecciones de ese mes sobre la base de alegaciones infundadas de que el “sistema había sido manipulado”.
En este contexto, nuestro artículo busca llenar un vacío en el mundo académico jurídico: históricamente, se ha dado muy poca atención académica a la mecánica de los procesos estatales de certificación, por lo que gran parte de la comunidad jurídica quedó desconcertada con la reciente sucesión de ataques.
En primer lugar, nuestra investigación reveló que, en realidad, las crisis de certificación de elecciones no son nuevas. Desde que nuestro país ha tenido elecciones, siempre ha habido funcionarios locales reacios que intentaron manipular e interferir con la certificación de elecciones. Por ejemplo, en un caso de 1899, los funcionarios locales del condado de Coffee, en Georgia, se negaron a continuar con la certificación a raíz de algunos defectos menores en el procedimiento, increíblemente muy parecidos a los citados por la junta de supervisores del condado de Cochise en 2022.
Los tribunales y legislaturas estatales del pasado tomaron cartas en el asunto. Al darse cuenta de que dejar espacio para la discreción durante una certificación creaba el riesgo de que surja el mismo tipo de disputas y conductas indebidas que vemos hoy en día, convirtieron la certificación de elecciones deliberadamente en un proceso obligatorio y no discrecional con protecciones bien establecidas contra quienes intenten manipular los resultados. Para citar las clarividentes palabras de la Corte Suprema de Oklahoma en 1909, permitir que los funcionarios locales que certifican elecciones, “que generalmente no poseen ningún conocimiento de las leyes”, puedan indagar en los resultados e investigar la elección en sí “crearía tentación y una gran oportunidad para la consumación de fraude”.
Este razonamiento parece casi profético ante el surgimiento del actual movimiento de negacionistas electorales. Nos recuerda que, si bien las crisis de certificación parecen nuevas en el entorno político actual, existen siglos de precedentes para resolverlas. Dicho de otro modo, los actuales marcos estatales de certificación fueron diseñados con el objetivo específico de impedir que un funcionario electoral reacio altere el proceso. Al mismo tiempo, nuestros hallazgos también ponen de manifiesto una realidad más oscura: quienes se negaron a certificar las elecciones de 2022 lo hicieron a pesar de este largo consenso histórico.
En nuestro nuevo artículo, abordamos este dilema brindando una guía para que las autoridades electorales, candidatos y defensores de derechos puedan resolver futuros ataques contra la certificación. Además de rastrear la historia de las leyes sobre la certificación estatal de elecciones, el artículo presenta un resumen exhaustivo sobre cómo funciona el actual proceso de certificación y cómo sus últimos ataques han apuntado contra la certificación y alterado su curso a partir de falsas alegaciones de fraude generalizado. Concluye con un análisis de los procesos de certificación y mecanismos de cumplimiento en ocho estados pendulares que seguramente desempeñen un rol importante en las elecciones de 2024.
Los ataques contra la certificación, al igual que muchas otras amenazas del negacionismo electoral, nunca se han realizado a una escala tan grande y tan coordinada como hasta ahora. Pero, cuando miramos al pasado, podemos afirmar que las salvaguardas existentes nos protegerán en el futuro.
Traducción de Ana Lis Salotti.
