Preparémonos: en 2024, año de elecciones, los temores al delito y las preocupaciones en torno a la reforma de justicia penal se volverán más estruendosos que nunca. Tendremos que combatir el temor con datos concretos.
Ya se publicaron los resultados de la última ley federal más importante en materia de reforma de justicia penal. Y parece que esta reforma contribuye realmente a la seguridad pública y, al mismo tiempo, aumenta el sentido de justicia.
Durante décadas, el delito fue el tema más polémico en el mundo de la política estadounidense. La preocupación entendible por los altísimos niveles de violencia en las décadas de 1970 y 1980 enardecía al electorado.
Luego, desde los comienzos de los años 90, los índices de delincuencia comenzaron a bajar: una disminución drástica que duró decenios. Un mayor sentido de seguridad en el público eliminó gran parte de la demagogia en este tema. Y un movimiento formidable de derecha e izquierda, de los dos partidos políticos, que luchaba por un sistema de justicia más justo y eficiente, comenzó a realizar avances importantes.
Hace cinco años, esa coalición consiguió promulgar la Ley del Primer Paso (First Step Act). Fue la reforma federal de sentencias más importante de los últimos diez años, ya que eliminó penas que arruinaban vidas sin mejorar apenas la seguridad pública.
También fortaleció los programas de rehabilitación de las prisiones federales. Esta ley contó con el respaldo de los representantes John Lewis (D-GA) y Hakeem Jeffries (D-NY), el auspicio del senador Charles Grassley (R-IA) y la firma de promulgación del entonces presidente Trump, que hasta honró a algunas personas que se beneficiaron de la ley invitándolas a su discurso sobre el estado de la Unión.
¿Qué resultados tuvo esta ley? De acuerdo con el Council on Criminal Justice, la reincidencia entre las personas liberadas por la Ley del Primer Paso fue de un 37 por ciento menor que entre otras que salieron en libertad.
Ello prueba que esta reforma de sentencias basada en datos concretos beneficia a todo el mundo: a los contribuyentes de impuestos, a las personas que se les concede una segunda oportunidad y a las familias y comunidades desgarradas por la encarcelación excesiva.
Por eso, la semana pasada, algunos integrantes del grupo Líderes del Orden Público para Reducir el Delito y la Encarcelación (Law Enforcement Leaders to Reduce Crime and Incarceration), que reúne a fiscales principales, jefes de policía, alguaciles (sheriffs) y autoridades de correccionales en ejercicio y fuera de servicio y que fue parte de esa coalición extraordinaria que garantizó la aprobación de la ley, participaron de una sesión informativa ante el Congreso organizada por el Brennan Center para conmemorar el quinto aniversario de la ley.
En estos momentos, fue un evento inesperado en Washington: la celebración de una buena noticia.
La Ley del Primer Paso amplió las opciones de liberación compasiva, por ejemplo, para las personas ancianas y enfermas gravemente. Le concedió a los jueces y las juezas —las personas más indicadas para hallar el equilibrio entre los riesgos de seguridad pública y las circunstancias particulares de cada acusado— más libertad de acción para seleccionar la pena correspondiente. Y redujo algunas penas mínimas obligatorias excesivas.
Lo crucial es que esta ley ayuda a las personas a prepararse para su reinserción en la sociedad. Amplió el acceso a tratamientos por abuso de sustancias y a oportunidades laborales.
También fomentó condiciones penitenciarias más humanas, ya que favorece el traslado de personas encarceladas para que estén más cerca de sus familias, prohíbe la colocación de medios de coerción como esposas, grilletes y cadenas en reclusas embarazadas y provee productos menstruales sin cargo a toda persona que los necesite en las prisiones federales.
Fue una prueba de concepto, tanto de política pública, como en el entorno político partidista. En un momento en el que los dos partidos políticos ni siquiera se pueden poner de acuerdo en qué ordenar para almorzar, las reformas penitenciarias y de sentencias inteligentes han sido raras oportunidades para encontrar el consenso bipartidario.
Pero esta ley marcó un cambio.
Durante muchísimo tiempo, los temas democráticos tenían una clara división partidista: en 2006, el Senado reautorizó la Ley de Derecho al Voto con una votación de 98 a favor y ninguno en contra, y el senador republicano John McCain de Arizona se alió con el senador demócrata Russ Feingold de Wisconsin para promulgar una reforma de financiación de campañas políticas.
Ese tipo de alianza parece tan peculiar como las pelucas blancas de los jueces. Aunque parezca mentira, la reforma de justicia penal tiene una mayor probabilidad de ganarse el respaldo de los dos partidos políticos.
Es verdad que un aumento repentino en los índices de delincuencia en los últimos años sacudió ese consenso. El gobernador de Florida Ron DeSantis (R), que votó a favor de una versión anterior de esta ley cuando era congresista, ahora la critica por considerarla una “ley de fuga carcelaria”.
Pero el delito ha vuelto a bajar con el retroceso de la pandemia. Toda la nación debe intentar abatir los intentos de propagar miedo, a medida que nos acercamos a la temporada de elecciones.
Hay más por hacer.
Un proyecto de ley que busca reducir la desigualdad entre las sentencias relacionadas al crack y a la cocaína en polvo se aprobó en la Cámara de Representantes con un margen de 361 votos a favor y 66 en contra, pero luego cayó víctima de la disfunción del Senado.
Debemos continuar luchando para tener sentencias más razonables, mejorar las condiciones penitenciarias y ayudar a que las personas que salen en libertad tengan una mejor oportunidad para reinsertarse en la sociedad con éxito. Actualmente, hay proyectos de ley pendientes en el Congreso que podrían lograr todo eso. Es hora de tomar el próximo paso.
Traducción de Ana Lis Salotti.
